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Garantías para el derecho a la alimentación, un tema clave para el Senado

La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate dos proyectos de ley estratégicos en materia social y escuchó el informe del presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Mauricio Olívar Bernal.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2025. En primer debate, fue aprobado el Proyecto de Ley 263 de 2024 Senado, que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y reestructura la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este proyecto es impulsado por una amplia coalición de congresistas y fue sustentado por los senadores Martha Peralta Epieyú (MAIS), Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) y  Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa y Libres) y Omar de Jesús Restrepo (Comunes).

Durante la discusión del articulado, el senador Honorio Enríquez (Centro Democrático) intervino respecto al artículo séptimo, que proponía reducir el número de miembros del Comité Nacional de Seguridad Alimentaria. “Quiero destacar el consenso al que llegamos que es la reducción del número de los miembros que integran ese comité lo cual lo podría ser más ágil al reducir y pasar de 46 integrantes a 39 como bien fue aceptado tanto por la senadora Marta Peralta como Ponente y uno de los autores que es el Representante Edward Sarmiento”, indicó el senador.

Tras la deliberación, se llegó a un acuerdo entre ponentes y miembros de la Comisión para reformular el artículo y permitir una composición más eficiente pero sin excluir sectores relevantes, garantizando así la operatividad del Comité sin debilitar su carácter plural y técnico. Con este consenso, se dio luz verde al proyecto completo para su paso a segundo debate en plenaria.

El senador Fabián Díaz celebró la aprobación afirmando: “Este es un paso hacia un país donde el hambre no sea parte del paisaje diario de millones de familias”. A su vez, la senadora Martha Peralta subrayó: “La seguridad alimentaria debe ser política de Estado. Este sistema permitirá articular entidades y garantizar progresivamente este derecho fundamental”.

Durante la jornada legislativa también se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 204 de 2024 Senado, el cual busca implementar un Sistema Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. El proyecto plantea estrategias de cero tolerancia al consumo inicial, así como el fortalecimiento de la oferta de servicios para atención integral con calidad.

La senadora Esperanza Andrade, quien sustentó el proyecto, explicó que se trata de una política pública de largo alcance para atacar el consumo desde la raíz. “Este proyecto es una apuesta preventiva y protectora. Queremos que los menores crezcan en entornos sanos, informados y libres del flagelo de las drogas”, afirmó la congresista. El proyecto también cuenta con la ponencia de las senadoras Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Mauricio Liévano Bernal, presentó ante la Comisión el informe de gestión del cuarto trimestre de 2024. Señaló que actualmente más de 3,6 millones de ciudadanos están inscritos en SIMO, la plataforma oficial para concursos de méritos, y que el 54 % de los ganadores han sido mujeres.“Nuestros procesos son imparciales, públicos y transparentes. Se consolidan como una vía real de movilidad social y acceso al empleo digno”, expresó Liévano, quien también destacó que cerca de 6.200 vacantes ofertadas no requieren experiencia, lo que abre oportunidades a jóvenes y personas recién egresadas.

Con estos debates y decisiones, la Comisión Séptima avanza en su agenda legislativa orientada a garantizar derechos sociales, mejorar la gestión pública y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Debate alzas en tarifas de energía y servicios públicos

Un fuerte llamado realizaron senadores de la Comisión Quinta del Senado al Superintendente de servicios públicos por los aumentos en las tarifas y los riesgos sobre los posibles apagones en el país.

Por: Nataly Sánchez Gual

Bogotá D.C., de mayo de 2025 (Prensa Senado)En una reciente sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República, se llevó a cabo un debate de control político centrado en el incremento de las tarifas de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), y su impacto en los usuarios, especialmente en regiones como la Costa Caribe.

El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, expresó su preocupación por la falta de efectividad en las medidas adoptadas por el gobierno para reducir las tarifas, señalando que las acciones tomadas hasta el momento no han logrado aliviar la carga económica de los ciudadanos. El senador hizo énfasis en hecho de que la super intendencia no ha realizado las acciones adecuadas en beneficio de los usuarios. “Nosotros lo hemos dicho varias veces en esta comisión quinta, superintendencia le quedó pequeño al mercado, que la superintendencia ha sido negligente, superintendencia ha sido despiadada con los colombianos, con los usuarios”. Afirmó el Senador Barreto. 

