Los senadores, en sesión calificada de histórica por la trascendencia de la decisión, avalaron las iniciativas de descongestión de procesos de lo Contencioso Administrativo del sistema judicial y de modificaciones a la Ley Quinta en lo concerniente a las Unidades de Trabajo legislativo, UTL.

Bogotá D.C., 2 de junio de 2020 (Prensa Senado). En una sesión calificada como histórica, por cuanto es la primera vez en el Senado que se discuten y aprueban proyectos de ley de manera virtual, la Comisión Primera dio luz verde a dos iniciativas: avaló una reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de descongestión, y también hizo una modificación a la Ley Quinta en lo que se refiere a las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.

Por más de ocho horas, esa célula legislativa se dedicó a estudiar a profundidad los dos proyectos de ley aprobados. Con 17 votos a favor avaló la iniciativa que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), iniciativa del Consejo de Estado y del Gobierno Nacional, y cuyo objetivo es poner fin a uno de los mayores problemas de congestión en la administración de justicia.

De acuerdo con las cifras expuestas por el Consejo de Estado, en 2019 la jurisdicción contencioso administrativa tenía a cargo 270.456 procesos, de los cuales 34.195 se encuentran en esta alta corte: 84.606 en los tribunales administrativos y 151.655 en los juzgados administrativos.

En el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado, en armonía con los planes fijados por el Gobierno nacional, se pretenden reformas al sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano, por lo que se propone la revisión y ajuste de algunos aspectos del procedimiento que se surte ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Se establece la creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y dotación de recursos para su funcionamiento. Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia efectuados en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019. La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello. Se precisó que el Ministerio de Hacienda no ha enviado el costo de esta reforma.

El senador ponente Eduardo Enriquez Maya dijo que en las estadísticas actuales existen índices de congestión elevados en casi todos los despachos judiciales del país, circunstancia que ha limitado en forma notoria el derecho fundamental de acceso eficiente y oportuno a la administración de justicia.

Explicó el legislador que los indicadores de gestión de la Rama Judicial con corte al primer semestre del año 2017, revelan que los niveles de congestión se mantienen en el tiempo y los índices de evacuación total y parcial han descendido, lo que ha conllevado a la pérdida de credibilidad en el sistema judicial dado que, aunque se resuelven los casos, la decisión se produce de manera tardía.

Por la anterior razón, según el legislador un eje central de este proyecto de Ley se refiere a varios ajustes normativos en esta materia, que tendrán por objeto redistribuir armónicamente las competencias entre los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado.

Objetivos del proyecto

Por otra parte, explicó el ponente que el éxito de los planes de descongestión en los juzgados y tribunales respecto de los procesos iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984 también incrementó el número de procesos de conocimiento en segunda instancia y por vía de recursos extraordinarios en el Consejo de Estado, lo que ha ocasionado que esta corporación tenga represadas muchas de las decisiones de segunda instancia y de los recursos extraordinarios.
En este sentido, el proyecto se enfoca en los siguientes objetivos:
a) Fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado como órgano de cierre.
b) Agilizar al trámite del proceso contencioso administrativo.
c) Afianzar la legitimidad de la administración de justicia con decisiones oportunas.
d) Resolver antinomias y ambigüedades que generan inseguridad jurídica.
e) Acercar más la justicia contenciosa administrativa al ciudadano con el objeto de prestar un mejor servicio en su oportunidad y eficiencia, lo cual redundará en su legitimidad y en la observancia del derecho a la buena administración de justicia.

Por unanimidad, la Comisión Primera del Senado aprobó el informe de ponencia del proyecto de ley por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. Seguidamente, el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, puso a discusión de los 18 integrantes de la Comisión la votación del articulado.

“Es necesaria la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, ya que la Ley 1437 de 2011 ya tiene ocho años y es necesario actualizarlo para rescatar la confianza de la ciudadanía en la justicia y que los jueces sean ágiles en dictar sentencias, ya que se demoran hasta años para dictar una de ellas. Rescatar la confianza, ya que el 82% de los colombianos desconfían de la justicia. Falta personal profesional en el Consejo de Estado para que en todo el país se fortalezca la justicia. Hay seis departamentos que no tienen jurisdicción y no hay jueces municipales para impartir justicia ágil y efectiva”, precisó el senador Enríquez Maya.

El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, frente a la propuesta de modernización del Código de Procedimiento administrativo y lo Contencioso Administrativo dijo que existen 278 mil procesos en lista para resolver, la congestión es del 75%, es una situación difícil y nos tiene en dificultades para resolver ágilmente.

“Invitamos a los congresistas para que aprueben la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo para lograr la agilidad al impartir justicia, ser más eficaz, moderna y que se fortalezca el sistema judicial con recursos económicos y humanos. Necesitamos descongestionar el sistema puesto que la respuesta para la ciudadanía alcanza hasta los tres años o más”, aseveró el Presidente del Consejo de Estado.

