• Para ser ratificado, el Gobierno tendrá que emitir una declaración interpretativa para armonizar el articulado con la legislación andina.

Bogotá, septiembre 20 de 2022.- Con un sí condicionado a que el Gobierno Nacional presente una aclaración interpretativa y una armonización jurídica con la legislación andina, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley 176/21 por medio del cual “se aprueba el tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”.

Se trata de un tratado internacional adoptado durante el 31 periodo de sesiones de la FAO –Agencias de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- en 2001, y que cuatro años después fue ratificado por la mayoría de países firmantes. Hasta el momento Colombia no lo ha hecho.

Con 55 votos a favor, es decir la mayoría absoluta, la plenaria de la corporación aprobó esta iniciativa que busca garantizar el acceso de nuestro país a las 64 especies vegetales producidas o comercializadas por los países firmantes de este instrumento, y que nos convertirían en “una potencia mundial de alimentos”, de acuerdo con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño.

“Ratificar este acuerdo nos permite adquirir una gran trascendencia teniendo en cuenta que muchos de nuestros productos agrícolas son de exportación. No podemos esperar mucho tiempo para desarrollar la producción alimentaria en el país. Con este tratado tendremos acceso a las especies vegetales de semillas adaptadas al cambio climático”, aseguró la funcionaria tras asegurar que desde hace dos décadas ha sido una prioridad para esta cartera en todos los Gobiernos anteriores.

Por otra parte, explicó que la ratificación de este tratado internacional le permitirá a Colombia “participar con poder de decisión en el órgano rector mundial de la gobernanza alimentaria, la FAO, y servirá para el fortalecimiento de la economía campesina y popular”.

En ese sentido, la senadora Gloria Inés Flórez (coalición Pacto Histórico), y presidenta del Parlamento Andino, respaldó la iniciativa, pero dijo que es necesario “hacer una declaración interpretativa sobre los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y locales de los países miembros del tratado”, y agregó que “es necesario armonizarlo con la normativa 391 de 1996 establecida por la Comunidad Andina”.

Otros parlamentarios, como la senadora ponente Paola Holguín (Centro Democrático), defendieron la aprobación del tratado. A ella su sumaron otros legisladores como Paloma Valencia y Carlos Meissel (Centro Democrático); David Luna (Cambio Radical) y Antonio José Correa (La U).

Mientras, senadores como Paulino Riascos, César Pachón, Wilson Arias y Aída Quilcué (coalición Pacto Histórico) pidieron aplazar el estudio de la ratificación del proyecto y establecer garantías para la producción nacional y los saberes ancestrales.

No obstante, el presidente del Senado, Roy Barreras (coalición Pacto Histórico) aclaró que los tratados internacionales “no se pueden modificar: se votan sí o no”.

Al término del debate, la ministra López Montaño dijo que “el Gobierno Nacional acepta la propuesta de una declaración interpretativa del tratado para armonizarlo con la legislación andina”

De esta forma, el tratado pasa a tercer debate en la Cámara de Representantes donde debe surtir dos debates más para ser ratificado por Colombia.

• Esta Comisión se encarga de ejercer funciones de control y seguimiento político al uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la ley.

Bogotá, septiembre 21 2022. - Con éxito terminó en el Senado la jornada de elección de la mesa directiva de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia.

La nueva mesa directiva de esta célula quedó integrada de la siguiente manera: presidenta, senadora Jael Quiroga Carrillo (coalición Pacto Histórico); vicepresidente, representante a la Cámara Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal); secretaria, Silvia Ximena Alvarado Ruiz.

La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia fue creada mediante la Ley Estatutaria 1621 de 2013 para que el Congreso de la República ejerza funciones de control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en esta ley.
Está conformada por ocho congresistas: cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara. Todos deben ser integrantes de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes.

La norma establece que en su conformación esta Comisión tendrá, por lo menos, un representante y un senador de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno.

Actualmente, La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia la integran los senadores Gloria Inés Ramírez Scheneider (coalición Pacto Histórico); Paola Andrea Holguín Moreno (Centro Democrático); Iván Leonidas Name Vásquez (coalición Alianza Verde y Centro Esperanza), y Jael Quiroga Carrillo (coalición Pacto Histórico).

Igualmente, por los representantes a la Cámara Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal); Carolina Giraldo Botero (Partido Verde); Edison Vladimir Olaya Mancipe (Centro Democrático) y Carmen Felisa Ramírez (coalición Pacto Histórico).