Por su parte el senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical, expreso que las crisis de la tarifas de energía en la región caribe, así como el gas natural y el gas licuado de petróleo es lo que afecta a millones de hogares en Colombia. “La crisis de la tarifa de energía, especialmente en la región caribe, el gas Natural, el Gas Licuado de Petróleo, el grave retraso en el pago de los subsidios por parte del gobierno nacional, más de 2.7 billones de pesos solo en subsidios de energía eléctrica, más de 800 mil millones en gas natural, el GLP, la deuda supera los 68 mil millones de pesos, ese subsidio que va a las familias más pobres de este país”. Expresó el senador del Partido Cambio Radical.

El senador José David Name, del Partido de la U,manifestó la preocupación por un posible apagón a causa la deuda que tiene hoy AIR-E, haciendo énfasis en que los principales responsables de una situación como está sería el superintendente de servicios públicos y el presidente de la República. “Ya las deudas pos-toma, van a pasar las deudas de pre-toma y al día de hoy usted no ha pedido un solo peso, usted hizo una abono de 148 mil millones de pesos, que eso no sirve de nada  y a eso súmele que el gobierno nacional tiene problema de caja y no le ha podido pagar los subsidios no solamente a aires si no a la mayoría de las empresas del país, públicas y privadas, porque no hay plata, la crisis es demasiado grande”. 

El senador Inti Asprilla del partido Alianza Verde, hizo énfasis en el hecho de que esta problemática viene desde gobiernos pasados, y que no es el estado el que debe venir a solucionar“Pareciera que hay una creencia que cuando se hace una intervención, el Estado tiene que, a como de lugar pagar las deudas,  los malos manejos, y responsabilidades de quienes manejaban la empresa” haciendo énfasis en que se necesitan propuestas para solucionar este problema que no es directo de este gobierno. 

El superintendente de servicios públicos, Libardo Yanod Márquez Aldana explicó que ellos realizan una evaluación constante para verificar cual es la situación de cada una tanto en energía como en gas y combustible, “En este momento nuestra labor se concentra, en tratar de mantener el servicio por qué es nuestra principal obligación, garantizar que el servicio se mantenga, y eso es lo que hemos hecho con apoyo de la CREG y el ministerio de minas”

El debate también abordó la necesidad de revisar el comportamiento de las empresas de servicios públicos y de garantizar que las políticas energéticas beneficien a los usuarios. Así como también que se garanticen que las generadoras térmicas tengan los recursos  para evitar un apagón en el próximo fenómeno del niño. 

Comisión Séptima rechaza enfáticamente el abuso infantil

Durante la sesión del 7 de mayo, la Comisión Séptima del Senado se pronunció enfáticamente en rechazo, frente al caso de abuso infantil presentado en un jardín infantil.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2025. Durante sesión ordinaria, la Comisión Séptima del Senado de la República expresó un enérgico rechazo al reciente caso de abuso sexual contra un menor de edad, hecho que ha conmocionado al país. La indignación fue acompañada por un llamado a las autoridades para que garanticen justicia.

La senadora Nadia Blel Scaff, se pronunció con una contundente constancia en la que repudió un reciente caso de abuso sexual contra un menores de edad. “Como mujer, madre y congresista, no puedo dejar pasar este hecho sin pronunciarme. El abuso contra niños y niñas debe ser castigado con la mayor severidad posible. Es responsabilidad del Estado protegerlos”, declaró la presidenta de la célula legislativa, haciendo un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades judiciales y administrativas del país.A su voz se unieron los demás Senadores de la célula legislativa.

A este rechazo se sumaron otros miembros de la célula legislativa, el senador Fabián Díaz Plata, pidió reforzar el marco normativo en prevención de la violencia infantil. La senadora Esperanza Andrade Serrano añadió: “Blindar la infancia es una tarea de todos. No basta con indignarse, hay que actuar con responsabilidad institucional”.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del senador Miguel Ángel Pinto, quien criticó el enfoque del presidente de la República frente al caso:“Es lamentable que el presidente se refiera con perdón al agresor y no haya una sola palabra para la víctima. No se puede normalizar un hecho tan grave ni minimizarlo con una invitación a la reconciliación con quien ha destruido la vida de un niño”, señaló Pinto, visiblemente indignado. “Desde el Estado debemos proteger a los menores y solidarizarnos con ellos, no con sus agresores. Este no es un error que se perdona, es un delito que debe castigarse con todo el peso de la ley”, añadió.

La Comisión Séptima reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y anunció que continuará impulsando proyectos legislativos para prevenir todo tipo de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes, garantizando entornos seguros y justos para su desarrollo integral.