Por: Paola Saldaña Bejarano 

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2024 (Prensa Senado)La Comisión Primera de Senado aprobó el  Proyecto de Ley No. 273 de 2024 Senado - 157 de 2023 Cámara. “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el congreso de la república y la ciudadanía, se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los congresistas, y se dictan otras disposiciones”, del cual fue ponente el senador Germán Blanco, del Partido Conservador.

”Esta ley promueve una cultura de apertura de la Información de la transparencia entre el Congreso y la ciudadanía, como algunos la denominan, rendición de cuentas”, señaló el congresista. 

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, quien además  es coautora de la iniciativa, se hizo presente en la sesióny recordó que en el pasado ya se había intentado promover una ley que obligaba a los congresistas a rendir cuentas, pero que infortunadamente no pasó el control de constitucionalidad.

“La rendición de cuentas que había sido aprobada en el Gobierno pasado lo tumbó la Corte Constitucionalporque tuvo vicios de trámite en materia de publicidad. Por esa razón el compromiso fue volver a radicar esta ley (…) el Congreso no tiene una ley de rendición de cuentas en firme. Nos daría a todos una herramienta de utilizar la rendición de cuentas para estrechar el vínculo de representación y el vínculo electoral”, señaló la congresista.

Los integrantes de la Comisión, manifestaron su apoyo al proyectoconsiderándolo como un mecanismo de transparencia complementario al ejercicio público diariode los congresistas, mediante el uso de sus redes sociales. Sin embargo se aclaró que es importante tener claridad respecto a la forma de la rendición de cuentas. 

“Yo creo que la rendición de cuentas debería estar mucho más enfocada en el ejercicio de la coherencia ideológica del congresista en el que muestre toda su gestión respecto a las diferentes iniciativas legislativas”, señaló la senadora Paloma Valenciadel Partido Centro Democrático. 

Igualmente solicitó que los informes no sean extensos sino que por el contrario sean unos “resúmenes ejecutivos”, para que realmente le sirvan al ciudadano y los pueda entender fácilmente. Dicha petición fue apoyada por otros miembros de la célula legislativa.

Tras aprobarse la iniciativa, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao agradeció por la promoción del proyecto.

“La rendición de cuentas buscará que sea amigable para el ciudadano que lo vea y lo entienda fácilmente y que también se facilite la vida para los equipos de trabajo, para que puedan entregar ese informe de rendición de cuentas y que se le facilite también a la corporación hacer este ejercicio que va de cara a la ciudadanía”, puntualizó la congresista.

Derecho fundamental a la Educación

Por otro lado y con la presencia del viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara y la ministra de Educación, Aurora Vergara, se inició la discusión del Proyecto de Ley No. 274 de 2024 Senado - 224 de 2023 Cámara. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones”, del cual son ponentes en primer debate los senadores David Luna Sánchez,de Cambio Radical; Paloma Valencia Laserna,del Centro Democrático; MaríaJosé Pizarro Rodríguez, del Pacto Histórico; Ariel Ávila Martínez, del Partido Aliqnza Verde; Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador; Fabio Amín Saleme, del Partido Liberal; Germán Blanco Álvarez, del Partido Conservador; Julián GalloCubillos, del Partido Comunes; Alfredo Deluque Zuleta, del Partido de la U y AidaQuilcue Vivas, del Partido MAIS. 

Frente a este proyecto la Comisión solicitó concepto al Ministerio de Hacienda con relación a los recursos que se podrían requerir, a lo cual el viceministro Diego Alejandro Guevaraafirmó:  “Ofrezco disculpas por la premura del concepto que llega hasta hoy, pero por mi oficina llegan miles de solicitudes, no encontramos que haya beneficios tributarios en este proyecto y el derecho a la educación tiene la implementación gratuita”.

Respecto a este pronunciamiento, la senadora Paloma Valencia manifestó su preocupación afirmando su desacuerdodebido a que sí se incurre en gastos y porque además hay un impacto fiscal.

“En el concepto del Ministerio de Hacienda vienen unas cifras preocupantes. Dice que el Sistema General de Participación lo que está girando del Gobierno a los territorios para pagar los maestros ha tenido el déficit histórico más alto de los últimos gobiernos (…) el déficit en el 2022 fue de $1.3 billones, en el 2023 fue de $3.8 billones y en el 2024 ya vamos en $3.3 billones. Además están usando los recursos del FOMAG para pagar los sueldos de los profesores”, indicó la senadora. 

El senador Carlos Fernando Motoa, del Partido Cambio Radical, dijo estar en desacuerdo con el concepto del Viceministro. Aseguró que este proyecto no genera impacto fiscal, ya que se está hablando de gratuidad, entre otro. Adicionalmente se refirió a que no hay una justificación válida frente al envío tardío del pronunciamiento por parte del Ministerio de Hacienda a la Comisión Primera donde continuará el debate el próximo jueves 23 de mayo.

Por: Luisa María Llano

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2024 (Prensa, Senado)En medio de una citación a debate de control político, el ministro de Transporte William Camargo como presidente de la junta directiva de la Agencia Nacional de Infraestructurarespondió a los cuestionamientos frente a una posible irregularidad en la revocatoria de concesión del Muelle 13 de Buenaventura. 

El 28 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, decidió de forma unánime no aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria que había aprobado cinco días antes la solicitud de modificación de las condiciones de éstey declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida.

Ante esto, la Procuraduría General de la Naciónabrió investigación tanto al jefe de la cartera de transporte como a quienes integran esa mesa directiva. Para el ente de controllos investigados habrían incurrido en falsa motivación al argumentar en la retractación la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventurasin que hayan aportado evidencias, ni tener concepto al respecto de la Superintendencia General de Puertos ydesconocer el emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.

El senador citante Guido Echeverri Piedrahita, delPartido En Marcha, hizo un breve resumen de los hechos jurídicos que se vienen dando y que pondrían poner al Gobierno Nacional ante la pérdida de una millonaria demanda toda vez que violaron las normas.Para congresista, lo que viene ocurriendo en este lío jurídico se traduce en una presunta falta de motivación de la resolución del 5 de enero de 2024, posible violación al debido proceso y una presunta violación al Art. 11 de la Ley 1 de 1991 sobre la negativa de concesiones.

El ministro de Transporte dijo que, pese a esa nueva situación, el muelle y las actividades allí siguen operando sin ninguna afectación y agregó que en medio del proceso de conciliación que está vigente con la empresa “existen mecanismos que posibilitarían que esa operación se pueda preservar en el tiempo”.No obstante, no explicó porque cambió de opinión si se tiene en cuenta que en la primera reunión del consejo directivo de la ANI votó a favor de la adición y luego, en la segunda, voto en contra de la misma.

A su paso, la ANI respondió ante la Comisión Sexta que la revocatoria por posibles afectaciones ambientales se tomó por unaapreciación de un delegado del medio ambiente.Sin embargo, recordó el senador Echeverri Piedrahita que la autoridad competente es el Establecimiento Público Ambiental Distrito de Buenaventura, EPA, entidad que actualizó el plan de manejo ambiental y que dio el aval a la sociedad Grupo Portuario S.A que opera el Muelle 13.

Finalmente el senador Echeverri aseguró que ahora se vienen problemas de demandas, como la que adelanta el privado Ventura Group por una suma cercana a los 200 millones de dólares y otros procesos como la investigación sobre el debido proceso que ya está realizando la Procuraduría.