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Comisión Sexta coincide en la necesidad de buscar recursos adicionales para las victimas

“Nosotros seguimos atendiendo las emergencias humanitarias. Se están presentando situaciones en diferentes partes del país, principalmente en el departamento de Nariño, donde tenemos en total 29 emergencias humanitarias que afectan a 5.340 familias y 11.350 personas", dijo ante esa célula legislativa, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Ramón Alberto Rodríguez.

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual con la Comisión Sexta, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Ramón Alberto Rodríguez, informó sobre las medidas tomadas por esa entidad, relacionadas con la pandemia del Covid-19. Igualmente, presentó un informe sobre la ejecución de recursos en el año 2020, ligados a lo que se padece hoy en Colombia.

El director de la Unidad de Victimas, Ramón Alberto Rodríguez, enfocó su intervención en dos puntos, uno lo que es en general los términos de atención a víctimas y lo que se está haciendo en el marco del aislamiento obligatorio.

La entidad sigue todo un proceso de atención de las emergencias humanitarias. “Nosotros seguimos atendiendo las emergencias humanitarias. Se están presentando situaciones en diferentes partes del país, principalmente en el departamento de Nariño, donde tenemos en total 29 emergencias humanitarias que afectan a 5.340 familias y 11.350 personas. Estamos hablando de cinco mil familias afectadas en 29 emergencias humanitarias masivas en el territorio nacional, de las cuales 12 se han atendido durante la cuarentena”.

Añadió que estas emergencias han permitido hacer un proceso de atención integral con enfoque, principalmente entregando atención humanitaria y activando planes de contingencias. “Lo más importante es que hemos atendido todas las emergencias en menos de 48 horas, en coordinación con los entes territoriales, que han hecho la atención en la inmediatez”.

En esas 12 emergencias registradas durante la pandemia se ha logrado “entregar 2.503 ayudas humanitarias inmediatas en especie, 159 ayudas humanitarias inmediatas en dinero por un valor de 2.553 millones de pesos”, dijo.

El segundo componente tiene que ver con la atención humanitaria. “Nosotros al ver esta situación tan compleja hicimos un proceso de adelantar los pagos que teníamos de atención humanitaria y además de eso focalizar las nuevas solicitudes que han llegado a través del canal telefónico”.

Así mismo afirmó que se han cerrado todos los puntos de atención. Más de 200 puntos de atención, 32 centros regionales, donde se atendía un promedio de 22 mil y 24 mil víctimas de forma presencial. “Todo se ha trasladarlo al canal telefónico, el cual tiene todas las dificultades frente a la atención y nos ha tocado hacer unos temas de innovación frente a este canal telefónico, como colocar unos ítems que nos permiten mejorar, también unos correos electrónicos para poder dar respuesta a las víctimas. Pese a las dificultades hemos atendido más de un millón y medio de víctimas, a través de estos canales”

Dentro de los logros están 221.348 giros por un valor de 139 mil millones de pesos, que se tenía para abril, mayo y junio. “Seguimos haciendo lo mismo bajo los criterios de subsistencia mínima, que tenemos establecidos en el Decreto 2569. Allí atendemos nosotros las solicitudes, hacemos una evaluación de carencias y dependiendo estamos entregando los giros de atención humanitaria que es un promedio de 800 mil pesos por hogar”.

Rodríguez agregó: “Como no teníamos los recursos, lo que hicimos fue adelantar temas de presupuesto y hacer traslados presupuestales con el fin de llegarle al mayor número de víctimas en estos momentos de la pandemia. En total lo que se ha girado durante esta vigencia del 2020 son 185 mil millones de pesos con 312 mil giros para la población victima”.

En el tema de las indemnizaciones “adelantamos los pagos por 59.518 indemnizaciones. Allí hicimos el traslado de los recursos por 456.403 millones de pesos, Las indemnizaciones son más costosas, es un promedio de ocho millones de pesos para entregarle a cada una de las víctimas por el pago de la indemnización administrativa. Logramos la ubicación de estos pagos de las indemnizaciones”.

Respecto a la reparación colectiva informó: “Tenemos sujetos de reparación colectiva los cuales venimos trabajando de forma virtual, facilitándoles los mecanismos de participación a las víctimas”.

Intervención senadores

Las intervenciones iniciaron con la vicepresidenta de la Comisión, Soledad Tamayo, quien dijo: “Empiezo por decir que gracias a la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, ha sido un gran avance en esa materia y es el reconocimiento de una deuda histórica que ha tenido el Estado y la sociedad con las víctimas. Sin embargo, cumplir con los términos establecidos en la norma implica un enorme desafío institucional, pero ante todo es un desafío económico”.

Por su parte, el congresista Julián Bedoya rescató que la “Ley de Victimas nace en el seno del Partido Liberal y a través de un gran consenso nacional que buscaba la reconciliación de todos los colombianos bajo los postulados de verdad, justicia y reparación, se le da vida a esta importante ley, una ley que tiene una demanda enorme de colombianos que cumplen los requisitos para ser reparados, pero conocemos las limitaciones presupuestales para llegarle a un 100% a los colombianos”

El legislador John Besaile hizo un llamado para saber qué ciudadanos tienen la doble condición de víctimas y líderes sociales, igualmente conocer qué medidas especiales se toman en estos casos.

A su vez, la senadora sucreña Ana María Castañeda trajo a colación la situación de las víctimas de este departamento. “En Sucre, las victimas sienten que hay una política dilatoria por parte de la entidad, cada vez que van les piden un documento diferente con el tema de actualización de datos”. Agregó que las instalaciones no son las idóneas para mantener la confidencialidad y la respectiva privacidad que las victimas necesitan, “es un tema que me preocupa, porque estas personas no son usuarios a los que nosotros vamos a estar ofreciéndoles productos o servicios, son víctimas y se les debe garantizar el restablecimiento de sus derechos”.

La congresista Criselda Lobo dijo que “hay que entender que en el conflicto hubo dos actores: el Estado y una guerrilla insurgente y de esa guerra es que tenemos las víctimas. El acuerdo fue muy sabio, incluir a las víctimas como una parte importante de él”.

En su intervención, el legislador Antonio Zabaraín invitó a todos los actores del conflicto que hoy cuentan con vocería política a realizar actos de contrición, con el único propósito de lograr una verdadera paz. “Depositemos los odios y los sesgos en una caneca”.

El senador Iván Darío Agudelo dijo que “la gran barrera es que el recurso es limitado frente a las millones de víctimas reconocidas en el registro único”.

A lo que la congresista Ruby Chagüi se unió: “La paz es un deber de todos, no solo puede estar y puede ser buscada por el Gobierno, aquí todos tenemos que contribuir a ello”. Añadió que se necesita buscar unos recursos adicionales, ya que son muchas víctimas de distintas fuentes. “Me preocupa mucho que hoy el Gobierno no cuente con todos esos recursos para reparar las nueve millones de víctimas que tenemos”.

El congresista Jonathan Tamayo puntualizó: “Creo que debemos nosotros como voceros de las comunidades informar a la entidad lo que vemos y lo que nos dice la gente en las calles. Debo decir que me parece muy importante y significativo en esta crisis el servicio que se viene prestando en la Unidad para las Victimas”.

Agotadas las intervenciones, nuevamente tuvo la oportunidad de intervenir el director de la Unidad de Victimas, Ramón Rodríguez, quien pudo responder las inquietudes planteadas por parte de los senadores y quien se puso a disposición de la Comisión para cualquier consulta e información.

Rodríguez manifestó que “el tema de responsabilidad frente a la reparación y la atención a las víctimas es el llamado para que todos hagamos nuestra labor” y pidió ayuda al Congreso “ya que esto es de recursos, tal como lo decía el senador Iván Agudelo”.

La próxima semana, esta célula legislativa seguirá con su agenda legislativa el día miércoles 27 de mayo, a las 10:00 a.m., con la Canciller Claudia Blum.

 

Ministerio del Deporte podría saldar algunas deudas con recursos obtenidos por medallas en 2019

Así lo señaló el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en sesión virtual con la Comisión Séptima, donde dijo que aún no hay fecha para reactivación del fútbol. “Retomar el deporte de alto rendimiento y el aficionado son nuestras premuras, pero debemos tomar las medidas de bioseguridad y protocolos para que a partir de junio se pueda empezar a entrenar individualmente”, sostuvo. 

