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Senado inicia trámite para frenar llamadas publicitarias y democratizar pauta estatal

El senador Robert Daza presentó dos iniciativas legislativas: la ley “No me llames, yo te llamo”, que busca proteger a los ciudadanos del acoso telefónico comercial, y la “Ley de Tercios”, que propone una distribución equitativa de la pauta oficial entre medios comunitarios, públicos y privados.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá D.C; agosto 6 de 2025 (Prensa Senado) Con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos frente al uso abusivo de sus datos personales y promover una distribución justa de los recursos estatales destinados a la comunicación, el senador Robert Daza Guevara,  radicó este martes dos proyectos de ley en el Congreso de la República.

El primero, titulado “No me llames, yo te llamo”, busca frenar las llamadas y mensajes no solicitados con fines publicitarios o promocionales, especialmente por parte de empresas de telecomunicaciones, entidades financieras y plataformas digitales. Solo en 2024, los colombianos recibieron más de 9.700 millones de llamadas comerciales no autorizadas, muchas de ellas vinculadas a fraudes.

Entre las medidas destacadas del proyecto se encuentran: fortalecer el Registro de Números Excluidos (RNE); prohibir llamadas internacionales no autorizadas por los usuarios; etiquetar obligatoriamente las comunicaciones comerciales; limitar a una llamada por día y tres al mes por empresa; crear un Registro Nacional de Reclamaciones; y establecer la responsabilidad solidaria para empresas que compren o usen datos personales sin consentimiento.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la privacidad, seguridad digital y tranquilidad de los usuarios frente al creciente acoso comercial.

Por otro lado, el senador Daza radicó la “Ley de Tercios”, que plantea una reforma estructural en la distribución de la pauta oficial del Estado, estableciendo que esta se reparta de manera equitativa en tres partes iguales entre medios comunitarios y alternativos, medios públicos (nacionales, regionales y locales) y medios privados.

Esta propuesta busca descentralizar el acceso a la pauta estatal, actualmente concentrada en grandes medios comerciales, y garantizar que los recursos públicos lleguen a medios que cumplen funciones informativas en territorios rurales, zonas de difícil acceso y comunidades históricamente marginadas.

Durante la presentación del proyecto, organizaciones sociales, activistas y medios comunitarios expresaron su respaldo. “No hay democracia real si solo unos pocos tienen derecho a narrar el país”, afirmó Olimpo Cárdenas, activista por la paz. Por su parte, María Alejandra Pérez, presidenta de la Asociación Nacional de Televisión Comunitaria, calificó la iniciativa como “una reivindicación histórica para más de 300 canales locales” que operan con escasos recursos desde hace décadas.

Ambos proyectos reflejan el compromiso del senador Daza con la democratización del acceso a la información, la equidad en las comunicaciones y la defensa de los derechos de los usuarios digitales, en un entorno cada vez más mediado por las tecnologías y el uso intensivo de los datos personales.

Garantías a contratistas estatales inició discusión en plenaria del Senado

Senadores de diferentes bancadas destacaron el carácter colectivo del proyecto y su importancia para avanzar hacia un modelo de contratación pública más justo y respetuoso de los derechos laborales.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Prensa Senado, 05 de agosto de 2025 (Prensa-Senado).-El proyecto de ley 141 de 2024 Senado: “Por medio del cual se busca proteger a los contratistas de prestación de servicios y se dictan otras disposiciones para evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios en el sector público y la modernización estatal de las plantas de personal”inició su segundo debate en la plenaria de la corporación.

La ponencia estuvo a cargo del senador Fabián Díaz Plata, quien durante su intervención como coordinador ponente fue enfático en señalar que la iniciativa legislativa responde a una realidad que afecta a miles de contratistas en el país: la fragmentación de contratos, falta de continuidad laboral y la inexistencia de garantías básicas como aportes a seguridad social, licencias de maternidad, incapacidades, prima o vacaciones.

“Muchos contratistas terminan trabajando gratis, porque los contratos no cubren todo el año, y eso es un abuso que debemos erradicar”, manifestó el senador, quien también denunció casos de presiones indebidas e incluso situaciones de acoso laboral en diversas entidades del Estado.

El Senador Díaz dijo que el propósito no es modificar la naturaleza civil del contrato de prestación de servicios, sino, garantizar condiciones mínimas de protección.

“Este proyecto no es mío, es de todos, y lo hemos defendido en conjunto a lo largo de varias legislaturas”, señaló el senador santandereano. 

Durante el debate, algunos senadores presentaron mociones de orden cuestionando el trámite del proyecto en la Comisión Séptima. El senador Carlos Fernando Motoa advirtió un presunto vicio de procedimiento, argumentando que los contratos de prestación de servicios son de naturaleza civil y, por tanto, el proyecto debía ser tramitado por la Comisión Primera.

En la misma línea, el senador Alejandro Carlos Chacón sostuvo que, debido a su contenido, el proyecto podría tener implicaciones estatutarias al abordar el uso de datos personales y otros aspectos que, según indicó, no son competencia de la Comisión Séptima.

Frente a los señalamientos, la senadora Angélica Lozano, coautora del proyecto, explicó que esta iniciativa ha sido tramitada en siete ocasiones por la Comisión Séptima, siguiendo la decisión de presidentes del Congreso en diferentes legislaturas, quienes han considerado que su contenido está enfocado en derechos laborales. 

