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Alrededor de 75 mil personas se encuentran desaparecidas en el país

La cifra la entregó la Directora de la Unidad de Búsqueda, al entregar su segundo informe a la Comisión de Paz.

Bogotá D.C., septiembre 25 de 2019 (Prensa Senado). Cerca de 75 mil personas se encuentran desaparecidas en el país, según la Fiscalía, y solo se tiene información de 4.085, en tanto que en el Instituto Nacional de Medicina Legal hay alrededor de 25 mil restos sin identificar.

Así lo señaló ante la Comisión de Paz, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, al hacer entrega del segundo informe sobre el registro de desaparecidos.

Además hizo énfasis en uno de sus desafíos relacionados con la creación de un mecanismo humanitario extrajudicial, que no existe dentro de la institucionalidad colombiana, y que se considera importante debido a las múltiples dificultades y obstáculos que influyen en la consolidación total de los desaparecidos en el país.

Ante ello, la Comisión de Paz ratificó el compromiso de defender las necesidades presupuestales que tenga la Unidad para desarrollar sus tareas primordiales, analizar la dimensión cualitativa, cuantitativa y los avances de esta frente a la realidad que viven las víctimas en Colombia.

Al respecto, el senador Carlos Antonio Lozada precisó: “Tenemos un problema presupuestal muy grave, de 147 mil millones requeridos al Gobierno únicamente hay disponible 87 mil millones para la Unidad”, cifras que representan un retraso descomunal en la tarea humanitaria para recuperar información y cadáveres de personas dadas por desaparecidas, lo que hace más extensa una respuesta a las víctimas que desean saber sobre sus familiares.

“Dentro del Plan Nacional de Desarrollo realizaremos 10 encuentros con distintos sectores de la población para la consolidación de información, que nos permita determinar quiénes son y dónde pueden estar los desaparecidos”, indicó Luz Marina Monzón.

Avance en líneas de trabajo como el enfoque territorial; establecer cuál es el universo de las personas dadas por desaparecidas, teniendo como base la implementación de ocho planes de búsqueda; pruebas de identificación; garantía de la participación de las víctimas dentro del proceso de búsqueda y construcción de un consejo defensor que involucre la participación de la sociedad civil, son algunas de las tareas de la Unidad.

A lo anterior se suma la elaboración y ejecución de la ruta estratégica, fortalecimiento de las herramientas y las capacidades para poder cubrir escenarios complejos de búsqueda. Con base en ello se podrá presentar a los colombianos el universo real de los desaparecidos, subrayó la alta funcionaria.

Plan de Seguridad anuncia Gobierno, mientras senadores piden garantizar la vida de candidatos

Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseveró durante el debate de control político en torno a la violencia electoral, que el narcotráfico y la corrupción pretenden adueñarse de las entidades. Senador Juan Diego Gómez dijo que ser candidato a cualquier cargo de elección popular en Colombia, “es nada más y nada menos, acercarse a la muerte”.


Bogotá, D.C, 24 de septiembre de 2019 (Prensa Senado).- En el debate de la plenaria del Senado sobre el 'Grave Panorama de la Violencia Electoral', el Gobierno Nacional anunció un Plan de Choque para garantizar la vida y desarrollo de la campaña de los candidatos a las elecciones territoriales, sin embargo, la mayoría de los senadores de las diferentes bancadas instó al Ejecutivo a redoblar los esfuerzos, ejercer la autoridad y la presencia del Estado en el territorio nacional, para el éxito del proceso electoral.

El senador Juan Diego Gómez, citante al debate, resaltó que las estadísticas dadas a conocer por el MOE, Misión de Observación Electoral, son de terror y por eso señaló que ser candidato a cualquier cargo de elección popular en Colombia, “es nada más y nada menos, acercarse a la muerte”.

Fue contundente en afirmar que el Estado no ha sido capaz de garantizar la vida de candidatos y de dirigentes políticos en todo el territorio nacional.

