Bogotá D.C 11 de enero de 2023. (Oficina de Prensa CLEM) Las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, CLEM, en cabeza de su presidenta, la senadora María José Pizarro, y su vicepresidenta, la representante Lina María Garrido Martín, rechazan contundentemente todos los actos de violencia y acoso contra las mujeres, como lo son los presuntos hechos dados a conocer este fin de semana en medios de comunicación, sobre exigencias sexuales que pudieran estar recibiendo mujeres que trabajan al interior del Congreso de la República.

La CLEM, en su compromiso constante en la lucha contra las violencias que padecen las mujeres colombianas, preocupándose en especial por proteger y mejorar las condiciones laborales para ellas en nuestro entorno inmediato, ha venido trabajando articuladamente con la institucionalidad y de la mano con las mesas directivas y las direcciones administrativas de Cámara y Senado, en la creación del PROTOCOLO DE DENUNCIA FRENTE AL ACOSO Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES AL INTERIOR DEL CONGRESO.

En este marco, manifiesta la entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en las acciones que decidan emprender. Asimismo, comprende y respeta su autonomía para denunciar y/o hacer públicas sus historias y sus nombres.

Finalmente, mediante este comunicado y con el objeto de fortalecer esta lucha a nivel interno y externo, convoca a la Ministra del Trabajo, a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a expertas en el tema y a organizaciones, para realizar mediante una sesión de la Comisión y mesas de trabajo, un diagnóstico y una caracterización del acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia, que permita buscar soluciones concretas, rápidas y efectivas para erradicar este tipo de violencia que nos aqueja.

Contactos denuncias:

Senado Tel. 6832208 (09) - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Cámara Tel. 3904050 (ext 5521) - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recientemente, el Gobierno Nacional sancionó la ley 2283, que modifica la ley 769 del 2002, y que tiene por objeto establecer nuevas reglas para los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), con el fin de garantizar su buen funcionamiento y prevenir accidentes automovilísticos. Ésta, se suma a los esfuerzos del Estado por garantizar la seguridad vial.       

Por Edwin Gutiérrez

Bogotá D.C., enero 11 de 2023 (Prensa senado).- La pérdida de vidas en Colombia como consecuencia de los altos índices de accidentalidad en calles y carreteras del país llevaron al Congreso de la República a robustecer los controles sobre quienes certifican la entrega de licencias de conducción o pases. Se trata de los centros de enseñanza automovilística (CEA), que funcionaban sin marco legal definido y actualizado.

Se trata del Proyecto de Ley 377 de 2022 de senado que en esencia garantiza el buen funcionamiento de los casi 900 centros de enseñanza automovilística que operan en el país.

La iniciativa que cumplió sus cuatro debates,  reglamenta la actividad de estos centros de apoyo al tránsito, para garantizar su buen funcionamiento y principalmente adoptar medidas y mecanismos de prevención y amparo ante la creciente siniestralidad vial en todo el territorio nacional.

Según un informe de la Superintendencia de Transporte las irregularidades que se registran en algunos de estos centros de enseñanza como la certificación para la obtención de licencias de tránsito sin el lleno de requisitos, incide directamente en la pérdida de vidas en las diferentes vías del país.

La idea es regular estos centros de enseñanza y garantizar que certifiquen solamente a aquellas personas que cumplan con las condiciones técnicas para obtener su licencia de conducción y se hagan corresponsables de los permisos otorgados.

Tener una base de datos actualizada de estos centros de enseñanza automovilística y garantizar que cumplan además con todos los requisitos legales para su funcionamiento son otros de los objetivos de este proyecto que pasa a sanción presidencial para convertirse así en ley de la República.