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"No queremos homenajes póstumos, lo que necesitamos son elementos de protección y estabilidad laboral”: personal de la salud

Varios planteamientos fueron expuestos ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en sesión virtual y con un enérgico llamado al Gobierno como al sector privado para su protección al contagio y mayor garantía en sus contratos de trabajo.

Bogotá D.C., 16 de abril de 2020 (Prensa Senado). Las asociaciones de trabajadores de la salud invitadas por la Comisión de Derechos Humanos realizaron un pronunciamiento frente a la situación que están afrontando por la pandemia del Covid19 con la atención de pacientes y su latente preocupación, tanto por el contagio como por su estabilidad laboral, ya que el 80% trabaja bajo la modalidad de contratistas, siendo otra desventaja para con ellos y sus familias.

Así lo señaló la representante de la Asociación de Obstetricia, Liliana Bandera, quien expresó que esas son las principales preocupaciones que en la actualidad padecen quienes laboran en los hospitales como en las clínicas privadas, donde pese a los anuncios del Gobierno en la entrega de recursos para elementos de bioprotección, no se ven hasta el momento.

Ante la citada denuncia, el presidente de la Comisión, senador Edgar Palacio MIzrahi (Colombia Justa Libres) señaló la necesidad de hacer pública la petición a través de la Comisión y como garante de la protección de los Derechos Humanos, anunció la intermediación ante el Gobierno y Ministerio de Salud para que se agilice la entrega de los recursos para el suministro de equipos y elementos que garanticen la seguridad del personal de la salud en el menor tiempo posible, ya que los contagios están llegando a cifras muy preocupantes y más a ese sector que es la primera línea de frente para la atención de contagiados y que ha cobrado la vida de 144 personas, entre ellos cuatro médicos y con más de 3 mil contagiados.

La solicitud también fue hecha por el vocero de los hospitales y clínicas Juan Carlos Giraldo, quien agregó que la inestabilidad laboral es otra preocupación, sumada al estrés por su condición de contratistas que no les otorga garantías y tener que asumir gastos extras como pago de parafiscales, transporte y no tener seguros y la incertidumbre de contratación ya que son admitidos por temporadas.

La senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) reiteró que el desarrollo del sector de la salud se ha evidenciado con la pandemia, ya que está muy rezagado y la evidencia clara es la falta de elementos de protección y equipos para el personal de salud, lo que se hace necesario reiterar la inversión que se requiere y solucionar el constante problema que los recursos del Estado no llegan oportunamente a los centros de asistencia, ya que las EPS los demoran y no permiten un cabal funcionamiento, así como ampliar las plantas de personal .

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), señaló que el Gobierno ha girado 6 billones de pesos para resolver los problemas financieros para resolver la falta de liquidez, pero también se está registrando otro inconveniente por la pandemia que está matando a las clínicas por la disminución de ingresos por otros tratamientos que se han suspendido o aplazado para darle paso a la atención del Covid-19.

Exigirles a ARL

El senador Alexander López (Polo Democrático) fue enfático en manifestar su defensa a favor de los trabajadores y exigir a las ARL para que cumplan con su labor para la cual se crearon y es el suministrar los elementos necesarios para su protección ante la emergencia sanitaria, ya que hasta el momento no han dotado al personal, además de la falta de seguros para ellos como para sus familias, puesto que están expuestos todo el tiempo con el mortal virus y se suma la falta de garantías contractuales e inestabilidad por ser trabajadores por contrato, lo que hace necesario que por decreto se incluyan directamente a las nóminas y así obtengan garantías laborales.

Otro tema expuesto por los congresistas Griselda Lobo (Farc) e Iván Agudelo (Partido Liberal) fue la necesidad de reiterar el proceso de excarcelación para descongestionar los centros penitenciarios, dado que el decreto recién emitido por el Ministerio de Justicia no es suficiente para lograr el objeto y se requiere que sea más amplio como también la adopción de medidas de protección, tanto para los internos como para el personal del INPEC, luego que se ha conocido el contagio en Villavicencio, que es una alerta para las demás cárceles del país y que requiere de una atención urgente y se tomen otras medidas.

Al finalizar la sesión, el senador Palacio Mizrahi anunció una próxima sesión para el jueves 23 de abril, donde se tratará la problemática de la violencia intrafamiliar contra mujeres y en especial contra los menores de edad, ante lo cual se han invitado a todas las autoridades que les compete el tema, a fin de analizar y establecer medidas más concretas para contrarrestar ese fenómeno que se ha agudizado por la cuarentena con el aislamiento preventivo.

