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Ampliar impuesto al patrimonio proponen más de 50 senadores

A través de una proposición presentada en la plenaria de la corporación, los senadores plantean un Acuerdo Nacional entre el Gobierno y el Congreso que permita que las dos ramas del Poder Público beneficien a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un período de tres meses, para superar la crisis de la nación por el Covid-19

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- En el primer debate de control político en forma virtual de la plenaria del Senado, en el que se discutió sobre las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19 y que tiene infectados a cerca de 13 mil colombianos, ha causado la muerte a más 500 personas y ha generado una devastadora crisis económica y social, más de 50 senadores propusieron ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales, entre otros aspectos, para evitar que se aumente la tragedia nacional.

“Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, es el título de la propuesta respaldada por los senadores de las bancadas independientes y de la oposición donde establecen un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales, es decir $1.409.000, que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables.

De la misma manera establecen una transferencia de un salario mínimo, $877.000, a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia, medida que cubriría a 31 millones de personas, según los cálculos del estudio de quienes lideran la proposición.

El monto de los recursos alcanzaría la suma de $40.5 billones para salvar a 71% de colombianos por Covid-19, destacan los senadores liderados por Iván Marulanda, quien leyó el documento ante la plenaria, Andrés Cristo, Guillermo García Realpe, Temistocles Ortega, Maritza Martínez, Jorge Robledo, Roy Barreras, Jaime Durán, entre otros, incluyendo voceros de los partidos, que si no es atendida por la plenaria de la corporación la propuesta, “seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo”.

El siguiente es el texto de la proposición que los senadores presentaron en la sesión plenaria virtual.

Proposición

Propuesta Económica: “El Estado como garante de la vida digna de la población y del sostenimiento de la economía”.

Intégrese una comisión compuesta por miembros de los partidos a los cuales pertenecen los senadores firmantes de la presente proposición para que se reúna a la mayor brevedad con el Gobierno nacional a presentarle la “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, que se describe a continuación. Lo anterior en la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional que permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia Covid-19.

Si dicho acuerdo resulta imposible, los senadores y senadoras que suscribimos la presente proposición seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo, así como de nuevos decretos que pueda expedir el gobierno al amparo de otras declaraciones de emergencia en el marco de la actual crisis originada en la pandemia Covid-19, los cuales se encuentran sometidos a la revisión del Congreso.

La iniciativa, que hemos denominado ‘Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía’, está construida sobre dos grandes apoyos:
Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis.

Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas.
La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un período de tres meses. Tendría un costo total de 40.5 billones de pesos, lo que corresponde al 4% del PIB.

Esta propuesta garantiza a la población la supervivencia digna y sostener la estructura productiva durante la emergencia, amenazadas por el desempleo, la pérdida de ingresos y la destrucción de empresas. Busca darles la mano a los hogares pobres y vulnerables del país, a los empleados formales y trabajadores independientes vinculados a actividades laborales vulnerables, aunque no pertenezcan a hogares pobres y vulnerables, así como a las empresas que debieron cerrar su producción y sus ventas. El ingreso que se propone para estas poblaciones unificaría, reemplazaría e incrementaría la cuantía y la cobertura de las transferencias monetarias existentes: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario.

Somos conscientes del enorme costo de estas medidas, pero corresponden al daño enorme que han sufrido las familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable. Son urgentes y su materialización es inaplazable, por lo que es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan ingresando.

Las fuentes de financiación inmediatas son:
Ampliar el impuesto al patrimonio; reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes; reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables; los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia; los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad); el recaudo del impuesto solidario Covid-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020; suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política.

Los recursos necesarios a mediano plazo para financiar el programa deberán provenir de una reforma tributaria estructural, por lo mismo progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales de mayor riqueza. Así mismo, contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública.

