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La discapacidad tendrá presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo: Senadora Aida Avella

El pasado, presente y futuro de las políticas públicas en relación a personas en condición dediscapacidadfue tratado  en el Congreso  de la República.

Por Keir Ernesto Villero Damián

Bogotá D.C., noviembre 19  de 2022- (Prensa Senado) Con la coordinación de la senadora Aida  Avella Esquivel (UP)y con la aprobación de la Comisión Cuarta de Senado se desarrolló  una audiencia pública para conocer del pasado, presente y futuro de las políticas públicas en favor de las personas en condición de discapacidad.

La dirigente política  del Partido Unión Patriótica Avella Esquivel, lamentó la inasistencia de altos funcionarios del estado de la ciudad de Bogotá  y resaltó el esfuerzo de personas cuidadoras y discapacitados  que  se hicieron presentes en el salón de la constitución del capitolio nacional para exponer y escuchar los aportes y desarrollo de la política de la discapacidad.

La congresista Aida Avella  Esquivel, hizo un reconocimiento a la senadora Laura Ester Fortich Sánchez por el proyecto de acto legislativo que avanza en el Congreso en favor de entregarle un asiento en la cámara de representantes  a la población en condición de discapacidad, que hasta la fecha  se encuentra   a punto  que sea una realidad, uniéndose así en derecho propio tal como lo tienen los afros, indígenas, y colombianos en el exterior.

Para la representante del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatriz López, señaló que “las personas con discapacidad deben participaren actividades del entorno social, no pueden esa segregadas, la oferta del ICBF es inclusiva desde la primera infancia  e forma integral”.

Para Nohora Orozco, cuidadora, “en el Bienestar familiar  se viola los derechos de la población en condición de discapacidad, que con la interpretación irregular de la ley 1878 se sacaron a todos los niños de los institutos patrocinados por esa entidad, necesitamos que en el consejo de discapacidad   estén presente 32 personas, que sean parte de  cada uno de los departamentos”.

Nubia Zuta, del Ministerio de Cultura, informó que “el ministerio tiene programas de inclusión a la población de discapacidad,  programas de sonido de esperanza que tiene dos componentes el de víctima y el de población con discapacidad con un presupuesto de 2 mil millones de pesos.

Para Diego López, asesor del Instituto Nacional para Sordos,es importante  cultivar los vínculos entre padres de familia y sus hijos para que los padres entiendan que sus hijosdiscapacitados    pueden llegar a ser  personas  iguales a los demás.

Wilson Franco López, trabajador social, afirmó que “el Ministerio de Salud ha hecho un acercamiento a la cantidad de personas con discapacidad en Colombia, hoy no existe una capacitación  desde la empresa pública privada  para la preparación  de inclusión de las personas discapacitadas, lamentablemente el presidente de la republica  retira la alta consejería para la discapacidad.

De parte del  Ministerio de Justicia Camila Osorio, expresó que “hemos estado atentos con la observancia  frente a los problemas que hoy enfrentan las personas en condición de discapacidad, trabajamos con una red de justicia en asocio con las universidades para que tengan un principio más inclusivo para su capacitación, presentando programa de inclusión, con las secretaria de familias fortaleciendo el acceso a la justicia, y atención a las personas en consultorios jurídicos”.

Paola Andrea Cerón Arboleda, investigadora y docente sobre personas en condición de discapacidad, manifestó que “es importante  que en el dialogo  se dé como abordar estos temas de costos en materia económica, porque  no es lo mismo una familia con una persona en condición  discapacidad  que aquella que no lo la tiene”.

Luz Marina Pérez, especialista en seguridad social dice que “cuando no hay inclusión las personas no existe, es importante  que se tengan en cuenta sus necesidades  para una política pública, que  se asuma  el compromiso  con responsabilidad, con enfoque de derechos humanos  que  se asignen los recursos para que se cumplan los programas de avance”. 

Desde  el departamento de la Guajira Karen De Luque, madre cuidadora, sostuvo que “la falta de  docentes para orientar  a nuestros niños, el ICBF, le deja toda la responsabilidad a las madres cuidadoras, el abandono delos padres a niños en condición de discapacidad  y la ausencia de programas  específicos son las causas del estancamiento de nuestros hijos”.        

Los asistentes pidieron que se cumplan con una programación académica estructurada no solo para los discapacitados físicos y sensoriales, además a los discapacitados cognitivos y de enfermedades  huérfanas conasistencia de salud real sin cobros de copagos, de inclusión laboral para  discapacitados de todo orden  y sus cuidadores. 

