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Comisión de Ordenamiento Territorial eligió nueva mesa directiva

El presidente saliente, Guido Echeverry Piedrahita, felicitó a los nuevos directivos y destacó que “el ordenamiento territorial se ha posicionado como un tema central en la discusión pública nacional. Enfrentamos retos importantes para avanzar en descentralización y autonomía de las entidades territoriales”.

Por Lina Martínez.

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2025(prensa Senado). -La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República elogió por 10 votos a Ferney Silva, Pacto Histórico, como presidente y como vicepresidente con la misma votación a Alejandro Vega, Partido Liberal. 

Durante la sesión, la senadora Esmeralda Hernández, Alianza Verde, agradeció a Echeverry Piedrahita por su “rigurosidad en el trabajo desarrollado durante la legislatura que concluye, siempre atendiendo las prioridades de los territorios”.

Por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda resaltó que la comisión “ha mantenido, durante tres años, su vocación regional para conectar al país con su gente”, destacando que es la comisión que más se ha desplazado a las regiones, con más de treinta sesiones realizadas en los territorios.

El senador Didier Lobo también enalteció a Echeverry Piedrahita, a quien calificó como un presidente “conciliador, que dio relevancia a las propuestas de todos los miembros de la comisión”. En la misma línea, el senador José David Name afirmó que su presidencia “fue dedicada y participativa, dejando la vara muy alta para los próximos directivos”.

Dando fin al acto protocolario los nuevos directivos se posicionaron y aceptaron ante juramento, la presidencia y la vicepresidencia de la comisión territorial.

Es claro para la Comisión que avanzar hacia una verdadera descentralización requiere visitar, recorrer y examinar cada municipio del país. Esta labor, además de ser un compromiso necesario, constituye la esencia y el propósito de la Comisión de Ordenamiento Territorial, una célula legislativa que reafirma su convicción de tener presencia en territorio.

Senado inicia trámite para frenar llamadas publicitarias y democratizar pauta estatal

El senador Robert Daza presentó dos iniciativas legislativas: la ley “No me llames, yo te llamo”, que busca proteger a los ciudadanos del acoso telefónico comercial, y la “Ley de Tercios”, que propone una distribución equitativa de la pauta oficial entre medios comunitarios, públicos y privados.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá D.C; agosto 6 de 2025 (Prensa Senado) Con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos frente al uso abusivo de sus datos personales y promover una distribución justa de los recursos estatales destinados a la comunicación, el senador Robert Daza Guevara,  radicó este martes dos proyectos de ley en el Congreso de la República.

El primero, titulado “No me llames, yo te llamo”, busca frenar las llamadas y mensajes no solicitados con fines publicitarios o promocionales, especialmente por parte de empresas de telecomunicaciones, entidades financieras y plataformas digitales. Solo en 2024, los colombianos recibieron más de 9.700 millones de llamadas comerciales no autorizadas, muchas de ellas vinculadas a fraudes.

Entre las medidas destacadas del proyecto se encuentran: fortalecer el Registro de Números Excluidos (RNE); prohibir llamadas internacionales no autorizadas por los usuarios; etiquetar obligatoriamente las comunicaciones comerciales; limitar a una llamada por día y tres al mes por empresa; crear un Registro Nacional de Reclamaciones; y establecer la responsabilidad solidaria para empresas que compren o usen datos personales sin consentimiento.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la privacidad, seguridad digital y tranquilidad de los usuarios frente al creciente acoso comercial.

Por otro lado, el senador Daza radicó la “Ley de Tercios”, que plantea una reforma estructural en la distribución de la pauta oficial del Estado, estableciendo que esta se reparta de manera equitativa en tres partes iguales entre medios comunitarios y alternativos, medios públicos (nacionales, regionales y locales) y medios privados.

