GOV CO

WEB 1 1

Noticias

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

“En Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque…” S. María José Pizarro.

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2022 (prensa senado).- Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo número 033 de 2022 Senado, 002 de 2022 Cámara, que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar en Colombia la venta del cannabis para uso adulto.

Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, su ponente, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, sostuvo que, “en Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto".

Y agregó la congresista Pizarro Rodríguez, que el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis, “en Colombia, fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. La Corte Constitucional señaló en 1994 que el porte y consumo son acciones dentro del ámbito privado y no afectan los derechos de las demás personas”, precisó.

Por su parte, la senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, sostuvo: "La droga destruye nuestro país y causa violencia, por lo que en vez de apostar por la regularización, tenemos que educar a nuestros niños para cambiar nuestra sociedad".

De otro lado, el senador Alirio Barrera, Centro Democrático, rechazó el proyecto y argumentó, “es triste ver al Congreso legalizar lo ilegal, lo que daña la juventud, lo que va a dañar al país. Cuál es el afán de llevar la sociedad a un vicio; una ilegalidad disfrazada de legalidad. Quieren convertir a Colombia en paraíso de drogas; vamos a ser el puerto cocalero más grande del mundo. Nos van a hacer ver como la súper chimba, lo único que faltó fue que trajeran una muestra”.

El autor del proyecto, representante Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, sostuvo que es histórico el avance que ha tenido esta reforma constitucional, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.

Precisó el congresista Losada Vargas, que el cannabis lo van a poder adquirir las personas que sean mayores de 18 años. Cabe anotar que la iniciativa contó con el apoyo del Partido Liberal, del Pacto Histórico, la Alianza Verde, un sector del Partido de la U, y también de Cambio Radical; pero no contó con los votos del conservatismo, ni del Centro Democrático.

Se firma alianza por la niñez afrocolombiana 2022-2026

En el marco del evento de reconocimiento a los afrocolombianos del año, la comisión legal afro del senado de la república se reunió en la escuela de gobierno de la universidad de los Andes, para protocolizar, junto con otras entidades defensoras de la niñez, este importante logro.

Por: Concha Bernal

Bogotá D.C., diciembre 5 de 2022 (prensa senado).- En el edificio Mario Laserna, de la universidad de los Andes, se dio inicio a la agenda que reunió de manera especial a la mesa directiva de la Comisión legal para la protección de los derechos de la población afrocolombiana, el ICBF, aeioTU y Niñez Ya, para firmar el acta oficial de la alianza por la niñez afrocolombiana.

Con esta alianza, los suscritos declaran la intención de coordinar esfuerzos en procura de alcanzar la internacionalización de la atención integral a la primera infancia en 80 municipios, de 13 departamentos, con alta población afrocolombiana; así mismo, mejorar la calidad pedagógica de la atención a 100 mil niños y niñas de estas localidades, para estimular el crecimiento en todo su potencial.

La Representante a la Cámara, Astrid Sánchez Montes de Oca, Partido de la U, presidenta de la comisión, afirmó en su intervención que es inminente crear un plan de acción para reducir los índices de violencia contra la niñez, así como las brechas de desigualdad que son muy evidentes en estos territorios.

Por su parte, el senador Paulino Riascos, Pacto Histórico, integrante de esta comisión, respaldó la iniciativa y manifestó que la atención a la niñez en Colombia debe ser prioritaria, sobre todo por la delicada situación de los casos que se han presentado recientemente en Boyacá; e hizo un llamado a la bancada, para fortalecer el trabajo en defensa de los derechos de niños y adolescentes afrocolombianos.

Líderes afrocolombianos, asistentes al evento se congratularon con el evento, en que la academia, la sociedad civil, los gobiernos, la cooperación internacional y la Comisión Legal Afro se comprometieron a ponerle la lupa a temas como la desigualdad, la salud y la educación, así como a unir fuerzas para lograr la eficacia en la aplicación de políticas públicas, que ayuden a resolver las problemáticas de esta población.

Avanza discusión de prohibición del fracking en senado

Comisión quinta del senado no dio más larga al debate sobre la negativa a la tan cuestionada modalidad de exploración petrolera en el país, y tras seis horas de interlocución aprobaron ponencia para que continue a debate, en plenaria de Senado. 

Por Joshua Escobar Rengifo

Bogotá, D.C., diciembre 5 de 2022 (prensa senado).- Luego de tres intentos fallidos, la comisión quinta del Senado llevó a cabo la discusión sobre el fracturamiento hidráulico y la exploración de yacimientos convencionales y no convencionales.

La sesión se adelantó en presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; el ministro del Interior, Alfonso Prada; la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y representantes de Ecopetrol.

Cabe resaltar que este proyecto de ley tiene tres ponencias que se discutieron durante la sesión de esta célula legislativa. La primera en ser debatida fue la radicada por la Senadora del Centro Democrático, Jenny Rozo Zambrano, con la que buscaba que el Proyecto Ley fuera archivado. 

En ese sentido, la congresista cundinamarqués, manifestó: “Hay varios mitos sobre el Fracking, que debemos desmentir; el fracturamiento hidráulico no pone en riesgo las fuentes de agua, se realiza 3 km por debajo de los acuíferos; tampoco es cierto que se usan grandes cantidades de químicos, cuando en realidad,  emplea entre 4 y 16 aditivos químicos que los encontramos en elementos de uso diario, como el jabón, la crema de dientes, entre otros. Debemos aprovechar este potencial energético,  garantizar la soberanía energética del país y prevenir riesgo macroeconómicos. Las reservas del país en crudo son de 6.3 años y 7.7 en gas”.

