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Comisión Primera escuchó a víctimas de la violencia

La célula legislativa cita para aprobar la ampliación de la Ley de Víctimas, el lunes 31 de agosto. Durante la sesión virtual se manifestó que para repararlas se requieren $357 billones. El próximo viernes, se realizará una audiencia pública.   

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- Las víctimas de la violencia y los funcionarios de los organismos de control coincidieron en denunciar en foro realizado por la Comisión Primera del Senado que si se hace una prórroga a la Ley de Víctimas de la violencia por diez años, se debería hacer cumplir los fallos de la justicia y definir las partidas necesarias para indemnizar a las nueve millones de víctimas.

El senador Roy barreas, ponente del proyecto de Ley que modifica la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 y que busca su ampliación por 10 años su vigencia, escuchó este lunes a más de 80 víctimas de la violencia que se inscribieron para opinar de la propuesta.

Barreras, citante al foro de víctimas, aseguró que “para reparar a todas las víctimas necesitaríamos 47 años y por eso se debe prorrogar la Ley 1448 de 2011”.

“La reparación es un propósito de la sociedad. Será prorrogada sin objeción, porque todos coincidimos en reparar a la víctima de todo tipo de victimario. Víctima es víctima, independiente de su victimario en cifras oficiales, para reparar a todas las víctimas al ritmo al que vamos, se necesitan 47 años. Ni el tiempo, ni los recursos son suficientes. Se necesitan 357 billones de pesos para poder cumplir con la reparación de ellas. La prórroga de la Ley de Víctimas es una necesidad nacional. Un propósito de la sociedad y seguramente, será prorrogada por los próximos 10 años sin ninguna objeción. Aquí las víctimas están en el centro, como lo deben estar en la implementación y como lo deben estar en la reconstrucción de este país. Este es un escenario para abrir más garantías a las víctimas de Colombia”, destacó Barreras.

La procuradora Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, Elena Ambrosi Turbay, advirtió que hay incertidumbres con la Ley de Víctimas.

“Este es un reto enorme para el Estado. Los indicadores de avances dejan mucho que esperar. La rehabilitación avanza en un 28% del Conpes de 2012. En 24 años podríamos cubrir tres millones de víctimas”, aseguró.
El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, explicó que en ocho años tan sólo se habían cerrado los procesos de ocho sujetos objeto de reparación y la meta de este gobierno es llegar a 140 sujetos de reparación.

“En el fondo de reparación tenemos 1.600 bienes para pagar a las víctimas reparaciones individuales y colectivas. El número de registrado de víctima ya llega a seis millones”, destacó.

De 125.562 solicitudes, hay 5.847 sentencias

Joaquín Polo, procurador Delegado para la Restitución de Tierras, informó en el Congreso que de las 125.562 solicitudes de restitución de tierras, se han proferido a julio de este año 5.847 sentencias, entre jueces y tribunales en salas especializadas.

“Eso demuestra el abismo de la tarea que está por realizarse. Todavía existe un número importante de víctimas que están pidiendo reconocimiento de derechos e indemnización y no han tenido respuesta. La situación al día de hoy, es de grave incumplimiento y no nos podemos engañar. Tenemos que lograr que haya más sentencias.
Puso como ejemplo que Fiduagraria a la fecha no ha cumplido ni una sola sentencia.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, respondió en Comisión Primera a las víctimas de la violencia que se quejaron por no tener en cuenta a los compradores de buena fe.

“Lo que ocurrió en la implementación es que los segundos ocupante de buena fe, tienen condición de vulnerabilidad. Los segundos ocupantes deben demostrar la buena fe simple. Estamos haciendo análisis y ejercicios técnicos de caracterización. En la demanda estamos identificando a los segundos ocupantes para que sean reconocidos dentro del predio, para no crear una nueva víctima”, aseguró.

Luz Dary Ochoa y otros asistentes al foro de la Comisión Primera del Senado coincidieron en denunciar que con la Ley de Víctimas vigente y que se quiere prorrogar, los revictimizan, porque fueron compradores de buena fe y el Estado les quitó sus tierras.

“De nosotros nadie habla. Queremos que miren a nosotros. Que nos devuelvan las tierras, que nos quiten o indemnicen”, manifestó la invitada.

Lizeth Silva Avendaño, del municipio de San Ángel, destacó que compraron la tierra y la están pagando con créditos en Banco Agrario, Banca Mia y la Fundación de la Mujer y les pidieron que devuelvan la tierra. “El Estado nos quiere sacar. Para dónde voy a coger con mi esposo y tres hijos”, precisó.

