Con la presidencia de la senadora Aída Quilcué, la Comisión de Paz del Senado, realizó una Audiencia Pública, centrada en la solución a la emergencia humanitaria, ocasionada por el conflicto armado en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.

Por Johan Nassar H.

Bogotá, 17 de junio de 2025 – (Prensa Senado)Con la participación de líderes sociales, autoridades territoriales, comunidades indígenas y representantes de diversas entidades estatales, en la Audiencia Pública, se reconocieron importantes avances en la disminución del conflicto armado en esa región de Colombia.

Aunque los asistentes lamentaron la presencia del ministro del interior, Armando Benedetti, se estableció que en el departamento de Nariño se registraron indicadores de reducción de los niveles de violencia entre el 2023 y lo que ha recorrido el 2025.

El desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y los homicidios relacionados con el conflicto armado presentaron reducciones significativas, atribuibles al trabajo coordinado entre comunidades y autoridades, así como al inicio de diálogos con estructuras armadas como la Franco Benavides del Estado Mayor Central.

Sin embargo, se insistió en que la persistencia de economías ilegales y la débil presencia estatal siguen alimentando el conflicto y la criminalidad en estas regiones.

El senador Robert Daza y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, coincidieron en que la transformación estructural de los territorios debe incluir una inversión sostenida en salud, educación, conectividad y vías terciarias. 

A su vez, las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes reclamaron condiciones dignas para la construcción de paz, respeto por sus derechos y el avance hacia una legislación de justicia transicional que responda a sus realidades.

La audiencia permitió evidenciar que la paz no se limita a la firma de acuerdos, sino que debe traducirse en acciones concretas para garantizar seguridad, justicia social y oportunidades de desarrollo en los territorios. 

Se destacaron 11 acuerdos alcanzados con el grupo “Comuneros del Sur”, que incluyen ceses al fuego, zonas de concentración, entrega de armas y procesos de reincorporación, con acompañamiento internacional y participación comunitaria.

También se abordaron los retos humanitarios más apremiantes: aumento de abusos sexuales, asesinatos selectivos y restricciones a la asistencia humanitaria. A pesar de estas dificultades, entidades como el ICBF, UNICEF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, han promovido iniciativas en favor de la niñez y la reincorporación de excombatientes.

La Unidad Nacional de Protección advirtió sobre el colapso de su capacidad operativa por el aumento en solicitudes de protección y denunció el robo constante de vehículos asignados. La entidad defendió el tránsito hacia esquemas de protección colectiva, especialmente en contextos rurales.

En el cierre de la audiencia, se reiteró la necesidad de avanzar hacia ceses al fuego regionales y se hizo un llamado a construir la paz desde los territorios, sin imposiciones externas ni enfoque militarista. 

El senador Carlos Benavides pidió reconocer al suroccidente como una región estratégica para la paz nacional. 

Finalmente, se anunció que las bancadas de paz presentarán el próximo 20 de julio una propuesta legislativa que consolide los avances alcanzados en estos procesos y garantice una intervención integral del Estado social de derecho.

La iniciativa de origen gubernamental avanza con paso firme en el Congreso. Los artículos 63 y 64 fueron eliminados.

Por: Luisa María Llano

Bogotá D.C., 14 de junio de 2025 (Prensa-Senado). Tras 6 horas intensas de debate, la plenaria del Senado de la República retomó este lunes la discusión del proyecto de reforma laboral que debe ser aprobado antes de este 20 de junio. Estas horas sirvieron para avanzar en el aval de artículos y en la negación de otros.

Con una proposición radicada por el senador Carlos Fernando Motoa, partido Cambio Radical, la plenaria eliminó el artículo 63 de la reforma laboral, toda vez que fue considerado como inconstitucional.

El tema que hacía referencia a las garantías del derecho de asociación sindical, pretendía modificar el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo que habla, por ejemplo, que representantes y dirigentes de las organizaciones sindicales tengan derecho a los permisos y comisiones sindicales remuneradas que les permitan el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo.

“El derecho de asociación sindical es un derecho fundamental catalogado como derecho humano universal. Modificarlo como lo dice la reforma, sería modificar el núcleo esencial del derecho, por lo tanto, es una norma estatutaria. La sentencia de la Corte Constitucional C-153 del año 2022, es decir, una sentencia reciente, aclara que una ley estatutaria puede convertirse en ordinaria, pero no al revés. El artículo 63 es abiertamente inconstitucional”, explicó el senador Carlos Fernando Motoa en su intervención.

La proposición de eliminar el artículo 63 contó con un amplio consenso: 80 votos por el SÍ y ninguno en contra.

La plenaria también negó el artículo 64. La senadora Esperanza Andrade Serrano, por el partido Conservador, explicó que el “nuevo Código Procesal del Trabajo ya lo contiene”, razón por la cual la corporación votó en contra a ‘pupitrazo’. Este artículo hablaba del procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales, es decir, cuando los trabajadores y sus organizaciones sindicales, acuden ante el juez del trabajo a fin de obtener protección judicial.

En lo que concierne a los artículos con luz verde, se aprobaron los artículos 54, 66, 68 y 75, toda vez que las proposiciones fueron retiradas y dejadas como constancias.

Entre ellos, también se destaca el artículo 61, que contó con 78 votos positivos donde se implementa una política pública de protección y transición laboral ante la automatización, con el fin de mitigar el impacto social y económico de la sustitución de empleos, causada por el avance tecnológico.

La discusión de los artículos 37 y 38 que hablan de los trabajadores de tiempo parcial y de la Unidad de Trabajo Especial, respectivamente, fue aplazada hasta una vez se llegue a un consenso con la bancada conservadora.

Otros artículos, como el 9, causaron revuelo. Mientras que la bancada del Pacto Histórico pidió la eliminación del artículo 9 dado que cuando fue aprobado en plenaria de Cámara de Representantes aún no se había aprobado el Código de Procedimiento Laboral que ya lo regula, los senadores ponentes, Juan Felipe Lemus, por el Partido de La U y Jhon Jairo Roldan, por el Partido Liberal, sostuvieron que este artículo permite dar un marco jurídico, además, que ya existe un avance en el consenso, y eliminarlo, “significa retroceder”. La discusión también quedó aplazada.

El debate para la discusión y votación de la Reforma Laboral continuará este martes 17 de junio, en medio de la premura por el tiempo de la terminación de las sesiones ordinarias del Congreso, este viernes 20 de junio, mientras que ponentes y voceros de las bancadas logren, en el transcurso de la noche, avanzar aún más en lograr consensos que permitan una votación que derrote el ‘voto limpio’.

El debate para la discusión y votación de la reforma laboral continuar a este martes 17 de junio a las 9:00 a.m.