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Río Ranchería recobraría su vertiente natural

Comisión quinta del senado aprueba en primer debate que el afluente más importante de La Guajira sea sujeto de derechos

Por Juan Sebastián De la Ossa

Bogotá D.C., mayo 25 de 2023 (prensa Senado).- El Río Ranchería, la arteria fluvial más importante de La Guajira, podría recobrar su cauce y vertiente natural, con la aprobación, en primer debate, de proyecto de ley que reconoce como sujeto de derechos.  

Desde su nacimiento a 3.000 metros sobre el nivel del mar en La Sierra Nevada de Santa Marta, el Ranchería recorre 150 kilómetros atravesando La Guajira hasta su desembocadura en el Mar Caribe, surtiendo con sus aguas a centenares de comunidades indígenas que han visto afectado su diario vivir por las intervenciones humanas sobre el afluente.

De acuerdo con el ponente del proyecto, el senador Inti Raúl Asprilla Reyes, Partido Alianza Verde, este caudal hídrico fue objeto de depredación cuando en el país no se era consciente de la necesidad de proteger los recursos naturales, por lo que en sus ocho artículos el proyecto tiene un objetivo fundamental; “establecer mecanismos para que las comunidades ribereñas, junto con el Estado colombiano, logren apersonarse de la defensa del río y se designe una comisión que se encargue de hacerle seguimiento a la restauración del  afluente, con el fin de restaurar la flora propia del territorio”.

En el mismo sentido se pronunció el senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, quien además de complacido por la iniciativa dijo estar dispuesto y disponible para apoyar todos los mecanismos jurídicos que sean necesarios para frenar la devastación de nuestros ecosistemas, en especial el del Ranchería: “para que éste sea sujeto de protección, conservación y mantenimiento a cargo del Estado y las comunidades étnicas que habitan el departamento de la Guajira”.

Lobo Chinchilla explicó, además, que el río guardaba en su caudal una gran diversidad de florara y fauna, con de más de 460 especies de animales y plantas, sin mencionar la variedad de biomas que van desde el páramo hasta el mangle, pasando por el bosque seco tropical y el matorral espinoso subtropical.

Y propuso: “que la comisión quinta haga una veeduría para la ejecución de las acciones por parte del Gobierno Nacional concerniente al rio Ranchería” y remató su intervención pidiendo acelerar el trámite del proyecto ante la plenaria del Senado. “Yo creo que sí a este proyecto le metemos en acelerador, podría salir de plenaria, antes del 16 de junio”, insistió Lobo Chinchilla.

Además de manifestar su apoyo al proyecto que convierte al río Ranchería como sujeto de derechos, el senador Conservador, Marcos Daniel Pineda García dijo:Al igual que el rio Ranchería, otros ríos que hoy carecen de protección deben tenerla y alzaré mi voz por el río Sinú, el San Jorge, el Cauca y tantos otros que no son inferiores”

Pineda García señaló, que le preocupa el artículo segundo, que establece el nombramiento de dos representantes legales del río; uno escogido por el gobierno y el segundo por la comunidad, al señalar: “las fuentes hídricas deben estar protegidas por el gobierno a través de las autoridades competentes y no por particulares, que no tienen autonomía para representar un recurso natural”.

Defensores de Derechos Humanos piden ayuda y acompañamiento al Congreso en Córdoba

Ante la Comisión de derechos Humanos del Senado, líderes y lideresas sociales denunciaron acoso y hostigamiento por parte de los grupos violentos.

Por Angélica Arango Sepúlveda

Bogotá D.C., mayo 25 de 2023 (Prensa Senado). – La situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento de Córdoba está en crisis, así lo señalaron durante la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, realizada en Montería.

A lo largo de tres horas en el auditorio de la Universidad de Córdoba, líderes y lideresas sociales relataron las dificultades que deben enfrentar, por cuenta del dominio territorial de los grupos violentos y las intimidaciones y hostigamientos que ejecutan los integrantes de las autodefensas gaitanistas.

“En los primeros cuatro meses del año documentamos 56 agresiones contra este tipo de liderazgos en Córdoba.  Por eso hemos hecho un acompañamiento ante las instituciones estatales de nivel nacional para que den una respuesta efectiva”, aseguró Ana María Rodríguez de la Comisión Colombiana de Juristas,

Por su parte Gabriel Domingó, de la Mesa Humanitaria de Córdoba, hizo énfasis en la importancia de tener un territorio libre del conflicto armado, para que la violencia no siga siendo un obstáculo para el desarrollo del territorio y de las iniciativas campesinas, “Les pedimos que nos ayuden a seguir con esta construcción que se ve truncada por los violentos”, dijo.

Después de escuchar los relatos de los diferentes afectados por la violencia, la presidenta de la Comisión Jahel Quiroga, aseguró que se levantará un acta para entregársela al Gobierno y gestionar acciones de seguridad y protección para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el territorio.

“Después de esta audiencia, haremos llegar un informe al Congreso de la República sobre la situación actual y con las acciones a promover para garantizar los derechos de quienes trabajan por las comunidades. La labor social y comunitaria es el primer paso para pensar en la paz total, el proyecto de una paz estable y duradera que está impulsando el Gobierno del cambio”, dijo la senadora Jahel Quiroga, Coalición Pacto Histórico.

Las organizaciones sociales de Córdoba recalcaron que se requiere la colaboración de todos los organismos para seguir con su labor, sin miedo a represalias de los actores armados al margen de la ley que controlan la zona, lo que fue ratificado por la delegada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Juliette de Rivero puso en conocimiento de la audiencia el seguimiento que se an hecho a los ataques a lideresas y líderes de Córdoba e hizo un llamado a las autoridades para que atiendan las denuncias, señalando: “Estamos en contra de las amenazas y los hostigamientos contra las organizaciones sociales. Y pedimos que haya una protección para que sigan cumpliendo su labor, fundamental para pensar en una paz duradera”.

