Bogotá D.C., 12 de mayo de 2020 (Prensa Farc).- La bancada en el Congreso de la República del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, presentó un paquete de proyectos ley en cumplimiento del ejercicio de control político que constitucionalmente corresponde, sobre las medidas dictadas por el Gobierno en el marco de la crisis por Covid-19.

Son ocho proyectos de ley en continuidad con la propuesta del Plan de Choque Social, y que buscan la modificación o derogatoria de algunos de los decretos presidenciales:

1. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA “Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 546 de 2020”
Con el ánimo de hacer realmente eficaz la excarcelación humanitaria para afrontar la crisis  carcelaria, el Partido FARC propone excluir únicamente a las personas condenadas por delitos que  por su especial gravedad representen un peligro para la sociedad y las víctimas, y en consecuencia,  las mujeres cabeza de hogar, condenados a penas privativas de hasta 10 años, ex guerrilleros de las  FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz, pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, detenidos  preventivamente que no hayan sido condenados ni sean reincidentes en procesos penales en los  cinco años anteriores y quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de libertad en
establecimiento penitenciario, para que puedan ser beneficiarios de la excarcelación transitoria.

Además, se busca también agilizar el proceso, permitiendo las excarcelaciones en un menor tiempo.

2. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN TERCERA DE CÁMARA “Por medio del cual se  deroga el Decreto Ley 522 de 2020”
Dicho Decreto legislativo contempla la enajenación de activos de la Nación por un valor superior a  los 3.2 billones de pesos. No hay que olvidar que desde hace más de un año este gobierno tiene en  curso 12 procesos de enajenación, incluida ISA, por un valor de más de 10 billones de pesos, monto  muy cercano a la suma del total de enajenaciones realizadas durante los últimos 20 años. El gobierno  quiere aprovechar la crisis actual para sacar adelante la venta de activos de la Nación. Con el fin de  NO llegar a la práctica nefasta y recurrente de enajenar activos de propiedad pública, le proponemos  al gobierno Nacional que del saldo actual de las reservas internacionales, que equivalen a US$55 mil  millones de dólares, transfiera el 10%, es decir US$5,5 mil millones de dólares que equivalen a $21
billones de pesos, para hacer frente a la crisis, teniendo en cuenta que estos recursos son  administrados por el Banco de la República y se encuentran principalmente en bonos del tesoro  americano.

3. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO “Por medio del cual se adicionan medidas al Decreto Legislativo 533 de 2020” Uno de los programas más polémicos en Colombia, es el Plan de Alimentación Escolar – PAE. A causa del cese de clases presenciales se creó una modalidad transitoria (ración para preparar en casa). La finalidad de este Proyecto de Ley es reforzar la vigilancia y control de los recursos del PAE, adicionando tres artículos al Decreto Legislativo 533 del 9 de abril de 2020: 1. Modificar la actual forma de vigilancia y control a la nueva modalidad y fortaleciendo la participación y veeduría ciudadana; 2. Crear la línea de atención exclusiva para denunciar la corrupción en el PAE; 3. Incluir de forma prioritaria aquellas raciones obtenidas a través de compras públicas locales
con el fin de entregar alimentos de alto valor nutricional y fomentar la economía campesina y familiar.

4. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO “Por medio del cual se reforma el Decreto Legislativo 538 de 2020”
Este proyecto tiene como finalidad reformar el Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020 con medidas como: 1. Proteger la prioridad en la contratación de planes y programas de salud pública con los hospitales públicos; 2. Devolver al Estado el control sobre el sistema de salud tomando a cargo la red pública y privada de servicios; 3. Crear una cuenta para la contención de emergencias sanitarias, ampliando el presupuesto para la salud pública a través, entre otros, de recursos que hoy se destinan a las EPS; 4. Implementar centros móviles de atención en salud y equipos de atención domiciliaria; 5. Proteger a las y los trabajadores de la salud derogando el polémico Artículo 9, y dando plazo al Gobierno de un año para implementar un estatuto especial para los trabajadores de la salud; 6. Establecer un fondo de fomento a la ciencia e innovación para la contención de esta y futuras emergencias sanitarias; 7. Crear un Programa de fomento a la
producción de insumos y tecnologías para la contención de emergencias sanitarias.

5. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE CAMARA “Por medio del cual se derogan y adicionan algunas disposiciones del Decreto Legislativo 488 de 2020”.”
Este proyecto busca en primer lugar prohibir los despidos de manera unilateral por parte del empleador durante el tiempo que dure la pandemia, creando así una suerte de fuero de estabilidad reforzado mientras dure la emergencia sanitaria. También, en virtud de los
innumerables despidos realizados por las Empresas de Servicio Temporal, el partido FARC propone la creación de un ingreso económico para estos trabajadores con cargo a las pólizas que cada contrato de trabajo con las EST debe contemplar. Así mismo, el proyecto deroga los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 488 de 2020 por afectar los derechos fundamentales de los trabajadores como es el descanso necesario y la garantía de no sufrir reducción en sus salarios, es decir el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

6. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE CAMARA “Por medio del cual se deroga el Decreto Legislativo 558 del 15 abril de 2020” Este proyecto de ley busca derogar el Decreto 558 de 2020, toda vez que significa una reforma pensional en detrimento del fondo publico de pensiones Colpensiones. Decimos que este Decreto debe derogarse por 4 razones: 1. el sistema pensional colombiano tiene un desbalance: en el fondo publico hay mas pensionados, pero menos afiliados, mientras en los fondos privados hay mas afiliados y menos pensionados, con este decreto se amplia el desbalance y se le pone una carga adicional al fondo publico con 20.000 pensionados mas. 2. Se evade la responsabilidad de los fondos privados: dice la ley que en caso de que caiga la rentabilidad de los dineros de las pensiones las aseguradoras deberán responder con su patrimonio, por ello se les había mandatado comprar una póliza de seguro de renta vitalicia para ese evento. Con este decreto se les quita esa responsabilidad y se le carga a futuro al fondo publico. 3. El calculo de cuanto vale una pensión se hace con la esperanza de vida promedio, pero una persona puede durar mas, a eso se le llama riesgo de longevidad, pues eso acrecentar el costo de la pensión. Con este decreto esos posibles mayores valores los asume el fondo publico. 4. El decreto es inconstitucional porque no guarda relación estrecha y estricta con el motivo de la emergencia social, económica y ecológica.

7. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE CÁMARA “Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 460 de 2020”
De acuerdo al último boletín del Observatorio Colombiano para las Mujeres, coordinado por la Consejería Presidencial para la Mujer, para el mes de abril hubo un aumento del 142 por ciento en el número de llamadas a las líneas 155 para reportar hechos asociados a violencia intrafamiliar ocurridos durante en este periodo de aislamiento obligatorio. Así mismo el ICBF ha atendido, en lo que va del confinamiento hasta comienzos de abril, 1.250 niños, niñas y adolescentes para reestablecerles sus derechos, tras ser vulnerados. Ante esta realidad, se hace imprescindible tomar todas las medidas necesarias que garanticen la continuidad de las funciones administrativas y jurisdiccionales de las comisarías de familia a nivel nacional, para que puedan atender las altas cifras de violencia a mujeres, niños y adultos mayores. Por ello, entendiendo que las labores de estos funcionarios se caracterizan en gran medida por diligencias que tienen lugar fuera de las instalaciones de las comisarías, es necesario ampliar las medidas de protección que señala el Decreto 460 de 2020, con el fin de que ellos cuenten con elementos de higiene y bioseguridad también en las funciones que desempeñan en la calle o en casas de familias que
deban visitar.

