La senadora Sonia Bernal advirtió que Colombia necesita avanzar rápido y bien en reglas claras para el uso de la Inteligencia Artificial, porque estas tecnologías ya influyen en decisiones que afectan directamente la vida de las personas, desde trámites públicos hasta procesos judiciales.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C, 11 de febrero 2026 (Prensa Senado) La Comisión Primera del Senado de la República seguirá discutiendo en este nuevo periodo legislativo el proyecto de ley por medio del cual se modifica la ley 5 de 1992, se crea la comisión legal para el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial. La autora de dicha iniciativa es la Senadora Sonia Bernal quien indicó que “esta comisión se encargará de estudiar, analizar, formular conceptos y dar seguimiento a todos los proyectos, políticas públicas, acciones gubernamentales y desarrollos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial en Colombia”.

Colombia carece actualmente de una legislación específica que regule el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial. La ausencia de regulación abre un riesgo grave de violación de derechos fundamentales, uso indebido de datos, sesgos discriminatorios en sistemas públicos y privados y dependencia tecnológica sin soberanía digital.

Funciones comisión legal para el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial

• Promover iniciativas legislativas orientadas al desarrollo, uso ético y regulación en todos los sectores del país.
• Difundir, promover y fomentar la participación pública en los procesos normativos relacionados con la inteligencia artificial.
• Realizar seguimiento al cumplimiento de principios éticos, derechos fundamentales y obligaciones establecidas en la Constitución, la legislación nacional, la jurisprudencia y normas internacionales aplicables al uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
• Establecer canales de comunicación entre el estado y las organizaciones expertas o interesadas en este tema, con el fin de fortalecer la gobernanza de esta tecnología.
• Promover y hacer seguimiento al diseño e implementación de sistemas integrados de información y datos abiertos que sirvan para monitorear el desarrollo, uso y riesgos de la inteligencia artificial.
• La comisión velará porque ningún grupo poblacional sea objeto de exclusión, discriminación o vulneración de derechos como consecuencia del uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

“La regulación propuesta no solo cierra un vacío jurídico, sino que se convierte en una herramienta estratégica para posicionar a Colombia como un país que prioriza el desarrollo tecnológico con responsabilidad social y enfoque en derechos humanos”, indicó la Senadora Sonia Bernal, autora del proyecto.

La Comisión Accidental Arrocera del Senado convocó a Gobierno, gremios y productores a una reunión clave el 18 de febrero para buscar soluciones que protejan al sector y estabilicen el mercado.

Por: Jaime Arbeláez

Bogotá, D. C., 11 de febrero de 2026 (Prensa Senado)

Ante la creciente tensión en el sector y el riesgo de un nuevo paro nacional arrocero, el Senado activó un espacio de mediación institucional.

El senador Carlos Julio González Villa, de Cambio Radical, coordinador de la Comisión Accidental Arrocera, junto con la senadora Sonia Bernal, anunció una reunión el miércoles 18 de febrero con representantes del Gobierno, el gremio y productores, con el propósito de construir acuerdos que garanticen estabilidad económica y tranquilidad a miles de familias que dependen del arroz en Colombia.

¿Qué es la Comisión Accidental Arrocera y para qué fue creada?

Surge de una solicitud que presenté al Senado para hacer seguimiento a las mesas de negociación de los años 2024 y 2025, a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con los productores y servir como canal directo de interlocución con las regiones. Además, su objetivo es impulsar acciones legislativas y de política pública que permitan avanzar hacia una solución estructural a la crisis del sector arrocero. Está conformada por ocho senadores.

La Comisión fue convocada para el miércoles 18 de febrero. ¿Cuáles son las razones?

Para verificar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades del Gobierno Nacional que permitieron levantar el paro del año pasado. Así mismo, busca evaluar el impacto real de las medidas adoptadas en materia de precios, pagos a productores, defensa comercial, financiamiento, control al contrabando y ordenamiento productivo. También pretende identificar los cuellos de botella institucionales, regulatorios y de mercado que persisten en la cadena arrocera.

¿Qué autoridades o funcionarios están invitados?

Las entidades del gobierno que tienen competencia directa en el sector: los ministerios de Agricultura y Comercio; la Superintendencia de Industria y Comercio; la Dian; la Policía. Hemos convocado a representantes de los productores, gremios y molineros para garantizar una visión integral de la problemática del sector.

¿Cómo califica la situación hoy de los productores de arroz? ¿Mejor, igual o peor de la que generó el paro del año pasado?

A pesar del compromiso del Ministerio de Agricultura, este es un problema estructural y no coyuntural; la situación es crítica. Los datos son contundentes: los inventarios están 92 % por encima del año anterior; los precios han caído 28,5 % desde junio de 2024; y, según Fedearroz, hay cerca de 100.000 hectáreas en riesgo de no cultivarse.

Lo más grave es la incertidumbre que enfrentan los productores: no existe un acuerdo de precios acorde con sus necesidades, la industria compra principalmente para cubrir deudas previas y los productores están atrapados en una espiral de endeudamiento que amenaza su sostenibilidad.

Hay alerta por un nuevo paro. ¿Qué opina?

Comprendo la situación, la angustia, reconociendo el compromiso de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en busca de soluciones. Sin embargo, el problema central es la incertidumbre en tres frentes: no hay un precio acordado que garantice utilidades para los productores; las grandes superficies imponen condiciones de compra desfavorables; los agricultores cargan con deudas que hoy son impagables y unos altos costos de producción.

Usted ha hablado con la Ministra. ¿Qué está pensando hacer el Gobierno?

El Gobierno es consciente de que cualquier oferta actual de la industria está por debajo de los costos de producción. Se debe seguir actuando con decisión porque el país podría enfrentar la quiebra de miles de productores. En la reunión con ella se siguieron definiendo acciones prioritarias que deben implementarse en los próximos días. Por eso la convocatoria del 18 de febrero: el sector necesita resultados concretos.

¿Qué opina de que Colombia imponga un arancel del 30% al arroz importado de Ecuador en medio de la crisis comercial entre los dos países?

Es una medida necesaria que habíamos recomendado y que Fedearroz solicitaba hace tiempo. La restricción del ingreso terrestre también es positiva. Está confirmado el contrabando hasta desde Barranquilla. Por eso, la presencia de la Policía en nuestras audiencias.

Sin embargo, estas decisiones son insuficientes si no se complementan con acciones estructurales: que el Gobierno subsidie la diferencia entre el precio que paga la industria y los costos de producción, que se fije un precio piso obligatorio para el arroz blanco y se implemente un plan real de condonación de deudas. De ahí que también convocamos al Banco Agrario en mesas previas. Ojo, no simples refinanciaciones que sólo agravan el problema.