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2020 (Prensa Senado). El ministerio del Deporte en cabeza de su jefe, Ernesto Lucena, y la viceministra Lina Barrera, junto a Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, fueron citados en la Comisión Séptima de Senado para exponer las acciones adelantadas por esas instituciones en el marco de la emergencia por Covid-19.

Al respecto de la citación, el Ministro del Deporte indicó que desde el inicio de la emergencia, la cartera a su cargo decidió suspender las prácticas deportivas para proteger a los atletas. “Hoy muchos de ellos de alto rendimiento se encuentran entrenando desde casa, preparándose para Tokio 2020 que ha sido aplazado para el 2021”, indico, a la vez que reconoció también que para todo el proceso que vive el país es fundamental el apoyo de los senadores para escalar a los gobernadores y que firmando los convenios con el Ministerio se podrá continuar con la generación de empleo.

Añadió que "retomar el deporte de alto rendimiento y el aficionado son nuestras premuras, pero debemos tomar las medidas de bioseguridad y protocolos para que a partir de junio se pueda empezar a entrenar individualmente y los hemos dividido en grupos de deporte de bajo, medio y alto contagio". 

Continuando con su intervención, el ministro resaltó varios programas que han ayudado en gran parte a solventar la afectación que sufre el sector del deporte, entre ellos: ‘Todos por Colombia’, en el que se adquirieron unos recursos para ayudar a programas de nivel nacional que generaron 1.200 empleos, señalando que la meta es llegar a través de la Acción de Fomento a más de 2 mil persona para ayudar a quienes dejaron de laboral tras suspender las prácticas del deporte.

También mencionó el programa ‘Entrenando Juntos’, que se transmite a través de Señal Colombia, con enseñanzas de hábitos de vida saludable para que ayuden a los colombianos a combatir el estrés “puesto que la salud mental juega un papel importante en este tiempo de cuarentena”. Complementó su exposición con ‘Talentos Colombia’, un programa en el que se han invertido cerca de 17 mil millones de pesos en el desarrollo del talento deportivo del país. “Pasamos de cubrir 8 a 32 departamentos para apoyar las regiones”, sostuvo.

Algunos presupuestos

Según Lucena, el Ministerio cuenta con 25 mil millones de pesos para el ciclo olímpico y sólo se ha girado a hoy ocho mil millones de pesos para este proceso. Cuarenta mil millones se han prestado a través del Banco Agrario a personas jurídicas con líneas de crédito a entrenadores y periodistas deportivos para solventar su situación económica. “Tenemos que llevar programas de educación para tener gloria en la Nación. Se necesita inversión en las zonas de mayor olvido en el país”.

Por otra parte y como indicó el alto funcionario, en agosto de este año llega un incremento de recursos para el Ministerio del Deporte por la consecución de medallas del año anterior. “Cada medalla que consiguen nuestros atletas genera un incentivo económico. Con ese incremento del presupuesto aspiramos pagar todas las medallas que se han adeudado, justo en este momento que es cuando más se necesita. “Mi aspiración es que máximo a septiembre de este año con ese incremento de recursos podamos seguir pagando y quedar al día con los Panamericanos, que se llevaron a cabo en Lima el año pasado”. Actualmente Atletas Excelencia paga las medallas de oro a 240 salarios, la de plata a 140 y a 100 salarios las medallas de bronce; entrenadores ganan el 50 % de lo que le corresponde a cada deportista.

Los datos que certificó el Ministro es que a la fecha, 40 alcaldes han presentado a la Dirección de Infraestructura solicitudes para mejoramiento y creación de lugares de prácticas, pero indicó que en este momento tienen 140 mil millones bloqueados y no pueden gestionar. “En el 2021 esperamos poder pedir recursos para esas construcciones, pero esos recursos están congelados y han sido trasladados al Fondo Nacional de Emergencia.