Firman,
Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Roosevelt Rodríguez (Partido de la U), Iván Cepeda (Polo Democrático), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Criselda Lobo (Partido FARC), Gustavo Bolívar (Coalición Decentes), Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde), Roy Barreras (Partido de la U), Alexander López (Polo Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Wilson Arias (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Alianza Verde), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), Aída Avella (Coalición Decentes), Rodrigo Villalba (Partido Liberal), Miguel Amín (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Partido Alianza Verde), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Victoria Sandino (Partido FARC) y Alberto Castilla (Polo Democrático).

También integran la lista, Andrés Cristo (Partido Liberal), Feliciano Valencia (Partido Mais), Eduardo Pulgar (Partido de la U), Iván Darío Agudelo (Partido Liberal), Ritter López (Partido de la U), Juan Luis Castro (Partido Alianza Verde), Horacio José Serpa (Partido Liberal), Germán Hoyos (Partido de la U), Laura Fortich (Partido Liberal), Iván Name (Partido Alianza Verde), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Berner Zambrano (Partido de la U), José Aulo Polo (Partido Alianza Verde), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U), Sandra Ortiz (Partido Alianza Verde), Maritza Martínez (Partido de la U), Pablo Catatumbo (Partido FARC), Mario Castaño (Partido Liberal), John Besaile (Partido de la U), Israel Zúñiga (Partido FARC), José David Name (Partido de la U), Julián Gallo (Partido FARC), Jorge Guevara (Partido Alianza Verde), Julián Bedoya (Partido Liberal) y Andrés García Zuccardi (Partido de la U).

 

Comisión Segunda debatió tema de interceptaciones ilegales

En sesión virtual, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, instó a los organismos de control para que se esclarezcan cuanto antes las conductas de algunos integrantes del Ejército Nacional, involucrados en esos hechos.

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Segunda debatió hoy el tema del llamado seguimiento Informático por parte de algunos miembros del Ejército Nacional.

A la sesión fueron citados los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Alicia Arango; lo mismo que el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; el comandante del Ejército Nacional mayor general Eduardo Enrique Zapateiro; el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, coronel Milton Fajardo Guevara, y el director General Nacional de Inteligencia, almirante Rodolfo Amaya.

En la sesión virtual que se prolongó por cerca de cinco horas, los senadores Jaime Durán, liberal, y Juan Diego Gómez, conservador, calificaron como grave para la libertad de prensa y para la democracia, los seguimientos a periodistas, sindicalistas, líderes sociales, políticos y hasta funcionarios de la Casa de Nariño, aspecto que fue publicado recientemente por la Revista Semana.

El senador Jaime Durán destacó la actividad que a diario realiza el Ejército Nacional e instó para que prevalezca el respeto por los derechos humanos, la soberanía y el Estado Social de Derecho.

Sostuvo que toda actuación y respuesta por parte del Ministro de Defensa debe ser a fondo, ya que de esta manera los entes de control podrán contrarrestar cualquier irregularidad en casos ilegales.

“La mejor colaboración que se le puede prestar al Ejército de Colombia es logrando dar claridad sobre la verdad de los hechos, pues esta es una democracia en la que cabemos todos y como tal debemos rectificar y hacer mejor nuestra vivencia en el marco de la Constitución”, expresó Durán.

Por su parte, el legislador Juan Diego Gómez precisó: “Le pedimos al presidente Iván Duque hacer uso del mandato que le da la Constitución como Comandante y Jefe de las Fuerzas Militares, para que proceda a hacer una depuración al interior del Ejército Nacional y de la Policía, si fuese necesario”, a la vez que sostuvo: “No le podemos hacer eco a divisiones al interior de las Fuerzas Militares y mucho menos a divisiones dentro del Gobierno. Cuando el nombre del Ejército se pone en riesgo hay que buscar a los responsables políticos y hacer los cambios correspondientes”.

Agregó que estos hechos de interceptación ilegal ponen en juego la libertad de prensa, la institucionalidad y la democracia, “situación que nos conlleva a rodear y a coadyuvar al presidente Iván Duque en su plan de agenda”.

