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El Congreso y su mandato para un nuevo ordenamiento territorial en Colombia

En más de tres décadas después de la Constitución del 91, la pregunta sigue abierta: ¿cómo debe organizarse el país y quién vigila que esa tarea avance? 

Por:  Sebastián Alberto Solano Rodríguez

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2025. (Prensa Senado).Cuando Colombia promulgó la Constitución de 1991, el Congreso recibió el mandato de estructurar y modernizar la manera cómo se organiza el territorioplasmado en el artículo 150 en la carta magna: “Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

El constituyente de 1991 le abrió la puerta al Congreso para decidir la conveniencia de establecer regiones, provincias, áreas metropolitanas, entre otros, en medio de la estructura que había dejado la constitución de 1886departamentos y municipios, como hasta ahora continua.

De acuerdo a la orden constitucional, el Congreso definió que para lograr un nuevo modelo territorial, una Ley Orgánica permitió la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, del Senado, un espacio del foro de la democracia para orientar, vigilar y proponer lineamientos en la reorganización territorial del país. 

La ley orgánica que debía aterrizar ese mandato se aprobó en 2011 (Ley 1454), dos décadas después de promulgada la Constitución. 

Pese a la congestión legislativa, la COT ha trabajado de manera constante. A lo largo de su existencia ha tenido tres funciones principales: estudiar proyectos relacionados con la estructura territorial del Estado, emitir conceptos sobre procesos asociativos entre entidades territoriales y hacer seguimiento a temas de descentralización.

Desde allí han pasado debates sobre áreas metropolitanas, creación de provincias administrativas, fortalecimiento de asociaciones regionales y análisis de disputas limítrofes entre municipios y departamentos. También ha sido un escenario de control político donde se revisa si el Gobierno cumple los principios de autonomía territorial previstos en la Constitución.

No obstante, el balance histórico demuestra que el modelo de ordenamiento territorial aún no está completamente definidoLa Ley 1454 en 2011 y la reforma constitucional de 2019 sobre regiones fueron pasos importantes, pero todavía está pendiente lareglamentación de le ley de competencias, una norma esencial para precisar qué funciones asumirá cada nivel territorial y cómo se repartirán los recursos. 

Aunque el Congreso aprobó en 2024 un acto legislativo, reforma constitucional,que aumenta progresivamente las transferencias a departamentos y municipios, el Gobierno no ha radicado aún el proyecto que reglamenta esas nuevas responsabilidades.

De hecho, la propia Comisión de Ordenamiento Territorial ha urgido públicamente al Ejecutivo a presentar el texto, advirtiendo que, sin esta ley, la implementación de la reforma podría retrasarse o quedar incompleta. 

Por esta razón, la COT se ha convertido en un actor insistente y vigilante, empeñado en que estas tareas pendientes permanezcan en el centro de la agenda legislativa.

Iniciativas que han pasado por la COT

En los últimos años han surgido iniciativas de gran impacto que han puesto a la COT en el centro del debate público. Una de las más conocidas es la propuesta impulsada por el actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien ha defendido la idea de que la Región Caribe dé el paso para convertirse en Región Entidad Territorial.

Su propósito es que los departamentos del Caribe cuenten con una estructura propia para planificar su desarrollo y gestionar directamente proyectos estratégicos.La COT ya dio un concepto favorable a esta iniciativa, lo que permitió la radicación del proyecto de ley que formaliza el camino hacia la creación de la Región Caribe. 

Si el Congreso lo aprueba, la propuesta deberá someterse a votación ciudadana en un referendo regional. Esta discusión ha despertado el interés de otras regiones del país que ven en este proceso una oportunidad para fortalecer su autonomía.

Además del caso caribeño, la COT ha acompañado la creación de nuevas RAP (Regiones Administrativas y de Planificación), ha analizado cambios en la integración Bogotá–Cundinamarca y ha seguido de cerca la conformación de provincias en distintos departamentos. 

Cada una de estas figuras refleja la diversidad territorial de Colombia y la necesidad de herramientas flexibles para que los territorios se organicen según sus propias dinámicas.

Las discusiones recientes sobre el ordenamiento territorial han estado acompañadas de voces que han insistido en la necesidad de acelerar las reformas pendientes. Una de ellas es la del senador Guido Echeverri Piedrahíta, integrante de la COT y ponente de varias iniciativas sobre descentralización.

