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Aprobado en primer debate proyecto de Estatuto de Arbitraje Nacional e internacional


La iniciativa del Gobierno pretende agilizar los trámites judiciales. El proyecto pasa a estudio de la plenaria del Senado.

Bogotá D.C., octubre 29 de 2019 (Prensa Senado). El proyecto de ley sobre el Estatuto de Arbitraje Nacional e internacional, de autoría del Gobierno Nacional, y aprobado hoy por la Comisión Primera del Senado pretende agilizar el sistema judicial en materia de impartir justicia en casos de menor cuantía y ayudar a descongestionar y modernizar el sistema judicial, otorgando facultades para la ajustar el arbitraje con sujetos asignados por las partes en conflicto y en términos rápidos se resuelvan.

“Son mecanismos agiles para agilizar las diferencias que surtan sin necesidad de ir a las instancias judiciales, acortar los plazos con decisiones rápidas y se crea un sistema de arbitraje social que beneficiará a las clases menos favorecidas, ya que se exoneran de pago para los estratos 1 y 2 y las decisiones en los casos de menor cuantía y además serán de ágil resultado”, explicó la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco.

Por su parte, el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) ponente del proyecto, indicó que la iniciativa democratiza el procedimiento de arbitramiento y ajusta los procedimientos para agilizar y descongestionar justicia, porque todo aquello que se vaya por arbitraje deja de ir ante los jueces.

“Es un estatuto interesante que agiliza los fallos en justicia. Estamos metiéndole seguros para evitar que lleguemos al extremo de la privatización de la justicia y por eso le pedí un concepto a la la Corte Suprema para conocer su posesión y así estudiarlo antes de llevar este texto para su aprobación en la plenaria del Senado”, indicó el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal).

Es de señalar que en la iniciativa se establecen condiciones para quienes son asignados como árbitros y en uno de los artículos señala los árbitros y los secretarios están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas para los jueces en el Código General del Proceso, por las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses señalados en el Código Disciplinario Único, por el incumplimiento del deber de información indicado en el artículo anterior y cuando existan hechos de los cuales surja una duda justificada acerca de la imparcialidad e independencia del árbitro. En los arbitrajes en que sea parte el Estado o alguna de sus entidades, se aplicarán además de lo previsto en el inciso anterior, las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Agrega también que los árbitros nombrados por el juez o por un tercero serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su aceptación a las partes o de la fecha en que la parte tuvo o debió tener conocimiento de los hechos, cuando se trate de circunstancias sobrevinientes. Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por motivos sobrevenidos con posterioridad a su designación, y dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que la parte tuvo conocimiento de los hechos.

Los árbitros no podrán recusar a quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el tribunal haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación o al conocimiento del mismo en su caso. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano. No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, señala.

En cuanto a reglas de procedimiento en los casos, la iniciativa resalta que en los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no establecieren reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere reglamento de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en la presente ley.

El proyecto pasa a segundo debate ante la plenaria del Senado.

 

Comisiones séptimas continúan con control político a situación financiera de las EPS

Viceministra de Salud, Diana Isabel Cárdenas, quien explicó que en el debate se evidenció la complejidad del pago de las atenciones, afirmó que a partir de enero de 2020 se harán pagos prospectivos

Bogotá D.C., octubre 29 de 2019 (Prensa Senado).- Durante la cuarta jornada de control político de la sesión conjunta de las comisiones séptimas del Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre la crisis financiera de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se escucharon a los representantes de estas entidades, a los delegados de los empleados de la Salud y al Gobierno, quienes se refirieron a las posibles soluciones para enfrentar ese problema.

Inicialmente intervino el representante legal de la Asociación Mutual de Quibdó, Ambuq EPS, Luis Ernesto Valoyes, quien sostuvo que tienen 761 mil afiliados al régimen contributivo y 24 mil en el subsidiado, que hace presencia en los departamentos del Valle, Chocó, Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena y Cesar y que es una EPS para la gente del campo, los afrodescendientes e indígenas.

“Los estados financieros de los últimos cinco años revelan que la deuda que tiene la Eps con hospitales y clínicas asciende a $234 mil millones. Los que nos interesa es prestar el servicio al ciudadano. Primero prestamos el servicio y luego pasamos el cobro a los entes territoriales. El principal problema es que el proceso de auditoría con los entes es muy demorado y los pagos se demoran entre 1 año y año y medio”, precisó Valoyes.

A su turno, Jorge Gómez Duarte, representante legal de Salud Mía Eps, expresó que esta empresa pertenece al régimen contributivo en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. "La promoción, prevención y diagnóstico temprano son las prioridades y cuenta con 21 mil afiliados".

