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“Impacto fiscal para el 2021 tendrá reducción de $4 billones por causa del Covid-19 y caída del precio del petróleo”: senadora María del Rosario Guerra

En la sesión virtual de la Comisión Tercera, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que Colombia tiene petróleo para seis años, de acuerdo a lo producido hoy, y en caso de llegar a necesitar extender el petróleo, se tendría que dejar de exportar a un costo económico muy alto.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado). A nivel mundial, la producción de petróleo en Colombia en 2019 fue de 886 mil barriles por día, según indicó la senadora María del Rosario Guerra en debate de control político sobre el impacto que tiene Ecopetrol, por la caída en los precios del petróleo y el efecto del Covid-19. Para este año, se había pronosticado que la producción sería de 900 mil barriles por día, “este es el sector que más representa la inversión extranjera, aproximadamente en un 20%. Hoy la producción puede estar cayendo en 100 mil barriles poniendo en riesgo la estabilidad de 25 a 30 campos petroleros y 390 pozos de petróleo”, agregó.

La Asociación Colombiana de Petróleo, en marzo, reportó la caída del 2% en los empleos directos y el 48% en los indirectos. De acuerdo con la congresista, si la situación continúa las cifras, a diciembre, pueden ser de 8% y 72%, respectivamente.

El impacto fiscal por causa del Covid-19 y la caída del precio del petróleo, para el año 2021, tendrá una reducción de $4 billones en regalías, impuestos y derechos económicos. "Asimismo tendrá un gran impacto el sector turismo, que traía utilidades de US$7 mil millones”, dijo la senadora del Centro Democrático en la sesión virtual.

Panorama del sector petrolero nacional

Al debate de control político en Comisión Tercera, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, estuvo citada y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, fue el invitado. También participó el viceministro de Energía, Diego Mesa.

El Gobierno nacional le venía apostando a la reactivación del sector petrolero del país y se venía avanzando de manera decidida, según lo expuesto por la ministra Suárez. La producción de crudo aumentó 2,4% entre 2018 – 2019 y en el mismo período de tiempo la Inversión Extranjera Directa en Colombia (IED) aumentó 11%. Entre otros planes, para el 2020 se había fijado una inversión entre US$5 mil y US$6 mil millones, una producción alrededor de 900 mil barriles y un precio esperado de UD$ 67 por barril.

Las proyecciones de las entidades internacionales en los precios de petróleo por barril, se ubica entre US$25 y US$50 para todo el año, promedio en el que se moverá Colombia. El estimado inicial del país para diciembre era de 900 mil barriles, con precio de US$60 a US$65, pero por motivo del Covid-19 la producción podría bajar entre 850 mil y 750 mil barriles. De acuerdo con la Ministra, a pesar de la caída en la demanda observada en los meses de marzo y abril, el promedio de despachos diarios de gasolina corriente y diésel – ACPM- aumentó 9% en lo corrido de mayo.

Sobre la seguridad energética, la funcionaria del Gobierno aseguró que “el 50% del petróleo que producimos lo exportamos, entonces es más preocupante desde el punto de vista de la balanza comercial de los ingresos a la nación y de las regalías”. Colombia tiene petróleo para seis años, de acuerdo a lo producido hoy, y en caso de llegar a necesitar extender el petróleo, se tendría que dejar de exportar a un costo económico muy alto.

En cuanto a la posibilidad de eximir al comercio de la sobretasa nacional al servicio de energía, pregunta lanzada por la senadora María del Rosario Guerra, la ministra Suárez explicó que este asunto responde más a un tema fiscal que energético. “Esa contribución va directo al fondo con el que se pagan los subsidios a estratos 1, 2 y 3. Cualquier reducción a esa sobretasa, que es cerca de $100 mil millones mensuales, significaría mayor exigencia fiscal y no hay posibilidad ni intensión de reducir los subsidios a estratos más pobres”.

Choque de oferta y demanda, sin precedente

Posteriormente, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, mencionó el plan de contingencia de la empresa formulado en 2019 y que permitirá afrontar esta crisis. Entre las medidas se encuentra: bajar costos y gastos, a la fecha van $3,5 billones en optimización de costos operativos; subir los ingresos y gestión comercial e invertir entre US$4.5 millones y US$5.5 mil millones. En este último punto, por motivo del nuevo Coronavirus la inversión estará entre US$2.500 y US$ 3mil millones.

Según Bayón, Ecopetrol ha actuado de manera rápida para afrontar la crisis y seguir suministrando gas y combustible al país. Los aportes de la empresa estatal y sus filiales a la emergencia sanitaria superan los $69 mil millones en 22 departamentos y 118 municipios. En ayuda humanitaria han entregado 112 mil mercados, implementaron protocolo para la implementación de pruebas rápidas, inauguraron un laboratorio de biología molecular que procesa 50 pruebas al día, han entregado 1.7 millones de elementos de protección personal y médico, entre otras.

