Representantes del sector transporte no están de acuerdo con que entre nuevamente en operación del Sistema Integrado de Transporte, Sitirio,que iniciará el próximo primero de mayo.

Por: Shelly Camacho

Bogotá, 27 de abril de 2022. – Prensa Senado.La presidencia del Senado de la República, en cabeza de Juan Diego Gómez (Partido Conservador), realizó la mesa de trabajo número 43 “Crisis de transporte público urbano en Ríonegro, Antioquia”, en la que se busca dar solución integral y concertada a las condiciones de prestación del servicio público de transporte, así como las situaciones de orden público y empleo.

Fernando Valencia, concejal de Rionegro, agradeció a la presidencia del Senado por estar atentos a solucionar esta problemática que afecta, tanto a dicho municipio como al oriente del departamento antioqueño.

También, explicó la complicada situación del servicio debido a que muchos miembros del sector transporte no están de acuerdo con que entre nuevamente en operación del Sistema Integrado de Transporte, Sitirio,que iniciará el próximo primero de mayo. “Nos preocupa que en el municipio se pueda volver a vivir un paro porque no hay diálogo, no hay concertación”. “Es importante que el acompañamiento del ministerio de Transporte, Procuraduría y entes de control, para que nos ayuden y el tema de transporte en el municipio de Rionegro se haga bien, en beneficio de toda la comunidad”.

Durante la sesión, Luisa Fernanda Fernández, coordinadora de la mesa, revisó con los participantes punto a punto los compromisos establecidos en el acta que se firmó en la mesa de trabajo del pasado mes del diciembre y analizó qué tanto puede afectar a futuro el levantamiento de la mesa de concertación municipal de Rionegro y la amenaza de otro paro del sector transporte.

Por su parte, Leydi Johana Baena, concejal de Rionegro, manifestó su preocupación ante el“silencio por parte de la administración municipal: Si bien no viene a las mesas y no están tratando de llegar a un acuerdo en estas medidas importantes, nos preocupa porque no sabemos cómo se va a iniciar Sitirio. Si inicia un paro no solamente estaría hablando de los derechos de los transportadores, sino que entra zozobra toda la comunidad de cómo vamos a hacer con el transporte”, expresó.

Entre tanto, la coordinadora de la mesa propuso que a dicha acta se le prorrogue un tiempo más con el fin de dar solución a las diferentes solicitudes. “Como conclusión, hoy a pocosdías que se cumpla el plazo del acta,el escenario de conciliación difícilmente ha existido”. “Por solicitud de la Defensoría y Procuraduría, pedimos que se le dé una prórroga a esta fecha del primero de mayo, y visto que encuatro meses no se logró avanzar nada, yo propondría que esa prorroga sea hasta el 31 de diciembre del 2022, como espacio suficiente para que la administración municipal organice la información que le están pidiendo”.

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Bajo la premisa “somos Minga, somos vida”, el senador Feliciano Valencia lideró la audiencia donde hizo un llamado fuerte al Ministro de Defensa, que fue el ausente.

Bogotá, 27 de abril de 2022. – Prensa Senado. Junto a líderes indígenas, sociales, representantes del Gobierno y delegados internacionales, se dio cumplió la audiencia pública “Situación de violencia y vulneración de Derechos Humanos en el departamento del Cuaca”, la cual estuvo modera por el senador Feliciano Valencia, del partido Mais.

La audiencia analizó los temas de contexto de violencia en el Cauca, perspectiva de comunidades, contexto y factores de violencia en el Cauca, observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, factores de violencia en el Cauca, identificados por organizaciones internacionales y respuesta institucional a la violencia en el Cauca, medidas de prevención y mitigación.
El senador Valencia indicó que “esta audiencia pública se da por el conflicto sociopolítico que se evidencia en el Cauca. El CINEP informa que se han registrado 331 casos de violencia social y política, 25 mujeres asesinadas en lo corrido de este año, situación que prende las alarmas en la zona".

Indicó que “la problemática que nos congrega se centra en el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, el desplazamiento forzado, el confinamiento de muertes selectivas y la crítica emergencia humanitaria que se hace invisible”.

