Según ponencia del proyecto, el 64% de las mujeres del país, que ostentan cargos de elección popular han sufrido alguna conducta relacionada con violencia política.

Por: Isabel Colomna

 Bogotá D.C. febrero 5 de 2021(Prensa Senado).- Con el ánimo de fortalecer la democracia colombiana, mediante el establecimiento de garantías en favor de las mujeres que incursionan a la vida política, congresistas de Colombia, presentaron un proyecto de ley que busca establecer medidas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política.

A fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos político-electorales y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública, particularmente en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos de poder público. La ponencia para primer debate, la hará la Representante Adriana Matiz.

La iniciativa es de autoría de las senadoras del Partido Conservador Nadya Georgette Blel Scaf, Esperanza Andrade de Osso, Nora María García Burgos, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Soledad Tamayo Tamayo y las Representantes Adriana Magali Matiz Vargas, Diela Liliana Benavides Solarte, María Cristina Soto De Gómez y Nidia Marcela Osorio Salgado.

La norma pretende proteger a todas las mujeres que ostenten la calidad de servidoras públicas en los máximos niveles decisorios, precandidatas, candidatas, electas, militantes de partidos y movimientos políticos, lideresas sociales y comunales, en ejercicio de sus derechos de participación y representación política y ciudadana.

El proyecto expresa que violencia contra la mujer en la vida política, es la acción u omisión en el ámbito político o público que, basada en el género, cause daño a una o varias mujeres y que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político, electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros.

 Este tipo de violencia se podrá manifestar mediante presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.

Así mismo expresa que las mujeres tienen el derecho a ejercer una vida política libre de violencia. igualmente, a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.  Al igual que el derecho a vivir libre de patrones, estereotipos de comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Medidas de prevención y órganos responsables

La iniciativa indica que el Gobierno Nacional a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, articulado con las Secretarías Municipales y Distritales de la Mujer y demás instancias de prevención y atención de violencia con ocasión al género, diseñará las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para promover el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia.

Promoviendo la formación de liderazgos políticos de mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres políticas. Asimismo, estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia contra la mujer en la vida política. Diseñar protocolos de atención oportuna para asegurar la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres víctimas de violencia política. entre otras. Indica que las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, serán implementados y monitoreados por el Ministerio del Interior.

Las autoridades electorales

El proyecto contempla que El Consejo Nacional Electoral, regulará las medidas de prevención de violencia contra la mujer en la vida política, durante la actividad electoral, los procesos y campañas electorales y las sanciones por la realización de estas conductas. Establecerá un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas correctivas y el procedimiento sancionatorio aplicable ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política/ electoral. Velará por el cumplimiento de las medidas que se dispongan en los partidos políticos y movimientos políticos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, de acuerdo con la normativa aplicable.

Los partidos y movimientos políticos

Los partidos o movimientos políticos, a través de la dependencia de género o del organismo facultado para ello, deberán adoptar al interior de la colectividad un protocolo de prevención de violencia contra la mujer en la vida política y las sanciones a interponer con ocasión a la vulneración de los derechos político- electorales de las mujeres.

Rechazará y sancionará cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política ejercida por los militantes, miembros y directivos del partido o movimiento político. También promoverá la participación política paritaria y en igualdad de condiciones; Impulsar programas especializados de capacitación sobre derecho electoral con perspectiva de género dirigida a la militancia del partido o movimiento político y a sus órganos de dirección.

Participación en política de las mujeres en el país

En la ponencia para primer debate del proyecto se informa que el 279 curules del Congreso, 55 están ocupadas por mujeres (19.7%), lo que permite evidenciar que Colombia sigue estando por 11 puntos porcentuales por debajo del promedio regional de las Américas, que está en un 30.7% de mujeres en Parlamentos.

Igualmente, que en las Gobernaciones para el periodo 2016 – 2019, las mujeres elegidas representaron un 20%, respecto de las candidatas, mientras que para 2020 – 2023 tan solo representaron el 10%.  En las Alcaldías para el periodo 2016 – 2019, las mujeres elegidas representaron un 20.6%, respecto de las candidatas, mientras que para 2020 – 2023 fueron el 17.5% Para el periodo 2020 – 2023, resultaron elegidas el mismo número de mujeres que para el periodo 2008 – 2011 en las asambleas, cuando estos periodos reportan una diferencia de 926 candidatas.

En relación a los concejos la cifra no es más alentadora, ello por cuanto tan solo se tuvo un aumento de 30 concejalas, entre los periodos 2016 – 2019 y 2020 – 2023, mientras que por ejemplo entre los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, la diferencia fue de 354 mujeres más, es decir, un aumento del 21.4%.

El proyecto se someterá a discusión, en la Comisión Primera de Cámara, con el propósito tomar medidas para contrarrestar todas estas conductas de violencia política, que desincentivan la participación femenina en los escenarios políticos- electorales.