 De otra parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, señaló que el 60% de la demanda internacional de crudo es del transporte (aéreo, terrestre, fluvial y marítimo). “La Agencia Internacional de Energía en su reporte de abril indica que la caída en la demanda del petróleo fue alrededor del 30% y estima que se va a ir recuperando de manera gradual en los meses de mayo, junio y julio”, agregó.

Sobre la situación de la industria del petróleo en 2020, en el caso de Colombia, dijo que la demanda de combustibles líquidos (gasolina y ACPM) han caído 70% impactando al sector transporte y otros renglones de la economía.

Intervención de senadores

El senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, hizo referencia a los conflictos sociales producidos por los precios del petróleo, la estabilidad en las licencias y las líneas de créditos para el sector. Con relación a las regalías dijo que "ojalá se pueda tener control sobre las regalías, para que atienda las necesidades de los colombianos".

Entre tanto, el senador Efraín Cepeda, Partido Conservador, preguntó sobre el impacto tarifario en el servicio del gas por el precio del petróleo. “El sector de hidrocarburos es de alta importancia para Colombia por los ingresos que de allí derivan, afecta directamente el presupuesto de la Nación y especialmente las regiones y el empleo. Hemos tenido un duro golpe por desplome del precio del barril de petróleo de US$100 a US$30”.

De igual manera, el congresista Germán Hoyos, Partido de la U, sostuvo que el sector petrolero representa el 10% del PIB y que el Gobierno tiene una participación del 88% en Ecopetrol. “Los colombianos esperan que se gestione la baja en el precio de la gasolina y el Diésel".

El senador Iván Marulanda, Alianza Verde, preguntó sobre las licencias mineros energéticos. "Estamos pendientes y preocupados por los daños que se están cometiendo en el medio ambiente. ¿Cuáles son las proyecciones en el hidrocarburo o seguirán con el fracking?”, preguntó al Ministerio de Minas y Energía.

A su turno, el senador Edgar Palacio, Colombia, Justa y Libre, dijo: “Hoy tenemos la oportunidad histórica de tener seguridad energética, porque tenemos energías limpias en el país. También tenemos más de 40 mil toneladas de reserva de uranio, esto nos puede servir para producir energía para todos los colombianos, para suplir el déficit que existe por causa de la crisis".

Al finalizar, la senadora María del Rosario Guerra dijo que a pesar de la situación económica que vive el país, por causa de la pandemia, Ecopetrol está en una condición favorable. Afirmó, además, que las finanzas públicas se afectarán por la reducción de unos $10 a $12 billones, en las regalías, impuestos y dividendos e hizo un llamado a las regiones, para que priorice la inversión de las regalías en agua potable y saneamiento básico.

Sesionar de manera virtual es legítimo y legal conceptúan expertos constitucionalistas en Comisión Primera

Señalaron además que el Congreso está en mora de ejercer control político por los decretos del presidente Iván Duque, expedidos por la emergencia sanitaria y económica.


Bogotá D.C., 12 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Ante la incertidumbre de sí las sesiones de manera virtual eran o no legítimas y no violaban la Constitución Política, ni la Ley 5ª que rige las funciones del Congreso de la República ante la necesidad de realizar sesiones por plataformas por el confinamiento fueron citados a una audiencia, ocho de los más destacados profesionales del derecho para definir la legalidad de las sesiones.
También se refirieron al control político que ejerce el Legislativo sobre los dos decretos que ha expedido el presidente Iván Duque, en torno a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, por motivo de la pandemia que enfrenta el país.

Precisamente durante la sesión informal, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, autor de la reunión de expertos, dijo que es necesario que el Congreso se dedique a realzar controles constitucionales, políticos y de tipo mixto a los decretos que expido el presidente Iván Duque para afrontar el coronavirus.

Los invitados, al finalizar la reunión de seis horas, coincidieron en señalar que sí es legal y se puede sesionar, realizar controles políticos, legislar y votar, dado que existe legalidad para realizarlo como lo han venido haciendo las altas cortes desde el momento que se ordenó el confinamiento por la pandemia y por lo tanto no se debe esperar más tiempo para iniciar labores formales y ni demorarse hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de manera oficial.

Así mismo instaron para que los legisladores no sigan perdiendo más tiempo en ese tema e inicien lo más pronto posible los controles políticos y en especial a los decretos emitidos por el Gobierno, con las medidas ante las emergencias sanitarias, económicas y sociales por la pandemia.

Inicialmente, el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre y especializado en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho Procesal, entre otros títulos, señaló que el control político es vital en la democracia o de lo contrario el Presidente de la República se vuelve legislador, gestión que no le corresponde y que es de entera responsabilidad del Congreso en hacer el análisis para aprobar, suprimir o anexar al documento los textos que mejoren las normas que deben buscar un bien común.