Zonas del pacífico, una prioridad

Mencionó el Ministro del Deporte, que los campeones de los Juegos Nacionales tradicionalmente han sido del Valle y de Antioquia, asegurando que “estamos a la espera de una oportunidad para que Chocó, Cauca y Nariño tomen este lugar, ya que las zonas del Pacífico pueden generar un número importante de atletas, si hacemos inversiones económicas es esta parte del país”.

Ante la mención, los senadores aplaudieron la decisión sobre la necesidad de invertir económicamente en sedes, proyectos y programas en la zona del Pacífico colombiano.

Retoma de actividades deportivas 

Hace cuatro días, los ministerios de Trabajo y del Deporte, según Lucena, se habló de la suspensión de contratos de jugadores profesionales del fútbol colombiano, una situación que será vigilada con los entes pertinentes. Al respecto dijo: “Hemos trabajado sobre el proceso de reactivación del fútbol en el país. Empezaríamos con la fase individual, luego la colectiva y luego la inicial. Pero fecha no les puedo dar actualmente, todo depende de los reportes del Ministerio de Salud”. 

Así mismo señaló que para el 30 de agosto definirán si habrá juegos Panamericanos Junior, unos juegos que serían un motor de empleo para Colombia en un momento post Covid. Reconoció que “cuando se retomen las actividades nacionales es muy importante que el Ministerio del Deporte sea el aportante del capital semilla para que el eje económico tome su rumbo. “El país necesita tener un termómetro que indique cómo se han perdido los empleos. Los deportista federados y de alto rendimiento tienen apoyo, pero en el tema de ligas y clubes a nivel nacional se debe articular un trabajo con los institutos locales y departamentales”.

Al respecto, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, dijo que “el plazo del 30 de agosto para saber si se hace o no los Juegos Panamericanos Junior y renunciar a esta realización sería no luchar por los logros del país”. Hizo un llamado para que Colombia no se abstenga de participar en este tipo de compromisos, porque, según manifestó, hay muy buena acogida y fama en los torneos. Y los juegos Bolivarianos de Valledupar también representarían un importante desarrollo del país en el 2022, expresó.

El Ministro del Deporte finalizó su intervención diciendo que “aún no se tiene fecha para reiniciar el fútbol colombiano en el país y actualmente están estudiando la forma de iniciar entrenamientos de manera individual y luego colectiva.”

En cuanto a la reactivación del deporte, Baltazar Medina dijo que “sirve para fortalecer la vida deportiva y es factor de desarrollo en el país y el turismo encontrará en el deporte un fuerte ingreso en esta reactivación.”

Voces del Senado, complementos y solicitudes

La senadora Aydeé Lizarazo dijo que “la situación económica tanto a nivel nacional y local ha afectado a los deportistas. Estamos postulados a ser la sede del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino y esperamos que el 25 de julio tengamos esa buena noticia de ser anfitriones”.

A propósito del día de la afrocolombianidad, la congresista Victoria Sandino resaltó que los atletas de pertenecientes a esa raza son las mayores glorias deportivas.

El legislador Gabriel Velasco se refirió a que “la reapertura de los sectores de los gimnasios será muy importante para el sector económico del país.

Preocupado por cifras de estudio de Profamilia, el senador Carlos Fernando Motoa se cuestionó y dijo que “el 75% de los encuestados en 10 ciudades del país han presentado afectaciones en su salud mental. ¿Como irá, nerviosismo y estrés debido a la pandemia?”

Un llamado para que el Ministerio del Deporte tenga también en cuenta a los talentos deportistas indígenas del país, hizo el senador Manuel Bitervo.
La senadora Laura Fortich celebró el apoyo al deporte de las regiones e insistió en el uso de la bicicleta en el país.

La propuesta del senador Álvaro Uribe fue para que los colombianos tengan mayor entretenimiento en la pantalla chica y de esta manera, a través de canales institucionales, poder recordar con videos los eventos deportivos.

El presidente de la Comisión, Fabián Castillo, hizo el cuestionamiento acerca de los apoyos a las regiones y sobre la posibilidad de hacer microequipamentos deportivos en barrios, que le permitan dar recreación a adultos mayores y niños.