El secretario técnico del Consejo de Estado, William Hernández, reconoció que tienen una congestión de procesos muy alta.

“Ciento sesenta mil procesos en inventario, 80 mil procesos en los tribunales y en el Consejo de Estado 35 mil que impiden agilizar a lo que suma que los magistrados en el tribunal tienen en fila 464 y en el Consejo de Estado cerca de 1.300 procesos cada magistrado de las secciones segunda y tercera. Esto impide un desarrollo adecuado para responder oportunamente”, destacó Hernández, secretario técnico del Consejo de Estado.

Hernández agregó que se necesita una justicia más ágil, fortalecerla y que puedan acceder fácilmente la ciudadanía para impartirla de manera equitativa y rápida, por lo tanto, invitó a que sea aprobado el proyecto de ley de la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo que se debate en la Comisión Primera.

Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello, acercar la justicia al ciudadano es una tarea urgente en la que su cartera trabaja sin descanso, por lo que ha puesto todo el énfasis en los proyectos que cursan en el Legislativo bajo su liderazgo, como el Estatuto de Arbitraje y la reforma a los consultorios jurídicos.

Así mismo, la alta funcionaria aseguró que próximamente serán presentados algunos proyectos de carácter administrativo, como el de la Jurisdicción Agraria en el marco del Acuerdo de Paz, el Estatuto de Conciliación, la Reforma al Código General del Proceso y el rediseño de las comisarías de familia.

Cabe anotar que la transformación digital en la que se ha avanzado de manera importante, permite al Consejo Superior de la Judicatura establecer medidas para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa.

A este respecto, la titular de la cartera de Justicia manifestó que su administración está apoyando al sector Justicia, a la Rama judicial y al Consejo Superior de la Judicatura para avanzar e ir más allá del expediente digital, del que dijo “es una mínima parte de lo que significa la transformación digital”.

“La digitalización de la justicia es una tarea que se cumplirá en el largo plazo y por ello hemos emprendido varias acciones, entre ellas, seguir el ejemplo de países como España en la materia. Y también hemos recurrido al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, resaltó Cabello Blanco.

Finalmente, reiteró que la misión de su Ministerio es la de ser un ente articulador que recurre a la colaboración armónica para cumplir con sus objetivos. “Siempre he considerado que el trabajo coordinado entre los tres poderes -con la discrepancias necesarias- es la mejor forma de darle valor y acreditación a la democracia”, indicó.

Cambios a norma sobre UTL

Por otro lado, los congresistas de la Comisión Primera del Senado también aprobaron en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003, sobre las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.

“Interpretase la expresión “cada Congresista contará para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio” contenida en el inciso 1° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, en el siguiente sentido: Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios que estén vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo, deben realizar sus funciones en las instalaciones del Congreso de la República, en la respectiva circunscripción, donde fue electo el Congresista o donde este deba ejercer sus funciones”, dice el artículo aprobado.

Agrega el texto que “la labor de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo podrá incorporar actividades de apoyo político y su actividad se sujetará a mecanismos de información, control y seguimiento dispuestos por la Dirección Administrativa correspondiente”.

Tras la aprobación de las dos iniciativas, la sesión virtual de la Comisión Primera fue levantada.

Durante la sesión virtual, algunos congresistas se refirieron a lo que consideran incumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz.

Bogotá D.C., 2 de junio de 2020 (Prensa Senado). El alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, participó en la sesión virtual con los senadores de la Comisión Segunda, con quienes habló sobre la implementación de los acuerdos de paz y las obligaciones internacionales del Estado en su cumplimiento.

El funcionario dijo que era el alto comisionado para la paz de todos los colombianos, “de quienes no hacen parte del Gobierno y de los que sí hacen parte del mismo. Aquí no tenemos diferencias, pues nuestro deber es ser y estar para la búsqueda de la paz y el bienestar de cada uno de los colombianos”, en respuesta hacia los senadores citantes de esta célula legislativa, Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino Páez y Ernesto Macías.

Ratificó que en su agenda está el interés por propiciar y consolidar el diálogo territorial e intersectorial, en consecuencia, poder promover espacios generadores de confianza, esperanza, solución, seguridad y reivindicación como construcción de paz.

Por su parte, el vicecanciller Francisco Echeverry recordó que Colombia es un país que realmente sí cuenta con una verdadera Cancillería, entidad que en sus palabras, está muy bien representada, por lo que indicó: “Seguimos trabajando por el interés nacional del país, estamos al frente del tema de la repatriación de los nuestros. Es de anotar, que prevalece el deber de atender las necesidades de los colombianos”. 

