El país debe avanzar en fuentes de energías amigables con la naturaleza, promover fuentes que eviten el calentamiento global e impliquen la reactivación económica, fueron algunas de las recomendaciones expuestas, sostuvo el senador José David Name, coordinador de la iniciativa.

Por: Evelyn Díaz Solano

Bogotá D.C., marzo 9 de 2021 (Prensa Senado).- Promover la movilidad eléctrica, incentivos económicos que impulsen el mercado de vehículos eléctricos, despliegue e implementación de la infraestructura de carga e incentivo directo a los usuarios, y frente a la necesidad de la reactivación económica en el país, disminuir trámites en declaratoria de utilidad pública, en aspectos ambientales, sustituir los anteriores fondos del Ministerio por el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGIA), son entre otros, objetivos del proyecto de ley sobre transición energética, la reactivación económica del país y fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, cuya socialización avanza durante un foro semipresencial, llevado a cabo hoy en el Recinto del Senado y convocado por el senador José David Name, el cual fue transmitido a través de los canales en You Tube del Canal Congreso y de la Comisión Quinta.

Durante la jornada, el coordinador ponente de la iniciativa, senador José David Name (Unidad Nacional), centró su intervención, en que el futuro debe ser más amigable con el medio ambiente, “Con esta iniciativa se inicia un cambio radical en el sector energético, modifica varias leyes, estamos a la espera del Mensaje de Urgencia por parte del Ejecutivo para su estudio, porque es fundamental para la transición energética y la reactivación económica del país”.

En su calidad de coautor, el legislador Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical), destacó de la iniciativa que enfrenta el futuro de la humanidad con alternativas que buscan aplicar cambios en el comportamiento social y económico, como impulso para la reactivación económica.

“La transición energética en que está empeñado el gobierno y este Congreso con proyectos de ley como el actual, se inscriben en inversiones de 16 billones de pesos, generación de empleo que alcanza los $55 mil billones, introduciendo como novedad proyectos eólicos, solares, geotérmicos, de transmisión energética y otros que ayuden al desarrollo de las regiones, en la lucha contra la pobreza y fortalecer nuestra clase media”, manifestó Lobo Chinchilla.

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, se refirió a la transición energética como una de las banderas del gobierno, “La masificación de energías renovables no convencionales tenía una participación muy insignificante en la matriz de generación de energía. Algo paradójico porque Colombia tiene gran potencial de energías de este tipo”.

De igual manera el ministro destacó “Desde el gobierno vemos que este proyecto de ley está alineado con la política de transición energética, tiene enfoque de portafolio, hay necesidad y potencialidad desde el punto de vista de la competitividad”.

Por su parte, el viceministro de Minas y Energía, Miguel Lotero Robledo, resaltó que para el 2030 el 70% de todos los consumidores de energía eléctrica en Colombia deberán contar con infraestructura de medición avanzada con lo que se permitirá reducir costos.

“La transición energética permite cerrar grandes brechas sociales. En materia de geotermia podremos tener una energía muy confiable. Llegaremos a 100.000 nuevos usuarios del servicio eléctrico, a 250.000 nuevos usuarios de gas. 25.000 hogares sustituirán la leña para cocción”, informó Lotero Robledo.

Durante el foro, otro de los aspectos fundamentales mencionados para Colombia en la transición energética, fue el relacionado con la incorporación de energías renovables, escenario donde Colombia cuenta con 8 granjas solares, con una capacidad de 166,86 Mw (Megavatios) generando más de 580.000 millones de pesos en inversiones. Se estima que para el 2022 el país pase de generar menos de un 1% a más de un 12% a partir de fuentes limpias no convencionales, mientras que para el 2030 se espera una reducción de hasta nueve millones de toneladas de Co2.

Participación de líderes gremiales

Como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez Ortega, hizo énfasis en la necesidad de avanzar en nuevos objetivos sobre la materia energética “es una prioridad la transición, no solo la sostenibilidad eléctrica sino también es importante que se incorpore el gas y mantener los incentivos para el sector energético”.

Durante su intervención, Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), sugirió que Colombia avance de acuerdo a lo que está pasando en el mundo “a una transición aterrizada, acorde con necesidades particulares de mercado, uno a precios eficientes y dos a energía confiable”.

Jaime Arias, docente de la Universidad Externado dijo “Colombia tiene un balance de generación de oxígeno muy positivo que le da un margen de negociación y de configurar una transición en la medida del país”.

“Colombia cuenta con una matriz energética altamente dependiente de las energías de origen fósil. En hora buena este proyecto busca integrar fuentes no convencionales de energía renovable como el hidrógeno, verde y azul, la biomasa, así como los distritos térmicos y la generación de energía eléctrica a filo de agua”, expresó el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina.