Destacó la senadora Lozano que el articulado regula aspectos como licencias, aportes a riesgos laborales, descanso remunerado, afiliación voluntaria a cajas de compensación. También evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la figura de contratos civiles. “Hay una esclavitud moderna en Colombia, y este proyecto busca ponerle fin. No se trata de cambiar la naturaleza del contrato, sino de garantizar derechos”, puntualizó.

El debate continuará en próximas sesiones con la discusión de proposiciones presentadas por diferentes bancadas.

Gobierno y senadores coinciden que el modelo energético colombiano ha perdido eficacia

En un debate en la Comisión Quinta de Senado,autoridades del Gobierno Nacional y representantes del sector eléctrico, cuestionaron de fondo el funcionamiento del cargo por confiabilidad.

Por: Nataly Sánchez Gual

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2025 (Prensa Senado) En una discusión cargada de cifras, advertencias y posturas críticas, la Comisión Quinta del Senado abrió el debate respecto a la efectividad del cargo por confiabilidad en el modelo energético de Colombia.

El debate fue convocado por congresistas de las diferentes bancadas donde participó el ministro de minas y energía, Edwin Palma Egea, comisionados de la CREG, la UPME, XM y gremios como ACOLGEN, ANDEG y SER Colombia.

El debate, propuesto por los senadores José David NamePartido de la U, Isabel Cristina ZuletaPacto Histórico, Yenny RozoCentro Democrático, con el apoyo del senador Didier Lobo ChinchillaCambio Radical, se convirtió en un escenario que midió el presente y la proyección del futuro energético de Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con los intensos veranos. 

El foco del debate giró en torno a si los millonarios recursos que los usuarios pagan a través del cargo por confiabilidad, que suman billones al año, razón por la cual giró la pregunta si están cumpliendo con su propósito de garantizar respaldo energético enmomentos críticos, especialmente durante temporadas de sequía.

¿Qué es el cargo por confiabilidad y por qué fue cuestionado?

Este cargo es un componente incluido en la tarifa de energía que pagan los usuarios para asegurar que las plantas generadoras principalmente térmicas estén disponibles en momentos de crisis como sequías extremas. Sin embargo, los senadores mostraron su preocupación al considerar que este modelo requiere unos ajustes urgentes. 

Cuestionan mecanismo

El senador José David Name, quien inició el debate, fue contundente en señalar con cifras que “loscolombianos hemos pagado más de $60 billones en cargo por confiabilidad desde 2006. Hoy se pagan alrededor de 86 pesos por kilovatio. ¿Está siendo realmente efectivo este mecanismo?”, cuestionó el congresista, quien pidió una auditoría sobre los pagos recibidos por Termotesorito, planta a la que, según denunció, se le habrían girado $349 mil millones sin tener garantizado el combustible requerido para operar.

Ante las denuncias, propuso la creación de mesas técnicas para revisar a fondo el esquema. “No estamos en contra del cargo por confiabilidad, pero sí queremos que se use de manera eficiente y responda a la realidad actual del país y su creciente demanda energética”, concluyó.

Eliminar cargo por confiabilidad

Por su parte la senadora Isabel Cristina ZuletaPacto Histórico, afirmó que el cargo por confiabilidad para el sector hidráulico no se debe cobrar y propuso su eliminación. “Ninguna fuente de energía sujeta a variabilidad climática puede ser confiable en tiempos de crisis climática. No podemos seguir premiando la incertidumbre”, enfatizó la legisladora antioqueña al tiempo que pidió coherencia en la información entregada por XM y el Ministerio.

El senador Didier Lobo Chinchilla, Cambio Radical,defendió la existencia del cargo como herramienta para evitar apagones, pero propuso una revisión profunda y optimización del modelo. “No podemos eliminar un seguro que nos ha permitido mantener el servicio eléctrico estable, pero sí debemos ajustar su funcionamiento y costos. Son más de $6 billones de pesos al año que salen del bolsillo de los colombianos”, indicó.

Así mismo el senador también advirtió que la situación tarifaria en regiones como el Caribe es insostenible, y llamó a actuar con responsabilidad y sin medidas populistas.

¿Qué dijo el ministro de minas?

En su intervención, el ministro de Minas y Energía,Edwin Palma, reconoció que el modelo ha perdido eficacia en varios frentes y aseguró que el cargo por confiabilidad “cobra, pero no garantiza”.

“Hay una confiabilidad financiera, pero no técnica. Hemos visto cómo en situaciones de necesidad, algunas plantas no han respondido. Este cargo ha protegido intereses históricos que deben revisarse”, afirmó.

El jefe de la cartera de Minas y Energía respaldó la posibilidad de actualizar el esquema regulatorio y propuso acelerar propuestas concretas, recordando que la Ley 142 y 143 ya cumplió 31 años.

¿Qué dicen gremios del sector?

La presidenta de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, advirtió que el país ya enfrenta un déficit de energía firme del 1.4% para este año, lo que podría generar riesgos ante un próximo fenómeno de El Niño.

“Necesitamos con urgencia la subasta de energía. Estamos tarde para ampliar el parque de generación y hay obstáculos regulatorios que están frenando proyectos solares”, indicó. Gutiérrez también reiteró la disposición del sector para participar en mesas técnicas con el Gobierno y el Congreso, y mejorar el modelo sin desmontarlo.

Este debate reveló el consenso sobre la necesidad de revisar el cargo por confiabilidad, aunque persisten diferencias sobre su continuidad.

La Comisión Quinta del Senado realizará seguimiento a los compromisos adquiridos y buscará avanzar en una propuesta legislativa que garantice un sistema energético justo, eficiente y sostenible para todos los colombianos.