Presentó en videos testimonio de aspirantes a las elecciones asesinados, así como dirigentes regionales, que en sesión informal, se refirieron a las amenazas que han recibido y a la situación de inseguridad que se siente en el proceso electoral en sus respectivas localidades.

El senador Gómez dijo que la situación del país sobre el tema es grave y fue directo en señalar que “lamentablemente la mayoría del gabinete es ineficiente, porque no ha logrado crear confianza con los ciudadanos”.

Velar por la seguridad

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que “este es un Gobierno que no permite la violencia y que velará por la seguridad de todos los colombianos”.

Afirmó que el presidente Iván Duque presentó el Plan Ágora, donde se evidenció riesgos en transparencia y seguridad para capturar el Estado por la corrupción, la alteración del orden público, financiación ilegal y delitos electorales

La ministra Gutiérrez aseveró que el narcotráfico y la corrupción pretenden adueñarse de las entidades. Dijo que 24.134 candidatos no pasaron por ventanilla única y destacó que 694 aspirantes deben ser revocados por posibles inhabilidades e impedimentos.

Negó enfáticamente que este haya sido el año electoral más violento. Precisó que hasta la fecha 1.928 candidatos están con medidas de protección y que el Gobierno ha generado un Plan de Choque para los últimos 30 días de las elecciones que se cumplen el 27 de octubre.

Finalmente expresó un mensaje del presidente Duque, quien se encuentra en New York en las sesiones de la ONU, en el que les dice a los senadores que el “Jefe de Estado tiene el compromiso total y decidido de garantizar el ejercicio electoral en el territorio nacional”.

Perseguir organizaciones criminales

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseveró que “las economías criminales pretenden alterar sus resultados para que prevalezcan sus intereses” y agregó que quieren imponer candidatos, tras indicar que “nos quieren sacar del juego libre para llevarnos a un campo donde no se pueda dar la confrontación de las ideas”.

El titular de la cartera de Defensa fue enérgico en señalar que combatirá con toda la fuerza de la ley, a las organizaciones criminales que pretendan seguir entorpeciendo el desarrollo del proceso electoral.

Explicó la participación de la Fuerza Pública para los comicios electorales, no sin antes señalar la preocupación por las amenazas a 126 candidatos a alcaldías, 93 a concejos, 14 a gobernaciones y 3 a las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Se refirió al protocolo para el último mes y dijo que las medidas preventivas serán sumamente útiles para la seguridad de la campaña electoral.

Comités de Garantías Electorales, en regiones

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, señaló que hasta el momento se han revocado 1.444 candidaturas.

Fue enfático en señalar que la violencia política no es exclusiva del narcotráfico, ni economías ilegales o grupos organizados, “aquí es un problema de grupos políticos o grupos de poder que se están amenazando y se están matando por apoderase de las alcaldía y gobernaciones”.

Agregó que hay violencia entre grupos políticos que generan circunstancias muy complejas, por eso destacó que se hace necesario y urgente trasladarse a las regiones a hacer comités de garantías electorales que estén acompañados por la Iglesia y dirigencia política para hacer un llamado de atención a los candidatos que se están violentando.

En el debate también participó, en sesión informal, Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, quien dijo que hasta el momento se encuentran protegidos a nivel nacional 1.633 candidatos con el Plan Ágora.

Voceros de la oposición

La senadora de las Farc Sandra Ramírez afirmó que la violencia política en Colombia es igual de antigua como la conformación de la República, “por eso no es una novedad sino que se ha convertido en un verdadero cáncer”.”

“Una cosa es lo que pintan los funcionarios del Gobierno sobre las medidas que tienen y otra cosa es la realidad que se vive en los territorios”, sostuvo el legislador del Partido de la Farc, Julián Gallo, quien enfatizó que el país debe finalizar definitivamente el ejercicio de la inclusión de las armas en la política. Ese es el sentido del acuerdo que firmamos”.

