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Segundas oportunidades para madres reclusas

El congreso rechazó las objeciones presidenciales a la Ley que propone que las madres cabezas de familia que estén en prisión por delitos menores, puedan pagar su pena con servicios sociales. 

Por: Laura Velásquez Fernández 

Bogotá D.C. octubre 29 de 2021(Prensa Senado). - Luego que el Presidente Iván Duque objetara el Proyecto de Ley, continúa viva por ahora esta iniciativa, que busca que mujeres madre cabeza de familia, que estén condenadas por delitos menores y cuya pena sea de 6 años o menos, puedan tener derecho a una medida alternativa a la prisión.

El senador Rodrigo Lara (Partido Cambio Radical), expresó que con esta ley se busca que la mujer purgue su pena, haciendo un trabajo de utilidad pública, como arreglar o construir parques, embellecer el espacio público, cuidar adultos mayores, menores de edad; de tal manera que no se separen de sus hijos, que no se condene a sus hijos a otra pena, que es no tener hogar, no tener casa.

La iniciativa establece que estas mujeres podrán pagar sus penas con trabajo comunitario en entidades del estado, organizaciones no gubernamentales, o entidades sin ánimo de lucro, y así podrán estar en casa al lado de sus seres queridos.

Así mismo, el Presidente de Cofraternidad Carcelaria, Lácides Hernández expresó: “Existen otras formas, mucho más pedagógicas, que simplemente llevar a una persona a la cárcel, privarla de la libertad, y dejar que sus hijos tomen caminos equivocados, que luego también podrían alimentar el tema de la delincuencia”.

Para las afectadas, esta es una nueva oportunidad de vida para ellas. De esta forma, se busca dar también solución al hacinamiento carcelario y beneficiar a su vez a más de 8 mil reclusas.

Congreso alista propuestas para frenar el aumento de feminicidios en el país

Más de 500 casos de feminicidio en lo que va de corrido de este año prenden las alarmas en el Congreso.

Por: María José Camargo Peraza

Bogotá - D, C. octubre29 de 2021 (Prensa Senado). – En Colombia, según cifras oficiales, entre 2015 y 2019, se registraron 5.013 feminicidios. Las estadísticas señalan que durante la pandemia, los abusos físicos y psicológicos a mujeres y niñas, al interior del hogar, aumentaron ostensiblemente.

La senadora Maritza Martínez (partido de la U) indicó que “cuando se presentan amenazas o intentos de feminicidios, se le permite al agresor retornar a su casa y tener una detención domiciliaria”. Es por esto que desde el senado se diseñó y aprobó la ley Rosa Elvira Celi; sin embargo, debido al alto número de feminicidios registrados, se proponen leyes para fortalecer las campañas y medidas de prevención.

Po su parte, para la senadora Daira Galvis (Cambio Radical), “se deben crear políticas de asistencia grupal en los hogares, para evitar esta serie de agresiones que llegan al extremo del feminicidio”.

Con esto, se busca un modelo psicosocial integral, con enfoque para las mujeres, en donde siga siendo vital la denuncia. En este sentido, el senador Guillermo García (partido liberal) fue enfático en afirmar que, “tiene que tomarse esto muy en serio, porque ya no es normal que alguien que amenace a una mujer, que ha sido su esposo o marido, termine en lesiones graves o en feminicidios”.

La violencia contra mujeres y niñas constituye una agresión a los derechos humanos, y es por esto que el senado se ha comprometido a diseñar políticas públicas, efectivas, que permitan la reducción de los casos y fortalezcan la prevención del feminicidio en el país.

Proyecto de ley fortalecerá ruta de atención integral para víctimas de violencia de género

La iniciativa va dirigida al fortalecimiento institucional y a establecer sanciones interdisciplinarias a funcionarios que no cumplan con la aplicación de la Ruta de Atención.

Por María José Camargo Peraza

Bogotá D.C octubre 29 de 2021 (Prensa senado). - En atención al creciente número de víctimas fatales de violencia de género en el país, la senadora Sandra Ortiz (partido verde), citó a un foro para debatir y rendir cuentas a las entidades del Estado encargadas de la protección y defensa de los derechos de las mujeres, y así mismo, poder fortalecer la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género.

La actual Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de violencia, comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales, considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios.

Tatiana Romero delegada del Ministerio de justicia indicó, “la protección efectiva de las mujeres por parte de la justicia frente a los riesgos de la violencia y la discriminación siempre serán una prioridad, la justicia debe tener una transformación en sus modelos de gestión y la manera como se atienden la violencia hacia las víctimas”.

La senadora Sandra Ortiz, fue enfática en afirmar, “debemos pedir a los funcionarios de las Comisarías de Familia, a los Jueces Civiles Municipales y Promiscuos Municipales de todo el país, que sean garantes de la aplicación de esta ruta, frente a cada víctima de violencia de género, de manera que no tengamos que seguir lamentando las muertes de cientos de mujeres que, a pesar del miedo, se atreven a denunciar a sus agresores”.

Po su parte, la senadora Esperanza Andrade (partido conservador), respaldó el proyecto en el sentido que, “esta iniciativa busca implementar los mecanismos necesarios para la protección de la mujer, la prevención de la violencia de género, y el enfoque de una atención integral, idónea y oportuna para las mujeres víctimas de violencia”.

Pablo Sergio Sandino, vocero de la Procuraduría General señaló, “este es un proyecto de ley que tiene la mejor de las intenciones para optimizar la respuesta a la atención de las mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género, es un proyecto que identifica muy bien las fallas en la ruta de atención y protección que se debe mejorar”.

En representación de la Contraloría General de la Nación, Héctor Mario Londoño resalta, “esta iniciativa es un trabajo constante, comprometido y favorece la atención y no victimización de las mujeres por violencia de género”.

Al finalizar el foro, la directora de la casa refugio para mujeres en Barranquilla, argumentó, “mi voz es la voz de las víctimas y de las refugiadas, y hemos concluido que la actual ley no garantiza los derechos de las mujeres; tiene vacíos y debilidades que no les permiten a las mujeres víctimas, cuando desean romper el ciclo de violencia en el que se encuentran. No tiene garantías en las instituciones del estado; por esto, espero que por medio de este proyecto de ley se fortalezcan las rutas de ayuda a la mujer víctima de violencia”.