En un debate del Senado realizado el 17 de mayo de 2025, el Senador Echeverri advirtió que el Congreso ha avanzado poco en el cumplimiento del mandato constitucional y que el país sigue sin un modelo territorial plenamente definido.“El Congreso no ha tocado aspectos fundamentales para un nuevo orden territorial… solo unos pocos avances legislativos sobre el tema”.  
Hoy, cuando varias regiones reclaman mayor autonomía y el Congreso discute cómo distribuir competencias y recursos, la COT sigue siendo el puente entre el mandato constitucional y las decisiones legislativas que pueden transformar la forma en que el país se organiza.

‘Ha habido mucha demora y eso nos preocupa’ Senador Echeverri, por reglamentación de Ley de Competencias

El Senado instaló una subcomisión para hacer seguimiento a la Ley de Competencias, pero al interior del legislativo, crece la preocupación por los retrasos en la presentación del proyecto por parte del Gobierno Nacional.

Por María Camila Fernández. 

Bogotá, D. C, 22 de noviembre de 2025 (Prensa-Senado). -La descentralización, un reclamo histórico de las regiones en Colombia, volvió a ocupar un lugar central en la agenda legislativa desde la promulgación de la Reforma Constitucional que obliga al Gobierno Nacional a presentar una Ley de Competencias para redistribuir funciones y recursos hacia departamentos y municipios. 

Esta semana, en el Congreso, se instaló una subcomisión encargada de hacer seguimiento a esa futura norma, encabezada por el senador Guido Echeverri Piedrahita, con quien conversamos sobre los avances y los retrasos que hoy marcan el proceso.

¿Qué avances hay sobre la Ley de Competencias?

R/ Hay avances muy importantes. El primero, el acto legislativo No. 03 de 2024, que le entrega al gobierno el mandato de presentar un proyecto de ley que desarrolle ese acto legislativo, proponiendo una ley de competencias, o sea, una ley que responda a los imperativos de mayor transferencia de recursos para efectos de que las entidades territoriales asuman mayor nivel de responsabilidades y competencias.

¿Se sigue esperando que el Gobierno presente el proyecto?

R/ El gobierno tiene un año para presentar el proyecto de ley. Estamos esperando que lo presente en las próximas semanas, según se anunció aquí, e iniciaremos una discusión que va a ser muy rica para todo el país.

Aunque no se ha radicado esa iniciativa, ¿Cómo visualiza el proceso del trámite de la Ley Competencias?

R/ Ha habido mucha demora y eso nos preocupaLa reforma constitucional que se aprobó en diciembre del año pasado,entregó al gobierno el mandato de presentar esa iniciativa dentro del año siguiente a la vigencia del acto legislativo, año que ya se está cumpliendo. Falta un poco menos de un mes y medio, y lo que esperamos es que el gobierno presente antes del 26 de diciembre o antes del 20 de diciembre de este año, esa iniciativa para empezar la discusión en serio.

En la reglamentación,¿cómo se espera el tema de los porcentajes en las transferencias a los territorios?

R/ La normatividad constitucional establece que será del 39.5% en 12 años. De tal maneralo que hay que fijar es cómo se giran los recursos, para qué se giran y con qué nivel de autonomía manejarán las entidades territoriales estos recursos de más.


¿Estos porcentajes darían autonomíaa entes territoriales para manejar esos recursos?


R/ Eso es lo que se pretende y por eso reclamamos que el proyecto tenga un acento más territorial que sectorial. En el sentido si bien es cierto que requiere financiar sectores, hay que entender que esa financiación depende de las necesidades de cada departamento. No es lo mismo hablar del agua potable en La Guajira o en Santa Marta, que hablar del agua potable en Manizales que tiene un cubrimiento de casi el 100%.

¿Se trata de asignar recursos de acuerdo a las falencias de cada departamento o municipio?

R/ En este caso, no es simplemente que se giren recursos en igualdad de proporción a las entidades territoriales para ciertos sectores, sino, que esos giros, atiendan necesidades particulares de las distintas regiones para que ellas inviertan de acuerdo con su propia realidad, a eso es lo que se refiere la autonomía territorial.

Aunque aún no llega el proyecto al Congreso ¿es posible incorporar en la reglamentación medidas que fortalezcan el control y eviten la corrupción en el manejo drecursos?