Senadores citantes a debate sobre interceptaciones ilegales denunciarán esos hechos ante organismos internacionales

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció ante la plenaria del Senado la creación de un Comité de Revisión Estratégica e Innovación con expertos nacionales y extranjeros para definir los cambios que necesita la labor de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública.

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Antonio Sanguino citantes al debate de control político virtual al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre el tema de las interceptaciones ilegales señalaron que recurrirán a instancias judiciales nacionales y a organismos extranjeros para denunciar dichos hechos.

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa dijo que el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho cero tolerancia con la corrupción o cualquier violación a la Ley o a los reglamentos por parte de algunos miembros del Ejército.

Además resaltó durante el debate que se creó un Comité de Revisión Estratégica e Innovación con expertos nacionales y extranjeros para definir los cambios que necesita la labor de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública. “Un grupo de trabajo determinaron 25 acciones para nuevos métodos de control y restructuración. Esta semana vamos a dar conocer esas acciones que apuntan a nuevos resultados, nuevos sistemas y mecanismos de seguimientos que hayan sido probados en otras naciones”, dijo.

Durante la sesión que duró más de ocho horas, los senadores citantes advirtieron que el debate no era contra las Fuerzas Militares, a la vez que anunciaron que radicarán un proyecto de ley que modifique las disposiciones normativas de ascensos de generales (Ley 1792 de 2016 y Ley 1405 del 2010), con el fin de que se construya un mecanismo con más transparencia y que no afecte el buen nombre de las Fuerzas Militares.

También indicaron que enviarán una carta a los congresistas de los Estados Unidos denunciando la que llamaron operación de espionaje que se viene adelantando en contra de los opositores al Gobierno.

Así mismo afirmaron que dirigirán una misiva a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que esta entidad conozca de los hechos irregulares en los que se han visto envueltos algunos miembros de la inteligencia y de la contrainteligencia militar colombiana.

El senador de la coalición Decentes Gustavo Bolívar reclamó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por no revelar los nombres de los implicados en las interceptaciones contra periodistas, sindicalistas y políticos, publicadas por la revista Semana.

“Colombia necesita saber los nombres de esos oficiales. Ministro, usted dijo que no van a mancillar el nombre de los integrantes de las Fuerzas Militares. Colombia necesita saber esos nombres sin decir que están sindicados. Hay muchos generales que saben muchas cosas y usted no quiere que eso se sepa. Por eso es que sacan a los militares por la puerta ancha. El retirado pasa a ser parte de la reserva activa de las Fuerzas Militares”, destacó.

Agregó, además, que lo normal en las Fuerzas Militares es que se les investigue sin revelar sus nombres, aduciendo el derecho a la presunción de inocencia, debido proceso y reserva del sumario. “Por vía administrativa, se les llama a calificar servicio o se les pide la baja. En el peor de los casos, se compulsan los procesos a la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia”.

El senador Bolívar remató su debate manifestando que al país no lo pueden engañar, "no tienen la grandeza de reconocer algo que es evidente: las carpetas están, las chuzadas están, los muertos están, aquí no estamos inventando nada, a nosotros nos pueden engañar, pero a la gente no, menos a los Estados Unidos”.

Por su lado, el senador Iván Cepeda, Polo Democrático, destacó que el Gobierno todavía no ha podido explicar de una manera convincente “por qué estaban siendo ilícitamente interceptados y perseguidos por este aparato de inteligencia, dirigentes políticos y periodistas”.

De acuerdo con el legislador, el ministro Trujillo y el presidente Iván Duque han intentado convencer al país que las interceptaciones del Ejército son un hecho menor y criticó que el Gobierno ahora anuncie una investigación en la justicia penal militar.

“Van a comenzar una investigación de la justicia penal militar por supuesta fuga de información secreta y esa es una nueva operación contra los oficiales que han estado actuando de una manera recta dentro del Ejército. Además, es otra investigación contra la libertad de expresión en Colombia. Tenemos una segunda fase de la operación silencio al interior del Ejército”, consideró.

Además, aseguró que el Ministro de Defensa no respondió los interrogantes formulados por los citantes y aseguró que "la relación de algunos miembros de las Fuerzas Militares con el narcotráfico destruye la institucionalidad. Vamos a persistir en el tema de fondo y vamos a acudir a la justicia nacional y extranjera. No nos vamos a callar, ni nos van a silenciar”, concluyó.