En su intervención, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el presidente de la República ha sido responsable y enfático en las indicaciones para que ante todo hecho y acto de ilegalidad se actúe con todo el peso de la ley. No obstante, el Ministro invitó a la Comisión Segunda a que instauren sus denuncias correspondientes ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía generales respecto al tema de las interceptaciones ilegales.

“El nombre del Ejército no se debe poner en riesgo”, agregó el jefe de la cartera de Defensa.

Habla el Presidente del Senado

Durante la sesión virtual intervino el presidente del Senado, Lidio García Turbay, partido Liberal, quien destacó la importancia del debate de control político que se realizaba en la Comisión Segunda.

El senador García Turbay dijo que es un tema donde el país quiere saber la verdad, tras anunciar que en la plenaria del Senado se realizará un debate sobre este particular en el marco del Estatuto de la Oposición, según una proposición presentada por el congresista Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes.

En el curso de la sesión, el congresista Iván Cepeda, Polo Democrático, subrayó: “Se debe respetar la presunción de inocencia de los periodistas, dado que esas actividades de inteligencia y contrainteligencia militar resultan bastante incomodas para la dignidad de cualquier ser humano”.

Seguidamente, la senadora Emma Claudia Castellanos, Cambio Radical, expresó que las Fuerzas Militares son el equilibrio de la Democracia. “Queremos saber quién estaba solicitando esta información y saber quiénes son las personas y los nombres que reposan en estas carpetas”.

Entre tanto, el legislador Antonio Sanguino, Alianza Verde, manifestó que este tema de ilegalidad es muy parecido al que sucedió hace unos años cuando existió el DAS. “Si no tenemos conciencia que aquí hay un sector que nos considera como enemigos a todos aquellos que no pensamos de la misma manera, pues difícilmente vamos a poder superar esta situación”.

La congresista Paola Holguín, Centro Democrático, indicó: “Este Gobierno ha sido diligente y sobre todo responsable. Se han realizado cambios en la estructura de Inteligencia y Contrainteligencia militar. El Gobierno ha sido el primero en actuar con rigor. Nosotros no podemos caer en trampas, aquí hay sectores empeñados en desquebrajar la democracia y la institucionalidad”.

Para el senador Gustavo Bolívar “una operación tan grande no es posible que se haga con una sola persona, por tal razón las respectivas sospechas de las personas que hacen seguimientos deben ser denunciadas ante la Justicia Penal Militar”.

El presidente de la Comisión Segunda, José Luis Pérez Hoyuela, Cambio Radical, hizo un llamado para que se conozca toda la verdad y de la misma manera sean judicializados los responsables. “Nuestro Ejército Nacional esta vestido de Patria y de clamor por Colombia”.

Intervienen los ministros

En el curso del debate virtual intervino la ministra del Interior, Alicia Arango, quien precisó: “Nuestra misión está dirigida a cumplir con las políticas y programas que emanan del Gobierno nacional. Este Ministerio no es órgano de investigación, ni de control, tampoco de inteligencia, ni de contrainteligencia”.

Precisó que el Gobierno brinda suficientes garantías, a través del Ministerio de Defensa, para que haya una investigación coherente y de fondo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó que el presidente Iván Duque es un hombre decente, respetable y siempre ha mantenido una política de cero tolerancia frente a la criminalidad. “Es un verdadero Comandante de las Fuerzas Armadas y hago una defensa del Ejército colombiano”.

“Nuestra tarea ha sido fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, en materia de investigaciones, protocolos y sobre todo el respeto al libre ejercicio de derecho de los ciudadanos. Venimos dando pasos de manera muy rápida y contundente, pues recordemos que aquí actuamos con base en varias líneas y competencias, la disciplinaria, administrativa, penal y judicial”, manifestó.

Al concluir dijo: “Debemos reiterar que la política de Gobierno es cero corrupción, cero tolerancia con cualquier acto que atente contra la ley o contra los ciudadanos”.

Comisión Quinta escuchó grave situación de sectores textil, del calzado y turismo, afectados por emergencia sanitaria

Senador Eduardo Pacheco enfatizó en las recomendaciones que deben tener estas empresas para enfrentar la pospandemia por venir.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Quinta debatió hoy sobre la grave situación que están viviendo los sectores textil, del calzado y de turismo frente a la crisis que deja la pandemía, a la vez que varios de ellos solicitaron que se concreten las ayudas decretadas por el Gobierno, ya que, según manifestaron, la crisis es devastadora.

En la sesión participaron el ministro de Comercio, Industria y turismo, José Manuel Restrepo; la directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales, Lina María Ramírez; el representante de la industria del calzado, Rómulo Marín; el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado; la representante de los pequeños comerciantes, Jennifer López; la directora ejecutiva de ACOPI Caldas, Dulfary Montoya; el representante del sector turístico, Belisario Marín; el gerente general de Mak Janna, Johnny Janna, y la empresaria del sector textil de Risaralda, Marcela Pineda.

 La directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales, Lina María Ramírez, resaltó que la innovación nunca había tenido un papel tan importante como el que tiene ahora.

 Destacó, además, el valor de la generación de empresa y desarrollo económico de los empresarios, pues es muy importante en el tejido social del país.

Reconoció que la Alcaldía y la Gobernación de Caldas empezaron una conversación con Bancoldex, para destinar un total de 120 mil millones de pesos para el departamento de Caldas, en donde la Alcaldía destinó 3 mil millones y la Gobernación otros 3 mil millones. De ese total, 72 mil millones van para Manizales y 48 mil millones para Caldas.

De los 72 mil millones de pesos destinados para la ciudad, 25 mil millones fueron destinados para microempresas independientes, 27 mil millones para las pymes, 15 mil millones para las grandes y 7 mil millones para crédito de turismo.

Entre tanto, Rómulo Marín, representante industria del calzado, enfatizó en que va a existir una necesidad de productos a nivel nacional, por lo que se requiere una capacitación a los jóvenes del SENA para suplir esa demanda por venir. Hizo hincapié en que es menester aprovechar el capital humano joven que tiene el país, capacitándolo para que puedan aportar a la industria y poder empezar con su propia empresa satisfactoriamente, pues hay muchos que no han podido hacerlo, porque no tienen las guías necesarias

Guillermo Criado, presidente Cámara Colombiana de la Confección, reconoció que superar la crisis depende de los empresarios, pero también de las medidas que tome el Gobierno Nacional para solventar la crisis, aludiendo a que el año pasado hubo 732 millones de pesos en exportaciones, mientras que en importaciones hubo el triple.

El sistema moda en Colombia tiene 132 mil empresas formales, de las cuales 70 mil son de confección, que generan 600 mil empleos. Debido a la emergencia que vive el país, están en juego casi un millón de empleos, razón por la que la intervención del Gobierno Nacional es indispensable y estratégica.

Manifestó que es necesario buscar la forma para aplanar la curva de destrucción de empleos y de empresas, pues todos los empresarios están empeñados en defender sus empresas.

La intención principal es buscar apoyo por parte del Gobierno Nacional para buscar medidas correspondientes que se enfoquen en ayudar a las familias y empresas, en su mayoría familiares, para cuidar ese el trabajo per se. Es vital aplanar la pandemia empresarial para que los empresarios no se quiebren.

Por otra parte, Jennifer López, oriunda de La Unión, Nariño, y representante de los pequeños comerciantes de la zona, criticó que es una región olvidada por el Gobierno Nacional. Recalcó que ese municipio es generador de la economía del café, pero es muy importante darle reconocimiento al calzado, pues también se dedican a su fabricación y comercialización.

 Hizo especial énfasis en que es una zona que cuenta con 80 talleres que generan más de 2.500 empleos flotantes, además de 1.500 empleados fijos, razón por la que hizo una petición al Gobierno Nacional para ser tenidos en cuenta en cuanto al subsidio de nómina de acuerdo. Sin embargo, reconoció que también muchas familias que no tienen con qué subsistir, razón por la que pide un subsidio monetario para poder cubrir la canasta familiar de los hogares necesitados.

