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Mayor transparencia en los recursos, un clamor en la nueva reforma a la salud

Durante la mesa técnica presidida por la senadora Ana Paola Agudelo, se debatieron los mecanismos de auditoría, vigilancia y trazabilidad propuestos en la reforma a la salud. Las entidades de control, la academia y los veedores ciudadanos coincidieron en la necesidad de fortalecer la transparencia en el uso de los recursos del sistema.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2025. Con el propósito de fortalecer la discusión técnica y participativa en torno al proyecto de Reforma a la Salud, la Comisión Séptima del Senado de la República desarrolló este viernes una mesa técnica centrada en los mecanismos de auditoría y control del gasto público en salud. 

La senadora Ana Paola Agudelo destacó la relevancia de este componente dentro de la estructura de la reforma: “Hoy nos convoca la mesa técnica sobre auditorías, un tema supremamente importante y, en nuestro concepto, la columna vertebral de la reforma a la salud”.

Recalcó que donde los recursos son escasos, la trazabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos deben ser una prioridad absoluta: “Aunque fueran suficientes los recursos, ¿cómo vamos a garantizar que cada peso que se invierta en salud efectivamente va a llegar a esa persona, a ese paciente que lo necesita?”, agregó.

La jornada contó con la participación de representantes de la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, veedores ciudadanos, académicos y funcionarios del orden nacional y territorial. Desde la Superintendencia, la doctora Edilma Suárez expuso los avances contemplados en el proyecto, destacando la creación de un Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud y la implementación de tecnología blockchain para auditoría en tiempo real.

La senadora Esperanza Andrade expresó su respaldo a la iniciativa de la mesa técnica, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de concentrar funciones clave en una sola entidad: “Tenemos serias preocupaciones porque las auditorías las han dejado en cabeza de la ADRES, y vemos que la ADRES, además de manejar esos recursos, también será el órgano directo entre el Estado y las nuevas gestoras de vida”, advirtió “Aquí hay que revisar minuciosamente cómo va a garantizar el Estado que los recursos que se destinen para la salud se hagan de manera transparente y le lleguen finalmente al paciente”, añadió.

La senadora Norma Hurtado, reiteró el papel activo de la Comisión Séptima en la escucha ciudadana: “Estas mesas técnicas están orientadas a conocer los artículos que ustedes consideran que benefician al sistema de salud, pero también sus inquietudes, preocupaciones y recomendaciones para la toma de decisiones”, afirmó.

Desde la sociedad civil, voceros como Sandra Rubiano, veedora de salud, expresó su preocupación frente a la capacidad operativa del ADRES y la necesidad de garantizar auditorías independientes y sistemas públicos de información abiertos a la ciudadanía.

En general se evidenció una necesidad de garantizar un sistema de auditoría que permita una vigilancia real, permanente e imparcial sobre el uso de los recursos públicos en salud. Entre los aspectos más resaltados estuvieron la urgencia de contar con herramientas tecnológicas robustas, como el sistema unificado de información y la tecnología blockchain; la importancia de evitar la concentración excesiva de funciones en una sola entidad como el ADRES; y el fortalecimiento del control ciudadano y la rendición de cuentas como ejes fundamentales de la reforma. 

Las intervenciones destacaron también los vacíos históricos en trazabilidad, las preocupaciones frente al riesgo de corrupción y la exigencia de que la reforma esté centrada en garantizar la vida y el acceso efectivo a la salud de los colombianos.

La senadora Ana Paola Agudelo concluyó que las propuestas recogidas en esta sesión serán sistematizadas como insumo para el debate legislativo: “Queremos construir una reforma centrada en el paciente, en la vida, y que garantice que cada peso público sea invertido con propósito y transparencia”.

Senado aprueba en primer debate proyecto que beneficia al colegio Santa Librada de Neiva

Este 26 de septiembre de cumplen 180 años de una de las instituciones educativas más importantes del paísLa Nación se vincularía a su conmemoración con el giro de recursos en su infraestructura.  

Por: Luisa María Llano

Bogotá, 29 de abril de 2025 (Prensa Senado).Egresados, comunidad académica y huilenses en general celebraron la aprobación, en primer debate,del proyecto de ley que conmemora los 180 años de la Institución Educativa Santa Librada de Neiva.La Comisión Sexta de Senado dio su visto bueno lo que permite que continue su discusión en el recinto de la plenaria.

Se trata de una iniciativa radicada el año anterior por la bancada huilense que, preocupada por el estado actual de su infraestructura física y consciente de su valor y trayectoria en térmicos académicos, le propuso al Congreso de la República declararlo patrimonio histórico y cultural de la nación al tiempo que invita al Estado a que se vincule a su aniversario número 180 que se cumple el próximo 26 de septiembre. 