Por su lado, el senador Antonio Sanguino, Alianza Verde, manifestó que este problema no se resuelve llamando a calificar servicios a coroneles, capitanes y generales, sino que, por el contrario, se resuelve pasando la página para poder desmantelar ese entramado de actividades ilegales.

También indicó que es necesario establecer las relaciones de esta situación en las Fuerzas Militares con los sectores políticos para que haya garantía de no repetición.

Sanguino anunció la radicación de un proyecto de ley que modifique las disposiciones normativas de ascensos de generales (Ley 1792 de 2016 y Ley 1405 del 2010), con el fin de que se construya un mecanismo con más transparencia y que no afecte el buen nombre de las Fuerzas Militares.

“Es necesario de forma urgente reformar los mecanismos y criterios de ascensos; las disposiciones actuales no garantizan transparencia y pulcritud en las Fuerzas Militares,” señaló el congresista.

El Gobierno se defiende

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que los señalamientos de los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Antonio Sanguino no corresponde con la realidad y están por fuera de los marcos legales que rigen estos asuntos con temas de inteligencia y contrainteligencia. “Qué fácil es utilizar una curul, amparados en la inviolabilidad haciendo señalamiento contra Iván Duque. No puede quedar la idea que es la cabeza de una organización de espías, que viola la Constitución y las garantías democráticas como si estuviéramos en un país totalitario”, destacó.

En su intervención, el Ministro dijo que su propósito era defender la inteligencia y la contrainteligencia, que es una capacidad para garantizar la soberanía del régimen democrático y para defenderlas de las amenazas internas y externas.

Aprovechó la oportunidad para destacar el comunicado de la Procuraduría General de la Nación, en el que señaló que: “En cumplimiento del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1261 de 2013, la Procuraduría se reserva la publicación de los nombres de los investigados y de los ciudadanos víctimas de perfilamientos”.

Para el Ministro de Defensa es importante que el país tenga claro que no hay encubrimiento cuando no se revelan los nombres de los funcionarios de inteligencia y contra inteligencia. “La Ley establece que las hojas de vida y perfiles, los datos de los servidores públicos de inteligencia, contra inteligencia, contratistas y quienes lleven a cabo estas actividades no deberán ser revelados. Lo dice la ley, no me lo estoy inventando yo”, explicó a los asistentes.

Así mismo, Trujillo aclaró que la Ley de ninguna manera entorpece la tarea de los medios de comunicación. “Dice la Ley que quien divulgue de manera indebida, entregue, filtre, comercialice, emplee o facilite el uso de documentos reservados incurre en causal de mala conducta y perjuicio de las acciones penales a que haya lugar”.

Manifestó que el Ministerio de Defensa reitera que la política del Gobierno Nacional es de cero tolerancia con la corrupción y la ilegalidad y expresa que cualquier hallazgo será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias.

Seguidamente intervino el vicecontralor y actual el jefe jurídico de la entidad, Julián Ruiz, informó en la Plenaria del Senado que el 18 de mayo se inició la auditoria a los gastos reservados y ayer fue instalada con el Director de Inteligencia del Ejército, para definir cómo fue la gestión fiscal de los gastos reservados de la oficina de inteligencia y contra inteligencia.

Voceros de los partidos políticos

El senador Juan Felipe Lemos Uribe, vocero del Partido de la U, rechazó las presuntas actividades que se estarían realizando al interior del Ejército, donde según un medio de comunicación existen varias interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y políticos entre otros.

El congresista insistió que espera resultados en las investigaciones, para identificar a los responsables de estos hechos. “Como partido esperamos que lleguen al fondo de las investigaciones para defender el honor de nuestras Fuerzas Armadas.”

El vocero de La U criticó la postura de algunos congresistas que insisten que se debe minimizar los recursos a la Fuerza Pública y señaló: “Que tal un país sin capacidad armada para cuidar a los colombianos “.