Esta propuesta busca descentralizar el acceso a la pauta estatal, actualmente concentrada en grandes medios comerciales, y garantizar que los recursos públicos lleguen a medios que cumplen funciones informativas en territorios rurales, zonas de difícil acceso y comunidades históricamente marginadas.

Durante la presentación del proyecto, organizaciones sociales, activistas y medios comunitarios expresaron su respaldo. “No hay democracia real si solo unos pocos tienen derecho a narrar el país”, afirmó Olimpo Cárdenas, activista por la paz. Por su parte, María Alejandra Pérez, presidenta de la Asociación Nacional de Televisión Comunitaria, calificó la iniciativa como “una reivindicación histórica para más de 300 canales locales” que operan con escasos recursos desde hace décadas.

Ambos proyectos reflejan el compromiso del senador Daza con la democratización del acceso a la información, la equidad en las comunicaciones y la defensa de los derechos de los usuarios digitales, en un entorno cada vez más mediado por las tecnologías y el uso intensivo de los datos personales.

Garantías a contratistas estatales inició discusión en plenaria del Senado

Senadores de diferentes bancadas destacaron el carácter colectivo del proyecto y su importancia para avanzar hacia un modelo de contratación pública más justo y respetuoso de los derechos laborales.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Prensa Senado, 05 de agosto de 2025 (Prensa-Senado).-El proyecto de ley 141 de 2024 Senado: “Por medio del cual se busca proteger a los contratistas de prestación de servicios y se dictan otras disposiciones para evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios en el sector público y la modernización estatal de las plantas de personal”inició su segundo debate en la plenaria de la corporación.

La ponencia estuvo a cargo del senador Fabián Díaz Plata, quien durante su intervención como coordinador ponente fue enfático en señalar que la iniciativa legislativa responde a una realidad que afecta a miles de contratistas en el país: la fragmentación de contratos, falta de continuidad laboral y la inexistencia de garantías básicas como aportes a seguridad social, licencias de maternidad, incapacidades, prima o vacaciones.

“Muchos contratistas terminan trabajando gratis, porque los contratos no cubren todo el año, y eso es un abuso que debemos erradicar”, manifestó el senador, quien también denunció casos de presiones indebidas e incluso situaciones de acoso laboral en diversas entidades del Estado.

El Senador Díaz dijo que el propósito no es modificar la naturaleza civil del contrato de prestación de servicios, sino, garantizar condiciones mínimas de protección.

“Este proyecto no es mío, es de todos, y lo hemos defendido en conjunto a lo largo de varias legislaturas”, señaló el senador santandereano. 

Durante el debate, algunos senadores presentaron mociones de orden cuestionando el trámite del proyecto en la Comisión Séptima. El senador Carlos Fernando Motoa advirtió un presunto vicio de procedimiento, argumentando que los contratos de prestación de servicios son de naturaleza civil y, por tanto, el proyecto debía ser tramitado por la Comisión Primera.

En la misma línea, el senador Alejandro Carlos Chacón sostuvo que, debido a su contenido, el proyecto podría tener implicaciones estatutarias al abordar el uso de datos personales y otros aspectos que, según indicó, no son competencia de la Comisión Séptima.

Frente a los señalamientos, la senadora Angélica Lozano, coautora del proyecto, explicó que esta iniciativa ha sido tramitada en siete ocasiones por la Comisión Séptima, siguiendo la decisión de presidentes del Congreso en diferentes legislaturas, quienes han considerado que su contenido está enfocado en derechos laborales. 

Destacó la senadora Lozano que el articulado regula aspectos como licencias, aportes a riesgos laborales, descanso remunerado, afiliación voluntaria a cajas de compensación. También evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la figura de contratos civiles. “Hay una esclavitud moderna en Colombia, y este proyecto busca ponerle fin. No se trata de cambiar la naturaleza del contrato, sino de garantizar derechos”, puntualizó.

El debate continuará en próximas sesiones con la discusión de proposiciones presentadas por diferentes bancadas.