En la primera audiencia pública realizada en Bogotá, la Comisión Séptima del Senado escuchó a pacientes, organizaciones sociales, académicos y delegados del Gobierno Nacional.

Por Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, 22 de abril de 2024 – Con una participación masiva y representativa, se desarrolló en el Salón de la Constitución del Congreso de la República la primera audiencia pública liderada por la Comisión Séptima del Senado, como aporte al proceso legislativo del proyecto de ley 410 de 2025 Senado – 312 de 2024 Cámara, que busca transformar el sistema de salud en Colombia.

El evento contó con la intervención de más de 40 voceros, entre representantes de pacientes, asociaciones de usuarios, académicos, consultivos y delegados del Gobierno Nacional. Este espacio de diálogo abierto es el primero de un ciclo de audiencias temáticas y territoriales que se realizarán en distintas regiones del país, incluyendo Neiva, Bucaramanga, Popayán, Cali, La Guajira y Risaralda.

La senadora Norma Hurtado, coordinadora ponente de la reforma, enfatizó los retos urgentes del sistema: “problemas de financiamiento, dificultades en la provisión de medicamentos, negación de muchos servicios y una profunda crisis de gobernanza”. Recalcó que la reforma debe garantizar la continuidad del cuidado y dar respuesta a enfermedades crónicas y huérfanas.

Uno de los momentos más relevantes fue la intervención del viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, quien afirmó que el Gobierno sí tiene la disponibilidad financiera para sacar adelante la reforma.

Agregó que “No se trata de falta de dinero. Hay voluntad política y recursos para hacer realidad una reforma estructural que garantice el derecho a la salud. Lo que necesitamos es avanzar con responsabilidad, priorizando a los pacientes, con una transición ordenada y concertada”, expresó. También informó sobre la puesta en marcha de Puestos de Mando Unificados en regiones críticas como Manizales, para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos y coordinar soluciones con todos los actores del sistema.

Por parte de la Defensoría del Pueblo, intervino Claudia Bacca, quien presentó un análisis detallado sobre la percepción ciudadana del sistema de salud, basado en encuestas internacionales y nacionales. Reveló que Colombia tiene una de las tasas de satisfacción más bajas entre los países de la OCDE, y que existe una alta percepción de inequidad y falta de acceso, especialmente en zonas rurales. Bacca propuso medidas concretas de sostenibilidad fiscal y seguimiento al acceso a medicamentos, y pidió mantener abierto el diálogo legislativo en todos los escenarios posibles.

Durante las intervenciones, representantes de pacientes como Diego Gil, de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), compartieron las múltiples barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo. “Esta reforma no puede implicar retrocesos. Tiene que garantizar dignidad, acceso y calidad, y debe construirse con quienes vivimos las falencias del sistema todos los días”, afirmó.

La senadora Esperanza Andrade cuestionó el manejo de los recursos por parte del Gobierno Nacional: “Estamos aquí para preguntar dónde está la plata. Si Sanitas está intervenida y tiene un déficit de un billón de pesos, ¿qué está fallando? Las Entidades de Servicios de Salud (ESE) están quebradas y los medicamentos no están llegando”.

Por su parte, la senadora Lorena Ríos hizo un llamado a humanizar el debate: “Aquí se está hablando de la vida y la dignidad de millones de colombianos. Necesitamos voluntad política para resolver ya los problemas, mientras se construye la reforma con todos los sectores, desde los territorios, con el paciente como eje central”.

Al cierre, la presidenta de la Comisión Séptima, senadora Nadia Blel, agradeció la participación de más de 144 personas en esta primera audiencia presencial, así como el acompañamiento del viceministro y del equipo del Gobierno Nacional.

Reconoció también el trabajo de las coordinadoras ponentes, senadoras Norma Hurtado y Esperanza Andrade, así como el de la senadora Martha Peralta, y explicó que esta audiencia se enmarca en un proceso más amplio que incluye seis mesas técnicas temáticas y seis audiencias regionales.