Por su parte el senador Omar Restrepo, del Partido Comunes, lamentó la ausencia de las autoridades regionales y locales, pues considera que su asistencia a eventos en los que se escucha a la comunidad son esenciales para gobernar. “Nos preocupa la ausencia del gobernador de Córdoba Orlando Benítez y los alcaldes de este departamento, ¿dónde están? y ¿cuáles son las políticas que adelantan para frenar la crisis humanitaria?”, puntualizó.

Entre otras denuncias se escuchó de la comunidad que las autodefensas gaitanistas restringen la movilidad y el trabajo de los líderes sociales, al tiempo que declaran objetivo militar a quienes desarrollen trabajos con las comunidades.

“Somos doblemente estigmatizados, desplazados y amenazados, no podemos alzar la voz en el territorio. Invitó a la institucionalidad y a la comunidad internacional a que nos ayuden”, insistió Néstor Moreno Ríos, vocero de la Corporación Córdoba Diversa.

La violencia ejercida contra las mujeres recibió especial atención en el desarrollo de la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos, Ruth Cruz Villarraga reconocida defensora de derechos humanos en ese departamento dijo: “ser lideresa y defensora de derechos humanos en Córdoba es un pecado, una sentencia de muerte. Y tienes que vivir en un estado de alerta constante por las amenazas. No podemos seguir en esta situación”.

Finalmente, la senadora Jahel Quiroga, manifestó que es necesario que la institucionalidad se una para defender la vida de los cordobeses y esclarecer los hechos intimidatorios que se han presentado “toda la institucionalidad se debe convocar para proteger a los defensores de derechos humanos, los líderes comunales, los dirigentes campesinos, líderes indígenas y políticos”.

Además, la presidenta de la comisión aseguró que serán tramitadas todas las denuncias presentadas, al tiempo que se les hará estricto seguimiento, pero advirtió que se exigirá la acción decidida de los organismos de seguridad, al señalar: “necesitamos esclarecer quienes están amenazando a los defensores de derechos humanos y por qué. En Córdoba se evidencia una alta vulneración de los liderazgos, por eso hemos priorizado este territorio”, concluyó.

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Hay que incorporar a los Proyectos Educativos Institucionales de Colombia, el componente de competencias afectivas, S. Carlos Julio González Villa

Un proyecto de ley en ese sentido se presentará ante el Congreso de la República, que busca solucionar múltiples problemas que afectan a nuestra población desde temprana edad.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., mayo 25 de 2023 (prensa senado). – En la comisión tercera del senado de la República se llevó a cabo audiencia pública convocada por el senador Carlos Julio González Villa, Partido Cambio Radical, en virtud del proyecto de ley que presentará en la próxima legislatura, sobre la Salud Mental en Colombia.

Durante su exposición, el congresista González Villa manifestó: “La idea es crear un espacio, para reflexionar y actuar sobre la crisis de salud mental que vive el país, y también para tratar problemáticas que enfrentan niños y jóvenes en Colombia como el acoso escolar, bullying, depresión, intimidación infantil, maltrato, suicidio, entre otros. se pretende incorporar a los Proyectos Educativos Institucionales, PEI, el componente de competencias afectivas en Colombia, y el Ministerio de Educación Nacional sería la entidad que promovería este componente en los PEI de todo el país; desde la formación pre escolar, hasta el término de la educación básica y media”.

Explicó el senador huilense, que dentro del proceso educativo se debe incluir el componente afectivo que hará parte del currículo en todos los niveles formativos de niños y jóvenes, “también crear estrategias de formación permanente a docentes y padres de familia. El proyecto de ley conduce a la necesidad de invertir en salud mental para evitar y bajar el alto número de suicidios en el país, que es uno de los más afectados del mundo por esta -pandemia-. En Colombia, de acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, durante 2021 y hasta julio de 2022, se quitaron la vida 4.149 personas, de las cuales 1.714 eran menores de 29 años”, precisó contundente.

En la audiencia pública intervino también el sicólogo Guillermo Carvajal, quien señaló que en estos tiempos la gente se suicida más que antes, y planteó soluciones desde la educación inicial de la gente y evitar el bullying como manejo de los afectos emocionales. Recomendó que esta educación también sea impartida en universidades e incluir, fundamentalmente a los padres de familia como actores principales de solución a problemas de salud mental.

Miguel de Zubiría, psicólogo, fundador y director científico de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, expresó que la cultura moderna habla un lenguaje afectivo particular y que la post moderna se expresa de manera diferente, razones que causan graves problemas, principalmente a niños, que han quedado totalmente abandonados, “pues sus padres hablan un lenguaje que ellos no entienden”, ratificó.

Por su parte, Liliana Sánchez, directora de calidad para la educación pre-escolar, básica y media, explicó que se deben desarrollar acciones conjuntas con asistencia pedagógica, en las que intervengan docentes, padres de familia, en las instituciones educativas de todas las regiones del país. Manifestó que este trabajo es necesario focalizarlo en cada zona de Colombia, porque son diferentes las circunstancias, por ejemplo, de la Guajira a las de Guaviare, de sectores rurales a urbanas, y que para ello es necesario instruir a docentes, padres de familia, e instituciones, “se debe diversificar el currículo y que el Ministerio de Educación avance en estrategias para evitar deserción escolar, para formar verdaderos ciudadanos, primordialmente felices”, concluyó.

Las entidades presentes, a través de sus delegados, como los ministerios de Salud, y de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Procuraduría General de la Nación, se comprometieron a trabajar conjuntamente para capacitar y actualizar a profesores, en la búsqueda de solucionar este grave problema que afecta a los colombianos.