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“Decisión sobre discutir, votar y aprobar proyectos de ley de forma virtual es propia de Mesa Directiva del Senado”: Comisión Séptima

“Se ha llegado a la conclusión que es la Mesa Directiva, órgano de orientación y dirección, la llamada a adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor organización interna”, afirmaron los senadores que conformaron la subcomisión para estudiar dicha situación.
Bogotá D.C., 2 de junio de 2020 (Prensa Senado). Durante la sesión virtual de la Comisión Séptima se dio a conocer el informe de la subcomisión creada con el fin de realizar las consultas jurídicas y constitucionales sobre la legalidad de las sesiones virtuales, toma de decisiones, medios de votación y aprobación de proyectos de ley, grupo de trabajo que estuvo al mismo tiempo a tono con la Mesa Directiva del Senado.

En el informe rendido se dijo que aun cuando no todos los senadores que la integran estuvieron de acuerdo en que la votación de las sesiones virtuales sean legales y a través de una plataforma electrónica, todos coincidieron en afirmar que están de acuerdo en que esa es una decisión que no la puede tomar la Comisión Séptima, sino que es propia del Presidente del Senado y de la Mesa Directiva de la corporación, y que hasta que no se pronuncien de fondo sobre el tema, se tendría que continuar con el orden del día establecido haciendo debates de control político.

Tanto los integrantes del partido de la FARC, como Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, dijeron que “la decisión de realizar el debate, votación y aprobación de los proyectos de ley la tiene que tomar la Presidencia del Senado”, mientras el senador Carlos Motoa, Cambio Radical, aseguró que “esa decisión de votar virtualmente es inconstitucional hasta tanto no se surta la publicación y no entre en vigencia y no se puede empezar a realizar sesiones virtuales para votaciones. Entonces lo primero es verificar la publicación en la Gaceta y una vez se verifique la publicación y la vigencia de tal resolución se podría entrar a su implementación”.
Conclusiones de la subcomisión

Si bien no existe unanimidad frente a la votación virtual, sí se ha llegado a la conclusión que es la Mesa Directiva del Senado la llamada a definir y no la Comisión Séptima, pues es la Mesa Directiva, el órgano de orientación y dirección, la llamada a adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor organización interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa, y expedir las normas complementarias de funcionamiento de la Secretaría General y las secretarías de las comisiones.

Sin embargo, la mayoría de esta subcomisión concluye que teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de continuar con el funcionamiento de la Rama Legislativa, es pertinente seguir agotando el orden del día establecido, bien sea acudiendo a los debates y cuestionarios que ya se han enviado, así como continuar el trámite de los proyectos de ley que tienen a la fecha de presentación de este documento una audiencia o foro pendiente, pero sin entrar a realizar votación alguna hasta tanto la Mesa Directiva del Senado, presidida por el senador Lidio García Turbay, tome una decisión final frente a habilitar o no la toma de decisiones de carácter legislativo de manera virtual. 

Adicionalmente, se considera menester que se adelanten las gestiones anteriores para que a la mayor brevedad, el Senado pueda desarrollar todas las funciones constitucionales, en particular las de control político y desarrollo legislativo, teniendo en cuenta la existencia de importantes iniciativas en trámite con términos perentorios, con limitantes constitucionales y legales. 

Luego, se citó a la Comisión a una nueva sesión para el próximo jueves 4 de junio.

 

A estudio del Congreso, proyecto de ley sobre uso de tapabocas inclusivos

La iniciativa, de autoría del senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín, fue presentado en el Senado.

Bogotá D.C., 2 de junio de 2020 (Prensa Senado). Debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y pensado en más de 540.000 personas con discapacidad auditiva, el senador Mauricio Gómez presentó en el Congreso de la Republica, el proyecto de ley, de urgente consideración, por medio del cual se establece el uso obligatorio de tapabocas inclusivos y la disponibilidad de estos en el territorio colombiano, teniendo en cuenta la barrera que generan los tapabocas convencionales en términos de comunicación.

La propuesta respalda a una amplia sociedad de niños, adolescentes y jóvenes que tienen alguna ayuda auditiva, así como a las personas que han adquirido la pérdida de la audición a una edad avanzada. En general, es una población que se comunica a través del español con el complemento importante de la lectura de labios y la lengua de señas.