El congresista del Polo democrático Wilson Arias denunció que en muchas zonas es la competencia política la que asesina y agregó que es “importante el debate ideológico con la combinación de las formas de lucha”, frase que llevó a la senadora Paloma Valencia a un derecho de réplica: “La política no puede ser la privatización de la seguridad” dijo, al afirmar que se deben garantizar condiciones para permitir que los ciudadanos sin distingo de partido, ni clase, puedan tener el derecho democrático de la seguridad” .

El senador Gustavo Petro afirmó que algo está pasando en Colombia “y no es nada bueno” al preguntar “hasta qué punto políticas públicas están construyendo la violencia”.

Agregó Petro que “el narcotráfico ha cambiado de dueño. Hay una integración vertical del negocio. Estamos hablando de un narcotráfico mucho más poderoso y más bárbaro que los anteriores. Este nuevo dueño del narcotráfico conquista el poder local”, aseguró el senador Petro.

Dijo el legislador de Colombia Humana que hay que ganarse a la población y que se debe volver a la política de sustitución voluntaria de cultivos para empoderar a las comunidades en el territorio y de esa forma aislar a la mafia.

La senadora Aida Avella fue enfática en señalar que están secuestrando la democracia, porque “la unidad entre paramilitarismo y agentes del Estado, no se ha desterrado”.

El congresista Gustavo Bolívar, Decentes, hizo un llamado al Partido Centro Democrático para que el presidente Iván Duque se siente con todos los actores y se busquen soluciones contra los grupos ilegales del país. “Hay que regularizar las drogas”, afirmó.

El senador Feliciano Valencia denunció el asesinato de varios indígenas y llamó la atención para que el Gobierno fortalezca las medidas de protección y se sancione a los responsables.

Desapareciendo como Estado

“El territorio colombiano está en manos criminales”, aseveró el vocero del Partido Verde, Iván Marulanda, quien señaló: “Hemos ido desapareciendo como Estado en el territorio del Urabá, Magdalena Medio, Montes de María, El Catatumbo, entre otros”.

Agregó el senador Marulanda que el Gobierno tiene una jurisdicción alrededor del Capitolio, “pero el resto del territorio colombiano está en manos de organizaciones criminales que manejan no solo narcotráfico, sino la minería ilegal, contrabando, trata de persona... grandes negocios que requieren para su funcionamiento el dominio del territorio. Se están quedando con las instituciones del Estado”.

La democracia cuesta

El presidente de la Comisión Segunda de la corporación, José Luis Pérez, de Cambio Radical, expresó que la violencia política se ha convertido en el instrumento para crear, buscar y obtener lucros o beneficios específicos. “La democracia cuesta y hay que sostenerla”, afirmó.

Por su parte, el senador también de ese partido Temístocles Ortega reconoció que el Estado ha hecho un esfuerzo grande para enfrentar la violencia, pero agregó que se requieren acciones y medidas con el objeto de que no ocurran más muertes, porque “lo que está en juego es la legitimidad del debate y ponen la democracia en riesgo”, mientras que su colega de bancada Edgar Jesús Díaz pidió afianzar, agilizar los procesos y buscar los recursos para que en este último mes se garantice la seguridad a todos los colombianos.

La senadora del Partido MIRA Paola Agudelo se refirió al tema de la violencia electoral y las redes, por eso llamó la atención para que en ese mundo virtual se generen espacios positivos de participación y no difamaciones como se están observando.

Bajar tono a confrontación

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, en un tono moderado instó a todos sus colegas a bajarle el tono a cada una de las intervenciones para confrontar los temas de una manera más tranquila.

“No podemos seguir exagerando en las intervenciones y hacer acusaciones que pueden desencadenar en un momento en situaciones que tengamos que lamentar” aseveró García Turbay, quien dijo que “debemos dar ejemplo sobre todo en este debate de violencia política”.

El vocero del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, afirmó que un discurso en el Congreso “descalificando y estigmatizando, corresponde a disparos en la Provincia y en las diferentes regiones del país”, por eso exhortó a moderar los discursos e hizo un llamado a la Fiscalía a hacer un estudio en esos municipios donde se crea que hay apostadores, financiadores, comercio ilegal, mafias del combustible… que son actores de la violencia electoral.