Audrey Solano Acosta explicó que el año 2012 fue a la oficina de Restitución de Tierra a preguntar por el predio de diez hectáreas y me dijeron que no tenía nada ese predio y ahora Restitución de Tierras me quita mi predio.

Perseguida, por defender victimas

La abogada Flor Colombia Caro López dijo que por trabajar en favor de las víctimas está siendo perseguida.

“No se distingue víctimas de despojadores. Se nos está revictimizando. Estamos siendo perseguidos, victimizados, denunciados penalmente. No estar en la misma ideología se ha convertido en un objetivo. Hay intención concreta del cierre del desempeño profesional y del derecho a la vida en los territorios”, indicó.

José Luis Giraldo informó a los asistentes que no se cumple lo que está en la Ley. “Un vecino que compró tierra a otro pierde su tierra. Se crea conflicto. Venden la tierra y después van al Gobierno y piden que se las devuelvan”, aseguró.

El senador Eduardo Pacheco dijo que las víctimas de la violencia han denunciado en el foro realizado este lunes que la Ley de víctimas no sirvió para atender a nueve millones de víctimas. “Se necesitan ajustes administrativos, porque en el esfuerzo fiscal del Gobierno no se hizo el cálculo adecuado”, destacó.

Al cierre del foro, Roy Barreras manifestó que es claro que hay consenso.

“No hay nadie que esté en contra de la aprobación de la prórroga de la Ley de Víctimas. Todos sabemos que es necesaria. Incluso la Procuraduría ha instado en que se prorrogue por 15 años. Esa propuesta la evaluaremos en la ponencia. Podemos ofrecerles a los nueve millones de víctimas del país, no sólo la prórroga, sino un tiempo mayor para que los gobiernos puedan cumplir ese compromiso con las víctimas. Queda claro que el objetivo del proyecto es la prórroga de la ley, pero no su modificación”, precisó.

Para Roy Barreras este es un reconocimiento a las víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200 mil desaparecidos que hay en Colombia, y por supuesto a quienes aún no han sido reparados.

“Quiero recordar que esta Ley de víctimas fue iniciativa del Congreso hace una década. Ha sido el Congreso quien abrió el camino tanto del reconocimiento de las víctimas como del reconocimiento del conflicto armado interno. El Congreso está reeditando su claro compromiso con las víctimas, y celebra que haya iniciativas parlamentarias que puedan cambiar la historia del país”, finalizó

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, anunció que el próximo lunes 31 de agosto citará para debatir y aprobar el proyecto de Ley que amplía la Ley de víctimas.

Pinto explicó que este martes los congresistas se desplazarán en carretas a la capital para asistir a la sesión presidencial donde se elegirá al nuevo Procurador General de la Nación.

Se levantó la sesión y se convocó a una audiencia pública con víctimas, el viernes 28 de agosto.

 

Mujeres congresistas solicitan más recursos para los programas de género

El presupuesto con enfoque de género para el 2021 será de 1.83 billones de pesos, invertidos en 38 entidades que manejan estos programas.

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2020 (Prensa Senado) - La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer analizó junto con el Gobierno Nacional el trazador del presupuesto 2021 para las políticas públicas de mujeres.

Al iniciar la sesión, la presidenta de la Comisión, Nora Garcia Burgos, Partido Conservador, manifestó: “Tenemos muchas herramientas para continuar empoderando a nuestras mujeres, por eso necesitamos saber cuál es el presupuesto para los programas que propenden por su realización”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Irma Luz Herrera, resaltó la importancia de contar con un anexo presupuestal de mujeres, en el Presupuesto General de la Nación. ”Esto nos permitirá saber los recursos para los programas, será una herramienta fundamental para el seguimiento del presupuesto en los próximos años”, dijo que las mujeres han sido las más afectada por la pandemia y se necesitan recursos para su reactivación económica y protección de la violencia intrafamiliar.

En su presentación, la directora de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, Marcela Numa, dijo que los recursos serán asignados, según los programas presentados, para el desarrollo de las políticas de género en el país.

La funcionaria informó que en el Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia 2021 se asignarán recursos por el orden de 1.83 billones de pesos, en 38 entidades que manejan programas de equidad de género; tales como en la autonomía económica, participación en las tomas de decisiones, salud y derecho sexual reproductiva, educación y acceso a las nuevas tecnologías y mujer libre de violencia. Numa expuso que 12 mil millones de pesos serán para funcionamiento y el resto para los programas de inversión.