 Por otra parte, Dulfary Montoya, directora ejecutiva de ACOPI Caldas, destacó que representan el 96% del tejido industrial a nivel nacional. Además, las pymes generan el 80% del empleo formal en el país y aportan el 40% del PIB a nivel nacional.

Enfatizó, además, en que entre marzo y mayo se han perdido más de 11 mil empleos en Caldas y que, según el Observatorio de Mercado del Trabajo, se estima que el 32.4% de la población se quedará sin trabajo en todo el departamento.

Recalcó que el subsidio de nómina buscaba que se subsidiara el 70% incluida las prestaciones sociales. No obstante, son más o menos 330 mil empresas que generan alrededor de 850 mil empleos a nivel nacional. La petición puntual hecha al ministro de Comercio, Industria y turismo, José Manuel Restrepo, es que ayude con la reactivación del sector, porque no es posible dejar que las empresas se quiebren, pues son el motor de la economía del país.

Entre tanto, Belisario Marín, representante sector turístico, hizo hincapié en que ese sector es el más afectado en este momento. Realizó una petición pertinente al recordar que tiene a su cargo un programa de televisión encargado de promocionar al país como destino turístico. Por ende, si su canal cierra y sale de transmisión, su agencia de viajes, que cuenta con 70 personas cerraría, generando automáticamente 70 desempleos.

Johnny Janna, gerente general Mak Janna, resaltó que el sector textil viene hace dos años decayendo debido a la cantidad de importaciones de países con los que no tenemos convenios de tratados comerciales como China, por ejemplo. Si no hay tratados comerciales, hay contrabando. De acuerdo a esto, cuestinó si el Gobierno Nacional tiene pensado ayudar a estructurar un plan a mediano plazo para las deudas que se están adquiriendo con los bancos, pues en este momento hay liquidez y se está pagando a los empleados pese a que no hay ningun consumo por la situación que se vive por cuenta del Covid-19.

Crisis devastadora

 Entre tanto, Marcela Pineda, empresaria del sector textil de Risaralda, enfatizó en que esta crisis ha sido devastadora, porque dependen al 100% del comercio. Recalcó que es una empresa aliada a la comercializadora Arturo Calle desde hace más de 35 años y que su producción depende de ellos completamente y de que las ventas se reactiven.

Sostuvo que la nómina de los 2.500 empleados se sigue haciendo, tratando de mantener la calidad de vida de todos los colaboradores. Reconoció que es preferible que los 2.500 empleados reciban el 50% de su salario a tener que recurrir a la suspensión de contratos.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, respondió que si el debate se centra en la crisis, en el problema, en la coyuntura, no se podrá visualizar lo que viene a continuación.

Resaltó que el sector de confecciones se debe ver articulado a los textileros, tejedores, hilanderos, comercializadores, a los exportadores, a los que importan para exportar y los que importan para transformar y vender a nivel nacional, pues el nivel genuino de solidaridad es el que debe primar.

Hizo hincapié en que los compromisos como cartera de comercio han sido trabajar en 5 frentes:

1) Preservar y fortalecer el empleo industrial
2) Generar un sentido genuino de solidaridad de cadena
3) Mantener incentivos y vocación exportadora e internacionalización
4) Tener un adecuado abastecimiento de textiles e hilos
5) Protección razonable de un libre comercio con beneficios para todos

Enfatizó en que con Colombia Responde, son más de 210 mil millones de pesos destinados para ayudas, de los cuales quedan hoy entre 5 mil y 10 mil millones de pesos disponibles, pues el grueso ya está desembolsado. Ese presupuesto fue asignado de acuerdo con la modalidad de operación de Bancoldex, que es un banco que opera a través del sistema financiero.

