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Senado propone abaratar costos educativos en el país

El establecimiento de costos exagerados en las universidades afecta las garantías del derecho a la educación, al constituirse en una barrera para acceder al mercado laboral, aseguran legisladores. 

Por Edwin Gutiérrez

Bogotá, D.C., noviembre 18  de 2022 (Prensa Senado). En medio de una serie de protestas convocadas por estudiantes de  diferentes universidades privadas  especialmente en Bogotá, en donde los jóvenes argumentan que el alza en los costos educativos resulta muy elevada, la Comisión Sexta del Senado de la República mediante el trámite de un proyecto de ley  propone precisamente  abaratar los costos de algunos de estos servicios educativos en el país.

“La presente iniciativa tiene por objeto regular y reducir el alto costo de los derechos de grado, como consecuencia de los cobros injustificados que por este concepto se puedan estar haciendo en las instituciones de educación superior en el país, las cuales se presentan como una carga o barrera adicional al estudiante que puede limitar la continuación de sus actividades académicas o profesionales, una vez finiquitados la totalidad de los requisitos académicos para acceder al grado”, señala el informe de ponencia de esta inicitiva que comienza su trámite en el Senado.

Actualmente los costos para los derechos de grado oscilan entre 100 mil y 700 mil pesos para pregrado y entre 500 mil  y hasta dos millones de pesos para posgrados.

A juicio del senador del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo ponente del proyecto, “el establecimiento exagerado de este costo impacta en las garantías del derecho a la educación y ejercicio de una profesión, al constituirse como una barrera financiera para acceder al mercado laboral”.

Actualmente las instituciones de educación superior gozan de autonomía administraiva y pueden fijar el valor de estas tarifas según su propio criterio, sin embargo el senador ponente advierte que las universidades deben tener en cuenta la actual situación de la economía en el país.

“Esta situación amerita un replanteamiento de los mecanismos de control y límites a la autonomía con miras a preservar los derechos fundamentales de los educandos y la función social del servicio educativo”, sostiene el senador Trujillo.

Este proyecto de ley es producto de la acumulación de dos iniciativas que persiguen este mismo objetivo: regular las tarifas de los derechos de grado y reducir el costo educativo en el país.

ABC del proyecto de ley que da garantías a consumidores del E-commercio

Esta iniciativa pasa a segundo debate en la Plenaria del Senado, y su autora es la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador

Por Martha Lucía Lacouture 

Bogotá D.C., noviembre 18 de 2022 (Prensa-Senado). Para el estudio de la plenaria del Senado está por llegar el proyecto de ley por medio del cual se les dan garantías a los consumidores del E-commercio. Este el ABC para entender su alcance. 

¿Qué busca esta propuesta? 

Establecer normas que sean aplicables al comercio, operaciones y negocios en línea, y brindar protecciones para las personas en la relación de compra-venta.

¿Cuál es el papel de los proveedores dentro de este proyecto? 

Los proveedores tendrán la obligación de brindarle a sus clientes una información clara y precisa, y que sea totalmente accesible, primordialmente sobre las características de los productos que ofrecen mediante medios electrónicos; así mismo deberán contar con plataformas digitales adecuadas donde los clientes podrán dejar sus quejas, dado el caso que el producto salga defectuoso o se tenga que hacer algún cambio por equivocación del mismo.

¿Las empresas que labor van a desempeñar?

Estas tendrán que facilitar un plan eficaz de atención al cliente de comercio electrónico, que se desarrollarán dentro de los mismos canales de fácil acceso para la comunicación entre las dos partes (empleado y consumidor). También deberán reglamentar el comercio a través de redes sociales. 

¿Qué problemas se presentan en las transacciones de compra-venta?

 Los más frecuentes inconvenientes que han ocurrido son de bienes y servicios no entregados, aunque los pagos sean efectuados; las garantías no reconocidas por parte de la empresa;  alteración de precios; entrega de productos que no corresponden a los ofrecidos; un tiempo de entrega que excede el prometido, la falta de responsabilidad de los proveedores o administradores de plataformas web, entre otras quejas planteadas por los clientes.

Si esta iniciativa logra pasar en segundo debate, sería una excelente oportunidad para solucionar la desprotección en la que están los consumidores.

Comisión Primera realizó control político sobre la construcción del Metro en Bogotá

Durante el debate se dio la firma de una carta por parte del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, donde se solicitó al DNP la convocatoria al Conpes para autorizar el otorgamiento de la garantía soberana para que la empresa Metro contrate operaciones de crédito público para línea 2.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, D.C., Noviembre 17 de 2022 (Prensa Senado).  En la jornada de este jueves en la Comisión Primera del Senado, se llevó a cabo un debate de control político sobre el proyecto de construcción del Metro de Bogotá. Allí se hicieron presentes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes y otros funcionarios del Gobierno Nacional. Durante la discusión se acordó enviar una carta donde solicita al Departamento Nacional de Planeación convocar a Conpes para dar un respaldo financiero de la Nación e iniciar la contratación de la 2da línea del Metro.

 Este debate fue convocado por el senador David Luna, del partido Cambio Radical, en el que se pretendía saber la situación actual de la construcción del Metro. En su intervención inició abordando el hecho histórico que desde hace 70 años los bogotanos han escuchado distintas versiones sobre este proyecto. También, enfatizó que con esta reunión quería lograr concesos, encontrar puntos en común y un trabajo mancomunado.

El senador Luna explicó que este Control Político nace por las declaraciones dadas por el Presidente de la República, Gustavo Petro, en el que dice hacer cambios para subterranizar tramos de la primera línea de Metro de Bogotá, y plantea tres importantes puntos de este debate: Los riesgos contractuales, los riesgos presupuestales y los riesgos reputacionales.

Los congresistas de esta célula legislativa manifestaron su preocupación frente al desarrollo del metro. Entre los intervinientes estuvo el senador Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, quien habló sobre los sobrecostosos que tiene el metro elevado y propuso la creación de una comisión para hacer seguimiento a la construcción del metro. Por su parte, la senadora Angelica Lozano, del Partido Verde, trajo a colación la historia de Medellín, ya que esa ciudad mantuvo una madurez política para trabajar en la construcción de su metro, en la que priorizaron a los ciudadanos y no los asuntos políticos.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López afirmó que: “No solo es una obra de infraestructura, es el motor de crecimiento social, económicos, y de recuperación de trabajo que tiene hoy Bogotá. Es la obra urbana más importante para mitigar el cambio climático”, y clarificó en qué estado está la obra: La primera línea es un contrato de obra, con la que los ciudadanos podrán empezar a movilizarse en 2028 y la segunda se encuentra en la fase de contrato de financiación y en un año pasará a contrato de obra. Su fecha estimada de uso será hasta 2032.

Así mismo, la alcaldesa aclaró la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro, en la que hay preocupación por el impacto urbanístico, patrimonial, social y ambiental que podría afectar al centro histórico de Bogotá, que está lleno de llenos de bienes culturales y coloniales. Por esta razón, el Presidente pidió información, técnica, financiera y jurídica, con la que él pueda tomar una decisión informada y responsable.

Por último, el senador citante David Luna, agradeció el compromiso del Gobierno. Sin embargo, manifestó su preocupación por una contradicción de lo dicho por el ministro de Transporte y lo escrito por el ministro de Hacienda.