 

Ministerio de Agricultura subsidiará con $53 mil millones el transporte de alimentos para garantizar abastecimiento

Así lo dio a conocer el jefe de la cartera de Agricultura, Rodolfo Zea, en la sesión formal virtual de la Comisión Séptima del Senado, reunión en la cual también hizo presencia Fedepalma.

Bogotá D.C., 16 de abril de 2020 (Prensa Senado). Durante la sesión virtual, los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado trataron temas de importancia debido a la emergencia del Covid-19 y su impacto en los territorios de los agricultores.

En la reunión que se llevó a cabo a través de la plataforma zoom, concordaron que uno de los principales desafíos que se tiene como Gobierno, como Estado ante esta pandemia, son las falencias del sistema de salud, pero también las brechas existentes en las zonas urbanas y rurales, diferencias que se hacen grandes en condiciones socioeconómicas.

De acuerdo con Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, “desde el día uno de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica se ha trabajado de manera constante en reestablecer y mantener la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos de la canasta familiar”.

Igualmente, Zea indicó que se han implementado medidas para darle liquidez al sector agropecuario, beneficios financieros como el de subsidiar la logística de transporte que se encuentra en etapa final para su implementación. “Vamos a subsidiar el precio del transporte alrededor de 53.000 millones, se está haciendo contrato con la bolsa mercantil, y una vez se tenga la factura de compra y venta y el producto recibido, les vamos a entregar ese incentivo a los productores”.

Según el presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), Jens Mesa, Colombia tiene un liderazgo en la producción de Palma, hoy es el cuarto productor mundial y el primer productor en América, con un área sembrada de alrededor de 560.000 hectáreas que están ubicadas en 21 departamentos y en 161 municipios.

“Una decisión muy importante que se tomó al inicio de la emergencia por la pandemia fue continuar trabajando, por ser este un sector básico para la economía y fundamental para la canasta básica de los colombianos”, afirmó Mesa.
También aseguró que tomaron la decisión de operar así no sea en absoluta normalidad, sino como consecuencia de un estado de excepción para ese sector de la palmicultura que es realmente muy valioso, “pues el cultivo de palma es un sector que genera mucho empleo, más del 80% es empleo formal, es un sector que transforma en el campo colombiano para que muchas comunidades tengan un sistema de contratación laboral favorable y estable con mejor remuneración”.

El senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, en su intervención afirmó: "Señor Ministro insistir en aquello que se habló en la campaña del presidente Duque, agricultura por contrato que no le cuesta al Estado es simplemente una tarea de gestión, decir a la industria avícola a los importadores de estos granos que se tienen estos beneficios, pero la reciprocidad es que se comprometan a absorber la cosecha colombiana, y esta sería la medida compensatoria a los agricultores colombianos".

Por su parte, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseveró que las acciones de la cartera de agricultura para la protección y empleo en la zona rural es una preocupación constante de la Comisión Séptima. “Hoy se menciona que por esta pandemia se van a perder cerca de 100 mil empleos en el país”, e indagó sobre qué medidas a corto plazo tiene el Ministerio de Agricultura y propuso aplicar pruebas rápidas a quienes están en la excepción que trabajan en la cadena básica y distribución de alimentos para que sean ellos prioridad para protección de estos miles de ciudadanos que cumplen con el abasto de alimento y también para evitar que plazas de mercado y centrales de abasto se conviertan en focos de contagio”.

Medidas a sectores porcícola y avícola

Entre tanto, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, solicitó al Ministro implementar una serie de medidas para el sector porcícola y avícola, por la disminución del consumo de pollo y cerdo, lo que tiene en gran dificultad al sector, “el mayor consumo se generaba en restaurantes y fuera de casa, en este instante el consumo es otro, lo que genera en el sector que suban los inventarios en cuartos fríos, se tenga que parar la producción y todo lo que se está procesando no está rotando. Se debe revisar la articulación de oferta y demanda y revisar compras públicas”.

El congresista también hizo un llamado para que se revise la liquidez para los productores del agro en el país, ya que los bancos no les están prestando, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, reiterando que son varias las quejas que ha recibido al respecto.

Muleros, sin hospedaje


El congresista del Partido de la U, José Ritter López, fue enfático en asegurar que “las asociaciones de transportadores muleros de Colombia no encuentran hospedaje y alimentación y sugiero exista una solución para que estos también héroes del transporte que llevan el alimento encuentren en los caminos y rutas varios sitios habilitados para que accedan a dichas necesidades básicas”.