Por último la senadora  Aida Avella anunció “vamos a investigar qué pasó con los recursos destinados para la discapacidad, porque alguien debe responder y les informo que en el plan nacional de desarrollo se incluirá el tema de discapacidad para que sea  una realidad para todos”.

Senado propone abaratar costos educativos en el país

El establecimiento de costos exagerados en las universidades afecta las garantías del derecho a la educación, al constituirse en una barrera para acceder al mercado laboral, aseguran legisladores. 

Por Edwin Gutiérrez

Bogotá, D.C., noviembre 18  de 2022 (Prensa Senado). En medio de una serie de protestas convocadas por estudiantes de  diferentes universidades privadas  especialmente en Bogotá, en donde los jóvenes argumentan que el alza en los costos educativos resulta muy elevada, la Comisión Sexta del Senado de la República mediante el trámite de un proyecto de ley  propone precisamente  abaratar los costos de algunos de estos servicios educativos en el país.

“La presente iniciativa tiene por objeto regular y reducir el alto costo de los derechos de grado, como consecuencia de los cobros injustificados que por este concepto se puedan estar haciendo en las instituciones de educación superior en el país, las cuales se presentan como una carga o barrera adicional al estudiante que puede limitar la continuación de sus actividades académicas o profesionales, una vez finiquitados la totalidad de los requisitos académicos para acceder al grado”, señala el informe de ponencia de esta inicitiva que comienza su trámite en el Senado.

Actualmente los costos para los derechos de grado oscilan entre 100 mil y 700 mil pesos para pregrado y entre 500 mil  y hasta dos millones de pesos para posgrados.

A juicio del senador del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo ponente del proyecto, “el establecimiento exagerado de este costo impacta en las garantías del derecho a la educación y ejercicio de una profesión, al constituirse como una barrera financiera para acceder al mercado laboral”.

Actualmente las instituciones de educación superior gozan de autonomía administraiva y pueden fijar el valor de estas tarifas según su propio criterio, sin embargo el senador ponente advierte que las universidades deben tener en cuenta la actual situación de la economía en el país.

“Esta situación amerita un replanteamiento de los mecanismos de control y límites a la autonomía con miras a preservar los derechos fundamentales de los educandos y la función social del servicio educativo”, sostiene el senador Trujillo.

Este proyecto de ley es producto de la acumulación de dos iniciativas que persiguen este mismo objetivo: regular las tarifas de los derechos de grado y reducir el costo educativo en el país.

ABC del proyecto de ley que da garantías a consumidores del E-commercio

Esta iniciativa pasa a segundo debate en la Plenaria del Senado, y su autora es la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador

Por Martha Lucía Lacouture 

Bogotá D.C., noviembre 18 de 2022 (Prensa-Senado). Para el estudio de la plenaria del Senado está por llegar el proyecto de ley por medio del cual se les dan garantías a los consumidores del E-commercio. Este el ABC para entender su alcance. 

¿Qué busca esta propuesta? 

Establecer normas que sean aplicables al comercio, operaciones y negocios en línea, y brindar protecciones para las personas en la relación de compra-venta.

¿Cuál es el papel de los proveedores dentro de este proyecto? 

Los proveedores tendrán la obligación de brindarle a sus clientes una información clara y precisa, y que sea totalmente accesible, primordialmente sobre las características de los productos que ofrecen mediante medios electrónicos; así mismo deberán contar con plataformas digitales adecuadas donde los clientes podrán dejar sus quejas, dado el caso que el producto salga defectuoso o se tenga que hacer algún cambio por equivocación del mismo.

¿Las empresas que labor van a desempeñar?

Estas tendrán que facilitar un plan eficaz de atención al cliente de comercio electrónico, que se desarrollarán dentro de los mismos canales de fácil acceso para la comunicación entre las dos partes (empleado y consumidor). También deberán reglamentar el comercio a través de redes sociales. 

¿Qué problemas se presentan en las transacciones de compra-venta?

 Los más frecuentes inconvenientes que han ocurrido son de bienes y servicios no entregados, aunque los pagos sean efectuados; las garantías no reconocidas por parte de la empresa;  alteración de precios; entrega de productos que no corresponden a los ofrecidos; un tiempo de entrega que excede el prometido, la falta de responsabilidad de los proveedores o administradores de plataformas web, entre otras quejas planteadas por los clientes.

Si esta iniciativa logra pasar en segundo debate, sería una excelente oportunidad para solucionar la desprotección en la que están los consumidores.