El senador Carlos Motoa afirmó que “se puede considerar como un termómetro lo que está ocurriendo con las solicitudes a las cajas de compensación de subsidios al desempleo. Esto nos da una dimensión de lo que pasa con los despidos y pérdidas de empleos en el país”.

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Senadores de la Comisión Séptima escucharon en sesión virtual al Superintendente de Subsidio Familiar, a las representantes de Fedecajas y Asocajas, con el fin de conocer las acciones adelantadas y por adelantar en el marco de la pandemia por Covid-19.

El superintendente del Subsidio Familiar, Mauricio González Guerrero, afirmó en su intervención de la Comisión Séptima del Senado a la que fue invitado, que de acuerdo al reporte de las 43 cajas de compensación familiar al 15 de mayo de 2020 se ha recibido un total de 663.754 solicitudes y sólo en Cundinamarca 231.273 para acceder al beneficio, y que la transferencia de giros directos del Ministerio de trabajo a las cajas de Compensación Familiar para las prestaciones de los cesantes son conforme a lo ordenado en el Decreto 553 de 2020. Y añadió que la entidad ha recibido desde el inicio de la emergencia por Covid-19 y hasta la fecha, un total de 2.744 PQRS, dirigido a la recepción como tal del beneficio.

A su vez afirmó que es competencia de la Superintendencia Nacional de Salud revisar y vigilar los programas que administran las Cajas de Compensación, ya que en el Régimen Contributivo las cuentas por cobrar están entre 198.685 millones y las cuentas por pagar ascienden a 350.261 millones, y en el Régimen Subsidiado hay cuentas por cobrar por 303.293 millones de pesos y cuentas por pagar de 942.798 millones de pesos.

Las personas que han sido hecho la petición del subsidio económico por emergencia COVID-19 son 663.754 inscritos, 347.1807 radicados, 168.137 aprobados y 75.1959 liquidados, y que los valores asignados para el pago de los beneficios económicos son $276.226.103.248 pesos y el valor pagado de los beneficios económicos son $54.315. 227.433 pesos.

Disminución de población vinculada

Por su parte, la presidenta Ejecutiva de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Nurys Hernández Espitia, aseguró que de las 22 cajas que tienen, nueve de ellas se encuentran en los territorios de mayor superficie territorial y menor densidad poblacional, lo que establece una condición diferenciadora respecto a las demás cajas de compensación familiar dada las dificultades que deben atravesar para garantizar y a los usuarios en general acceder a los programas y servicios que ellas prestan.

Veinte de las 22 cajas federadas evidencian que para el primer trimestre de la vigencia 2020 el promedio mes de trabajadores afiliados fue de un millón 421 mil 568, mientras que en el primer mes del segundo trimestre es de un millón 16 mil 449, lo que equivale una disminución del 18%. La disminución de la población vinculada a las 20 cajas de la muestra asciende a 323.732 personas, alertando frente al porcentaje de afiliados del mes de abril, con un probable crecimiento exponencial que genera mes tras mes.

El denominado subsidio de emergencia es un beneficio que se otorga por las cajas de compensación familiar, como disposición del Decreto 488 del 27 de marzo del 2020, expedido dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica para trabajadores dependientes e independientes cotizantes en categoría a y b que hayan realizado aportes en una Caja de Compensación Familiar durante un año continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco años recibirán la transferencia económica para cubrir sus gastos de acuerdo a sus necesidades y prioridades por un valor de dos salarios mínimos legales vigentes, y en este momento están pidiendo acceder a ese subsidio las personas que quedaron desempleadas como consecuencia de la pandemia, pero también aquellas personas que venían y tenían derecho conforme a la Ley 1636 y que no se habían postulado o todavía no los habían aceptado.

La duración del trámite de asignación de subsidios es de 13 días. Diez días tiene la caja de compensación una vez se radique los documentos para hacer el estudio respectivo para saber si acceden o no a ese subsidio de acuerdo a lo expuesto en los decretos, una vez establece que cumplen los requisitos y el diligenciamiento del formulario con el certificado de desvinculación de la empresa, inmediatamente dentro de los tres días hábiles la caja de compensación debe hacer el desembolso completo.

Subsidio desempleo vs seguro desempleo

A su turno, la presidente Ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, habló acerca de una diferencia enorme entre lo que es un subsidio al desempleo y un seguro al desempleo. Este último es una prestación contributiva, una obligación universal y a la cual tienen derecho todos los empleados en Colombia, y el seguro de desempleo está representado en las cesantías. La idea es que el empleador cubra esas cesantías con un porcentaje del salario más los intereses sobre las cesantías para que no pierden el poder adquisitivo y la indemnización por despido.

