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Gerentes de centrales de abastos solicitan mayor control sobre pequeños comerciantes para que cumplan normas de salud

Hemos creado la Mesa de Alimentación de Colombia, mesa que será permanente y hay que disminuir la intermediación para que los campesinos se conecten con los compradores desde el terreno y abaratar los precios, para que la seguridad alimentaria salga bien”, indicó el Viceministro de Agricultura.

 Bogotá D.C., 4 de junio de 2020 (Prensa Senado). En audiencia pública realizada en la Comisión Quinta, los gerentes de las centrales de alimentos de todo el país pidieron al Gobierno ayuda para controlar a los pequeños comerciantes que por su afán de conseguir su sustento desatienden las medidas de seguridad en salud.

El senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, uno de los promotores de la audiencia realizada en la Comisión Quinta pidió “las políticas de los alcaldes y gobernadores deben ser armonizadas con las del Gobierno nacional para que se pueda controlar el contagio del Covid-19 en las centrales de abastos de todo el país”.

El congresista Corrales dijo que “si bien es importante la salud también es importante que se reactive la economía de alguno forma para que los comerciantes tengan sus ingresos, no se puede cerrar las centrales de abastos porque es trasladar el problema a otro sitio, lo que indica que no se puede evadir la responsabilidad”.

Seguidamente intervino Carlos Eduardo Quiroga, gerente de la Central de Abastos de Bucaramanga, dijo: “Queremos crear una red nacional de apoyo para mayor control de seguridad y que nos ayuden para conocer los mercados internacionales”.

Jaime Cortez, gerente de la central de abastos de Valledupar, indicó: “En estos momentos estamos alcanzados por impuestos y nuestra solicitud va encaminada a que se nos den tiempo para el pago del IVA, pero sin intereses y pedimos que se nos instale una sucursal del Banco Agrario en la central que hasta la fecha tiene cero positivo del Covid-19”.

Alex Rivera, gerente de la Central de Abastos de Barranquilla, dijo que “en la capital del Atlántico tenemos dos centrales de abastos, que han sido claves para para el abastecimiento, pese a que el consumo ha bajado y los costos subiendo y me preocupa de que esto siga en aumento e informamos que las medidas de protección por el Covid-19 se están tomando, medidas que tienen su costo pero hacemos nuestra labor. Para esto también necesitamos el apoyo del Gobierno”.

Juan Orlando Toro, gerente de Corabastos de Medellín, sostuvo: “Aquí manejamos cuatro principios básicos, uno es la seguridad, lo que da confianza al comprador. Dos es el aseo que sirve para la parte ambiental y la higiene. Tres es la logística de mantenimiento, que permite tener funcionando bien las cosas, y Cuatro el horario de Cargue y descargue. A todo esto pedimos que se revise el sistema de precios con compras directas para darles mejores precios a los usuarios”.

“Pedimos apoyo para el control de los vendedores ambulantes, porque es difícil su manejo y no cumplen con las reglas de seguridad con el Covid-19, aunque reconocemos que deben trabajar y por eso pedimos la intervención de la autoridad”, sostuvo.

Nelson David Ramírez Rojas, de Corabastos Bogotá, dijo que “Corabastos es una empresa de economía mixta, donde el 53 por ciento es de empresa privada y el 47 por ciento es pública, por lo tanto nos regimos por el derecho privado”.

Ramírez Rojas informó: “En nuestra entidad se mueven 20 mil millones diarios en transacciones comerciales, tenemos una gran carga humana que lleva grandes productos de fruver, verduras y pescados, entre otros. Contratamos servicio permanente de primeros auxilios, con médico, enfermera y ambulancia las 24 horas”.

“Debemos mejorar lo que nos es posible. Hoy tenemos 70 casos positivos del coronavirus y reconocemos la labor de la alcaldesa Claudia López de proteger la salud, pero la solución no debe ser cerrar las bodegas, por eso llamamos al diálogo y pedimos al Gobierno que se instale una oficina del Banco Agrario en Corabastos”, puntualizó el funcionario.

Intervienen los senadores

El senador de Cambio Radical Didier Lobo dijo que era lamentable que un departamento que el pasado era conocido por su vacación agrícola hoy el 80 por ciento de los productos que se consumen en el Cesar son de otras regiones.

“Pido a los alcaldes para que ayuden al personal de las plazas de mercados y de Corabastos, porque debido a la falta de oferta en el transporte los productos se han encarecidos y para esto es importante la intervención del ICA y del Banco Agrario, que disminuyan los intermediarios.