8. PROYECTO DE LEY – COMISIÓN SÉPTIMA DE CÁMARA “Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 553 de 2020”
Como lo ha constatado la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia que padece el mundo entero, ha puesto en un riesgo acentuado, tanto en el plano de la salud como en el económico a los adultos mayores, en quienes, por un lado, las tasas de mortalidad son superiores a partir de los 65 años en adelante; y por otro,  a que, en el caso de Colombia, un escaso numero de personas mayores han podido acceder al derecho de la pensión, quedando millones de adultos mayores sin ningún ingreso económico que les permita llevar una vida digna. Es por ello que, en el marco de la emergencia que actualmente experimenta el país y el mundo, estimamos urgente reforzar todas las medidas que contribuyan a contener el impacto, en este caso en concreto, de tipo económico, que pueden acarrear los adultos mayores. Proponemos entonces que el giro mensual del cual se quiere hacer
beneficiarios a los potenciales beneficiarios del Programa Colombia Mayor, primero, sea prolongado durante seis meses; dos, no sean objeto de reducción del beneficio por ningún motivo este grupo poblacional; y finalmente, se autorice a los entes territoriales a cofinanciar
este subsidio si así lo determinan, con el fin de reforzar la protección de este grupo poblaciones.

Desde la COMISIÓN SEXTA DE SENADO, se presentarán otras iniciativas legislativas como las siguientes solicitudes al Gobierno Nacional para proferir 1 nuevo Decreto y 2

Proposiciones:
DECRETO ___ DE 2020
Por el cual se dictan medidas de urgencia para aliviar la situación financiera de los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
DECRETA:
ARTÍCULO 1. Congélese el cobro de los créditos vigentes a todos los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX durante noventa (90) días calendario.
ARTÍCULO 2. Redúzcase a cero la tasa de interés de los créditos vigentes a todos los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX por la vigencia de un año.

PROPOSICIÓN
DEROGATORIA DE LOS DECRETOS 516 DEL 04 DE ABRIL DE 2020 Y EL DECRETO 554 DEL
14 ABRIL DE 2020 – cuota de pantalla
Solicitamos al gobierno nacional, la derogatoria de los decretos 516 del 04 de abril de 2020 y el Decreto 554 del 14 abril de 2020. Por no responder a las dinámicas directas de la pandemia del COVID-19, ya que es innecesario reducir la cuota de pantalla para la programación nacional, porque si bien las nuevas producciones se reducen, este porcentaje puede ser suplido con producciones anteriores o se pueden escoger dentro del catálogo de las filmaciones nacionales independientes.

PROPOSICIÓN
MÍNIMO VITAL GRATUITO
Es fundamental el establecimiento de un mínimo vital de agua, luz, gas e internet para la ciudadanía colombiana que no parta sólo de la garantía al acceso, sino que también se preocupe porque el valor de estas unidades métricas corresponda al valor de cero pesos colombianos.

En la Comisión Cuarta, senadores dijeron que el sector pesquero ha sido excluido totalmente de los programas del Ministerio de Agricultura y que la situación con los pescadores es de desidia total. Pescadores denunciaron que ni siquiera la Armada Nacional los protege.

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Durante la audiencia pública virtual que realizó la Comisión Cuarta, la senadora Aída Avella expuso de manera muy general el panorama económico y social de la pesca artesanal en Colombia y el abandono en el que se encuentra este sector, refiriéndose de manera específica de las regiones más afectadas como el Pacífico, el Amazonas y la Costa Caribe.

La congresista explicó que durante años este gremio ha estado en total olvido del Gobierno, sin una política pública que los regule y proteja.

El delegado para temas agrícolas de uno de los organismos de control, Jorge Camargo, afirmó que es real que el sector de los pescadores artesanales ha estado olvidado por años.

Según el funcionario, hasta ahora los censos nacionales no han arrojado distinción entre los pescadores y sería una herramienta necesaria para saber la realidad, a la vez que señaló que la entidad que representa ha venido adelantando una labor en función de apoyar a los pescadores artesanales en medio de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, comentó que en el puerto de Buenaventura, Valle, y en El Plato, Magdalena y otros sectores costeros, se ha estado avanzando en esta tarea. Se ha encontrado que aunque ésta es una actividad económica que aparentemente es para los hombres, hoy la practican muchas mujeres y que los principales problemas que aquejan este gremio son los siguientes:

Problemas que aquejan a pescadores

1. Las vedas de camarón y bagre han impedido el ingreso a los recursos pesqueros.
2. Hay miles de familias de este sector que no han tenido acceso a los beneficios del Gobierno durante la crisis.
3. En el programa El Campo Emprende se presentan barreras para que los beneficios lleguen a los más pequeños pescadores.
4. Comunidades de María la baja denuncian problemas con los alcantarillados mal construidos.
5. Privatización de fuentes hídricas es otra situación que preocupa a los pesadores artesanales.
6. El concepto de asociatividad que se solicita para acceder a los beneficios del Gobierno, les impide a los pescadores individuales recibirlos.

