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¿Qué cosas NO puede decidir el Congreso de la República?

Aunque el Congreso de la República cumple un papel fundamental en la elaboración de las leyes, existen límites constitucionales que definen qué asuntos pueden ser regulados por el Legislativo y cuáles corresponden a otras autoridades del Estado.
 
Por: Yanith Rueda Navarro
 
Bogotá D.C., febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)
 
Aunque solemos pensar que el Congreso tiene el poder de crear cualquier ley, lo cierto es que la Constitución le pone límites claros. No se trata de falta de poder, sino de respetar el equilibrio: cada institución tiene su propia tarea para que el país funcione correctamente.
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El día a día del Gobierno (Poder Ejecutivo)
 
El Congreso crea el marco general, pero no puede meterse en la administración diaria. Por ejemplo, los congresistas no pueden decidir qué tarifas exactas pagas por los servicios públicos ni cómo se ejecutan las políticas de salud en una región. Esas son decisiones operativas que le corresponden al Presidente, sus ministros y las entidades reguladoras.
 
Las sentencias de los jueces (Poder Judicial)
 
Un congresista no puede dictar una ley para cambiar el resultado de un juicio o para decidir quién tiene la razón en un conflicto entre vecinos. Los jueces son autónomos; el Congreso hace la ley, pero el juez es quien la interpreta y la aplica a cada caso concreto.

La autonomía de tu ciudad o departamento
 
El Congreso no puede reemplazar a los alcaldes ni a los gobernadores. Temas como en qué se gasta el presupuesto local de tu municipio o cómo se organiza la administración de tu ciudad son decisiones que pertenecen a las autoridades territoriales, respetando su autonomía.
 
Lo que va en contra de la Constitución
 
Este es el límite más importante: el Congreso no está por encima de la Constitución. No puede aprobar leyes que:
 
  • Vulneren tus derechos fundamentales.
  • Rompan la separación de poderes.
  • Contradigan lo que dice la Carta Magna.
 
Si lo intenta, la Corte Constitucional interviene y "anula" esa ley (lo que legalmente se llama declararla inexequible).

El sabor de las islas llega al Senado: la cocina raizal busca ser protegida por ley

Más que una simple receta, la cocina de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el alma de sus islas. Esa herencia dio un paso decisivo en el Congreso para ser reconocida no solo como patrimonio cultural, sino como el motor que impulse el turismo y la economía de las familias isleñas.

Por: Isabel Escobar Gil

Bogotá D.C., febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)

 

Los aromas y conocimientos ancestrales del pueblo raizal resonaron con fuerza en la Comisión Sexta del Senado. Allí, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 135 de 2025. ¿El objetivo? Blindar la gastronomía del archipiélago para que sea vista como una herramienta real de desarrollo, identidad y empleo.

En medio del debate, la senadora Ana María Castañeda recordó que cada plato cuenta una parte de la historia del territorio. Para ella, esta ley es una oportunidad de oro para que el turismo en las islas tenga un sello auténtico:

“Reconocer e impulsar la gastronomía y platos típicos del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La gastronomía del archipiélago es mucho más que cocina tradicional, es una expresión viva de la historia, de la identidad, de su cultura, y representa un enorme potencial para incentivar el turismo y el empleo local en el archipiélago.”

Más que identidad: una apuesta por las "patronas del sabor"

El proyecto no se queda en el papel; busca que las rutas gastronómicas que ya recorren las islas se fortalezcan y se conviertan en un orgullo territorial. Pero, sobre todo, pone el foco en las protagonistas de esta historia: las "patronas del sabor", mujeres que han sacado adelante a sus hijos y nietos entre fogones, cuidando que las tradiciones no mueran.

“Que las patronas del sabor, como le llaman, a esas mujeres que llevan toda la vida enfocadas en sacar adelante a sus familias a través de la preparación de esos platos típicos y, por supuesto, de la activación de esas rutas turísticas y gastronómicas en el archipiélago, dependen que mejoren sus ingresos, dependen que se potencialicen estas tradiciones, dependen que aumente el turismo y, por supuesto, que se empoderen mucho más las mujeres del archipiélago”, insistió la senadora.

Apoyo real para los emprendedores

Para que este sueño sea sostenible, la ley contempla 23 artículos que ofrecen soluciones prácticas. Se busca que los emprendedores gastronómicos de las islas tengan acceso a:

  • Formación técnica y certificaciones.
  • Créditos y financiación para hacer crecer sus negocios.
  • Acompañamiento para formalizarse y cumplir con las normas sanitarias sin perder su esencia.

En definitiva, se trata de una apuesta integral para que los saberes de los abuelos se transformen en el bienestar de las nuevas generaciones, haciendo de la cocina raizal el corazón económico y cultural del archipiélago.

Bonificación judicial da un giro histórico: Senado la reconoce como sala

La iniciativa es de autoría del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, proyecto que viabiliza una inequidad histórica en el régimen salarial del sector justicia.
 
Bogotá, D. C., enero 31 de 2026, (Prensa Senado)
 
La Plenaria del Senado de la República aprobó el Proyecto que reconoce el carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.
 
El proyecto continuará su trámite en la Cámara de Representantes y busca reconocer plenamente la Bonificación Judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y no solo para la cotización a salud y pensión.
 
La bonificación fue creada mediante decretos, pero su exclusión como salario integral ha generado afectaciones en el reconocimiento de prestaciones sociales, indemnizaciones y derechos laborales.
 
Actualmente, la Bonificación Judicial beneficia a 36.819 servidores judiciales, pero la falta de reconocimiento como factor salarial ha provocado una alta litigiosidad contra el Estado, obligando a miles de trabajadores a acudir a la justicia para reclamar un derecho que ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.
 
De acuerdo con cifras oficiales:
 
  • Existen más de 15.600 procesos judiciales relacionados con esta bonificación.
  • Las pretensiones económicas superan los $750 mil millones de pesos.
  • En la Rama Judicial se han registrado condenas por más de $268 mil millones en los últimos diez años.
 
Durante el debate, el senador Alejandro Carlos Chacón destacó que el proyecto se ajusta plenamente a la Constitución, que otorga al Congreso de la República la competencia para definir el régimen salarial de los empleados públicos, y recoge los criterios de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que los pagos habituales y permanentes constituyen salario, independientemente de su denominación.
 
Ahorro fiscal y seguridad jurídica
 
El Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que la aprobación de esta iniciativa permitirá un ahorro anual estimado de $378.549 millones, al reducir sustancialmente los procesos judiciales, las condenas y los costos asociados a la defensa jurídica del Estado.
 
El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales del sector justicia como ASONAL Judicial, SINTRAFISCALÍA y UNTRAFIS, y es considerado una medida de justicia laboral, fortalecimiento del diálogo social y confianza institucional.
 
“Con esta aprobación en segundo debate, la Plenaria del Senado avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia, explicó el senador Alejandro Carlos Chacón.