“Desde la Mesa Directiva garantizaremos que esta discusión se lleve a cabo no solo con responsabilidad técnica, sino con respeto y altura. Porque aquí lo que está en juego es la salud y la vida de todos los colombianos”, concluyó.

Senadores proponen que se convierta en una política obligatoria y que sea evaluada permanentemente.  

Por: Luisa María Llano

Bogotá, 22 de abril de 2025 (Prensa Senado).- Con 9 votos a favor, la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate la modificación al Plan Nacional de Desarrollo Educativo (PNDE) que elabora el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las entidades territoriales. Este Plan se elabora cada 10 años y busca mejorar la calidad de educación en todos los niveles.

Se trata del Proyecto de Ley No. 376 de Senado que modifica el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 o también llamada ´Ley General de Educación en Colombia´, y con el que se pretende asegurar que las estrategias educativas respondan a las necesidades del país.

Para el senador ponente, Pedro Hernando Flórez Porras, por el Pacto Histórico, existe una baja articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo Educativo y los planes de desarrollo nacional y territorial. Además, existe una “limitada participación de las comunidades y sectores educativos” en la formulación de esas políticas.

“El Plan Nacional de Desarrollo Educativo, además de ser estratégico y participativo como se conoce hoy, debe ser vinculante. Las planeaciones que se hacen a nivel territorial no están en completa armonía con el Plan Decenal de Educación por lo que se convierte en una estrategia de Gobierno y no de Estado lo que no permite mejorar el sistema educativo en el país “, explicó Flórez Porras.

En este sentido, el presidente de la Comisión Sexta propone, con su iniciativa legislativa, que el PNDE sea obligatorio como marco de referencia en los planes de desarrollo nacional y territorial; ser sometido a evaluación permanente para garantizar el cumplimiento de metas educativas y, por último, fortalecer la participación ciudadana en la construcción de esa hoja de ruta.

Con respecto a la primera propuesta, la senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz, por el Pacto Histórico, planteó la creación de una audiencia pública en todo el país a fin de determinar la conveniencia de convertir el PNDE en una política obligatoria.

“La Constitución nos dice que no podemos asignar competencias sin los recursos adecuados. Cada territorio tiene necesidades distintas con recursos asignados de forma diferente por eso se hacía necesario un incremento a la cartera de educación por parte del Sistema General de Participaciones”, argumentó.

Por su parte, el senador Guido Echeverri Piedrahita, por el partido En Marcha, se refirió a la efectividad de los anteriores planes decenales y cómo los exámenes internacionales a los asiste Colombia son el reflejo de su poca funcionalidad.

“Si los tres planes decenales que hemos tenido sirvieran estaríamos mejor.  Los más recientes resultados del país en las Pruebas Saber y Pruebas PISA nos reafirman esta problemática. ¿Hasta dónde establecer obligatorio la ejecución de un Plan Decenal si ni el propio Plan Nacional de Desarrollo se cumple? Vale la pena hacer un debate de control político para conocer el cumplimiento de los distintos indicadores del PND porque ese plan tampoco se evalúa”, cuestionó.

Echeverri Piedrahita también se refirió a los planes con límites de tiempo en una era que avanza rápidamente en tecnología e la inteligencia artificial. También debatió el gargumento del senador ponente, Flórez Porras, en el que menciona la poca participación ciudadana: “Para la construcción del último Plan Nacional de Desarrollo 2016 se vincularon cerca de un millón de personas lo que nos indica que sí hubo participación”.

Finalmente, la senadora Soledad Tamayo Tamayo, Partido Conservador, radicó una proposición que crea un nuevo artículo a fin de que se establezcan tiempos adicionales tanto al Ministerio de Educación como a las entidades territoriales para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Educativo que inicia en el 2026. La proposición contó con el visto bueno del recinto.