El senador John Milton Rodríguez, de Colombia, Justa y Libre, hizo un reconocimiento “a la labor invaluable que hace nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todo el órgano de defensa de nuestro país, por el cual debemos estar orgullosos todos los colombianos. En su momento logró arrodillar al terrorismo, también podrá vencer esas circunstancias y asumir el desafío de arrodillar todo el narcotráfico que se ha desplegado en nuestro país”, destacó.

Lamentó el congresista Rodríguez que Colombia tenga 35 policías por cada 100 mil compatriotas, “mientras que la ONU habla de un índice de 1.8 policías por cada mil ciudadanos, lo que significa que deberíamos tener 81 policías por cada 100 mil colombianos, estamos muy por debajo de lo que sugiere la ONU”.

El legislador Jonathan Tamayo, ASI, respaldó a las Fuerzas Militares y dijo que el debate que se realizó por parte de la oposición tiene el propósito de convertir a Colombia en una Venezuela, cuando sinceramente las interceptaciones son legales, la historia de todo Gobierno está relacionada con la inteligencia y contra inteligencia.

“De modo que no es justo querer dañar la imagen de los miembros de nuestras Fuerzas Militares. Muy bien por los medios de comunicación que ayudan a encontrar malos actos”, señaló

El senador de Colombia Humana Gustavo Petro dijo que el objetivo central de las Fuerza Militares es tener un ejército profundamente ético, que defienda la Constitución del 91 y el estado social de derecho.

Seguidamente manifestó que “lo malo o peor de lo que está pasando es que en la operación de contrainteligencia se encuentra una fuerte interrelación entre sectores de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, por dinero", denunció.

"En el contexto de corrupción extrema de poder político colombiano se mueven en las regiones, en los batallones, en la Armada, en las divisiones del Ejército, en la Policía. Es allí donde se incuba el hecho de la corrupción. El origen de los falsos positivos no está en el seno de las Fuerzas, sino del poder político. ¿Cómo paramos la degradación del Ejército? Con un gobierno decente, cambiando la política antidrogas, separar al alto mando militar de la contratación y tener otra doctrina militar por una moderna", indicó Petro.

El senador Ernesto Macías, vocero del Centro Democrático, destacó que este tipo de debates políticos buscan manchar y destruir la imagen del Gobierno y del Ejército.

“Queda claro, en primer lugar, que el Gobierno no actúo producto de informaciones periodísticas, sino de investigaciones internas, hallazgos y elementos de análisis que se han hecho al interior del Gobierno y de la Fuerza Pública, en ese caso del Ejército”, dijo.

Además destacó que "una institución como el Ejército de Colombia que tiene más de 230 mil uniformados, por dos, tres, diez o 12 se esté manchando al Ejército como aquí se pretende hacer con este debate político”.

Entre tanto, el senador José Luis Pérez, Cambio Radical, expresó su solidaridad con quienes han sido víctimas de los seguimientos y añadió que esto no lo aparta para hacerle un reconocimiento al Ministro de Defensa y al Gobierno, “puesto que desde diciembre de 2019 se ordenaron auditorías especiales no solo en este caso que nos ocupa, sino en los últimos diez años”.

El legislador destacó que el jefe de la cartera de Defensa ha tomado decisiones difíciles, “ha tomado la decisión de desvincular a 12 oficiales, entre ellos, dos generales, seis oficiales y cuatro coroneles. Estamos de acuerdo que se aclare quiénes son los responsables para que sean juzgados y sancionados. Por supuesto saber quién o quiénes dieron la orden para estos seguimientos”, agregó.

El congresista Julián Gallo, de la Farc, señaló que mientras no se modifique la concepción de Estado se va a continuar con las actividades que se vienen registrando como lo ocurrido con los perfilamientos.

"Nos han notificado en el día de hoy, a través del ministro Carlos Holmes, que prácticamente estamos viviendo de una realidad orwelliana, del gran hermano, y que nos han vigilado y que nos van a seguir vigilando y que esas actividades serán protegidas por la Ley de Inteligencia. Esa es la doctrina de la seguridad nacional que no es patrimonio de las Fuerzas Armadas", afirmó.