En su momento, Laura Tobón, del Departamento Nacional de Planeación-DNP, sostuvo que para lograr cerrar las brechas que indica el Plan Nacional de Desarrollo-PND, entre hombres y mujeres, es necesario promover la equidad de género, para eliminar las barreras existentes en la participación de las colombianas en el proceso de desarrollo.

Señaló que en el artículo 221 del Plan se definió la creación de un trazado presupuesta, para la equidad de la mujer, para permitir a todas las entidades, identificar las necesidades y disminuir las brechas existentes de género.

Intervención de las congresistas

la senadora Ayda Avella, Decentes, solicitó al Gobierno Nacional que especificara los recursos asignados para las Secretarías de las Mujeres en las regiones. También pidió que estudie la posibilidad de salvar a los 30 mil estudiantes de la Universidad Nacional, con la matrícula cero, teniendo en cuenta la crisis económica del país.

Entre tanto, la senadora Liberal Laura Fortich hizo un llamado para que se fortalezcan los rubros para los programas de la población más vulnerable del país y para tratar la violencia contra las mujeres. Al igual que los que protegen los derechos de los niños y niñas. "Las brechas entre hombres y mujeres, no disminuirán con estos presupuestos", afirmó.

De igual manera, la senadora Ana María Castañeda, Cambio Radica), sostuvo: "Hay muchas inequidades existentes. Con este presupuesto no veo soluciones para disminuir las brechas de género. Necesitamos que se les cumpla a las mujeres del país los objetivos que vemos inalcanzables". La congresista solicitó aumento en el presupuesto con enfoque de género.

Asimismo, la legisladora senadora Ruby Chagüi, Centro Democrático, manifestó sus preocupaciones por el déficit de 2.2 billones de pesos en el DPS. "Me preocupa que se afecten los programas de prosperidad social y de mujer rural", aseveró.

Finalmente, las legisladoras presentaron sus inconformidades por la disminución de los recursos para el desarrollo de los programas, con enfoque de género. Especialmente en los temas de mujer rural, desempleo, emprendimiento, violencia y salud y pidieron que se revise bien en el PGN.

Mayor rubro en el presupuesto de 2021 y acelerar avances en dobles calzadas, prioridades para salvar Ciénaga de Santa Marta

Gobierno aclara que avances están dentro del cronograma y mandatarios locales piden que se realice una estrategia integral que cubra desarrollo ambiental, social y económico.

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado (COT) aprobó hoy la creación de dos mesas de trabajo para hacer seguimiento a los proyectos de inversión social e infraestructura en la Ciénaga Grande de Santa Marta, como mecanismo para superar la pobreza y marginación en esa zona del país.

La aprobación se dio durante el debate de control político 'estado y avance de compromiso del Gobierno Nacional con la sostenibilidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la ejecución de la obras de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena – Barranquilla', al que asistieron los ministros de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, entre otros funcionarios.

El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) recordó que el debate sobre el tema de la Ciénaga Grande de Santa Marta se remonta al año 2016. “Hace cuatro años estamos llamando la atención en este Congreso sobre las condiciones sociales deplorables en esa zona del país. Hemos realizado visitas a la región y comprobado el mal uso de recursos como el agua por parte de los terratenientes a cambio del hambre y de la pobreza de la población”, aseguró.

“Por primera vez estamos viendo inversiones de parte de varias dependencias para concluir las obras que aminorarían la pobreza en esa zona, pero estamos pidiendo que en el presupuesto 2021 se garanticen recursos para el avance de los diferentes proyectos producticos y de infraestructura para la Ciénaga Grande”, agregó.

“Además pedimos que las autoridades de la Fiscalía avancen en los procesos judiciales en contra de los terratenientes que se enriquecen a costa de la pobreza de la población. La miseria en la Ciénaga Grande salió a la luz por lo del accidente de Tasajera, pero es un problema estructural que no ha sido resuelto por las diferentes administraciones”, dijo el senador Cepeda.

El senador le recordó al Gobierno Nacional que la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena – Barranquilla es vital para el desarrollo regional y estratégica para el país, pero aseguró que hasta ahora se lograron 700 mil millones de pesos para los viaductos y que el resto de la vía será por concesión. “En momento en que necesitamos reactivación económica es fundamental acelerar estas obras”.

Cepeda pidió que se agilice el presupuesto y se concreten las obras en varios tramos que no avanzan por diferentes problemas entre los que destacó la lentitud en la compra de algunos predios y la falta de interventoría en algunos tramos.

