Tras una ardua discusión en la que se hizo presente el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño, los miembros de esta célula legislativa aprobaron este importante Acto Legislativo para los colombianos, cuyo ponente es el senador Alexander López.

Por Paola Saldaña Bejarano 

Bogotá, D.C., Noviembre 8 de 2022. (Prensa senado).- Los miembros de la Comisión Primera de Senado aprobaron el Proyecto de Acto Legislativo No. 035 de 2022 Senado - 173 de 2022 Cámara, “por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural”, del cual fue ponente el senador Alexander López del partido Polo Democrático.

El Senador ponente, manifestó que el objeto de esta iniciativa es definir el marco constitucional para la resolución de controversias  respecto a derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de la tierra, de bienes inmuebles, en zona rural, mediante una jurisdicción agraria y rural, y afirmó que desde la época de la colonización, hasta el día de hoy, no se ha tomado una decisión de fondo integral que permita resolver este conflicto y está crisis histórica que se ha  presentado en el país.

El proyecto contiene siete artículos, que como lo precisó el senador López en la presentación de su ponencia, tienen las siguientes características:

• Se crea la Corte Agraria y Rural
• Se define la escogencia de los Magistrados
• Se señalan las funciones de la Corte Rural y Agraria la cual será la jurisdicción de cierre
• La Corte revisará las decisiones judiciales que provienen las autoridades y dirime los conflictos de competencias que se presenten en la jurisdicción
• Se garantizará el enfoque de género y el derecho de las mujeres al acceso a la tierra
• La jurisdicción garantizará el enfoque territorial étnico en favor de las víctimas
• El Acto Legislativo determina una Ley Estatutaria que detalle el funcionamiento, estructura y temáticas de la jurisdicción

En este sentido argumentó el senador Alexander López, “esta es una de las reformas constitucionales más importantes en los últimos 30 años en nuestro país, que busca pagar la deuda histórica que se tiene con el campo colombiano y en especial con las víctimas. Con la legislación actual, afirmaba la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno anterior, se necesitaban 256 años, aproximadamente, para la formalización de tierras de acuerdo con las solicitudes existentes”.

Por su parte, el senador Julián Gallo, Partido Comunes, quien intervino e hizo referencia a su condición de firmante del acuerdo de paz, manifestó que esta iniciativa brinda la posibilidad de solucionar definitivamente los problemas históricos alrededor de la tierra, y que en la ruralidad haya justicia, “esta es una compensación a los campesinos, negritudes e indígenas, y el Catastro multipropósito permitirá conocer quiénes son los propietarios de la tierra y que ésta sea aprovechada para la producción alimentaria que tanto requiere el país”, ratificó contundente.

A la manifestación de respaldo se sumó el senador Humberto de la Calle, Partido Verde Oxígeno, quien manifestó: “Apoyo vivamente el proyecto, nuestro conflicto interno arranca por las falencias del Estado colombiano de buscar soluciones a las familias campesinas”. Así mismo, hicieron saber su apoyo los senadores Alfredo Deluque, Partido de la U; y María José Pizarro, Pacto Histórico, quien argumentó vehemente que esta iniciativa es la posibilidad de resolver el conflicto de las brechas de la tenencia de la tierra.

En sentido opuesto se mostraron las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes se oponen a la creación de una nueva Corte, con el argumento que sería suficiente con una Ley Estatutaria, en la que se creen otros mecanismos como una sala dentro de las altas Cortes existentes, y así evitar altos costos y mayor burocracia. Bajo esta premisa, la senadora Valencia radicó varias proposiciones.

La sesión contó con la presencia del Gobierno Nacional, representado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el viceministro del Interior, Gustavo García. Los representantes del ejecutivo manifestaron su apoyo al proyecto y a la creación de la Corte en mención, teniendo en cuenta los diferentes argumentos respecto a la forma de elección de los Magistrados de la misma.

Así las cosas, los miembros de la Comisión votaron para que este proyecto de reforma Constitucional continuara su trámite hacia la siguiente instancia.

“Este es un proyecto de alto impacto ambiental para el país; Colombia debe avanzar en el proceso de transición energética, no solo en la producción, también en el consumo. Esto es un equilibrio entre la generación de energías limpias y el uso racional de las energías existentes”. S. Marcos Daniel Pineda García. 

Por Joshua Escobar Rengifo 

Bogotá D.C., noviembre 9 de 2022 (Prensa Senado).- En la jornada de hoy, la Comisión Quinta del Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 195 de 2022, que promueve el uso racional y eficiente de energía, y establece lineamientos para planes de eficiencia energética de las entidades públicas.

El Senador Marcos Daniel Pineda García, Partido Conservador, autor y ponente coordinador, explicó que el proyecto tiene como fin trazar una hoja de ruta que dicte el camino para alcanzar las metas de reducción de consumo energético, y promover el empleo eficiente dentro de las entidades públicas: “Este es un proyecto de alto impacto ambiental para el país; Colombia debe avanzar en el proceso de transición energética, no solo en la producción, también en el consumo. Esto es un equilibrio entre la generación de energías limpias y el uso racional de las energías existentes”, precisó.

Según el ponente, Pineda García, el consumo de la energía eléctrica en Colombia durante el 2021, representó 77 mil Gigabytes por hora (Gb/h), de los cuales 11, 800 Gb/h, corresponden a las entidades públicas: “Cerca del 15%, 11,800 Gb/h, que se consumen de energía eléctrica en el país, lo hacen alcaldías, ministerios, gobernaciones, colegios y puestos de salud. El primer paso para darle un buen mensaje de eficiencia energética al país es el ahorro en el consumo que hacen las entidades públicas, con planes medibles. De esa manera avanzamos en una real transición energética”, ratificó.

El Proyecto de Ley, que consta de 11 artículos, plantea que las entidades públicas deberán implementar un plan de gestión para hacer uso racional de energía; así mismo, crear una política de compromiso con indicadores medibles, y señala que las entidades públicas estarán obligadas a presentar ante el Ministerio de Minas y Energía un Plan de Eficiencia Energética Individual (PEEI), y estarán obligadas a implementar al menos uno de los programas contemplados en el Plan, dentro del año siguiente a su presentación.

La financiación para la implementación de los Planes de Eficiencia Energética podrá ser obtenida del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE).

Frente a esto, el Senador Cesar Pachón Achury, del partido Pacto histórico, manifestó: “Los recursos del Fondo de Energía No Convencionales, se deben direccionar para que las Mi Pymes, los pequeños y medianos productores, así como los estratos 1,2 y 3, hagan su transición energética, y en tal virtud proteger y evitar que las grandes empresas se queden con los recursos del fondo”.

Cabe anotar que, consecuente con el proyecto en mención, Pachón Achury radicó una constancia que plantea que los recursos sean obtenidos por medio de los Órganos Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

El proyecto de ley fue aprobado por la comisión, con 13 votos a favor, y cursará su trámite para segundo debate en la plenaria del Senado de la República. La iniciativa, propone entre otros, los siguientes mecanismos:

Incentivos para los entes gubernamentales que presenten las mejores iniciativas en términos de eficiencia energética.

Calificación energética para edificios.

Informes anuales a cargo de los Ministerios de Energía.