Juan Manual Camayo Díaz, coordinador de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca, sostuvo que “como pueblos indígenas presentamos una situación bastante critica, las cifras y las estadísticas hablan por sí solas. No hemos logramos ver reflejado la implementación del acuerdo de paz, hoy buscamos una garantía con respeto por parte del Gobierno Nacional Las comunidades indígenas estamos en un riesgo latente”.
Por su parte Oscar Salazar, delegado del proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano,quien afirmó que siempre que se hable de crisis humanitaria, se debe tener presente la violencia estructural, “debemos hacer un esfuerzo estructural en que incide las políticas estatales”.

La delegada de la Ruta Pacífica de mujeres, Valeria Mosquera, planteó que “lo dialogado y lo pactado hoy se incumple. No se debería resaltar estar situación, pero hay que hacerlo debido a que las mujeres hoy se enfrentan a diferentes sistemas de opresión. Los actores de las fuerzas militares y de la policía no siempre son garantes de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra ella, esta naturalizado ante la sociedad y el territorio tristemente”.
Oscar Montero, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, aseveró que “los líderes del Cauca rechazamos la falta de voluntad, entrega y garantía de derechos que el Estado no ha tenido con nosotros. Se ha puesto en riesgo la vida de las comunidades, nosotros queremos seguir apoyando a la construcción de una paz en nuestro territorio; pero no podemos permitir más que nos vean como el paisaje que se ve pasar”.
Miguel Fernández de la Red por la Vida y los derechos Humanos del Cauca socializó algunos datos relevantes con los cuales hizo ver la urgencia que se vive, se evidencia y frente a la cual el país entero se hace el ciego: “En el 2022 se han asesina 4 excombatientes del proceso de paz, hoy hay 316 reincorporados asesinados desde que se firmó el acuerpo de paz en el 2016, hay más 110 homicidios en el Cauca en lo corrido del año, 25 mujeres asesinadas durante 2022, 5 masacres en el departamento y no se ve ninguna acción que ayuda a los que quedan vivos”.

Camilo González del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, propuso un proceso participativo, el fortalecimiento del ejercicio legislativo para la comercialicen del cannabis, replantear las estrategias y una acción concertada para impulsar el pacto por la vida. “Tenemos una crisis de seguridad humana, derechos humanos, en relación al ataque a la vida. Hoy la situación del Cauca es muy victimizada”, dijo González.
Marcelo Ochoa, coordinador de la Misión de Apoyo en el Proceso Paz, sostuvo que “desde su perspectiva confirma que las necesidades o las problemáticas más sentidas por parte de las comunidades en esta zona del país son: La pobreza, las básicas son insatisfechas, la presencia de cultivos ilícitos o minerías sin regulación y el constante reclutamiento de niñas, niños y jóvenes quienes empiezan hacer parte de los grupos armados y por ende de enfrentamientos”.

En el último bloque el senador Feliciano Valencia se sorprendió tras la escasa participación del Gobierno, tan sólo asistió Carlos Alberto Baena, viceministro de Participación e Igualdad de derechos y del Defensor Pueblo Regional del Cauca.

El Viceministro de Participación e igualdad de derechos, Carlos Baena, desglosó algunos compromisos del Gobierno con los cuales ha venido apoyando a estas comunidades en el Cauca: 32 sesiones de seguimiento a la problemática desde diferentes aspectos, un trabajo coordinado y evaluado en coordinación con la UNP en favor de la seguridad para líderes sociales (grupos étnicos y comunidad campesina), sustitución de 2.727 hectáreas de coca, pagos a 3.669 familias para la asistencia alimentaria, generación de huertas para 2.083 familias y fortalecimiento de la política púbica en DD.HH. para comunidades indígenas.

Finalmente, Daniel Molano, defensor Regional del Cauca señalpo que “las problemáticas que se han socializado hoy son más que una realidad. Se ve en esta región que el sostenimiento de muchos es o se basa en la economía ilícita donde el campesino está o se siente seguro, mientras que con el Gobierno se ve mucha tramitología y endeudamiento para salir adelante tristemente”.