Respeto por el CD

El senador del Centro Democrático Fernando Araújo fue contundente en señalar que “no toleramos la violencia y menos la incitamos, buscamos la seguridad del país porque la seguridad es la paz sostenible”.

Dijo que siete candidatos del Centro Democrático en Bolívar están amenazados y por eso “exigimos seguridad para todos los colombianos en todo el territorio nacional”, al señalar que las cifras actuales no son peores que las de hace cuatro y ocho años.

Araújo pidió respeto por su partido Centro Democrático e insistió que la incitación a la violencia es el narcotráfico y el crimen organizado, pero agregó que “el país tiene que avanzar en seguridad”.

Por su parte, Gabriel Velasco, también del Centro Democrático, dijo que los delincuentes quieren amenazar la democracia en Colombia, pero no van a poder destruirla, por eso propuso un pacto contra el narcotráfico e invitó, como acto simbólico, a los presentes en el recinto, a ponerse de pie para evitar que vayan a desestabilizar la institucionalidad.

El vocero del partido Colombia Justa y Libres, Eduardo Pacheco afirmó que la violencia no discrimina partidos y agregó que el Estado tardó mucho en llegar a los lugares antiguamente dominados por las Farc.

“Diálogo evita la violencia”

En los minutos iniciales de la plenaria, el senador Roy Barreras presentó una constancia en la que señaló que “la palabra a través del diálogo puede evitar la violencia e incluso la guerra, pero las palabras cargadas de odio pueden generar nuevas violencias e iniciar nuevas guerras”. “Todas las expresiones que van a ver en este video, incluidas las mías son indeseables y son un llamado para que desde estos atriles no incendiemos el país con palabras cargadas de odios que luego terminan en la violencia física. Todas son indeseables. Esta constancia simplemente pretende que hagamos el esfuerzo de usar la palabra para que la palabra a través del dialogo ponga fin a los conflicto y no para que la palabra cargada de odio reinicie la violencia, porque si eso pasa todos seremos responsables”.

Seguidamente, la senadora Griselda Lobo presentó parte de los artículos que se están elaborando los desmovilizados de las Farc y que se acogieron al Acuerdo de La Habana, en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. “Estas son botas, caballos tallados en madera y este es un trabajo realizado por nuestros compañeros, por manos, señoras senadoras y senadores, que antes empuñaban los fusiles y ahora gracias al acuerdo que firmamos son parte de lo que esas mismas manos tallan y elaboran con amor y entusiasmo. Mientras tanto las señales de la guerra utilizan la campaña electoral para atizar la confrontación, lo han expresado permanentemente. Quieren destruir el acuerdo, atizan el odio, nos calumnian, nos desprestigian, desprestigian a la JEP y a las altas Cortes”.

A lo anterior agregó: “En este proceso estamos dejando la vida. 153 de nuestros militantes han sido asesinados por la intolerancia y la falta visión de país. El electorado está tomando nota, señores de la guerra, Colombia no quiere más guerra fratricida. En nombre de la Fuerza Alternativa quiero dejar constancia ante ustedes, ante Colombia entera, ante el mundo que nosotros, el partido de la Rosa, estamos firmemente comprometidos en la esperanza de construir de la mano de la sociedad colombiana la paz con justicia social”.

Por su parte, el senador Julián Gallo dejó constancia de la realización de la audiencia pública, aprobada en plenaria el pasado 27 de agosto, y que se realizará en el denominado triángulo del sur del Tolima, que acoge una población cercana a los 17.500 indígenas, 2.500 campesinos y 53 empresarios que están dedicados a la agricultura y que vienen padeciendo una verdadera calamidad en razón a la sequía.

Pidió que se regule la pesca artesanal para los habitantes de estos municipios, igualmente que sean tenidos en cuenta para el desarrollo de los proyectos que están contemplados en el punto uno del acuerdo de La Habana, referidos a la reforma rural integral y a la construcción de vías terciarias.

