Delimita las competencias a nivel departamental, con el fin de avanzar hacia una verdadera armonización entre los planes y esquemas de Ordenamiento Territorial .

Bogotá, D.C. 21 de agosto de 2024 (Prensa Senado). Por iniciativa del senador Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador), se escuchó en sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial al director Ejecutivo de la Federación de Departamentos Didier Tavera, quien socializó las propuestas legislativas que promueven las regiones para la modificación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial #LOOT y otras iniciativas encaminadas a la autonomía y la descentralización territorial.

El director Tavera inició su intervención con la explicación de la iniciativa que adicionaría artículos a la ley 1454 de 2011, con el objetivo de delimitar competencias en el marco de la autonomía y descentralización territorial, generar nuevas fuentes de financiación para proyectos de impacto regional y establecer directrices para elaborar POD y su armonización con los otros instrumentos de planeación territorial, argumento que se garantizará una verdadera autonomía regional.

Explicó que la reforma a la ley 549 de 1999 busca garantizar el cubrimiento de los pasivos pensionales de las entidades territoriales dentro de la vigencia que contempla la ley, además recibir sus recursos de manera oportuna y eficiente y que sean partícipes directas en la toma de decisiones del FONPET como coadministradores en temas estratégicos y procedimentales.

Así mismo indicó Didier Tavera que la reforma a los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional de 1991, busca fortalecer el proceso de descentralización administrativa y financiera de las entidades territoriales, enfocado en varios aspectos clave para mejorar la eficiencia, equidad y transparencia en la distribución de recursos.

Frente a la regla fiscal dijo que esta expedí normas orgánicas en materia de disciplina fiscal territorial, adoptar y definir el contenido de una regla fiscal de carácter subnacional con el propósito de fortalecer la autonomía, la capacidad fiscal e institucional y la estabilidad macroeconómica de las entidades territoriales y sus descentralizadas.

Las regiones requieren mayor autonomía financiera, 800 municipios no pueden actualizar el POT, por qué no tiene los recursos para actualizarlos, indicó el senador Ferney Silva Idrobo, se debe buscar la reglamentación para que exista una justicia social.

El citante senador Marcos Daniel Pineda expresó que estecon este tipo de iniciativas se ayudan a departamentos que no tengan mucha densidad poblacional pero que tienen igual de necesidades sociales, ambientales, territoriales, cómo el Caquetá, rico en riqueza naturales, pero no goza de tener la autonomía territorial ni el presupuesto para explotarlo en materia de desarrollo territorial, pidió evaluar el tema de catastro multipropósito, puntualizó que, está perdiendo la naturaleza para el cual fue creado.

El mismo fue convocado por la senadora de Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos. Ministros del Interior y Defensa no asistieron.

Bogotá, agosto 20 de 2024 (Prensa Senado). La plenaria del Senado de la República dio inicio este martes al debate de control político a diferentes autoridades nacionales sobre la situación que viven los niños y adolescentes que han sido afectador por los distintos grupos armados ilegales en el reclutamiento forzado.

Al respecto, la citante del mismo, senadora del Partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos Cuéllar, manifestó que “expuse la situación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y grupos delincuenciales, en control político que lideré en plenaria del Senado”.

Citó que esta práctica llevó a que en 2023 se registraran 184 casos de reclutamiento forzado, mientras que en lo que va de 2024, ya se han registrado 159 casos, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados.

Señaló que el año anterior el 91.1% de los casos fueron atribuidos a las FARC y en este año se observa la participación del EPL, ELN y otros grupos, “esto muestra un patrón de violencia que persiste en nuestro país”.

Destacó que “las alertas tempranas han sido una herramienta crucial para prevenir el reclutamiento de menores. Entre 2018 y 2023, se emitieron 299 alertas, 251 de ellas con alto riesgo. Sin embargo, se necesitan estrategias más efectivas para mitigar estos riesgos”.

La senadora pidió fortalecer la política pública de prevención, crear un sistema de información unificado y garantizar la confidencialidad de las víctimas y denunciantes. 

La citante señaló además “no podemos permitir que más niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas del conflicto armado. Es nuestra responsabilidad, como sociedad y Estado, garantizar su protección y bienestar. ¡Es hora de actuar con firmeza y determinación!”.

Por su parte la senadora Berenice Bedoya Pérez, de la ASI, indicó que “hay que reforzar a los planteles, ya que los grupos armados van a estos lugares a buscarlos y seducirlos para reclutarlos. No debemos permitir que se vulneren sus derechos”.

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó que “en la última década, se han reclutado a más de cinco mil víctimas, esto muestra que la política de paz total,ha sido un fracaso”. A su turno la senadora del Partido Conservador, Liliana Benavides señaló que “este es un tema que nos entristece como sociedad. Este flagelo amenaza al futuro del país. Debemos exigir al Gobierno Nacional soluciones inmediatas para proteger a nuestros niños”.

Para la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, consideró que “esto es un delito y un crimen de lesa humanidad. No permitiremos que el reclutamiento de nuestros niños quede en la impunidad”. 

Por el gobierno intervino ante la plenaria la ministra de Justicia y El Derecho, Angela María Buitrago, quien planteó que se están implementando una serie de programas para el fortalecimiento de las familias, que son “todas las articulaciones interinstitucionales necesarias y fundamentales, para atender los casos de reclutamiento. Estamos trabajando en una política para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescente