Los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino citaron al Gobierno a un debate de control político, donde fueron cuestionadas las acciones adelantadas en las zonas de cultivos ilícitos.
Bogotá D.C., 18 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Al debate fueron citados los ministros del Interior, Alicia Arango; de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el de Justicia, que envió a su viceministro Javier Sarmiento, lo mismo que el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, general Jorge Luis Ramírez Aragón, y el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, Hernando Londoño, quienes respondieron cuestionarios de los congresistas citantes.
La metodología usada para el debate de control político fue dar paso a una exposición de la problemática que se ha planteado por parte de los senadores que convocaron al control político al Gobierno, frente a los programas de erradicación de los cultivos ilícitos y las acciones que se han venido desarrollando para su sustitución y los efectos en la población.
Planteamientos
El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, tomó la vocería exponiendo lo que ha considerado que ha causado efectos negativos en el programa que adelanta el Gobierno para disminuir los cultivos con la erradicación forzada y voluntaria como para la restitución y los beneficios para los cultivadores que en su totalidad es población vulnerable.
Inicialmente el legislador Berner Zambrano, del Partido de la U, señaló que la situación de alteración del orden público en el sur del país es preocupante ante las masacres, asesinatos por el narcotráfico como de aparición de grupos armados al margen de la ley. Solicitó mayor atención de las autoridades y del Gobierno, para que lideren una comisión de garantías de seguridad para Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Por su parte, el senador Sanguino trajo a colación una amplia exposición de la situación que se registra en varias regiones del país convulsionadas por el cultivo y narcotráfico que viene ocasionando problemas de orden público y social.
“El Gobierno ha incumplido con el pago a las familias que adelantan el programa de sustitución de cultivos ilícitos pese a que han erradicado 41.513 hectáreas, no les han dado los beneficios suscritos con el Gobierno con el punto 4 del Acuerdo de Paz”, aseveró, agregando que se han denunciado 52 casos de violación de derechos humanos en regiones de violencia contra líderes sociales y comunidades.
Agregó que se ha incumplido con el pago a las familias que adelantan el programa de sustitución de cultivos ilícitos pese a que han erradicado 41.513 hectáreas, no les han dado los beneficios suscritos con el Gobierno con el punto 4 del Acuerdo de Paz. Se ha disminuido en un 93% el presupuesto para la erradicación de cultivos ilícitos desmotivando el proceso. El Gobierno priorizó ocho municipios, de los cuales en tres no hay ni una sola hectárea de cultivos en Barrancominas, Guainía; Rosas en Cauca, y El Dovio, en el Valle del Cauca.
El observatorio de Restitución y Regulación de los derechos de propiedad agraria registró 51 incidentes entre campesinos y Fuerza Pública, el 42% de ellos, durante el aislamiento obligatorio. El 58% de los cultivadores estaría dispuesto a participar en algún programa de erradicación voluntaria, afirmó.
Agregó que la remilitarización ocasiona victimas de lado y lado. 126 erradicadores han muertos y más de 100 heridos, la mayoría de las víctimas perteneciente a las Fuerzas Militares. “La política de erradicación es equivocada, la aspersión aérea es peligrosa. La guerra contra las drogas es perdida, la política de militarización no es la solución. Los narcotraficantes se están aliando con la política y eso también debe preocupar”, reiteró el senador citante.
Por su parte, su colega Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, denunció: “Los indígenas estamos de luto por los atentados contra nuestras comunidades y lamentamos esta situación. Solicitamos atención del Gobierno para garantizar seguridad y adelantar esfuerzos con acciones para detener esa violencia, 82 mil familias están inscritas y no 92 como afirma el Gobierno. Al 41% de ellas no le han girado los beneficios para sustitución y el 27% no ha recibido los dineros de autoabastecimiento productivo. Esperan respuestas y acciones inmediatas y que se cumpla el acuerdo de paz en estos temas”, concluyó.
Comunidades opinan
La Asociación de Campesinos del Catatumbo, a través de su vocero Juan Quintero, afirmó que desde hace siete años se adelantan esas labores y se han inscrito en los programas, especialmente en los municipios de Tibú y Sardinata, en Norte de Santander. Los proyectos de ciclo corto y largo en los últimos 3 años ya no están, se requiere apoyo para sustitución con cultivos lícitos, no hay programas concretos”.
“Las comunidades indígenas y afro en el pacífico estamos cumpliendo con la erradicación, pero el Gobierno no. La Fuerza Pública se va de las regiones y quedamos sin protección, lo que aprovechan los grupos armados para atentar contra los líderes. Solicitamos cumplimiento del Estado y que hagan efectivos los acuerdos”, dijo Nelson Estupiñán, por las Comunidades Indígenas del Pacífico.
Responde el Gobierno
La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que respondiendo a las inquietudes de las comunidades en torno a programas de protección a los líderes sociales, en zonas de restitución de cultivos ilícitos: “Los alcaldes y gobernadores deben ser los canales ante el Gobierno para atender problemas de inseguridad. Así mismo se adelantan acciones especiales de protección y atención de derechos humanos con 100 sistemas de seguridad individual y colectiva en las zonas de erradicación de cultivos ilícitos, como para los líderes sociales y se están ajustando más para mejorar”.
A su vez, el delegado de la Defensoría del Pueblo. Mateo Gómez, reveló que se han realizado un total de 177 alertas de riesgo de peligro por grupos armados, 159 son tempranas por actividad de narcotráfico, de las cuales 68 corresponden a la zona del Pacífico. Recomendamos al Gobierno atender con actividades coordinadas para atender a la población en su protección”,
Emilio José Archila, alto Comisionado Presidencial afirmó: “El Gobierno ha invertido 1,4 billones de pesos para beneficiar a 99.097 familias en 56 municipios, de 14 departamentos, donde 41.513 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas de forma voluntaria y asistida. 15.295 hectáreas de han sustituido durante el actual Gobierno”.
El viceministro de Justica, Diego González, anunció la próxima presentación de un proyecto de ley para tratamiento penal de pequeños cultivadores ilícitos, donde se contemplan aspectos de beneficio para los erradicadores voluntarios y otros aspectos judiciales.
A su turno, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes, afirmó que “las cifras afirman que la política de antinarcóticos que se aplicó con anterioridad al presente Gobierno tuvo un aumentó histórico por incremento de cultivos ilícitos. Nariño y Norte de Santander acumulan los más altos índices de cultivos y tráfico de Cocaína. 1.100 hectáreas de cultivos ilícitos se han erradicado en el último año. Norte de Santander y Nariño siguen siendo las zonas donde más cultivos existen y donde se están enfocando las acciones de erradicación con programas del Gobierno como en otras regiones como Valle y Cauca” y finalizó afirmando que “el Gobierno no trivializa los hechos de violencia, ni la seguridad pública. Es falso y es cierto que tenemos problemas en algunas zonas, pero por culpa de las decisiones del 2013. En los últimos dos años ha disminuido los delitos y los crímenes. También se han incrementado las incautaciones de alucinógenos y grupos criminales”.
“Lo que podemos es seguir luchando contra el narcotráfico y todas sus redes con constitucionalidad y apegados a la ley, lo que no se puede es politizar estas acciones”, reiteró en su presentación.
Conclusiones
El senador Ernesto Macías (Centro Democrático) dijo: ”Muchos acuerdos hizo el pasado Gobierno con agremiaciones, sociedades y comunidades que se quedaron solo en el papel, porque no dejó recursos e incumplió, así como en materia de erradicación de cultivos ilícitos, hay que seguir en esa lucha de erradicar tanto manual y aérea como voluntaria y forzosa”.
“Nuestras autoridades con la Fuerza Pública deben llegar a los sitios libres o vacíos, donde el Estado debe estar allí ejerciendo presencia y así evitar que lleguen los criminales a ocuparlos con cultivos ilícitos”, sostuvo el congresista José Luis Pérez, (Cambio Radical).
La senadora Paola Holguín (Centro Democrático) intervino al señalar; “El glifosato se usa en otros sectores y no son nocivos, pero algunos se oponen a la fumigación para acabar con los cultivos ilícitos por defender sus negocios y ellos son los que se oponen a cualquier acto de erradicación. No engañar a los colombianos con sesgos. Acabar el narcotráfico se debe atacar toda la cadena desde la siembra”.
“Busquemos entre todos una salida para todos estos problemas que vienen generando los cultivos ilícitos y narcotraficantes. No nos echemos la culpa los unos a los otros y con mayor voluntad política superemos todos estos problemas, debemos avanzar en soluciones y no se requiere enfrentamientos, ni polarización”, indicó el senador Feliciano Valencia.
Finalmente, el legislador Antonio Sanguino hizo un llamado al Gobierno para que suspenda los programas de erradicación forzosa, no al glifosato ni a la aspersión aérea. Es cumplir el punto uno del acuerdo de paz. Hay que desmilitarizar las zonas para evitar enfrentamientos y reforzar programas de restitución con cultivos lícitos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Segunda, Luis Diazgranados (Cambio Radical) señaló que otros debates sobre el tema se estarán desarrollando para buscar soluciones en conjunto con el Gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos, que será en otra sesión donde se hable de los avances y las soluciones ante las problemáticas expuestas.