En cuanto a las líneas de crédito, Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, insistió en que “han venido siendo expedidas una serie de medidas financieras, pero cuando el sector agropecuario se acerca a los beneficios de la banca, se encuentran que no está siendo generosa y solidaria”.

A su turno, el ministro Zea aseguró que esta crisis abre una oportunidad para utilizar las plataformas virtuales en la implementación de muchos procedimientos y contrataciones y en lo que respecta a esta dependencia estatal a futuro serán mínimas las mesas de negociación presencial. “Vamos a seguir y no vamos a parar, usaremos la tecnología para poder hacer esos contratos de compra y venta, quitando esos intermediarios que se quedan con gran parte del negocio de los alimentos".

La Comisión Séptima le solicitó al ministro Rodolfo Zea escalar y priorizar cada una de las inquietudes y problemáticas que se presentan desde las regiones, con el fin de atender con beneficios, subsidios y seguridad del sector de la agricultura al campesinado.

El próximo lunes se realizará una nueva sesión virtual, esta vez con la presencia de la Federación de Aseguradores Colombianos y las Superintendencias de Salud y Financiera, con el fin de tratar temas pertinentes con los elementos de bioseguridad al personal de la salud.

Senadores dan la batalla ante el Gobierno por el salvamento del sistema de transporte masivo

“La situación es alarmante porque el servicio público es esencial para las ciudades. En la mesa de trabajo que tuvimos, Simus aseguró que, si la situación continúa igual, en menos de 10 días se podrían frenar por completo las operaciones", dijo el senador Mauricio Gómez Amín.

Bogotá D.C., 16 de abril de 2020 (Prensa Senado). En atención al hueco financiero que presentan los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) del país debido al aislamiento decretado por el Gobierno para frenar la propagación del Covid-19, los senadores Mauricio Gómez y Angélica Lozano lideraron una reunión virtual con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y los gerentes de los gestores operadores de las ciudades donde se presta el servicio, con el fin de encontrar una solución a corto plazo que permita la continuidad de este medio de movilidad.

 De acuerdo a la proyección de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Red Simus), para el 27 de abril (día en que terminaría la cuarentena actual) los sistemas presentarán un déficit de $205.227 millones por el pago de nóminas, el cubrimiento de gastos fijos y los sobrecostos de la operación. En promedio, la disminución en la demanda de pasajeros ha sido del 85%.

“La situación es alarmante porque el servicio público es esencial para las ciudades. En la mesa de trabajo que tuvimos, Simus aseguró que, si la situación continúa igual, en menos de 10 días se podrían frenar por completo las operaciones. Esto no podemos permitirlo, se afectarían los sistemas de transporte y las personas que necesitan movilizarse”, expresó al respecto el senador liberal Mauricio Gómez Amín.

Asimismo, la congresista de la Alianza Verde, Angélica Lozano, afirmó que “nuestro interés es poder ayudar y articular a todos los sistemas que siempre son tan vulnerables con el esquema financiero. Lo que va a pasar cuando termine la cuarentena es que estos se pondrán en jaque por atender bajo las condiciones de prevención en salud. Acompañaremos este proceso con las instancias nacionales”.

Por lo anterior, luego de analizar los reportes entregados por los operadores de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se abrió la puerta para que a través de créditos blandos con Bancoldex y el Banco Mundial se pueda aliviar la caja del transporte masivo para su funcionamiento actual. La funcionaria hizo claridad en que no habrá recursos del Presupuesto General de la Nación para este sistema.

“Es importante que con ayuda del Gobierno se agilicen los trámites para que las empresas no acudan a la banca de primer piso, pues les han negado préstamos por considerarlos un sector de alto riesgo”, indicó Gómez.

Otra dificultad señalada por los operadores está relacionada con el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 que le exige a cada sistema una oferta máxima del 50% durante la emergencia económica, pero para mantener la distancia física entre los pasajeros, algunas ciudades han dispuesto más buses de los que deberían funcionar frente al número de la demanda que presentan, elevándoles así su costo operativo.

Los gerentes de Transmilenio, Metro, Transmetro, Transcaribe y Megabús agradecieron la gestión que adelantan los senadores frente a los ministerios de Transporte y de Hacienda, siendo este último invitado a participar en las próximas mesas de trabajo que sean citadas en torno al tema.

Los congresistas Mauricio Gómez y Angélica Lozano se comprometieron a seguir dando la batalla por la sostenibilidad del transporte masivo y para construir una política pública que a largo plazo permita atender este tipo de crisis en el sector de manera oportuna, no solo con medidas reactivas a una coyuntura en particular.