Por su parte, el senador Feliciano Valencia presentó una constancia sobre el asesinato del mayor Víctor Manuel Chanit, del pueblo huitoto o murui-muinane del Amazonas, y denunció el asesinato de los jóvenes en el resguardo de Cohetando, municipio de Páez-Belalcázar, Cauca. “Llamamos la atención para que el Gobierno fortalezca las medidas de protección, se investigue y se sancione a los responsables”.

Condecoración a gerente de hospital

Así mismo, el Senado condecoró a la gerente de los Servicios Especiales de Salud del Hospital de Caldas, Ángela María Toro Mejía, con la Orden del Congreso de Colombia, al exaltar la transformación y evolución de dicho centro universitario al servicio de los habitantes de ese departamento, con la excelencia en la atención a sus pacientes.

El reconocimiento a la labor de Toro Mejía fue iniciativa del senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien exaltó los valores, profesionalismo y trayectoria, posicionando al Hospital Universitario de Caldas como una empresa de referencia y calidad en el sector salud.

Luego del debate de control político que se prolongó por siete horas, se levantó la sesión y se convocó para el próximo lunes a las 4:00 de la tarde.

"EPS en Colombia gozan de buena salud, pero los pacientes se mueren por su desatención": senador Fabián Castillo

"El Gobierno le debe girar a los hospitales para que las EPS no especulen con el servicio": senador Alberto Castilla, durante debate de control político organizado por la Comsión Séptima del Senado, para conocer el estado financiero y patrimonial de dichas empresas.

Bogotá D.C., septiembre 24 de 2019 (Prensa Senado). Las  catorce EPS (Empresas Prestadora de Salud) del régimen contributivo presentaron su balance administrativo en sesión especial de la Comisión Séptima, donde entregaron un parte positivo en materia administrativa y manifestaron su boyante crecimiento en el mercado de la salud.

La convocatoria realizada por el presidente Fabián castillo escuchó a los diferentes voceros de las EPS donde esbozaron su estado financiero y actualidad de servicio.

Paola Gutiérrez de Piñeres, representante legal de EPS-COSALUD, informó: “Hemos cumplido con el margen de salvación y capital mínimo y el proyecto piloto del Guainía va en progreso, pero les informo que hemos abierto operaciones en Bogotá para el régimen contributivo”.

Por su parte, Jairo Mauricio, gerente de EPS-Comfenalco Valle, manifestó que cuentan 216 mil afiliados con un billón 120 mil millones de ingreso, más 97 mil millones en cuenta por cobrar y están ubicados en Cali, Palmira, Jumbo y Buenaventura.

Elías Botero Mejía, gerente de Famisanar, con una experiencia de 24 años en el mercado recibimos 6 y medio billones de pesos para atender afiliados en Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar.

Juan Gonzalo López Casa, gerente de Salud Total, precisó: “Tenemos representación en 126 municipios. Hoy tenemos 27 mil enfermos de cáncer protegidos para disminuir la mortalidad materna, aunque estamos en el ranking de los primeras EPS con acciones de tutelas en su contra.

El presidente de la nueva EPS informó que tiene 5 millones 200 mil afiliados llegando al 10 por ciento de los municipios del país, con un total de 116 millones de servicios al año.

La vicepresidenta de Sanitas, Andrea Rengifo, dijo: “Nuestra EPS tiene 2 millones 288 mil personas afiliadas y tiene un buen porvenir”.

El senador del Polo democrático Alberto Castilla expresó: “Aquí no se está pensando en el servicio a los ciudadanos, sino en el negocio de las EPS. Por ejemplo, la Empresa Prestadora de Salud-Comparta le debe a los hospitales 423 millones de pesos en Santander.

Es pertinente que el gobierno le gire directamente a los Hospitales para eliminar la especulación de las EPS enfatizó el congresista Luis Alberto Castilla, porque se dan casos en donde una EPS, como Coomeva les incumple a los niños del Catatumbo, porque allí estos mueren a espera de una atención con especialistas que dura más de 10 meses.

