Es un proyecto que busca responder a las disputas por tierras en el país, uno de los motivos del conflicto armado. También, porque es el motor de la reforma agraria por la que apuesta el presidente.

Por: Karen Lisethe Madera Castro 

Bogotá D.C, diciembre 3 de 2024 (Prensa Senado) Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara avanzaron en la discusión del proyecto de ley por medio del cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, aprobando la proposición con que termina el informe de ponencia. 

Esta iniciativa legislativa es el nuevo poder que la Constitución Política confiere a jueces y magistrados para abordar, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país. Su propósito es garantizar que estas controversias se resuelvan pacíficamente por profesionales capacitados en la administración de justicia, conforme a los principios y objetivos de las normas agrarias.

Este sistema busca solucionar de manera rápida y sencilla las disputas agrarias, asegurando los derechos de todos los actores rurales y reconociendo la especial protección que se otorga al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en las zonas rurales. Además, promueve el desarrollo sostenible del campo y busca mantener la armonía en las relaciones sociales y económicas de estas comunidades.

“Lo que estamos tramitando aquí, no es solo el tema abstracto de la justicia en el campo, sino de micro justicia, aquí ha habido despojo, atrocidades en el campo, violencia, pero hay una especie de injusticia endógena, permanente, donde sin duda el campesino está siempre sometido a una situación de aplazamiento”, dijo el senador Humberto de la Calle.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, indicó que “en los temas que son difíciles, lo importante es que todas las voces sean escuchadas y podamos llegar a proyectos que no asusten a unos y que beneficien a todos. Esta jurisdicción debiera estar dedicada a los campesinos que son los que tienen problemas porque no tienen recursos para pagar los impuestos de sucesión”.

Más reacciones

“Yo considero que este proyecto es bastante mejor que los anteriores, pero también creo que en las ponencias presentadas, hay una serie de consideraciones que son muy importantes, no solamente para tener presente que esto es un derivado del acuerdo de paz, sino, adicionalmente de un exhorto de la Corte Constitucional”, dijo senador David Luna, Cambio Radical.

“Tenemos posiciones unificadas, algunas diferencias en otras, es una herramienta que va a ser válida para darle celeridad a los conflictos de todo tipo agrarios, no tienen que ser de ningún acuerdo de La Habana, conflictos que existen no resueltos, ustedes pueden contar con el respaldo de esta bancada”, agregó la senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático.

Lo hicieron a través de un comunicado de prensa

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2024 (Prensa Senado).- Por considerar que los actuales momentos no son los indicados para aprobar nuevas cargas impositivas para los colombianos, los senadores conservadores que integran las comisiones económicas anunciaron su voto negativo a la iniciativa que impulsa el Gobierno. 

En un comunicado a la opinión nacional, la bancada azul señala que el proyecto contempla un aumento del 20 por ciento en el impuesto de ganancia ocasional para todos los ciudadanos que en adelante reciban una herencia o vendan sus bienes inmuebles o automotores, además de eliminar el régimen simplificado con lo cual se afectarían de manera grave las pequeñas y medianas empresas que se legalizaron en el último tiempo con este estímulo tributario.

A juicio de los congresistas conservadores, aprobar la ley de financiamiento significaría un golpe a las finanzas de los hogares colombianos, pues consideran que la inclusión del denominado impuesto al carbono encarecería la canasta familiar, teniendo en cuenta que se aplicaría todos los automotores que utilizan combustibles fósiles.