La congresista Rozo Zambrano señaló que con la prohibición del fracking en el país, se perderían 95 mil empleos; la nación tendría un riesgo de autoabastecimiento, dado que los yacimientos convencionales, no brindan seguridad; y se vería sacrificado el desarrollo y estabilidad económica. “Nosotros recibimos 434 billones de pesos por este sector, el equivalente a 17 reformas tributarias. Perderíamos el 40% de la inversión extranjera”, añadió la senadora del Centro democrático.

Por otro lado, el Senador de la costa caribe, Jose David Name, partido de la U,  indicó: "El país necesita una transición justa y adecuada. Estoy de acuerdo con la eliminación del fracking, pero no podemos acabar de tajo el sector de hidrocarburos. Apoyamos la promesa de campaña que hizo el Presidente Gustavo Petro, Prohibir el Fracking; pero no creo que el Presidente se refiera a prohibir toda la industria petrolera y poner en riesgo las finanzas de la nación. Yo escucho que se puede traer gas de Venezuela, eso hoy no es real, no tenemos el gasoducto. No podemos mandar una señal errónea a la industria petrolera, que el dólar se siga disparando y se afecte la inflación que no ha parado de subir".

En ese mismo,  el senador Miguel Ángel Barreto, Partido Conservador, señaló:  “Nosotros también decimos no al fracturamiento hidráulico,  nosotros cuidamos el medio ambiente, esa es una de nuestras prioridades y también lo es ser responsables con la seguridad jurídica de la nación. No queremos un mal mensaje lleno de incertidumbre financiera y jurídica a nuestro país; nosotros no queremos que aumente la pobreza, debemos ser responsables con las decisiones que tomemos”.

Señaló además el congresista, que la pérdida por prohibir la fracturación hidráulica vertical, desviado y horizontal, de una sola etapa, en los yacimientos convencionales existentes, rondaría entre $ 13,2 y 20,8 billones, de los ingresos corrientes de la nación.

Por su parte, el senador cucuteño Edgar Díaz Contreras, Cambio Radical, recalcó: “Necesitamos enviar un mensaje a la comunidad internacional; hay contratos que ya fueron elaborados por el estado, y hay contratos que están   en ejecución. Nosotros tenemos que evaluar cómo hacer para que el país tenga esa seguridad jurídica y no existan demandas multimillonarias contra la nación”. 

  

En otro sentido, durante la exposición de la ponencia que ratifica la prohibición del fracking, realizada por la senadora Esmeralda Hernández Silva,  Pacto Histórico, ésta señaló: “Esta es una iniciativa apoyada por 74 congresistas de diversos partidos, que se construyó con la ciudadanía, con los colectivos ambientales, los líderes y lideresas que luchan por la defensa de sus territorios. Este proyecto no busca prohibir la exploración de yacimientos convencionales, porque sería un proyecto totalmente inviable.”

Añadió la congresista, que el proyecto de ley radicado tiene tres objetivos principales: El primero, se centra en prohibir la exploración y producción en yacimientos no convencionales; la prohibición de suscribir, adicionar u otorgar licencias dirigidas a YNC; y otorgar un mandato al Gobierno Nacional para formular una política de transición energética justa, “el articulado otorga un tiempo al gobierno nacional, para que se concluyan los contratos suscritos que están vigentes al día de hoy y fueron firmados con anterioridad a la iniciativa”, precisó.

Otro de los ponentes del proyecto de ley, el senador boyacense Cesar Pachón Achury,  Coalición Pacto Histórico, se refirió a lo expuesto por sus colegas: “Le quieren decir a la sociedad colombiana que nosotros queremos acabar con la extracción de petróleo y eso no es cierto.  Lo que debe quedar claro es; a hoy, las regalías por fracking no existen, pero sí va a continuar la explotación de los convencionales, y los departamos seguirán recibiendo las regalías. Lo que vemos, es que al explotar estos YNC, en pozos verticales, desviados o en diferentes formas, nos quieren llevar a seguir en la dependencia de los hidrocarburos, sin permitirnos hacer una verdadera transición energética donde se remplacen paulatinamente, que es nuestra ponencia.”

A su vez, el gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, defendió la postura del proyecto radicado: “Debemos aclarar que lo que dice el programa de gobierno es prohibir el fracking y eso implica los no convencionales. Esta no es una discusión que llegó ayer a la mesa. Esta iniciativa tuvo un referendo democrático. Esta es una discusión que comunidades de las zonas donde se propuso hacer esta práctica, llevan más de una década esperando un debate claro y que no los atropelle. Este programa se convirtió en mandato popular en las elecciones 2022".

Y agregó la titular de la cartera de minas: “Es necesario un régimen de transición, respecto a los 7 contratos de yacimiento no convencionales, que necesitarían tener un cierre para evitar el riesgo fiscal, y eso debe quedar en el articulado con toda la transparencia. En segundo lugar, es muy importante que quede claro que el fracking se refiere al fracturamiento horizontal multietapa.  Hay un fracturamiento que se hace de manera vertical, pero no es el que se conoce como fracking. Tener ese tipo de precisiones nos permite asegurar que no afectamos los yacimientos y la explotación convencional”, remató. 

Por último, con 14 votos a favor, se aprobó la primera ponencia sobre el proyecto de ley, y continua su avance para segundo debate en la plenaria del Senado.