Por su parte, Diego Trujillo, procurador delegado para la Agricultura, informó que es complicada la situación de violencia y pobreza por la que por años han venido atravesando los pescadores artesanales.

Recalcó que la contaminación y el mal uso de los recursos hídricos son el cáncer de la pesca artesanal y que es necesario organizar una Unidad Nacional de Pesca estructurada que revise y supervise los contratos y ayudas para este sector. El año pasado, según dijo, se encontró que a los pescadores se les entregó unas Tablet; pero no tuvieron en cuenta que ellos no tienen ni siquiera electricidad para poderlas usar. Son el tipo de ‘ayudas” que le llegan a este gremio´, pero que han sido poco útiles.

Un gran problema para este sector es la cadena de frío, pues el costo de electricidad que tienen los cuartos fríos en los que se almacena el pescado, es altísimo. Por otro lado, el Procurador delegado pidió que no se hagan inversiones a favor de este gremio sin consultarlos a ellos, pues ha sucedido que se les llevan insumos que ellos no necesitan o que no cumplen los requisitos para aportar a sus necesidades. La unificación de las diferentes federaciones y asociaciones de pescadores es fundamental para escucharlos en unanimidad y poder responder a sus necesidades.

Posteriormente intervino en la audiencia pública el senador Israel Zúñiga, quien afirma que el sector pesquero ha sido totalmente excluido de los programas del Ministerio de Agricultura. “La situación en el Pacífico con los pescadores es de desidia total”.

El congresista Wilson Arias acompañó esta declaración al informar que más del 85% de los pescadores artesanales del país no tiene acceso a agua potable, ni a servicio de acueducto y más del 68% vive en situación de pobreza extrema; superando así las cifras de pobreza en otros sectores. Afirmó que hay una política del Estado destinada a acabar con la pesca artesanal.

 El presidente de la Federación Colombiana de pescadores artesanales, Rodrigo Morales, pidió más atención por parte del Gobierno Nacional y el cumplimiento de los acuerdos de paz para mayor tranquilidad en la zona pesquera.

Por otro lado, pidió que el Gobierno aporte con tecnología e infraestructura, pues ellos tienen el conocimiento empírico para desarrollar esta actividad. Igualmente, Fermín Pérez, presidente de la Confederación de Pescadores de Colombia, solicitó que se cree la política pública a favor de la pesca artesanal y la incluya en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Catalina y Providencia informó que en la isla se encuentran represadas aproximadamente 500 kilos de pescado y la única opción ha sido dejar de pescar, porque el producto no tiene salida.

La Armada, nos los protege

Adicional a estas quejas, el representante legal de la Asociación de Pescadores del Amazonas hizo un paralelo entre la situación de los pescadores en Brasil y la de los colombianos, debido al Covid-19 y expresó que los ingresos han bajado a cero para los pescadores de esta zona y que en Brasil hay un incentivo para cada pescador de 3.200 reales para que no pesquen en tiempo de crisis, en tanto que en Colombia no se ha brindado apoyo alguno para los pescadores.

El senador Laureano Acuña dijo que no solo hay que evaluar la situación de los pescadores artesanales, sino la responsabilidad del Gobierno Nacional en la misma. De otro lado, Luz Fernanda Arciniégas, investigadora de la Universidad de Antioquia habló de la importancia de la protección de los ríos y los ciclos migratorios y la directora de Fedepesca denunció, por su parte, que las iniciativas que se han presentado al Gobierno no se han tenido en cuenta y aseguró que los pequeños pescadores no son tenidos en cuenta en los planes de desarrollo. Pidió que la política pesquera sea diseñada con la participación de los pescadores.

Por su parte, Reynaldo Rico, de la Asociación Momposina, dijo hay una pérdida de los humedales que están siendo afectados por proyectos de ganadería y que el río Magdalena ha perdido su capacidad hídrica, lo que afecta a miles de pescadores.

Pidió que se formalice al sector pesquero y que se diseñe una política integral y no los ‘retazos’ que hay actualmente.

Jorge Chica, de la Asociación de Pescadores del Pacífico Chocoano, afirmó que en esa zona faltan políticas de bienestar social para los pescadores. También se quejó de los altos precios de los combustibles en el Pacífico chocoano y de la falta de acceso a créditos y salud.

Por su parte, Julián Medina, de la Asociación de Pescadores del Caribe, culpó al Gobierno de la crisis de los pescadores ya que otorga permisos sin control para complejos turísticos y plantas industriales que afectan los ecosistemas marinos. Se quejó de la falta de apoyo oficial para la comercialización de sus productos.

En tanto que Silvano Caicedo, líder social de pescadores de Anchicayá, denunció que la Armada Nacional no protege a los pescadores y agregó que hay regiones como Tumaco en donde la inseguridad afecta a miles de pescadores.

Wilfrido García, de la Asociación de Pescadores del Canal del Dique, dijo que el Gobierno no tiene una política pesquera para el río Magdalena y que por el contrario muchas de las obras en esa vía hídrica están afectando a los pescadores. Mónica Mosquera, de la Asociación de Pescadores del Litoral Pacífico, lamentó que el Estado no le dé importancia a la pesca artesanal del que dependen miles de familias. Se quejó de la inseguridad que afecta a los pescadores. También participaron: Lina Saavedra, académica de la Universidad del Magdalena, y Adriana Cadena de la mesa nacional de pescadores artesanales.

Posición del Gobierno

Marcela Urueña, viceministra de Agricultura, aseguró que se está trabajando con Planeación Nacional para obtener recursos que beneficien al sector. Agregó que su dependencia busca potenciar la pesca como actividad productiva aprovechando el gran potencial del país. Otro aspecto es la formalización de todas las asociaciones pesqueras para una mejor articulación de las políticas públicas del sector.

Por su parte, Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Pesca, dijo que su dependencia carece de los recursos para llegar a todos los pescadores artesanales, a la vez que señaló que el país tiene un gran potencial para ser una potencia pesquera y agrícola, pero que falta avanzar en las políticas de subsidios. Admitió que faltan recursos, aunque aclaró que el Gobierno ha entregado recursos y diseñado programas de apoyo a la pequeña pesca.

A su turno, el senador John Milton Rodríguez manifestó que es preocupante la situación de unos 250 mil pescadores artesanales. Agregó que urge un proyecto de ley que aborde temas como la creación de centros de acopio, créditos y flota pesquera. También habló de la desventaja de la pesca artesanal frente a la importación de pescado.

La directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, sostuvo que ya hay cuatro proyectos en igual número de departamentos, a los cuales se les ha destinados más de 4 mil millones de pesos, con el fin de fortalecer proyectos pesqueros. Agregó que esas iniciativas se están articulando de acuerdo con las necesidades de las asociaciones de pescadores.

Campo Elías Vega, subdirector de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó que su dependencia fomenta actividades piscícolas que sirvan como fuente de ingreso para las comunidades.

En representación del Ministerio del Trabajo intervino Ana María Araujo, quien anunció que ya se trabaja en una iniciativa para dar seguridad social a los pescadores artesanales.

Finalmente, la senadora Aída Avella, a manera de conclusión dijo se necesita una política pública para la pesca artesanal, una flota pesquera y centros de acopio para el desarrollo de un sector económico tan importante para el país.

Los senadores Wilson Arias, Felipe Lemus y el presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, coincidieron en la necesidad de avanzar en el mejoramiento de las condiciones de los pescadores artesanales.