Para el también abogado especialista Juan Manuel Charry, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, profesor titular de Derecho constitucional en la universidad del Rosario y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, el Congreso tiene todas las facultades legítimas para desarrollar su actividad, a través de los medios electrónicos para adelantar los controles y pueda ejercer el equilibrio de poderes que requiere el Gobierno a la hora de aplicar las normas en esta situación de emergencia.

Similar conceptuó José Gregorio Hernández, exmagistrado, catedrático universitario y autor de varios libros de derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos. “El control de los senadores y representantes a la Cámara debe ser jurídico y político para que impere la democracia y no hay impedimento que se conozca para que no puedan reunirse y sesionar de manera virtual”.

El especialista y exconstituyente Gustavo Zafra, egresado de la Universidad Javeriana con una maestría en Administración Pública y con doctorado en Derecho de Actividades de Administración, se deben citar a todos los funcionarios públicos y no solo a los ministros, ya que la labor del control político es conocer los alcances y la aplicación de los decretos presidenciales y hacer el debido control sobre los mismos.

Rodrigo Uprimny, ex magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado además de miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité DESC de Naciones Unidas, aseguró que en Colombia hay incertidumbre normativa, porque la Constitución y las leyes del país no estaban preparadas para una situación de cuarentena reiterada por muchos meses. “La Corte Constitucional puede declarar exequible las normas expedidas por Iván Duque, pero el Congreso puede hacer el juicio político sin ningún problema”.

Catalina Botero, experta abogada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, aseguró que el Ejecutivo puede sentir la tentación de tener hiper poderes que erosionan el Estado de Derecho y por eso es necesario el control. “El control es importante para que las decisiones sean fruto de la mayor participación y deliberación de las mayorías y no para que sean decisiones que afecten el Estado de Derecho”.

El jurista Hernando Herrera, al final de la sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, dijo que el artículo 12 del Decreto 491 permite sesiones virtuales o mixtas en el Congreso. “Yo entiendo las molestias de Rodrigo Lara, Roy Barrera y Temístocles Ortega, quienes piden sesiones presenciales, pero la herramienta de la virtualidad se puede usar como ya lo hacen las cortes de país”.

La senadora conservadora Esperanza Andrade indicó que es tiempo de adelantar los controles de inmediato dado que la falta de claridad sobre la virtualidad ha impedido que se ejerza, mientras su colega Miguel Ángel Pinto, del partido liberal, reiteró la necesidad de desarrollar esas actividades y manifestó que las decisiones del Congreso de deben tomar de todas formas, presencial o virtual pero no se deben demorar más.

“Nos demoramos y hemos perdido mucho terreno, dijo el congresista Iván Name, Alianza Verde, y estamos regalando terreno al hiper presidencialismo al no hacer el control, mientras para el senador Roy Barreras, del Partido de la U, es necesario que se haga de manera presencial o semipresencial, adoptando todas las medidas sanitarias, pero es vital hacer análisis y control de los decretos del presidente Duque, ya que afectan la vida de todos los colombianos. Así mismo, el legislador de las Farc Julián Gallo argumentó que las medidas han sido muy cuestionadas, en especial por la entrega de dineros y más poder a los bancos sin control alguno, así como los recursos que se giran a las EPS, las cuales tampoco las envían a los hospitales, donde se requieren para atender el contagio.

A su vez, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, dijo ante la conveniencia o no de la virtualidad. “Sigo sin entender qué es lo que hacen en las sesiones presenciales que no han podido hacer en las virtuales.” Y agregó que “la Corte Constitucional no puede suplantar el poder Legislativo.” “Congresistas podemos movilizarnos, pero no reunirnos con más de 50 personas, debemos dar ejemplo o no podemos pedirle a la ciudadanía que cumpla cuarentena. Los congresistas con preexistencias no podrían asistir a sesiones presenciales, eso no es democrático”.

Al finalizar la sesión quedó en claro que se puede sesionar de manera virtual y la prioridad es adelantar los controles políticos, ante lo cual para este jueves 14 de mayo fue citado el primero de ellos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien estará a partir de las 10:00 a.m., en la plataforma Zoom y por el canal de YouTube de la Comisión Primera.

 

Este viernes Comisión de la Mujer realizará foros regionales sobre ley que crea esta comisión en Concejos y Asambleas

La mencionada ley hace referencia a la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer en los concejos y asambleas.

Bogotá, D.C., 12 de mayo de 2020 (Prensa Comisión de la Mujer).- La Comisión legal para la Equidad de la Mujer, realizará el viernes 15 de mayo, “los conversatorios Ley 1981”, con los concejales tolimenses a las 9 de la mañana y de la región centro de Boyacá, a partir de las 2 y 30, con el fin de socializar el tema de la creación de las comisiones para la Equidad de la mujer en las corporaciones del orden territorial.

Participan de esta convocatoria, la Federación Nacional de Concejos, FENACON y National Democratic Institute -NDI-, la cual es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo.