La célula legislativa eligió también como su nuevo Secretario al excongresista Carlos Ramiro Chavarro.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Financiación para las artes, gestión de desechos y bilingüismo para algunos funcionarios están dentro de los temas en los que la Comisión Segunda del Senado avanzó en los últimos días.

La célula legislativa aprobó el proyecto de ley que rinde homenaje al Tecnológico de Artes Débora Arango, ubicado en Envigado, Antioquia. Esta iniciativa autoriza la financiación de proyectos de dotación y actualización de su infraestructura tecnológica, reconociendo la importancia de esta institución en la formación artística del país. La senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, fue la ponente de esta iniciativa.

Cabe recordar que el Tecnológico de Artes Débora Arango, también conocido como Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es una institución pública especializada en la formación en prácticas artísticas, creativas y culturales. Fundada en 1994, ha sido fundamental en la promoción y desarrollo de las artes en la región.

Otra iniciativa aprobada en la Comisión Segunda del Senado es la que avala el tratado sobre la gestión de elementos como el combustible gastado y los desechos radioactivos. El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, ponente del proyecto, destacó que el convenio “busca mantener un alto grado de seguridad internacional en la gestión del combustible gastado y de los desechos radioactivos, a través de la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional”.

Según organismos multilaterales, la gestión adecuada de los desechos radioactivos y del combustible gastado es esencial para garantizar la seguridad y protección del medio ambiente y la salud pública. 

Otro proyecto más que avanzó en esta célula legislativa es que establece el bilingüismo como requisito para ocupar el cargo de embajador y/o jefe de misión en representación del Estado colombiano. 

Esta iniciativa busca garantizar que los representantes diplomáticos del país cuenten con competencias lingüísticas que faciliten su labor en el exterior. Los senadores Jonathan Pulido Hernández, de la Coalición Centro Esperanza, y Julio Elías Vidal, del Partido de La U, están dentro de los autores de esta iniciativa. Los ponentes en el Senado fueron Manuel Virgüez Piraquive, del Partido Mira, y José Luis Pérez Oyuela, de Cambio Radical.

Otras iniciativas y nuevo Secretario

De igual forma, la Comisión Segunda avanzó en proyectos como el que exalta las municipalidades de Yarumal, Angostura y Campamento y rinde homenaje a los Héroes del Combate de Chorros Blancos, cuya autora es la senadora del Partido ASI Berenice Bedoya Pérez.

Igualmente, la iniciativa que avala el Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y cuyas ponentes son las senadoras Jahel Quiroga Carrillo y Gloria Inés Flórez Schneider, ambas del Pacto Histórico.

Y además fue aprobado el proyecto de ley que institucionaliza las ferias de servicios para colombianos en el exterior, de autoría de la bancada del Partido Mira y cuyo ponente es el congresista de esa colectividad Manuel Virgüez Piraquive.

La Comisión Segunda del Senado también eligió como su nuevo Secretario General al excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien expresó su gratitud al asumir el cargo.

“Agradezco por esta honrosa oportunidad que me ofrecen. Honraré este compromiso con todos los congresistas, con los partidos, con la Constitución y con la ley, y trabajaré con mucha lealtad”, aseguró Chavarro.

Un proyecto de ley para avanzar en este propósito tuvo una audiencia pública en la Comisión Primera de la corporación, en la cual se conocieron posiciones de senadores, Gobierno y Consejo Superior de la Judicatura.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C., Marzo 7 de 2025. (Prensa Senado). En la Comisión Primera del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para discutir el proyecto de ley que busca articular la jurisdicción especial indígena con la ordinaria en el país. 

Los impulsores de la iniciativa han dicho que el propósito es fortalecer el diálogo y la coordinación entre ambos sistemas de justicia, garantizando el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Durante la sesión, la senadora por el Pacto Histórico Clara López, ponente del proyecto, resaltó la necesidad de garantizar una comunicación efectiva entre las dos jurisdicciones. 

“Esto es para que la jurisdicción ordinaria y la indígena hablen, se comuniquen, se coordinen entre sí, de igual a igual, porque autoridad es tanto la una, como la otra. Por eso tomo con mucha seriedad los aportes hechos en esta audiencia pública”, manifestó la congresista de la coalición oficialista.

De igual forma, la senadora indígena y miembro del Pacto Histórico Aída Quilcue celebró el avance del proyecto de ley para articular estas dos jurisdicciones y dijo que, “sin duda, será de éxito para los pueblos indígenas”.

Por su parte, la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, una de las impulsora del proyecto de ley, subrayó la importancia de implementar centros de armonización que permitan la convergencia de los dos sistemas de justicia.

De acuerdo con la funcionaria, la norma “implica un pluralismo jurídico que, sin lugar a dudas, nos asegura una aplicación efectiva del principio constitucional que garantiza un acceso a la justicia en tiempo real. También genera una protección de derechos para todos sujetos que están frente al tema y promueve seguridad jurídica”.

La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, destacó la importancia de la iniciativa y su construcción entre diferentes actores del sistema. “Este trabajo colectivo puede ser la oportunidad de sacar adelante el mandato constitucional de expedir un mecanismo de coordinación entre los dos sistemas de justicia. Lo más importante es que podamos sacar adelante el proyecto”, expresó la togada.

La jurisdicción especial indígena es un derecho reconocido en la Constitución de 1991 y que permite a las comunidades indígenas administrar justicia dentro de sus territorios conforme a sus usos y costumbres. 

Sin embargo, en diversas ocasiones, se han presentado desacuerdos con la jurisdicción ordinaria, especialmente en casos de delitos graves o en la aplicación de penas distintas a las establecidas en el Código Penal colombiano.

Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es establecer mecanismos claros de coordinación y articulación entre las dos jurisdicciones, asegurando que ambas operen con respeto mutuo y en el marco de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.