 Dijo también que se ha contemplado una proporción del presupuesto para las grandes empresas como también para las micro, pequeña y mediana empresa, sin duda haciendo énfasis en estas últimas. Del número total de empresas beneficiadas, el 93% corresponde al sector micro, pequeña y mediana empresa. De lo anterior, aproximadamente el total es un 25% para las grandes y el 75% para las micro, pequeña y mediana empresa.

Hablan los senadores

El congresista Guillermo García Realpe fue el encargado de hacer la citación para la sesión llevada a cabo, expresando su preocupación respecto a la situación de este sector, haciendo también énfasis en la recuperación del sector económico y de la salud.

Recalcó que el país debe tener, de ahora en adelante, mucha producción nacional y turismo, además de generar empleo nacional para solventar la crisis. Enfatizó en que al Ministro de Comercio, Industria y Turismo le tocará, junto con el presidente de la República, liderar el cambio de tercio de Colombia de los últimos 50 años, en el que se abandonó al sector agropecuario.

Agradeció al Ministro por sus aportes frente a la temática que desarrolló a lo largo de la sesión. No obstante, destacó la importancia de estimular las compras de elementos de bioseguridad para el personal médico en el país. Así mismo, dijo que se debe insistir en que los pequeños microempresarios puedan acceder al subsidio de la nómina.

El legislador Jorge Eduardo Londoño manifestó que algo debe estar fallando con las ayudas propuestas por el Gobierno, pues es posible que estén centralizadas y solo se están entregando en las grandes ciudades; razón por la que no llegan a los pequeños empresarios, expresó que “hay cuestiones estructurales que el Gobierno no está solucionando, el problema de la banca es un problema coyuntural, no va a solucionar el problema económico estructural que vamos a vivir, los trabajadores deben agradecer que tienen trabajo, los empresarios deben agradecer que tienen trabajadores”, reflexionando que en esta época debemos ser solidarios. Con la propuesta de la renta básica se va poder combatir la corrupción, “por fin algo nos va a unir a los Colombianos para ayudar a todas las personas que necesitan tanto”.

La congresista Maritza Martínez lamentó que el Presidente de Bancoldex no estuviera presente en el debate llevado a cabo en la sesión. Recalcó que era necesario aclarar los objetivos que debe cumplir una línea especial de crédito o de fomento. Por ejemplo, lo que pasó con la línea especial para empresas locales para empresas afectas por el cierre de la vía al Llano. Afirmó que Bancoldex omitió su deber de hacer seguimiento y vigilancia a esos recursos.

Por su parte, la senadora Daira Galvis centró su participación en la industria del turismo, exponiendo que en la zona insular de Cartagena de Indias la explotación de las islas de San Bernardo, donde existe un parque que tiene mucha demanda nacional, el cual se encuentra a cargo de Parques Nacionales, esta siendo gravemente afectado, puesto que la prohibición y restricción por esta entidad los tiene en un riesgo inminente de cerrar, ya que no se ha podido explotar de manera turística y esta es una problemática que tiene una afectación a largo plazo y que afecta directamente a más de 600 familias, según lo manifiesta la legisladora, quien hizo un vehemente llamado al Gobierno Nacional, en especial a Parques Nacionales y Ministerio de Turismo para solicitar incentivos tales como disminuir el costo del ingreso al acuario de Islas del Rosario, valor que en la actualidad esta por los 9.000 mil pesos por persona, aspecto podría dar un respiro e incentivar la visita a este parque.

La congresista Nora García resaltó que el sector textil es sumamente importante, sobre todo para los países en desarrollo como Colombia. En el país, esta industria contribuye casi al 9.6% del PIB nacional. Destacó que este sector está pidiendo ayuda de acuerdo con el Decreto 639 del 8 de mayo, en donde se enmarca que el Gobierno Nacional otorga el subsidio para la nómina de los empleados de las diferentes empresas, contemplando solamente a las personas jurídicas y no a las naturales.

 De igual manera, el legislador Eduardo Emilio Pacheco manifestó que se deben limitar las importaciones con la industria del cuero y productos textiles, así como ajustar el tiempo del pago de intereses y el plazo de crédito hasta máximo seis meses adicionales. Además, mantener los aranceles propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, caminos que podrían brindar salidas a estos gremios tan afectados por esta contingencia.

Resaltó que es urgente prepararse para la pospandemia, motivo por el que relacionó algunas recomendaciones para este caso porvenir:

1) Se debe dar prioridad a la producción local, pues esta situación no ha sido más que un remate al negativo crecimiento que ha tenido la industria del cuero y su manufactura nacional por parte de las importaciones.
2) Además, se debe dar incentivo al crecimiento en las colaboraciones y alianzas entre las empresas de los sectores.
3) Limitar las importaciones de productos relacionados con la industria del cuero y productos textiles.
4) Ajustar el pago de intereses y ampliar el plazo del crédito por 6 meses adicionales
5) Mantener los aranceles aprobados en el plan nacional de desarrollo.
6) Controlar más efectivamente el contrabando.
7) Promocionar masivamente la compra de productos nacionales.

Por su parte, el senador Miguel Barreto resaltó que este es el momento de reconvertir la industria textil en Colombia e inclinarse hacia el tema de la bioseguridad. No obstante, reconoció que se han encontrado ciertas dificultades, pues comercializar en Colombia no ha sido fácil. Hizo hincapié en que han tenido problemas con el Invima y con el Ministerio de Salud, pues no han tenido claridad en temas de termosellados y cocidos.

Reconoció que los productores han tenido que guardar sus producciones, además de haber tenido que despedir grandes cantidades de empleados en esta época de crisis que vive el país. Dijo que la industria nacional se debe defender, como por ejemplo el cobro de las carteras de las cuentas por cobrar del sector textil sería una ayuda muy importante en el país.

El legislador Didier Lobo expuso que en La Guajira y el Cesar existen industrias pequeñas y medianas que han quebrado, sin dejar de reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno, expresó su preocupación puesto que en estas regiones las ayudas no se han visto y manifestó: “Nos sentimos huérfanos, sentimos que aquí no están llegando, valoramos el apoyo de la Primera Dama, del Ministerio del Interior, de Familias en Acción, que han llegado al departamento, pero en temas de créditos no se está viendo y hay empresas cerradas durante cuatro meses y como se van a levantar, los bancos se han dedicado a aprovecharse de estas ayudas propuestas por el Gobierno para su beneficio”.

Sumado a esto, la congresista Sandra Ortiz resaltó la gestión del ministro José Manuel Restrepo en su cartera por ayudar a diversos sectores. Enfatizó en que el sector textil es uno de los sectores más importantes del país para su desarrollo. No obstante, destacó que el Ministro debe actuar más sobre los sectores empresarial y campesino, que son los más importantes del país y que se deberían sacar adelante para mover y dinamizar la economía.

 Por otra parte, rescató el tema de las reservas internacionales, haciendo alusión a los más de 54 mil millones de dólares. Cuestionó por qué no se han tocado esos recursos para los diferentes sectores. El Gobierno Nacional tiene que exigirle al Banco de la República para liberar los dineros y prestarle a la banca con unas tasas de interés baja. Reconoce que esos recursos se podrían repatriar para prestarles a los colombianos con tasas bajas y hacer efectivos los préstamos prometidos, porque no están pasando en ninguna parte.

Adicionalmente, el senador Alejandro Corrales, le agradeció al Ministro de Comercio por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, porque sí se ha visto proponiendo la necesidad de apoyo del Ministerio de Defensa en temas de contrabando, porque se están lavando dólares del narcotráfico, denunció que el narcotráfico es el cáncer de la economía de nuestro país, el cual está siendo el sepulturero de las industrias, sugiriendo que este es el momento de la flexibilización laboral. “Debemos permitir el pago por horas, los créditos deben tener un tiempo de acuerdo a la emergencia económica”, así mismo propuso incentivar la industria nacional, a través de compras de dotación a la industria nacional ‘colombiano compra colombiano’.