Senadores cuestionan nuevos impuestos y el uso de facultades extraordinarias, mientras el Ejecutivo defiende la medida.
Por: María Camila Fernández
Bogotá, D. C., febrero 8 de 2026 (Prensa Senado).
El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional mantiene abiertas las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. En el Senado de la República, legisladores de distintas bancadas advierten riesgos fiscales y constitucionales asociados a la medida, mientras el Gobierno insiste en que existen hechos sobrevinientes que justifican el uso de facultades extraordinarias, en un debate que sigue marcando la agenda política y económica del país.
Durante la sesión de control político, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostuvo que el país no requiere decretos de emergencia sino mayor eficiencia en la administración pública. “El Estado colombiano no necesita decretos de emergencia económica, lo que requiere es un mejor gobierno, un mejor gasto público y el respeto a la Constitución del 91”, afirmó.
También cuestionó el momento en que fue expedido el decreto, señalando que se adoptó en medio del receso legislativo y la vacancia judicial, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la oportunidad de la decisión.
Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda advirtió que el país no soporta nuevas cargas tributarias y pidió revisar la ejecución del gasto. “Colombia no resiste más impuestos y menos por decretos, necesita menos derroche, más ejecución y respeto”, expresó. Añadió que el gasto anual ha crecido significativamente frente a la inversión y planteó la necesidad de ajustes antes de trasladar nuevas cargas a los ciudadanos.
En la misma/orla conservadora, la senadora Esperanza Andrade señaló que la emergencia no puede utilizarse para resolver problemas estructurales. “El déficit en salud o la falta de consensos en el Congreso no son hechos sobrevinientes e imprevisibles”, afirmó, al cuestionar la coherencia entre el discurso económico del Gobierno y la declaratoria de emergencia.
Por su parte, congresistas del Pacto Histórico defendieron la medida. La senadora Aida Avella aseguró que la situación fiscal no fue originada por la actual administración, mientras que el senador Wilson Arias recordó que el Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación sin garantizar su fuente de financiación. En esa línea, la senadora María José Pizarro sostuvo que quienes hundieron la ley de financiamiento actuaron en contra de los intereses del país.
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que el decreto recoge lineamientos planteados previamente en la ley de financiamiento y los adapta a la coyuntura actual. Entre las disposiciones anunciadas se encuentran el incremento al 19 % en las apuestas en línea, la eliminación de beneficios tributarios para bebidas y licores, y la creación de un impuesto al patrimonio con el objetivo de recaudar 2,3 billones de pesos bajo criterios de progresividad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el país enfrenta un riesgo fiscal asociado al pago de la deuda pública y advirtió que una disminución en la capacidad de pago incrementaría el costo de la deuda.
Desde el sector Defensa, el ministro Pedro Arnulfo destacó que el incremento de ataques con drones en el último año ha generado nuevas presiones presupuestales, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que el aumento de la UPC al 13,42 % implica la necesidad de conseguir 3,3 billones adicionales no contemplados inicialmente en el presupuesto.
En la recta final del debate, el senador Guido Echeverri cuestionó la responsabilidad del Ejecutivo frente a los problemas estructurales del país y pidió asumir decisiones de fondo.
Con posiciones encontradas, el debate sobre la emergencia económica mantiene un fuerte pulso institucional. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto y su alcance en el ordenamiento jurídico.
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