Insistió en que eso que estamos viviendo es una tragedia para nuestro país. “Aquí nadie está queriendo acabar con las Fuerzas Armadas, es exactamente lo contrario, necesitamos pasar esta página para que podamos avanzar en la construcción de una Colombia realmente democrática".

El senador Feliciano Valencia, del partido MAIS, aseguró que nadie duda de la honorabilidad del presidente Duque. “Somos conocedores de la labor del Ejército sobre todo los mandos medios y pregunto: ¿Tenía o no conocimiento el Jefe del Estado de estas interceptaciones? Por qué no se aclaran estas preguntas”

“No se trata de sobar chaqueta para quedar bien (como dijo Gustavo Petro en la sesión), se trata de que se conozcan los autores de los delitos, porque hay militares que le hace favores a grupos delincuenciales. Que se conozcan quiénes son. Si la inteligencia es tan buena, por qué no se utiliza para frenar los asesinatos y matanzas de líderes. Todo esto es en bien de las instituciones”, finalizó Valencia.

El vocero del partido Conservador, congresista Efraín Cepeda, sostuvo que al presiente Iván Duque no le ha temblado la mano y con cero tolerancias ha dado las instrucciones para separar militares, para que se abran investigaciones, para que se acuse ante los organismos de control, para que así se sancione a los responsables.

"El Ministro de Defensa, por instrucciones claras del presidente Iván Duque, ordenó en diciembre al Comandante del Ejército una auditoria de las actividades de inteligencia y contra inteligencia, que se realizaron en los últimos 10 años en el Ejército " recordó Cepeda.

La senadora Aída Avella, de la coalición Decentes, luego de hacer una relación de hechos y asesinatos de líderes sociales, denunció que no hay acción por parte de los organismos de control para investigar los responsables de esos crímenes.

"Algo está fallando, porque año tras años se presentan no solamente los escándalos y los militares la máxima sanción que tienen es el llamado a calificar servicios. Creo que sí hay gente muy bien pensionada que participó en cosas que no debieron haber participado, por supuesto no son todos", afirmó la senadora Avella.

El senador Manuel Bitervo, del partido AICO, dijo que le parece pertinente este debate por las acciones ilegales en contra de congresistas, periodistas y líderes y sobre todo por esos indígenas asesinados que claman por seguridad del Gobierno.

El congresista agradeció porque este tipo de debates se cumpla en esta época de pandemia, donde han caído muchos indígenas y líderes si conocer resultados de la inteligencia.

El legislador del Polo Democrático Wilson Arias felicitó a los sectores valientes de la Fuerza Pública que han denunciado estos hechos y sin los cuales sería muy difícil que el periodismo investigativo tuviera la posibilidad de acceder a la información.

El senador Juan Luis Castro, del Partido Verde, dijo que hablar de estos temas tan incómodos (de las Fuerzas Armadas) expresa la verdadera esencia de lo que es una democracia.

Luego manifestó que lo que más indignación genera es que todos estos seguimientos se hicieron con recursos públicos o con equipos donados de otros países para seguir a figuras de la oposición, a periodistas, al mismo Presidente y a personas que viene ejerciendo un liderazgo político en el país.

Aseveró que este es el primer paso de lo que podría ser una estrategia criminal y que el perfilamiento puede degenerar en situaciones que no representan la realidad, para después estigmatizar la persona en todos los niveles de la esfera pública. “Una democracia se debe construir para mantener las garantías y no para destruirlas. Los debates deberían ser constructivos y debe haber consecuencias para quienes hayan violado la ley, para devolver la confianza de los colombianos con las instituciones”, finalizó.

El vocero del Partido Liberal, senador Guillermo García Realpe, dijo que no tiene el deseo de hacerles reproches a las Fuerzas Militares, ni hacerles daño y menos enrostrarle culpabilidad alguna al Ministro de Defensa, pero hoy falta control en los ríos y en altamar.

“El mejor servicio de apoyo a la Fuerza Pública es mantenerlos neutrales. Se han presentado cosas delicadas y muy graves en un sector del generalato, lo que informa la Revista Semana, lo que está hablando es absolutamente delicado y en su momento The New York Times”, destacó.

Al filo de la medianoche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión y anunció que se estará informando si el próximo lunes se convoca a la plenaria.