Para el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, la responsabilidad y los compromisos deben ser de doble vía: si ADRES le cumple a las EPS, estas deben cumplirles a los hospitales y que no se mantenga la intención permanente de que estas no les pagan a los hospitales y que la culpa no debe ser sola del gobierno, sino que deben las EPS reconocer su responsabilidad.

Entre tanto, la senadora Victoria Sandino, de las FARC, afirmó: “Según las EPS, el mal servicio a los usuarios se debe a que ADRES, la antigua FOSIGA, no les paga, no se ha aclarado por qué no se le responde a los empleados, cuando se liquida una entidad de salud, tal como sucedió con los 600 trabajadores expulsados de la clínica Simex de Saucoop”.

EPS, en entredicho

 

Por su parte, el senador del partido de la U, José Riter López, manifestó: “Aquí se le está mintiendo al país por parte de la EPS, quienes expresan lo boyante que están con los miles de afiliados, aunque con el servicio se siguen muriendo los pacientes con la desatención de estas, por lo tanto pedimos a la Superintendencia para que saque del mercado aquellas empresas de Salud que no están cumpliendo con el buen servicio al ciudadano”.

En ese mismo sentido se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien manifestó su molestia al señalar: “El pasado gobierno se inyectó una millonaria suma de dinero a las EPS para el mejoramiento del servicio y estas no cumplieron e incluso se hizo compra de cartera de estas empresas y me preocupa que unas entidades citadas no asistieron al debate”.

El senador Eduardo Pulgar, de la U, denunció que “en el departamento del Magdalena la EPS-SaludVida no le realizó una operación a un niño futbolista, quien tiene un pie que mira hacia atrás, por tal fin pido la actuación de la Fiscalía, Superintendencia y demás entidades de control, porque si el Estado colombiano mueve un buen billete a las EPS, estas deben prestar un buen servicio”.

La senadora del Partido MIRA, Aidé Lizarazo, comentó: “Las EPS les deben a los hospitales del Quindío, Caldas y Risaralda la suma de 800 mil millones de pesos y aquí se debe crear la Red Hospitalaria, los colombianos debemos tener un servicio eficiente sin que medie un cargo o se proceda con preferencia particular”.

Luego intervino Helman Rodríguez, procurador Delegado para la Salud, quien informó que en la actualidad las EPS no respetan el límite de los precios en los medicamentos y hay medicamentos que pagan a un precio y al Gobierno se lo cobran a un alto precio, para lo cual la Superintendencia de Salud debe tomar medidas. porque hemos pedido al tribunal de Cundinamarca que regule los costos y exija la devolución de los recursos por los abusos en los precios por cuanto se conocen 12 medicamentos que tienen sobrecosto revelado por la ADRES.

Por parte de Defensoría del Pueblo participó Carmen Eugenia Dávila, quien indicó que “la acción de tutela es la primera medida que tienen los enfermos de cáncer para lograr una atención en las EPS”.
Mientras tanto, la representante de ADRES- Cristina Arango, manifestó que el Estado invierte anualmente 52 billones de pesos en el sector salud, “porque somos parte de la solución. Les recuerdo que la ADRES no se queda con los dineros, todos son distribuidos en el sector de la salud”.

Corrupción diaria 

 

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, denunció que se ha encontrado varias prácticas de corrupción que día a día son más frecuentes y no son solas las EPS.

El ministro de Salud encargado, Iván González, expresó que la ley de punto final es para que los recursos de la liquidación les lleguen a los empleados, a las IPS y a los proveedores.

Finalmente, el presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, exaltó lo positivo del debate para la comunidad y dijo: “Se siguen cerrando las EPS, porque están quebradas y se siguen muriendo los colombianos por el mal servicio de parte de estas empresas prestadoras de Salud para lo cual queda una tarea pendiente de las entidades de control. Se nos muestra un indicativo del bienestar de las EPS, pero los pacientes se mueren por la desatención de estas entidades”.