R/ Claro, la reforma establece, por ejemplo, un sistema único de información territorialfundamental en materia de acceso a la información para controlar fenómenos de corrupción. Se fortalece el control socialporque la comunidad está más cerca de la autoridad y esa comunidad puede vigilar con mayor rigor la manera como se invierten los recursos tanto en el departamento como en los municipios.

¿Hay mucha expectativa en los entes territoriales con ese proyecto?

R/ Aunque la expectativa en las regiones es alta y el Acto Legislativo ya definió obligaciones y plazos, la discusión de fondo aún no comienza. Con menos de mes y medio para que venza el tiempo que la Constitución le otorgó al Gobierno, el Congreso espera recibir el proyecto formal de Ley de Competencias para iniciar un debate que será determinante para la redistribución de funciones, recursos y autonomía territorial en el país. 

Ley Abrazo del Padre, paga deuda social

El proyecto que cursa en Senado plantea laatención integral en salud física y mental, la reinserción en la sociedad y dignificación de los habitantes de calle

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2025. (Prensa Senado)

Está en tránsito en Senado un proyecto quecrea la ley de rescate y reintegración social para habitantes de calle, denominado Abrazo de Padre. “Promueve la inclusión social y el bienestar integral de estas personas, dijo la senadora ponente, Esperanza Andrade. 

¿Qué esla Ley Abrazo de Padre?

Es un proyecto que busca crear un marco legal para la reinserción social y dignificación de los habitantes de calle,en busca de pagar una deuda que como sociedad tenemos con estas personas.

¿Cómo se haría eso?

Se centra en brindarles atención integral en salud física y mental; rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial; inclusión en programas educativos, laborales y de emprendimiento; acceso a vivienda y albergue digno.Este enfoque reconoce que vivir en calle no es un delito, sino una condición de exclusión social que debe abordarse con humanidad y soluciones estructurales.

¿Hay cifras del número de ciudadanos sin hogar, sin techo y familia? Según el VIII Censo de Bogotá (2024), más de 10.478 personas viven en la calle. Y a nivel nacional cerca de 32.000, en su mayoría hombres adultos con problemas de adicción, salud mental y rupturas familiares. Situación terrible, pues nunca nos detenemos a pensar el drama que los llevó a esta condición inhumana. Solamente los evitamos, desconocemos o maltratamos de distintas maneras, a veces sin saberlo.

¿No existe ya normas o leyes que los benefician o atienden?

Sí, existe la Ley 1641 de 2013, pero, el impacto ha sido insuficiente. No hay un sistema coordinado, ni censos regulares, ni una política integral que realmente los atienda. 

¿Es deber de la familia o del Estado atenderlos?

Es deber del Estado garantizar su inclusión social mediante programas integrales de salud, educación, empleo y vivienda. Darles beneficios colectivos. La reinserción social significa menos inseguridad, menos presión sobre los sistemas de salud y justicia, y más cohesión social.

¿En resumen, qué propone el articulado del proyecto?

Varias acciones concretas: censo nacional bienal de habitantes de calle; datos abiertos para diseñar políticas basadas en evidencia. Derecho a identidad, acceso a servicios asistenciales, rehabilitación y formación. Y reconocimiento de categorías diferenciadas; habitante de calle, habitante en calle, personas/familias en riesgo, entre otras.

¿Qué espera de la ley Abrazo de Padre de ser aprobada?

Tengo la esperanza de que pasemos del asistencialismo a una política de inclusión estructural y digna, que les brinde una segunda oportunidad real de reconstruir sus vidas y aportar al país. Es por justicia social, cohesión y dignidad humana.

¿En resumen, qué propone el articulado del proyecto?

Varias acciones concretas: censo nacional bienal de habitantes de calle; datos abiertos para diseñar políticas basadas en evidencia. Derecho a identidad, acceso a servicios asistenciales, rehabilitación y formación. Y reconocimiento de categorías diferenciadas; habitante de calle, habitante en calle, personas/familias en riesgo, entre otras.

¿Qué espera de la ley Abrazo de Padre de ser aprobada?

Tengo la esperanza de que pasemos del asistencialismo a una política de inclusión estructural y digna, que les brinde una segunda oportunidad real de reconstruir sus vidas y aportar al país. Es por justicia social, cohesión y dignidad humana.