Recientemente, la madre de familia residente en la ciudad de Cali, Nanny Garzón Montoya, le escribió al congresista liberal manifestándole su inquietud sobre problemas sociales e inconvenientes que surgen en medio de la pandemia y el desarrollo de las actividades que su hija María José, de 7 años, puede presentar al recibir sus clases, ya sea de manera presencial o virtual; para ver televisión, comunicarse con una persona, asistir a una cita médica, entre otras cotidianidades. La pequeña nació con un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral y, actualmente, asiste a rehabilitación auditivo verbal en el Instituto para Niños Sordos y Ciegos en la capital del Valle del Cauca. La expectativa que tiene con la iniciativa legislativa es que la comunidad con este tipo de dificultad pueda comunicarse bajo las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus.

“Este es un proyecto de alto impacto social, es pensar en un tapabocas sin barrera para facilitarle a las personas la lectura labial, necesaria para su comunicación exitosa con los demás, aparte del lenguaje de señas colombiana. Vamos a apostarle fuertemente, con el Partido Liberal, a este proyecto de ley en el Congreso de la República, para que aquellos que laboren en espacios públicos y que pueden atender a esta comunidad, cuenten con la posibilidad de usar un tapaboca inclusivo en el momento que se requiera”, afirmó el senador Mauricio Gómez sobre esta nueva realidad que limita el nivel de comunicación de este grupo de la población.

La iniciativa que expuso el legislador en el Senado, busca que sea obligatoria la disposición de tapabocas inclusivos y que cuenten con un visor transparente para la adecuada lectura de labios e interacción de personas con discapacidad auditiva. Esta aplicaría en las instituciones educativas oficiales y privadas; instituciones prestadoras de servicios de salud; de servicios públicos domiciliarios; del sector financiero y en general, a todas las entidades de carácter oficial, privadas y mixtas, de manera que en dado caso una persona con discapacidad auditiva requiera comunicarse con el personal de servicio al cliente, este pueda hacer uso del tapabocas.

“Las entidades deberán fijar en un lugar visible al público un aviso en el que se informe la disponibilidad de tapabocas inclusivos. En esta medida, no podrán quedar por fuera los programas y noticieros televisivos durante el tiempo que dure la pandemia, con el fin de garantizarles el acceso a la información. Espero que este proyecto sea una realidad pronto”, agregó Gómez Amín.

Proyecto de cadena perpetua por delitos sexuales contra menores es populismo punitivo, señalan juristas en audiencia pública

Plantean inconstitucionalidad, va en contra de la dignidad humana, derecho a la libertad, impedimento de resocialización y la reforma de la Constitución crearía fallas en política criminal y originaría fuerte impacto al sistema penitenciario. Así lo indicaron los expertos en sesión virtual de la Comisión Primera del Senado.

Bogotá D.C., 01 de junio de 2020 (Prensa Senado). Un total de 19 expertos juristas del país de las principales universidades y organizaciones coincidió en señalar que no es viable la aprobación de cadena perpetua y más bien lo que se debe orientar para evitar esos delitos es la aplicación de una verdadera política de protección de los niños, niñas y adolescentes como de familia y no insistir con esas penas, ya que actualmente existen leyes que implican castigos de 40 a 60 años de prisión.

Los expertos abogados pese a que se pronunciaron rechazando de todo tajo los delitos sexuales contra los menores y que a los victimarios les caiga todo el peso de la justicia aplicando las normas actuales, indicaron, en audiencia pública virtual de la Comisión Primera, que la cadena perpetua es inconveniente por las consecuencias que traería para el sistema carcelario por los cuantiosos gastos que se suman a las fallas en el sistema de justicia, la impunidad e iría en otra de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito en materia de protección a los derechos humanos.

Es imperante que antes de castigo se oriente en medidas especiales de prevención hacia los menores de edad y que se deben aplicar desde el interior de las familias con una política pública de protección y se orienten especialmente hacia las familias, ya que según estadísticas de Medina Legal, el 80% de los delitos se cometen por familiares, allegados, vecinos o amigos de las víctimas y de allí la prevención es vital como medida de protección de las niñas, niños y adolescentes.

Expresaron también su rechazo al proyecto al afirmar que de nada sirve la aplicación de penas con más años por delitos y como ejemplo señalaron lo que ha pasado en las décadas del 90, donde se endurecieron las penas para delitos de homicidio, secuestro y narcotráfico y las cifran aumentaron sin que sirviera para que se redujeran.

El delincuente sexual puede ser resocializado y en su calidad de persona, tiene derechos fundamentales que no se pueden vulnerar, la Constitución Política también los protege como seres vivos y se deben respetar, reiteraron, agregando que la actual situación carcelaria por las malas condiciones que existen, es otra pena que reciben de castigo.

Este tipo de pena es cruel, va contra la dignidad humana, es despiadado y arrastraría a otras víctimas que serían sus familias que también sufrirían por esa condición. También no es comprobable la reincidencia, ya que con las penas que están pagando, no existen pruebas empíricas que lo comprueben.