El senador ponente Pedro Hernando Flórez Porras, por el Pacto Histórico,explicó que “esta es una institución que entre los años 60´s y 70´s se convirtió en la mejor del país de las pruebas de Estado, que en su momento se llamaron las pruebas Ecopetrol. Una institución de la que salieron grandes personajes y que en varias oportunidades fueron galardones del Concurso Nacional Coltejer”.

Sin embargo, los votos positivos de la Comisión se hicieron sentir cuando el senador ponente argumentó que desde que terminó su construcción en 1944 no ha sido intervenida su infraestructura, no se han hecho refracciones por dilataciones, las paredes presentan grietas, hay deterioro en los baños, puertas y ventanas, entre otros deterioros.

“En el año 1995 se aprobó la Ley 237 en la que la Nación se asociaba a la conmemoración del sesquicentenaria del colegio por lo que se autorizaron unas inversiones. Esto fue un intento fallido, dado que no hubo estudios técnicos que señalaran los trabajos a realizar con sus costos respectivos. Los dineros se perdieron”, lamentó el senador ponente.

Agregó, además, que en el 2019 la caída del cielorraso de uno de los salones hizo que un sector del colegio se encuentre sin servicio con 19 aulas inhabilitadas por lo que “es una oportunidad que pierden los jóvenes de Neiva en poder continuar con sus estudios de forma digna”.

Según el articulado, el Proyecto de Ley No. 297 de Senado, establece la autorización de obras conmemorativas para que el gobierno nacional, a través del ministerio de Hacienda, incorpore al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024 los recursos necesarios para la remodelación de la planta física del colegio; dotación de muebles, pupitres, equipos de cómputo y laboratorios; obras de ornato como senderos y jardines; construcción de andenes y cobertizos ; reconstrucción de la fachada, auditorio para eventos culturales entre otros.

El proyecto, de autoría del senador Carlos Julio Gónzalez Villa, por el partido Cambio Radical, fue aprobado de forma unánime con 10 votos a favor.

Senado analiza futuro de la educación ante llegada de la Ley de Competencias

Esta ley establecerá las obligaciones de las entidades territoriales frente a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada recientemente por el Congreso de la República.

Por: Luisa María Llano 

Bogotá, 1 de mayo de 2025 (Prensa Senado).-Durante el ´Foro Nacional Ley de Competencias para el Nuevo SGP´, organizado por el Foro Permanente de Ciencia y Educación, académicos, sector público y privado se dieron cita con el fin de analizar el futuro de la educación en Colombia ahora que Congreso estudiará el texto de la Ley de Competencias.

En esta ley, que según el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso el próximo 20 de julio, se fijarán las responsabilidades que tendrán las entidades territoriales en materia de administración, ejecución y supervisión de recursosdestinados a programas y proyectos de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.

La Ley de Competencias se da como consecuencia de la reciente aprobada Reforma al Sistema General de Participaciones que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. En la actualidad, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). Con la reformaestas transferencias aumentaron al 39,5% a partir del año 2034 con incrementos anuales del 2,5%.

El autor de la reforma, el senador Guido EcheverriPiedrahita, por el partido En Marcha, explicó que si bien el acto legislativo ordena más ingresos a alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales, “hay que hacer rediseños institucionales que garanticen que ese mayor volumen de recursos se inviertan de mejor manera y de forma focalizada, identificando las grandes problemáticas que tiene la educación hoy en Colombia”. 

Para Echeverri Piedrahita, además presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado, “la reforma tiene la virtuosidad de contemplar todos los niveles de educación, desde la básica hasta los dos años de educación superior. El sector educativo tiene faltantes económicos hoy, problemas de infraestructura, no hay cómo financiar a los docentes, existe una reducción de matrícula y otras preocupaciones” por lo que la Ley de Competencias faculta también “a las entidades territoriales, que conocen el territorio,a ser las dueñas de los modelos y métodos de educación

Una vez se presenta esta propuesta de Ley de Competencias al Congreso su participación será muy importante. Es la oportunidad para sus voces sean tenidas en cuenta en un ley que responda a las necesidades del momento”, dijo el senador Guido Echeverri durante el foro refiriéndose a las entidadesvinculadas a la educación.

El encuentro sirvió para que gremios e instituciones como la Federación Colombiana de Municipios, RAP´s como la RAP – Región Central , FODESEP, Ascún y otras también expresaran lo que consideran los retos de la educación y cómo el Sistema General de Participaciones debe convertirse en un mecanismo estructural para la expresión del Estado Social de Derecho a todo el territorio nacional.

“El proyecto de ley que radicará el Gobierno este 20 de julio debe ser el resultado de un acuerdo social amplio entre distintos sectores y expresiones organizativas de la sociedad”, concluyó el foro.