Casi la mitad de los ciudadanos no conoce las reglas sobre mascotas en conjuntos residenciales
Sondeo del Senado revela vacíos en propiedad horizontal mientras avanza proyecto de ley que busca reducir conflictos por animales de compañía.

Por: María Camila Fernández

Bogotá, D. C. (Prensa Senado).

La convivencia con mascotas en conjuntos residenciales está en el centro del debate legislativo. Un sondeo realizado por el Senado de la República evidenció que el 48 % de los ciudadanos desconoce los reglamentos de propiedad horizontal relacionados con animales de compañía, un dato que refleja vacíos de información y posibles tensiones en la vida cotidiana de miles de hogares.

La medición, realizada a través de la cuenta oficial @SenadoGovCo en la red social X, consultó la percepción ciudadana en el marco del trámite de un proyecto de ley que busca modificar la Ley 675 de 2001, norma que regula la propiedad horizontal en Colombia.

Los resultados muestran que el tema tiene un impacto amplio: el 79 % de los participantes afirmó tener mascota y vivir en un conjunto residencial, lo que evidencia la alta presencia de animales de compañía en este tipo de viviendas. Solo el 21 % indicó no encontrarse en esta situación.

Al preguntar si los reglamentos son claros y justos frente a la convivencia con mascotas, el 48 % respondió que no conoce el reglamento, el 28 % consideró que no es claro ni justo, el 20 % manifestó que sí lo es y un 4 % indicó que en su conjunto no existe regulación al respecto.

En cuanto a los conflictos asociados a la convivencia, el 33 % afirmó haber tenido problemas relacionados con mascotas, un 30 % señaló que en ocasiones, mientras que el 37 % aseguró no haber presentado inconvenientes.

Sobre las acciones que pueden mejorar la convivencia en zonas comunes, el 44 % destacó la limpieza de las necesidades de las mascotas como el principal factor. Le siguieron el correcto uso de las zonas comunes (36 %), el uso de correa (16 %) y la socialización adecuada de los animales (4 %).

El proyecto de ley en trámite, que ya superó su primer debate en el Congreso, propone ajustar la normativa vigente para cerrar vacíos que hoy generan fricciones entre residentes. Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de un registro de mascotas ante las administraciones de los conjuntos residenciales, con información básica como nombre, edad, responsable y condición de esterilización, la cual sería remitida a las alcaldías locales para fortalecer la gestión y el bienestar animal.

Los autores de la iniciativa señalan que la propuesta busca actualizar la legislación frente a los cambios sociales, reconociendo que las mascotas forman parte de las familias y promoviendo reglas más claras que garanticen tanto el bienestar animal como la tranquilidad y la convivencia armónica entre vecinos.

Senadores cuestionan nuevos impuestos y el uso de facultades extraordinarias, mientras el Ejecutivo defiende la medida.

Por: María Camila Fernández

Bogotá, D. C., febrero 8 de 2026 (Prensa Senado).

El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional mantiene abiertas las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. En el Senado de la República, legisladores de distintas bancadas advierten riesgos fiscales y constitucionales asociados a la medida, mientras el Gobierno insiste en que existen hechos sobrevinientes que justifican el uso de facultades extraordinarias, en un debate que sigue marcando la agenda política y económica del país.

Durante la sesión de control político, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostuvo que el país no requiere decretos de emergencia sino mayor eficiencia en la administración pública. “El Estado colombiano no necesita decretos de emergencia económica, lo que requiere es un mejor gobierno, un mejor gasto público y el respeto a la Constitución del 91”, afirmó.

También cuestionó el momento en que fue expedido el decreto, señalando que se adoptó en medio del receso legislativo y la vacancia judicial, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la oportunidad de la decisión.

Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda advirtió que el país no soporta nuevas cargas tributarias y pidió revisar la ejecución del gasto. “Colombia no resiste más impuestos y menos por decretos, necesita menos derroche, más ejecución y respeto”, expresó. Añadió que el gasto anual ha crecido significativamente frente a la inversión y planteó la necesidad de ajustes antes de trasladar nuevas cargas a los ciudadanos.

En la misma/orla conservadora, la senadora Esperanza Andrade señaló que la emergencia no puede utilizarse para resolver problemas estructurales. “El déficit en salud o la falta de consensos en el Congreso no son hechos sobrevinientes e imprevisibles”, afirmó, al cuestionar la coherencia entre el discurso económico del Gobierno y la declaratoria de emergencia.

Por su parte, congresistas del Pacto Histórico defendieron la medida. La senadora Aida Avella aseguró que la situación fiscal no fue originada por la actual administración, mientras que el senador Wilson Arias recordó que el Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación sin garantizar su fuente de financiación. En esa línea, la senadora María José Pizarro sostuvo que quienes hundieron la ley de financiamiento actuaron en contra de los intereses del país.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que el decreto recoge lineamientos planteados previamente en la ley de financiamiento y los adapta a la coyuntura actual. Entre las disposiciones anunciadas se encuentran el incremento al 19 % en las apuestas en línea, la eliminación de beneficios tributarios para bebidas y licores, y la creación de un impuesto al patrimonio con el objetivo de recaudar 2,3 billones de pesos bajo criterios de progresividad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el país enfrenta un riesgo fiscal asociado al pago de la deuda pública y advirtió que una disminución en la capacidad de pago incrementaría el costo de la deuda.

Desde el sector Defensa, el ministro Pedro Arnulfo destacó que el incremento de ataques con drones en el último año ha generado nuevas presiones presupuestales, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que el aumento de la UPC al 13,42 % implica la necesidad de conseguir 3,3 billones adicionales no contemplados inicialmente en el presupuesto.

En la recta final del debate, el senador Guido Echeverri cuestionó la responsabilidad del Ejecutivo frente a los problemas estructurales del país y pidió asumir decisiones de fondo.

Con posiciones encontradas, el debate sobre la emergencia económica mantiene un fuerte pulso institucional. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto y su alcance en el ordenamiento jurídico.