Estar en contra de la cadena perpetua para violadores de menores no es que se protejan a los autores de esos reprochables delitos, sino llamar la atención para que se adopten medidas especiales mediante una política pública de protección y no generar una inviabilidad constitucional e ir contra la protección de los derechos humanos y convenios en ese sentido que se han firmado con otros países y se crearía una confusión jurídica frente a la Constitución Política al momento de su aplicación frente a los derechos fundamentales de los colombianos.

Los delitos contra los menores no va a disminuir, lo que se debe aplicar es en la protección integral de los menores y con un efectivo sistema judicial mediante una verdadera investigación en los casos para que quien los comete sea castigado de manera rápida y efectiva, y bastaría con las penas que actualmente se aplican que son suficientes y cercana a la perpetua o de por vida, ya que no tienen beneficios para reducción de penas como sí existen para otros delitos.

Exposición de los juristas

Para el profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, Manuel Alejandro Iturralde Sánchez; el acto legislativo de cadena perpetua para violadores que está pendiente de su penúltimo debate en Comisión Primera de Senado, es innecesario, ineficaz, inadecuado y atenta contra los derechos constitucionales.

“No se puede gastar el tiempo del Congreso en una iniciativa que será declara inexequible en la Corte Constitucional. Es una propuesta inviable, porque puede llegar a ser sustitutiva de la Constitución. Eso es populismo punitivo”, dijo el profesor en derecho penal y criminología de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández Jiménez sobre el proyecto de ley.

El profesor de psicología de la Universidad ICESI de la ciudad de Cali, Omar Alejandro Bravo dijo que la iniciativa afianza la teoría de las personas buenas y las personas malas. Considera el catedrático que no puede coger carrera de que los malos deben ser separados de la sociedad de forma permanente.

La directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, Marcela Gutiérrez citando una investigación sobre la inviabilidad de la prisión perpetua, señaló que establecerla no disminuye el incremento de violaciones de niñas, niños y adolescentes. “No hay reparación de daño, no se protege y no se repara el bien jurídico”, destacó.

Por su parte, el exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado afirmó que lo más más sensato es ocuparse en las causas para prevenir el delito. “Se está fallando con la educación sexual y la forma como familias de escasos recursos viven en hacinamiento y los llevan a compartir cama entre padres, hijos y demás parientes. El 83% de los delitos son cometidos por personas que hacen parte del entorno”, destacó el profesor del Universidad de los Andes.

El profesor de derecho penal, criminología e investigación política criminal, de la Universidad de Manizales, Luis Vélez Rodríguez dijo que las estadistas no tratan en su justa proporción los delitos de violación de menores de edad e inducen al error en el debate de cadena perpetua para violadores. El total de la delincuencia sexual no ronda el 2% y si se habla de delitos contra menores de edad, la prevalencia de estos delitos ronda el 1%. Concluye que la inactiva es contraproducente.

La académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Diana Arias, manifestó que la prisión permanente no solo priva de la libertad al reo, sin que es una pena corporal que cercena las capacidades psíquicas del reo como si fuera una mutilación. Sobre la propuesta de que la pena sea revisable es insuficiente para establecer su fin socializador.

Diana Restrepo Rodríguez, profesora de la Universidad de San Buenaventura de Cali, criticó el proyecto, porque va en vía la Constitución Política y los tratados internacionales contra la torturara y las penas degradantes. Destacó que la cadena perpetua es una pena que acaba con cualquier posibilidad de resocialización del delincuente.

La directora del Grupo de Investigación de la Universidad del Rosario, Mónica Mendoza, expresó que la iniciativa atenta contra principios de dignidad, libertad material y de la vida, porque la única manera de privar de la vida no es a través del homicidio. “Esta es una muerte del sujeto con esta medida y no hay posibilidad de resocialización”.

El abogado penalista Yesid Echeverry, coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad ICESI de Cali, aseguró que el proyecto de cadena perpetua hace parte del populismo punitivo que hay en el país, porque las penas actuales son altas. “Me preocupa que hay la idea arraigada en ciertos sectores de creer que el aumento punitivo es la solución a los problemas penales en Colombia. Los problemas que tenemos nosotros y obedecen a falta de políticas sociales, intervención temprana y medidas para atacar el delito”.

Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas Colombia, dijo que la propuesta atenta contra la Constitución, los derechos humanos y compromisos internacionales. “No se pueden permitir reformas absurdas. Esta reforma bloquea lo que ha concedido el Código Penal. No se puede proteger al condenado con la cadena perpetua. Una medida como está acepta el fracaso de la resocialización en Colombia”.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo que la cadena perpetua lleva al Estado a realizar una reforma integral a los sistemas procesal, penal, y ejecución de pena y se preguntó sí el país está en condición de realizar modificaciones al sistema. “Nos tocaría modificar el homicidio culposo y las lesiones culposas. Toda una nueva legislación”, advirtió.

Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación Humana Mujeres Libres, aseguró que no hay garantías para una cadena perpetua y pidió un cambio estructural en las cárceles del país. “En la cárcel para mujeres de Bogotá, conocida como Buen Pastor, hay un hacinamiento del 70.3%. Falta suministro de agua potable. No hay servicio de salud, hay problemas con la alimentación, impera la corrupción y la falta de acceso a la justicia”, precisó la representante de las mujeres reclusas.

Ricardo Posada Maya, director del área de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes manifestó que ni el incremento de las penas, ni hacer restrictiva la estructura de procedimiento han logrado desincentivar la criminalidad en el país. “Colombia es un país de delitos graves lamentablemente. La prisión perpetua es contraria al corazón constitucional y es una renuncia al trabajo alternativo, al mejor trabajo social y a las políticas públicas eficientes. El proyecto incumple el principio de precaución y confunde la resocialización de la pena".

El abogado del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, David Cruz, pidió al Congreso que no apruebe una iniciativa por considerarla anti técnica en favor de los niños que hayan tenido agresiones sexuales. “Tiene problema de viabilidad en términos de dignidad humana y mientras dura la revisión en la Corte Constitucional, los jueces tendrían una confusión jurídica”.

A su vez, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez defendió a quienes han planteado la cadena perpetua y a los que expresan reparos, porque ambos están con la mejor intención. “No hay que satanizar a nadie. Unos y otros estamos con la idea de que hay sancionar de forma severa a quienes atentan contra niñas, niños y adolescentes. Aseguró que es equivocado el mensaje a los colombianos, que establecer la cadena perpetua disminuye los delitos a menores. “Si el aumento de pena fuera algo que generara disminución de la delincuencia, hoy los índices de criminalidad fueran muy bajos. Colombia en la región tiene las penas más altas de América Latina y Europa”.

El profesor Gerardo Barbosa, de la Universidad Externado de Colombia, dijo que la cadena perpetua podría tener efectos paradójicos de desprotección a los niños niñas y adolescentes. “Cuando el delincuente ya no tiene nada que perder, en el cálculo costo beneficio, establecerá que es mejor deshacerse de la niña o el niño violado. A través de incremento de pena desbordado podríamos estar incentivando la realización de nuevos delitos “, alertó.

Rodrigo Uprimny Yepes dijo que la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado concluyó que han sido demoledora las críticas de todos los asistentes contra la cadena perpetua para violadores. “Quienes asistieron demostraron que esa propuesta no cumple el propósito, sino que genera problemas. No es disuasiva, no hay prueba que confirmen que quienes cometen crimines sexuales sean reincidentes. No hay nadie que defienda la cadena perpetua”

Senadores opinan

Aunque no se trató de un debate, sino de una audiencia pública para escuchar a los expertos juristas, los senadores al finalizar emitieron algunas opiniones al respecto.
“Estos conceptos que han emitidos los principales juristas del país nutren lo que será el debate del proyecto para el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores, que se estará analizando próximamente y los invito para que nos acompañen en esa sesión", expresó el congresista Roy Barreras (del partido de la U).

El legislador Rodrigo Lara (Cambio Radical), ponente del proyecto, manifestó: “Extraordinarios aportes han hecho los más destacados juristas que han asistido a la audiencia pública para emitir sus opiniones frente al proyecto de ley de cadena perpetua para violadores de menores y será un debate muy interesante pero se caerá en la Corte Constitucional".

“Es un proyecto muy difícil el de la cadena perpetua para violadores y por la situación social, ya que la sociedad clama esa pena y el debate será complejo por lo sensible que es el tema", señaló la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Es de señalar que si éste proyecto no se aprueba antes del 20 de junio se hundirá por tiempos. A la iniciativa le restan dos debates en la Comisión Primera y en la plenaria de esa corporación para su aprobación, pero si no pasa en sus ocho debates, se hundirá de nuevo en el Congreso de la República.

Vale la pena aclarar que la Constitución establece que este tipo de reformas solo pueden ser debatidas en sesiones ordinarias y en dos períodos consecutivos, por lo cual es imposible que pueda ser incluida en el decreto de sesiones extraordinarias que emitirá el Gobierno para que el Congreso se ponga al día en el trámite de los proyectos.