En el marco de la pandemia y tras el Decreto legislativo 488 de 2020, que dice que se entrega un auxilio a personas cesantes en categoría A y B, con menos de dos salarios mínimos y entre dos salarios mínimos. Además, no exige inscripción de empleo ni al servicio de capacitación. “Hago un llamado, por cuanto hay un error técnico en el decreto legislativo, pues permite que personas que hayan estado vinculadas por 5 años atrás, accedan al mecanismo de emergencia, aunque estas personas requieren del subsidio, hace que el número de personas se acerquen a pedir el subsidio sea altísimo”, aseguró Guillén.

Beneficios al cesante

Es una prestación económica de los salarios mínimos que corresponden a $1.755.606 pagados durante 3 meses, pago a seguridad social sobre un salario mínimo que corresponde a 250.300 mensuales durante seis meses equivalente a $1.501.800. cuota monetaria por cada hijo menor que también se paga durante 6 meses y que corresponde a $360.000, significa que el subsidio que recibe nuestro cesante de emergencia es equivalente a $3.617406. En una situación de crisis este subsidio es muy elevado.

Y añadió que “hay otro error técnico y es el pago a la seguridad social ya que si una persona ha estado vinculada por contrato de trabajo y éste se termina esa persona queda automáticamente protegida por un mes más en el sistema de seguridad social y sí ha estado vinculado durante más de un año tiene una cobertura de 3 meses en salud, lo que significa que aquí estamos pagando dos veces el aporte a salud”.

Hablan los senadores

La senadora Aydeé Lizarazo aseguró: “Me parece una buena idea poder hacer un tipo de anticipo de recursos después de hacer unidad de caja o tesorería y hacerse en préstamos internos de los diferentes fondos que tienen las distintas cajas para así solventar y dar desembolsos, que a través del Fomec el Gobierno nacional pueda realizar.

Entre tanto, el congresista Carlos Motoa afirmó que “se puede considerar como un termómetro lo que está ocurriendo con las solicitudes a las cajas de compensación de subsidios al desempleo. Esto nos da una dimensión de lo que pasa con los despidos y pérdidas de empleos en el país. La información que suministra el Ministerio de Trabajo al 15 de mayo habla de aproximadamente 625 mil solicitudes de subsidio al desempleo, es un tema dramático en las próximas semanas, porque los recursos escasean”

Por su parte, el legislador Gabriel Velasco dijo que “el número de solicitudes está desbordando la capacidad y venimos también planteando la necesidad de generar la unidad de caja, para que las cajas de compensación tengan mayores posibilidades, reconozco los esfuerzos que vienen haciendo las cajas, la Superintendencia y el Gobierno Nacional, sin embargo, entendemos que tenemos que avanzar y construir algunas alternativas para ayudar a la población tan necesitada”.

El senador Álvaro Uribe, dijo que el sistema tendría que tener un liderazgo mucho más atrevido en salud, “ya que me preocupa los fracasos de algunas cajas en materia de salud. Le pido encarecidamente a los gremios revisar eso, algunas han tenido problemas de pagos, pero en otras, corrupción. Colombia necesita que el sistema de compensación familiar sea definitivamente el líder en la salud, tanto en el aseguramiento como en la prestación y por favor no permitamos corrupción en una sola caja”.

El congresista Eduardo Pulgar aseveró: “Debemos sacar adelante el tema de las cajas, prácticamente las que manejan salud tienen corrupción, pienso que es justo y necesario realizar un debate sobre el tema de las cajas, pues así como el Superintendente está cerrando las EPS que no funcionan, las cajas que no funcionan deben quitarle la salud”.

El presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, afirmó que “queda la duda en la forma en que estas entidades han apoyado la prestación del servicio de salud de los servicios sociales a cargo del Estado. Ahí han manejado los recursos públicos, si viene y hablamos de los recursos del mecanismo de protección al cesante, cuya implementación nos deja en evidencia las limitaciones propias de la falta de formalización laboral de este país, tenemos muchísimos trabajadores informales”.

Conclusiones

El Superintendente de Subsidio Familiar concluyó diciendo: “Somos muy estrictos en el control, realizamos precisamente la evaluación bajo mitigación y se están cursando las solicitudes a través del Ministerio de Hacienda y según la disposición de recursos ellos la trasladarán una vez la haga efectiva el Ministerio según la competencia que tiene en el Decreto 553, que nos va a indicar cómo serán esas transferencias a cada una de las cajas de compensación,”.

También pidió a los senadores de la Comisión Séptima no estigmatizar a las cajas de compensación por su tamaño, ya que hay que mirar cuál es el papel que juegan en las cajas de compensación en el acompañamiento social y política pública del Gobierno Nacional.