Frente a su situación financiera, el Gómez Duarte aseguró que el sistema no es funcional. "Nuestra situación económica es aceptable, no hemos llegado a un punto de equilibrio, pero hemos ido disminuyendo nuestras deudas. Nuestros activos representan $516 mil millones, pasivos $3 mil milllones y capital $13 mil 500 millones a favor". Esperamos a 2022 estar en un punto de equilibrio total”.

En su intervención, Julián Daza, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y gerente de la EPS indígena Dusakawi, la cual opera en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, y tiene 229 mil afiliados, sostuvo que en el tema del agua que es un gran problema, “nosotros les suministramos este líquido a través de carro tanques". Precisó que ha mostrado una recuperación financiera en los últimos cinco años. Posee un patrimonio positivo de “16 mil millones, aunque están bajo medidas de vigilancia especial y tienen restricción en las afiliaciones y sólo lo pueden hacer a la población indígena".

Posteriormente, intervino el representante de la EPS Indígena Mallamas, Fabio Enríquez, quien manifestó que hacen presencia en 12 departamentos y cuenta con 350 mil afiliados. "Estamos dirigiendo nuestro trabajo hacia comunidades vulnerables con desprotección del Estado, con carga de enfermedad alta. La crisis del sistema nos ha llevado a un déficit de $40 mil millones, que es subsanable", puntualizó Enríquez.

Por su parte, Javier Orlando Hernández, de Convida EPS, explicó que llevan 84 años en el sistema, opera en los 116 municipios del departamento de Cudinamarca, que es cien por ciento pública y que su única misión es prestar servicios de salud.

“Tenemos el 60 por ciento de los afiliados al régimen subsidiado, lo que significa alrededor de 538 mil afiliados, nuestros estados financieros se encuentran bajo vigilancia y tenemos $ 214.229 mil millones de deuda”, concluyó Hernández.

Seguidamente intervino Nubia Bohórquez Peña, representante de Capresoca EPS, quien explicó que la entidad fue creada como Caja de Compensación en 1979 y en 1995 se transformó en EPS y que es la única Eps subsidiada del departamento de Casanare y cuenta con 172 mil afiliados.

"Tenemos un pasivo de $145 mil 534 millones que ha venido incrementándose desde 2014. A hoy tenemos $129 mil millones de deuda. Necesitamos apoyo en la falta de camas en el país para atender a los pacientes", precisó la señora Nubia.

En representación de los empleados de la salud, intervino Alirio Tolosa, presidente de Sindicato de Trabajadores de la Salud., que acoge a los trabajadores del grupo Salucoop, Cafesalud y Cruz Blanca.

Recordó que Salucoop era una excelente empresa y cuándo le llegó la desgracia en el 2011 sus interventores agrandaron las deudas y la planta de empleados. "Hoy 25 mil trabajadores estamos sin pago de salarios. Mil 500 trabajadores fueron expulsados de las clínicas, siendo dueños de ellas. Los interventores fueron unos sinvergüenzas, que agrandaron las deudas".

Los senadores se expresan:

El senador Álvaro Uribe, del centro Democrático, recordó: “Llevamos muchos años conociendo de la intervención politiquera y la mermelada en Salucoop, quiero que la Fiscalía culmine las investigaciones y esclarezca el tema”.

Para la senadora Victoria Sandino Simanca, Farc, con estas cuatro sesiones sobre la crisis de las EPS se quiere que el gobierno responda. "Necesitamos saber la realidad concreta en los territorios y encontramos innumerables problemas. El sistema desde siempre ha sido perverso, aun así, este carácter del sistema indígena de salud que asume el tratamiento colectivo de las comunidades y los territorios. Es un asunto que debe empezar con la prevención, garantizar un modelo de alimentación sano".

Para el senador Alberto Castillo, del Polo Democrático, no se puede coincidir en que este es un buen sistema de salud, si está basado en la cura y no en la prevención y promoción. “Creo que el problema es de fondo hay que revisarlo, tiene serias dificultades. Insistimos en el giro directo, el Gobierno hace el esfuerzo por enviar los giros a las entidades, pero las deudas con los hospitales siguen”.

Precisó que es necesario no solo llamar a la Fiscalía para que venga a estos debates, sino que sea efectiva en su accionar. La Contraloría ha expedido unos hallazgos donde se evidencia que unas platas se han desviado y este tema es necesario aclararlo por el bien del sistema y la salud de los afiliados”.

A su turno, el senador Manuel Bitervo, AICO, aseguró que con la Unidad de Pago por capacidad, UPC, diferencial se están pagando otras cosas que no tienen que ver con la salud. "Se están pagando el bienestar social, salud, educación, viajes, lámparas, anticipos, entonces este porcentaje para los indígenas está siendo desviando para otros lados. Que los entes de control den esos resultados”.

Interviene el gobierno

Carmen Eugenia Dávila, de la Defensoría del Pueblo, explicó que el incremento del número de tutelas a las EPS ha aumentado, frente a las EPS indígenas que tienen indicadores menores, ya que por cultura no interponen estas medidas. Hay una directa correlación entre la gestión de las EPS y los mayores vulneradores de los derechos a la salud. El tema de la situación financiera es sumamente importante para la garantía del derecho”.

Finalmente intervino la viceministra de Salud, Diana Isabel Cárdenas, quien explicó que en esta audiencia se evidenció la complejidad del pago de las atenciones, en donde se atendía al paciente y luego las EPS hacían el recobro. Recordó que a partir de enero de 2020 se harán pagos prospectivos, “vamos a garantizar que no haya barreras para la atención, que no estará fragmentado”.

 

 

 

“El próximo 12 de diciembre se conocerá operador del espectro”: ministra de TIC, Silvia Constaín

Agregó que con la implementación de la Ley 1978 de 2019 o de las TIC, se logrará la modernización de redes a 4G y tener mayor foco a zonas rurales.

Bogotá D.C., octubre 29 de 2019 (Prensa Senado). El próximo 12 de diciembre se conocerá, a través de una subasta pública, cuál será el operador que ha logrado la asignación de espectro en las bandas 700MHz, 1900MHZ y 2500MHz.

 El anuncio lo hizo la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Silvia Constaín Rengifo, ante la Comisión Sexta, donde afirmó que la asignación del espectro es bastante importante ya que desde “el 2013 Colombia no ha asignado espectro para servicios móviles y es el último país de América Latina en asignar la banda de 700 MHz que, por sus características técnicas, es fundamental para la maximización de la cobertura y la calidad, y permitirá llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas rurales más alejadas del país”.

 De acuerdo con la ministra Constaín, “los aportes del Congreso al aprobar la creación de la Ley, la industria y la ciudadanía fueron clave, pues nos ayudaron a construir un proyecto más sólido, consistente y adecuado a las necesidades de las comunidades y del sector TIC. Cumpliendo con los compromisos del presidente Duque. Esperamos que con la asignación de espectro se les permitirá a millones de colombianos acceder por primera vez a Internet y mejorar su calidad de vida”.

En el debate de control político al que fue citada en la Comisión Sexta, la alta funcionaria dio a conocer cuáles son los avances de la Implementación de la Ley 1978 de 2019, con la que se podrá saber ¿cuántos colombianos estarán conectados?, y ¿qué tan lejos se va a llegar?

Por su parte, la senadora Ruby Chagüi, Centro Democrático, aseguró que con este tipo de procesos progresa Colombia. "Felicito a la Ministra por el proceso que lleva la Ley y aprovecho para decirle que necesitamos avanzar en este Gobierno para llegar a todos los municipios y regiones del país. Todos los colombianos merecemos estar a la vanguardia internacional de lo que está sucediendo en el mundo".

En su intervención, la congresista Sandra Ramírez, Farc, solicitó a la Ministra “no olvidar los recursos económicos para las emisoras de la paz estipuladas en los Acuerdos de La Habana”.

 

De acuerdo con la información entregada por la jefa de esta cartera, los avances son los siguientes:

 Decreto 1381 del 2 de agosto de 2019: Liquidación ANTV.
 Circular 0020 de agosto de 2019: acogimiento al régimen de habilitación general.
 Decreto 1570 del 3 de septiembre de 2019: proceso de selección de Comisionados.
 Proyecto de Decreto APP: Remitido a la Secretaría Jurídica de Presidencia
 Comisiones de servicios funcionarios de la ANTV en liquidación en CRC y MinTIC.

 Resolución 1199: Ejecución Convocatoria Fomento a la Industria iniciada por ANTV (hoy en liquidación).
 Resolución 1200: Disposiciones transitorias ejecución y seguimiento recursos fortalecimiento operadores públicos de televisión.
 Recepción de los contratos de concesión del servicio de televisión.
 Recepción archivo de gestión y sustitución de la posición contractual, judicial y administrativa.
 Resolución 2734: Modificación régimen de contraprestaciones enlaces punto a punto.
 Afectación de bienes al servicio
 Operación del Fondo Único TIC
 Adecuación de los sistemas de información a los procesos y procedimientos de televisión.
 Impulso actuaciones administrativas sin solución de continuidad
 Gestión del conocimiento procesos y procedimientos ANTV en liquidación.
 Actualización de garantías a nombre de MinTIC y Fondo Único TIC.

 

En proceso

 Adecuación operativa del Registro Único de TIC

 Proyecto de decreto obligaciones de hacer: se recibieron comentarios del 1° al 16 de octubre. En revisión.

 Glosario de definiciones (consultoría en curso)

 Actualización de la fórmula de distribución de recursos para los operadores públicos de televisión.

 Proceso de selección de Comisionados de la CRC

 Endoso de acuerdos de pago, depósitos judiciales y otras garantías procesales

 Transferencia de la marca TDT.