El congresista Miguel Amin (Partido de la U) aseguró que es importante el desarrollo de proyectos, pero aclaró que todos deben ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Agregó que el Gobierno debe desarrollar proyectos de recuperación ecológica en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Eduardo Pacheco, legislador de Colombia Justa y Libre, advirtió sobre la desfinanciación de varios tramos de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena – Barranquilla. “Estos proyectos son muy importantes para la región, pero es importante advertir que actualmente hay 3.6 billones de pesos de desfinanciación de varios tramos de esta importante obra”.

El senador Carlos Meisel (Centro Democrático) propuso crear una mesa de trabajo para el seguimiento de estas importantes obras para dar resultados concretos. “Ya tenemos que pasar de los discursos al trabajo. Es urgente dar resultados a la ciudadanía y por eso se requiere una mesa de trabajo”.

El congresista Fabián Castillo (Cambio Radical) coincidió en que se deben destrabar las obras de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena – Barranquilla por considerar que es una prioridad para el desarrollo nacional.

El ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, destacó la importancia de la Ciénaga Grande de Santa Marta como un ecosistema estratégico para la nación. “Buscamos preservar el ecosistema completo del delta de la Ciénaga y de todas las zonas aledañas. En los planes de desarrollo del Atlántico y Magdalena se contemplan los proyectos de recuperación y preservación ambiental”.

“Se ha avanzado en los planes de manejo ambiental con todos los organismos relacionados con el medio ambiente. Se han creado grupos de trabajo con las comunidades locales y con órganos académicos para identificar lo que se necesita para la recuperación del ecosistema en esta importante zona”, agregó el Ministro.

“Estamos trabajando, además, en acuerdos de conservación como el “fondo verde del clima” que es un proyecto que busca aminorar el cambio climático, a partir de la conservación de los ecosistemas como las ciénagas y los humedales del departamento del Magdalena. También tenemos otro que busca garantizar el agua para la zona de Santa Marta”, aseguró.

Manuel Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informó que esa dependencia tiene inversiones en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar por más de 1.6 billones de pesos en diversas obras. Además aseguró que el Gobierno Nacional vigila de cerca el avance de las diferentes concesiones que adelantan trabajos en la vía Santa Marta-Barranquilla.

Expropiación de bienes

Guillermo Toro, representante de INVIAS, presentó un informe sobre el avance de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena – Barranquilla. Destacó que las obras marchan de acuerdo al cronograma establecido y que en las zonas donde se presenta algún retraso tiene que ver con acciones legales por expropiación de predios.

“En temas de sostenibilidad de la Ciénaga Grande estamos haciendo obras de mantenimiento del Canal Caño Clarín, que es fundamental para el mantenimiento del ecosistema. Además estamos construyendo otra obra muy importante como la variante de Ciénaga, muy importante para la zona”, agregó.

La viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, aseguró que hay tramos de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla y Cartagena, que ya reportan avances cercanos al 90%, aunque admitió que hay otras zonas con un menor nivel de avance, principalmente a causa de la emergencia por la pandemia.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, destacó la importancia de estas obras para el desarrollo social y económico de la región del Caribe. “En este momento que necesitamos urgentemente la generación de empleo y reactivación de la economía es fundamental avanzar decididamente en estas obras estratégicas para el país y para nuestra región”.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se sumó a esta petición asegurando que es hora de tomar decisiones en materia de desarrollo ambiental, social y económico para la Ciénaga Grande de Santa Marta. “Se requiere de una estrategia integral para lograr el control de la zona, ya que hay particulares que se lucran ilegalmente por el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y se requiere concretar la inversión en infraestructura para el desarrollo regional”.

“En nuestro departamento hay indicadores de pobreza extrema y uno de los mecanismos para afrontar este problema histórico es generar alternativas de desarrollo y ente sentido estos proyectos son fundamentales para nuestra región”, agregó el Gobernador, quien advirtió que todo proyecto debe respetar el medio ambiente como premisa fundamental.

“Se necesita una política pública para la Ciénaga Grande de Santa Marta que articule todas las iniciativas de las diferentes dependencias para lograr así un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente”, agregó Caicedo.

Carlos Díaz Granados, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, dijo que ese organismo desarrolla diversos proyectos en la Ciénaga Grande de Santa Marta para garantizar que las miles de familias que viven en esa zona tengan una vida y un ingreso digno.

En el debate también participaron Héctor Carbonel, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; Ricardo Plata, presidente del comité intergremial del Atlántico; Alberto Vives, de ANDI Magdalena; José Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico; Ana Mercedes Casas, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Francisco Arias, del Instituto de Investigaciones Marinas, y Julia Miranda, de la Unidad Nacional de Parques.