Así lo propone un proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima del Senado y que está orientado a la formalización laboral en el país.

Bogotá, 15 de marzo de 2025. (Prensa Senado). En la Comisión Séptima del Senado se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que busca ampliar el alcance de la cuota monetaria del subsidio familiar, que actualmente se otorga a los trabajadores dependientes de bajos ingresos afiliados a una Caja de Compensación Familiar. La idea es incluir también a los trabajadores independientes, siempre que cumplan con los requisitos y el procedimiento establecido para su pago.

Durante la sesión de la Comisión Séptima, la coordinadora ponente de esta iniciativa, la Senadora Ana Paola Agudelo (Partido Mira) destacó la relevancia e impacto positivo de este proyecto de ley y dijo que se busca un “cierre de brechas y que podamos llegar a la formalización” laboral en el país.

La iniciativa propone que este beneficio se aplique a los contratistas e independientes que estén dentro de la categoría A y B. “Esto no es modificado, es decir que se aplica tal cual está hoy para los empleados”, explicó la Senadora Agudelo.

Según estudios presentados durante la discusión del proyecto, el número de trabajadores que eligen la modalidad independiente o de contratistas ha aumentado significativamente en los últimos años. Estos trabajadores son responsables de su propia seguridad social, por lo que la iniciativa busca que, dentro de sus cotizaciones, realicen aportes a las Cajas de Compensación.

Tras la discusión, la iniciativa fue aprobada y pasa a su segundo debate en la Plenaria del Senado.

La Plenaria de la corporación discutió y votó una iniciativa que apunta a apoyar el emprendimiento y facilitar su avance en el país.

Bogotá D.C., Marzo 16 de 2025. (Prensa Senado). En una decisión clave para el ecosistema empresarial del país, la Plenaria del Senado aprobó, en segundo de cuatro debates, un proyecto de ley con nuevas disposiciones destinadas a simplificar trámites y mejorar las condiciones de las pequeñas empresas. 

La iniciativa, liderada por la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, busca reducir costos administrativos, agilizar procesos y facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas.  

Uno de los principales cambios establece que ninguna entidad estatal podrá exigir más de una vez un documento que ya haya sido entregado previamente, evitando así la duplicidad de trámites y la burocracia excesiva. Esto permitiría a los empresarios ahorrar tiempo y recursos, promoviendo un entorno más eficiente para el desarrollo de sus negocios.  

Otra medida importante es que cuando una empresa entre en proceso de disolución, ninguna entidad podrá cobrar tasas o tarifas relacionadas con su funcionamiento que no hayan sido generadas antes del inicio del proceso. Esta disposición protegería a los emprendedores de costos adicionales cuando cierran su actividad comercial.  

En materia tributaria, la iniciativa establece que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá reintegrar a los contribuyentes los saldos a favor en un plazo no mayor a dos meses. Este ajuste buscaría aliviar la carga financiera de las empresas y mejorar el flujo de caja de los negocios que requieren recursos para mantenerse operativos.

Otro punto relevante es que la obtención del registro y la matrícula mercantil permitiría iniciar automáticamente el proceso de registro de marca y sus complementarios. Esto facilitaría la protección legal de los las pequeñas empresas -incluidos los emprendimientos- y fomentaría la innovación y competitividad en el sector empresarial.  

Asimismo, el proyecto de ley incorpora un Registro Único de Proponentes simplificado, lo que permitiría a las micro y pequeñas empresas acceder con mayor facilidad a los procesos de contratación con el Estado. 

Sobre este punto, la senadora Paloma Valencia enfatizó que “esto no es un registro obligatorio. Lo que pasa es que hoy cuando usted quiere contratar con el Estado tiene que tener el Registro Único de Proponentes. Las empresas grandes lo pueden sacar, pero a las pequeñas les cuesta demasiado dinero y demasiados trámites”.  

El senador por el Partido AICO, Richard Fuelantala, destacó la importancia de estas reformas para fortalecer la formalización empresarial en el país y pidió más avances. “La formalización empresarial no se logra mediante la creación de nuevos registros, sino a través de incentivos que faciliten este proceso”, afirmó el congresista de las comunidades indígenas.  

El proyecto de ley continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá cumplir dos debates más para convertirse en Ley de la República.