Al inicio de la sesión virtual, el senador Feliciano Valencia, en representación del movimiento político MAIS, presentó una constancia en la cual señaló: “Repudiamos el asesinato de uno de nuestros líderes sociales en el municipio de Chigatá, hecho que nos deja sin palabras y en ese sentido solicitamos con urgencia que la Fiscalía General de la Nación pueda llevar a cabo la respectiva investigación. No obstante, es reprochable que tan sólo en una semana se hayan dado cinco asesinatos de líderes sociales”.

Seguidamente, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, se refirió sobre el tema de miembros del Ejército estadounidense que hacen presencia en Colombia, por lo que dijo: “La versión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no ha sido muy grata, es humillante, el trato que se le ha brindado al pueblo colombiano”.

También se refirió al tema de Cuba, sobre lo cual manifestó que es un país, que desde hace 40 años atrás ha contribuido con las acciones humanitarias y siempre ha facilitado los espacios y escenarios propicios para coadyuvar en la solución y avance de los procesos de paz y de carácter humanitario.

Al cierre de su intervención, el congresista se refirió acerca de lo sucedido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes ‘Francisco de Paula Santander’, sobre lo cual indicó: “El Gobierno de Cuba no dudó en reiterar su mensaje a las familias de quienes lastimosamente fueron víctimas de este hecho, situación que muestra claramente que Cuba, siempre ha tenido la mayor voluntad política para servir y a coadyuvar en Colombia”.

A su turno, el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, manifestó que la paz es un derecho de todos los colombianos y que además lo indica la Constitución Política de Colombia, a lo que agregó: “El último acuerdo de paz firmado en Colombia permitió ver el gran esfuerzo que han hecho los excombatientes para dejar las armas”.

Muerte de líderes sindicales

Sanguino señaló que es evidente la forma en que han aumentado las muertes de los líderes sociales, a su vez hizo énfasis sobre el incumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz y dijo que hay poca cooperación para seguir adelantando una verdadera conquista por el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos.

El legislador finalizó diciendo: “Es necesario que en el marco de la búsqueda de la paz siempre se tengan posturas claras y definidas, ya que estas son las que permiten ofrecer garantías en el desarrollo de los protocolos. Se debe tener en cuenta que de esta manera se podría evitar que los diálogos y acuerdos de paz se vean fracturados, como también sus negociaciones”.

El senador del Centro Democrático Ernesto Macías recalcó que el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, tiene obligaciones y competencias constitucionales, así mismo expresó su descontento al afirmar: “Se ha vuelto costumbre escuchar los debates en contra de los funcionarios, pues muchas veces esto sucede, dado que ellos no son del parecer de algunos, sin embargo, recordemos que el Alto Comisionado para la Paz está cumpliendo con la Constitución y con la ley, siempre en la búsqueda de una paz con legalidad y una paz sin impunidad”.

A lo anterior, Macías añadió: “Aquí está claramente evidenciado que las FARC, no han cumplido, ni cumplirán con los acuerdos, por ello, hemos venido insistiendo en que todos los acuerdos son modificables para buscar mejorar lo establecido. No podemos permitir que indignen el buen nombre de nuestro Presidente, como tampoco el de la Vicepresidenta, dado que este país cuenta con un gobierno serio y responsable”.

Por su parte, el presidente de esta célula legislativa, José Luis Pérez Hoyuela, Cambio Radical, manifestó: “Históricamente Colombia se ha destacado por el bueno manejo de las relaciones con el resto del mundo. Estoy seguro de que esta vez no va a ser la excepción. Siempre hemos trabajado para fortalecer el derecho internacional, en donde Colombia ha sido protagonista y testigo de más de 500 tratados plurilaterales en materia de derechos humanos. Pues finalmente, hemos trabajado en el desarme, en los refugiados, en la lucha contra la pobreza, el calentamiento global y el derecho de la igualdad y equidad de género, lo que nos lleva a pensar que el derecho internacional de Colombia ha estado enmarcado en esos propósitos y confiamos en el buen criterio del Presidente y de la Canciller”.

Dos discursos

La congresista Aída Avella aseguró por su parte: “Es lamentable que haya que destruir los acuerdos de paz. Hemos observado un discurso de cara internacionalmente y otro acá, pues en la práctica es evidente que hay una diplomacia humillada”.

La senadora recalcó; “La paz es un deber y un derecho de todos los colombianos, Este país pasó el récord mundial en el número de desplazados, este es uno de los países más desiguales del mundo, sin duda tenemos el mayor número de asesinatos de líderes sociales y dirigentes sindicales.

Por último, en la sesión virtual, la congresista antioqueña, Paola Holguín declaró: “Aquí hay un escándalo muy grande, porque el Gobierno de Estados Unidos decidió poner a Cuba en la lista de no cooperantes contra el terrorismo, Cuba siempre había estado en esa lista, salió provisionalmente desde el 2015, porque Obama decidió sacarlos, pero ellos siempre habían estado en la lista de no cooperantes”.

Así concluyeron más de cinco horas en sesión virtual, en lo que respecta a la Comisión Segunda.