Mientras la presidente Ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, afirmó que en el tema de auxilios económicos se va a priorizar familias que tengan personas con discapacidad bajo custodia.

Senador Richard Aguilar propuso al Gobierno Nacional exoneración del IVA, pago de peaje, disminución del costo de la gasolina, pago del 50% de los seguros, para aliviar las cargas tributarias del sector transporte terrestre del país.

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Por iniciativa del senador Richard Aguilar (Partido Cambio Radical), la Comisión Tercera de Senado llevó a cabo el debate de control político virtual sobre los efectos económicos que atraviesa el sector de transporte terrestre intermunicipal por motivo del coronavirus. Para tal fin se citó a los ministros de Transporte y de Hacienda, con la invitación a delegados de las empresas del sector transporte.

El senador Aguilar informó en su presentación, en la que mostró la relevancia que tiene el sector para el país, que antes de la pandemia, el sector transporte en el país venía con un alto crecimiento, a nivel mundial ocupando un cuarto puesto. ” Este es un sector sumamente importante para el desarrollo y la economía colombiana. La inversión pública se ha disminuido, debido a la baja del petróleo y la reactivación será muy tardía”. Señaló que en el mes de febrero el sector creció al 4.6% y en el de marzo solo 1.1%, representando el 4.9 % del PIB.

Agregó que en Colombia hay 3.500 empresas, entre sociedades comerciales, cooperativas y gremiales. Expuso que el año pasado se movilizaron unos 139 millones de pasajeros, generando 1.4 millones de empleos.

El congresista solicitó que se alivie la carga tributaria al sector hasta el mes de diciembre, por la disminución de los ingresos de las empresas de transporte. "El sector ha recibido un declive muy grande. En el año 2019, tenía 13 millones de pasajeros, este año sólo tiene 37 mil pasajeros. La nómina del sector es de 1.2 billones de pesos y no tiene para pagarla por falta de flujo en la caja. El sector no aguanta más", afirmó.

Aguilar, propuso al Gobierno la exoneración del IVA, el pago de peajes, disminución del costo de la gasolina. Asimismo, que sólo se pague el 50% de los seguros y postergar los planes de mejoramiento de las terminales de transporte. Recomendó suspender todo trámite de adjudicación de rutas, entre otras solicitudes. El senador solicitó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que muestre cuáles son las prospectivas de lo que le espera al sector.

En sesión informal se escuchó, entre otros invitados, al gerente de la empresa de Coopetrán, Hernán Mauricio Atuesta, afirmó que el sector está grave de muerte. "Nos vemos amenazados por la crisis económica, no tenemos cómo responder a las deudas de los bancos. La demanda de los pasajeros es muy baja, debido al miedo que tienen los colombianos de contagiarse. Tenemos más de la mitad del parque automotor inmovilizado". Atuesta solicitó fácil crédito para el pago de la deuda.

Igualmente, el gerente de Asotrans, Marino Quintero, pidió un aplazamiento del pago de la prima de medio año y que se active al sector con créditos y bioseguridad.

Participación de los congresistas

En su intervención, el senador Luis Eduardo Diazgranados (Cambio Radical) solicitó que se atiendan las necesidades del sector, como la línea de crédito y ampliar las medidas del pago de los peajes.

Por su parte, el congresista Antonio Sanguino afirmó: "El Gobierno debe acordar con este gremio medidas de alivios. Ellos generan 100 mil empleos directos y 200 mil indirectos. Es una necesidad para el país que el Gobierno salve el sector, que es vital para la economía del país".

El legislador Ciro Ramírez aseguró que el sector de transporte terrestre ha estado frenado en un 99%, por la crisis sanitaria. Ramírez dice que no conduce la recuperación de la economía, sin la reactivación del sector transporte. Dijo que se estudien todos los alivios tributarios, para la recuperación del sector.

Senador Efraín Cepeda Sarabia indicó: "Tenemos que salvar a este sector, generador de empleo, facilitando una línea de crédito a cinco años y uno de gracia para aligerar cargas. También se debe extender a seis meses el subsidio a salarios y seguridad social y reducción del IVA". El congresista propuso que Bancoldex actúe como banca de primer piso ante la negativa del sector bancario de no conceder créditos al sector transporte.
A su vez, el congresista Germán Hoyos (Partido de la U) hizo un llamado al Gobierno para que tome decisiones complejas en la crisis del sector transporte. "Es mejor salvar el empleo que subsidiarlo. Tenemos que saber de dónde saldrán los recursos”.

Entre tanto, el legislador liberal Mauricio Gómez le pidió coordinación a los ministerios de Hacienda y Transporte para agilizar la línea de créditos a los sistemas de transporte masivo, tema que ha liderado en las últimas semanas. De esta manera, requirió al Gobierno extender la mano también a las empresas de transporte intermunicipal.

