célula legislativa aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que exalta la memoria, vida y obra del docente, constituyente, sindicalista y político colombiano Abel Rodríguez Céspedes por su aporte al sistema educativo en Colombia, pasando a segundo debate.
En el auditorio Bicentenario, de Tunja, sesionó una audiencia pública, con la participación de organizaciones sociales, autoridades regionales y representantes del Ministerio Público.
Por: Giovanny Mora López
Bogotá D.C., diciembre 6 de 2021 (Prensa Senado). La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, senadora Sandra Ramírez Lobo (Partido Comunes) fue enfática al pedirles a las autoridades que se esclarezca y se castigue a los responsables de las violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos que se han dado en las últimas décadas, en esta región del país.
En el certamen – que se realizó en el marco de la conmemoración de los 93 años de la Masacre de las Bananeras (6 de diciembre de 1928) – asistieron funcionarios de la Alcaldía de Tunja, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Provincial, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones sociales.
La senadora Ramírez Lobo dijo, “lo que pasa en Boyacá es la aceleración de un proceso estructural; el de un departamento sin autonomía y con una subyugación de su población al clientelismo político”.
Las cifras
Una radiografía de lo que ha pasado en esta región, la presentó el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): 81 ejecuciones extrajudiciales (homicidios por parte de miembros de la fuerza pública, y grupos paramilitares), entre 2001 y 2008; y 18 personas asesinadas, dentro de la que se denomina “exterminio social” (asesinatos de habitantes de la calle, consumidores de drogas alucinógenas, etc.).
Uno de los casos sobre los que se llamó la atención fue el de la masacre del Páramo de La Sarna, ocurrida el primero de diciembre del 2001, cuando fueron asesinados 15 de los 18 ocupantes de un bus de la empresa Cootracero, que cumplía la ruta Sogamoso - Labranzagrande. La masacre fue perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con la complicidad de agentes del Estado.
Para la investigadora del Cinep, Ángela Ballesteros Gómez, “esta es una de las masacres más atroces cometidas en el centro del país. Este hecho todavía se encuentra en la impunidad”, pese a las sentencias que se han proferido en 2015 y 2019.
Ballesteros Gómez agregó que, en Boyacá, se han registrado 116 víctimas de desapariciones forzadas, que corresponden a 55 casos; y 227 víctimas de lesiones físicas, por parte de miembros de la fuerza pública, durante los paros agrario, de 2013; camionero, de 2016; y nacional, de 2021. “Estos datos son un subregistro porque sabemos que las cifras son mucho más grandes”, manifestó la investigadora.
Por su parte, el defensor del Pueblo, en Boyacá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, dijo que, en el marco de las protestas sociales, su despacho ha desplegado un trabajo sobre promoción y divulgación de los derechos humanos, y que los resultados han sido positivos.
A su turno, el defensor de derechos humanos, Pedro José Vargas, solicitó a las autoridades el amparo real al derecho a la protesta a través del diálogo con los manifestantes, en vez de la represión.
Peticiones
Al final, las organizaciones sociales y ONG, encabezadas por el Cinep, le formularon las siguientes peticiones a la comisión de Derechos Humanos del Senado, al Gobierno Nacional, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad:
Que cesen todas las agresiones contra los derechos humanos en Boyacá; verdad y justicia; que se condene a los máximos responsables de estos crímenes; que la Comisión de la Verdad analice y evidencie la violencia política y los efectos del conflicto armado en Boyacá; y que la JEP reconozca la calidad de víctimas de las personas que les fueron relacionadas en el informe que le presentaron en 2020.
Tamb
ién solicitaron que los casos de Boyacá sean priorizados dentro del caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes estatales); que se abra un macro caso entre la relación la fuerza pública y el paramilitarismo; que el Estado cumpla con la sentencia que le ordena reconocer su responsabilidad la masacre del páramo de La Sarna; y que se otorgue un reconocimiento público a todas las víctimas de crímenes de estado.
Para revivir esta audiencia púbica:
https://www.youtube.com/watch?v=Ur6T7lpHXMQ
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