Con 32 proyectos de ley aprobados, 18 debates de control político y una agenda centrada en la sostenibilidad ambiental, el desarrollo rural, la transición energética y la protección de los ecosistemas hídricos del país, culmina la comisión Quinta del Senado su periodo 2024 2025.

Por: Nataly Sánchez Gual

Bogotá D.C., 28 de junio de 2025 (Prensa - Senado) Presidida por el senador Marcos Daniel Pineda Garcíadel partido Conservador y con la vicepresidencia del senador José David Name Cardozo del partido de la U esta célula legislativa sesionó en 44 ocasiones entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de junio de 2025, demostrando un compromiso constante con los sectores estratégicos del agro, el medio ambiente, los servicios públicos y los recursos naturales.

En total, la Comisión adelantó el estudio de 57 iniciativas legislativas, de las cuales 32 fueron aprobadas, 22 archivadas, 2 retiradas y una fue devuelta por competencia. Además, se llevaron a cabo 14 sesiones de discusión de proyectos de ley, 6 audiencias públicas y 6 actividades institucionales propias del ejercicio legislativo, para un total de 44 sesiones realizadas.

Entre los proyectos destacados se encuentra el reconocimiento del río Caquetá como sujeto de derechos, el fortalecimiento de una política nacional de calidad acústica (ley contra el ruido), la prohibición del uso del glifosato para erradicación de cultivos ilícitos, así como iniciativas clave para promover la transición energética justa y el impulso de economías rurales como la del café y la ganadería sostenible libre de deforestación.

También se tramitó el Proyecto de Ley 261 de 2024, que busca establecer instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado libre de deforestación. Esta iniciativa fue coordinada por el presidente de la Comisión, senador Marcos Daniel Pineda García, y forma parte de una visión integral de sostenibilidad que guió buena parte de la agenda legislativa del periodo.

Entre otros de los proyectos que tuvieron trámite y aprobación durante este periodo se encuentran:

En materia de control político, la Comisión adelantó 18 debates estratégicos, entre ellos, el seguimiento a los impactos del fenómeno de El Niño, el estado del sistema eléctrico nacional, la gestión del Ministerio de Agricultura frente al ordenamiento del territorio rural y la seguridad alimentaria, así como la implementación del sistema general de regalías.

La participación activa de los integrantes de la Comisión —entre ellos, senadores como Andrea Padilla Villarraga, Isabel Cristina Zuleta, Miguel Ángel Barreto, Didier Lobo Chinchilla, Inti Asprilla, Esmeralda Hernández, Pablo Catatumbo, entre otros— reflejó la pluralidad de voces y enfoques que nutrieron el análisis legislativo en temas tan diversos como protección animal, calidad del aire, acceso a tierras para jóvenes rurales, economía azul, energía limpia y zonas de reserva natural.

Finalmente, los integrantes de la mesa directiva resaltaron el papel de la Comisión como escenario protagónico para el análisis técnico y político de los temas más urgentes del país en materia agropecuaria, minero energética y ambiental, reafirmando su compromiso con el control político efectivo, el diálogo con las regiones y la construcciónnormativa al servicio y bienestar de los ciudadanos.

Por: Nataly Sánchez Gual 

Bogotá, D. C, 28 de junio de 2025 (Prensa-Senado). -El senador Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, presentó el Proyecto de Ley 224 de 2024, con el cual busca sentar las bases de una política pública integral de economía azul y sostenible para Colombia.

En esta entrevista, el legislador explica cómo a través del proyecto se pueden transformar los ecosistemas acuáticos del país en fuente de empleo, innovación y conservación ambiental.

¿Senador Lobo, qué lo motivó a radicar este proyecto de ley sobre economía azul y sostenible?

Lo que nos motivó fue una necesidad urgente: Colombia tiene una riqueza marítima y acuática inmensa, pero subutilizada. Más del 44% del territorio nacional es superficie marítima, sin embargo, solo se aprovecha cerca del 10%. Esto nos llevó a pensar en una política pública que reconozca, valore y potencie esa riqueza, pero de forma responsable, con criterios de sostenibilidad, equidad y desarrollo local.

Se habla mucho del “potencial marítimo desaprovechado”. ¿A qué se refiere con eso y cómo el proyecto busca revertirlo?

Colombia tiene más de 3.000 kilómetros de costas entre el Caribe y el Pacífico, y una zona económica exclusiva con recursos inexplorados. Hoy no existe un marco normativo integral que articule lo ambiental, lo económico y lo social. Nuestra propuesta busca ordenar el uso de los ecosistemas acuáticos, impulsar sectores como la pesca sostenible, el turismo responsable, la biotecnología marina, la energía renovable y el transporte marítimo limpio.

¿Cuáles son los vacíos legislativos que detectaron al estructurar este proyecto?

Hay una fragmentación normativa tremenda. Tenemos normas aisladas sobre pesca, turismo o protección ambiental, pero ninguna visión unificada. Además, no hay instrumentos para planear de forma estratégica nuestro espacio marítimo ni herramientas claras para la restauración ecosistémica. Este proyecto busca llenar ese vacío, con un enfoque de política pública nacional, coherente y estructural.

El proyecto destaca el rol de las comunidades costeras y ribereñas. ¿Cómo se garantiza que no queden al margen de este desarrollo?

Eso es fundamental. Uno de los principios rectores es la inclusión. Las comunidades deben ser protagonistas. El proyecto promueve su participación en la toma de decisiones, el fortalecimiento de capacidades locales y la creación de emprendimientos azules. No queremos repetir modelos extractivistas que excluyen: queremos una economía con rostro humano y local.

¿Cómo lograrán equilibrar el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas marinos?

Con ordenamiento espacial marino, restauración de ecosistemas degradados, zonificación y sistemas de monitoreo. No se trata solo de producir más, sino de hacerlo mejor. Queremos evitar la sobreexplotación y garantizar que las generaciones futuras también puedan vivir de estos recursos.

¿Qué sectores tendrán más impulso con esta ley?

Principalmente la pesca y acuicultura sostenible, el turismo ecológico, el transporte marítimo de bajas emisiones, la energía renovable marina (como la eólica offshore) y la investigación científica en biotecnología. Son sectores estratégicos para los próximos 10 años.

Menciona mucho la innovación. ¿Qué papel juega la ciencia en este proyecto?

Un papel central. Estamos proponiendo inversión en investigación aplicada, transferencia tecnológica y cooperación internacional. Colombia debe dejar de ser solo extractora de recursos y pasar a ser generadora de conocimiento e innovación azul.

¿Cómo se asegura que esta economía azul sea participativa y no concentrada en unos pocos actores?

Con gobernanza multisectorial, alianzas público-privadas con enfoque social, y mecanismos de inclusión comunitaria. Además, proponemos una estrategia educativa que empiece desde las escuelas hasta la formación técnica profesional. Queremos una ciudadanía con conciencia azul.

¿Cómo se financiará la implementación de esta política?

Se contemplan incentivos fiscales, bonos azules, fondos de agua, cooperación internacional y alianzas con el sector privado. Pero lo más importante es que haya voluntad política y visión de largo plazo. Esta es una inversión en el futuro del país.

Finalmente, ¿cómo se imagina usted a Colombia en 10 años si esta ley se aprueba e implementa como está concebida?

Me la imagino como una potencia azulreconocida en el mundo. Con ecosistemas sanos, comunidades empoderadas, puertos modernos, energías limpias y empleo digno para miles de colombianos. Esa es la Colombia que podemos construir si trabajamos juntos desde hoy.