De la misma manera, el senador del Partido Alianza Verde, Iván Marulanda, solicitó al Gobierno que atienda al sector y le dé solución a la problemática de 36 mil transportadores.

 Líneas de crédito para sector transporte

En el debate de control político estuvo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la viceministra, Carmen Valderrama.

Atendiendo la preocupación de la liquidez en las empresas de transporte del país por no contar con acceso directo a una línea de crédito especial, la ministra Orozco aseguró que esta semana la cartera de Gobierno estará suscribiendo un convenio con Bancoldex para tener ese tipo de crédito con tasa compensada. “Esa tasa compensada viene de un aporte que Mintransporte otorgó precisamente a raíz que el Decreto 575 lo permitió, porque eso tenía otra destinación presupuestal”.

La medida financiera estará dirigida a personas naturales y jurídicas pertenecientes al sector transportador de carga y de pasajeros, más no a los sistemas masivos de transporte en las siete ciudades capitales que cuentan con el servicio. Esto será un aspecto aparte porque el mismo decreto “estableció la posibilidad de que los entes gestores y entidades territoriales asumieran créditos para la sostenibilidad de los sistemas masivos con garantía de la Nación hasta de un 90% con los fondos de garantías y como las empresas de transporte hoy también tienen esa posibilidad”, sostuvo la funcionaria. Sobre el tema, se adelantan unas mesas de trabajo permanente y “esa es una medida directa del Ministerio de Hacienda que es el que emite esas garantías”, agregó.

Asimismo, la Ministra de Transporte se refirió al Decreto 569, el cual fijó la exención del pago de peajes, durante el primer aislamiento decretado por el presidente Iván Duque para ayudar y apoyar al sector transportador. Esto afecta los recursos del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, que ha dejado de recaudar más de $150 mil millones por ese concepto, por lo que no se extenderá esta medida que terminaría de “afectar el presupuesto del Invías, de afectar rubros de emergencia que ya se han contratado para ejecutar, con cargos al presupuesto del Invías en zonas del país como Santander”, dijo Ángela María Orozco, quien agregó que el Gobierno está trabajando en el tema para que, a medida que se reactiven los sectores productivos, se reinicie el cobro de peajes. Ese sería un anuncio que haría el Presidente de la República posteriormente.

De otro lado, señaló que con los protocolos de bioseguridad, el Ministerio de Transporte otorgó un permiso especial y transitorio para que, en el término de la emergencia sanitaria, las empresas de transporte intermunicipal pudieran hacer convenios con las secretarías de Movilidad y los entes gestores de los municipios, donde se prestan esos servicios para poder contratarlos y prestar servicio dentro de las ciudades, con el fin de completar el servicio público de transporte evitando que este se colapse y sea foco de contagio.

Finalmente en el grupo de citados, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refirió a los recursos destinados por el Gobierno para atender la emergencia por el coronavirus desde cuatro fuentes, entre las que se encuentran: alivios tributarios, créditos con garantías del 90% a distintos sectores y el subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores de las empresas y entidades sin ánimo de lucro con reducción en sus ingresos del 20% y que soliciten este aporte durante los meses de mayo, junio y julio.

Sobre las necesidades de los sistemas de transporte masivo, en la misma línea de la ministra Orozco, Londoño aseguró que se han liberado fuentes para que estos “puedan destinarlas de la cofinanciación de la Nación que si solo era inicialmente para infraestructura, les hemos dicho que si tiene algún recurso en esas fuentes que no esté en este momento comprometido en infraestructura, pueden destinarlo a la operación”.

En caso de que se llegue a necesitar el 100% de las rutas, el viceministro dijo que por la salud de los colombianos los sistemas masivos de transporte deben disponer de ellas. Siendo conscientes de las pérdidas que esto les representa, apuntó que “se lo vamos a compensar con mayores plazos en sus contratos para decir que esa utilidad esperada y esa pérdida que se está dando, se les pueda reconocer en el mediano plazo”, a través de crédito, con el apoyo de la entidades territoriales y liberación de fuentes de financiación.

Al concluir el debate, el congresista Richard Aguilar le pidió al Gobierno, que atienda la problemática del sector. Expresó que habrá una línea de crédito con Bancoldex. "Celebro que el anticipo de rentas no se pague este año". Afirmó que, si no se exonera el peaje, se quebrará el sector, a la vez que pidió que haya un subsidio de nómina. "Estemos vigilantes para que los compromisos se puedan dar con agilidad, para superar la crisis de este sector que tanto le ha aportado a la economía del país".