Así opinaron los senadores

De acuerdo con el congresista Alejandro Corrales (Centro Democrático), Colombia hace parte de los 30 países a nivel mundial que están preparados para la transición energética y es el segundo país de Latinoamérica con los niveles más altos de empleos en energías renovables. “En el año 2019 alcanzó aproximadamente 272 mil empleos, la mayoría en producción de biocombustibles”, especificó Corrales.

Para el senador Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) el proyecto de ley 365 de 2020, es un proyecto ambicioso que necesita Mensaje de Urgencia por parte del gobierno. “Es muy importante tener en cuenta el capital social. Hay que darle la oportunidad a las comunidades para que se enteren sobre el contenido del Proyecto”.

A su turno la senadora Maritza Martínez (Unidad Nacional) resaltó los avances de Colombia hacia una transición, una generación de energía sostenible y sustentable. “Estos esfuerzos son muy importantes, pero hay que resolver retos como las zonas no conectadas”.

De otro lado, la legisladora Daira Galvis (Cambio Radical) se refirió al proyecto de Ley 365 de 2020 Senado como una necesidad real e inmediata, “Es bueno que sea claro el debate de todo lo que implica esa transición”.

Conclusiones

Cabe destacar, que dentro del desarrollo del foro, se evidenciaron entre otros punto claves que plantea la iniciativa: flexibilizar trámites como el acceso a la infraestructura en zonas no interconectadas, el mercado energético del lado de la demanda para obtener una respuesta positiva de los consumidores domésticos y no solo de los industriales como ocurre en la actualidad y fortalecer los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

El senador José David Name, al concluir el foro resaltó "todos estamos de acuerdo en que se necesita el proyecto de transición energética. Otros quedan preocupados por algunos artículos que fueron declarados inexequibles, los cuales no vamos a votar, como lo es el de la carga impositiva”. Entre tanto el presidente de la Comisión Quinta, senador Guillermo García Realpe destacó la posición asumida por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo de promover la declaratorio del Mensaje de Urgencia por parte de gobierno, para seguir debatiendo el PL 365 de 2020 sobre Transición Energética.

(Foto de referencia Ministerio de Minas y Energía)

Reviva el foro semiprencial en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=EJlMvolfi3o

Los honorarios serán establecidos por los alcaldes y mediante acuerdo con los concejos municipales, hasta por (2) Unidades de Valor Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones, plenarias y comisiones.

Desde el pasado 28 de octubre del 2020, la Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de ley número 54 de 2015 Senado de la República, 267 de 2016 Cámara de Representantes, que autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país; y el pasado 4 de marzo del 2021 fue sancionado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

La nueva ley de la República tiene como objeto “reconocer la actividad constitucional y legal que desarrollan los miembros de las Juntas Administradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de honorarios y regulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 1993 y sus demás normas reglamentarias”.

La presente ley, contempla que cada una de las comunas o corregimientos del país tendrán una Junta Administradora local, integrada por no menos de tres, ni más de nueve miembros, elegidos por votación popular para periodos de cuatro años, que deberán coincidir con el tiempo del Alcalde y de los Concejos Municipales.

Ante este panorama, el senador Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical) manifestó “Celebro y apoyo la expedición de leyes que reconocen el trabajo democrático de miles de ediles y concejales en bien de la civilidad y la política en el mejor de los sentidos; el trabajo silencioso de estos hombres y mujeres, muchas veces no apreciado, ha contribuido desde cada rincón de nuestra patria a la estabilidad y fortaleza de nuestras instituciones”.

Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) destacó la sanción de la iniciativa como otro “gran logro del Congreso de la República, con el que se beneficiarán los ediles del país, quienes trabajan día a día con las comunidades”.  

De acuerdo con la norma, será responsabilidad de los alcaldes y sus concejos municipales:

• Establecer el número de ediles por cada corregimiento o comuna, teniendo en cuenta el número de habitantes.
• Fijar el pago de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales.
• Los honorarios serán por dos Unidades de Valor Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones, plenarias y comisiones, por el máximo de sesiones previsto en esta ley.
• La financiación de los honorarios será de los ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o municipio tenga determinados en su presupuesto.

Póliza de seguros 

Para el caso de los municipios, donde la población sea superior a cien mil habitantes, los alcaldes deberán garantizar la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con lo establecido, expedido por el Concejo Municipal.

Póliza de vida

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales disfrutarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993 y también serán inscritos a una póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994.

Al respecto, el parlamentario cesarense dijo “En desarrollo del principio de igualdad se da un paso importante con todos los ediles de Colombia, no solo en materia pensional, honorarios y la póliza de vida sino también en participación en los planes de desarrollo, POT, iniciativas para acuerdos y consejos de gobierno” calificando, además, la ley, como un paso importante y necesario para visibilizar a estos actores de la democracia colombiana.

Dentro de su funcionamiento, las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año, dado el caso de una ausencia injustificada del miembro de la Junta Administradora Local en cada período mensual de sesiones, por lo menos a la tercera parte de ellas, este perderá los beneficios contemplados en la nueva ley.

(Imagen de referencia JAL Kennedy, Bogotá)