Maritza Martínez, senadora del partido de la U, manifestó: “Debemos atender las recomendaciones de la FAO. Debemos pensar en las transferencias de ingresos, se debe trabajar de la mano del Ministerio de las TIC”.
“Se deben organizar centros de mercados campesinos. Llamamos a todos los alcaldes para que tengan una central de abastos, garantizar esquemas asociativos, unidos al transporte, la situación de los vendedores ha sido afectada por la poca capacidad de compra de las familias, lo que amerita un subsidio y que se disminuya el cobro de peaje”, enfatizó la congresista llanera Maritza Martínez.

Entre tanto, el legislador Eduardo Emilio Pacheco, Colombia, Justa y Libre, expresó su inconformidad por el cierre de la plaza de mercado de Medellín, sin prever las pérdidas de empleos y los productos de consumo diario.

Por su parte, el senador Jorge Eduardo Londoño, de Alianza Verde, dijo que hoy los intermediarios se están quedando con las ganancias de los campesinos, mientras el agricultor vende a 25 mil la carga el intermediario vende a 50 mil, y que valdría la pena en revivir el IDEMA o promover los mercados campesinos para que estos le vendan directamente al consumidor.

El congresista del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo señaló que “en las centrales de abastos hay un alto nivel de contagio y no nos podemos equivocar en las razones de estos contagios, ahora aquí sí, se está sembrando lo que se necesita, porque si no hay producción se encarecen los productos”.
“Hoy a los estudiantes les decimos no hay clase y se cierran los colegios y no pasa nada, pero no podemos decir que no hay alimentos o que no comemos, porque esto es prioritario”, señaló.

A lo anterior agregó: “Pido que se tomen las medidas necesarias, porque detrás de estas plazas de mercados hay gente muy pobre que sale a rebuscase para llevar su sustento, lo que amerita que se deben tomar medidas adecuadas, de sobra se sabe que es difícil que un cotero mantenga de forma adecuada su tapabocas por su oficio y así mismo educar a los vendedores ambulantes”.

El Gobierno

El viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo: “Valoramos el esfuerzo que ha hecho Corabastos de ubicar lavamanos, exigir el tapabocas y el lavado de sus instalaciones los fines de semana para prevenir el contagio del Covid-19”.

“Hemos creado la Mesa de Alimentación de Colombia, mesa que será permanente y hay que disminuir la intermediación para que los campesinos se conecten con los compradores desde el terreno y abaratar los precios, para que la seguridad alimentaria salga bien”, indicó.

Claudia Milena Cuéllar, del Ministerio de Salud, indicó que “desde este Ministerio hemos estado atentos a lo que pasa en Corabastos, entendemos que esta medida lleva un tiempo y aparte de la salud hay un componente social y económico, pero sabemos que hay un comportamiento que no se cambia de la noche a la mañana, pero trabajamos para lograr un consenso para evitar el contagio del coronavirus”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, Carlos Felipe Mejía, Centro democrático, exaltó la intervención de los invitados y llamó la atención del Gobierno para que se tomen en cuenta estas solicitudes, en beneficio de la salud, la economía y lo social.

Así fue el debate de control político a Mineducación por estrategias frente a la pandemia

Los senadores pidieron explicación sobre cuál ha sido el alcance de las medidas adoptadas junto con el Ministerio de Hacienda para mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo.

Bogotá D.C., 4 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Cuarta del Senado convocó a un debate de control político a los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Educación, María Victoria Angulo, así como al director del SENA, Carlos Mario Estrada, para que dieran explicación sobre las acciones adoptadas por las entidades a su cargo durante la emergencia sanitaria. 

A la sesión también acudieron representantes del sector gremial de colegios privados y estudiantes de universidades públicas. 

Inicialmente el senador John Milton Rodríguez, citante del debate, trasmitió a la ministra de Educación su inquietud en torno a las estrategias que está tomando el Gobierno nacional para apoyar al sector educativo del país, público y privado, frente a la crisis por la pandemia. El senador Rodríguez pidió explicación sobre los apoyos otorgados por dichos ministerios a las instituciones educativas del país muy afectadas por la crisis. 

Sobre la conectividad, las senadoras Myriam Paredes, Partido Conservador, y Aída Avella, coalición Decentes, advirtieron que a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, una de las deficiencias del país en materia educativa es el bajo acceso a Internet. “Según el DANE, en zonas urbanas sólo el 43% de las personas vinculadas al sector educativo tienen acceso a Internet, mientras que en las zonas rurales esta cifra es del 17%”, dijo Paredes. 

La congresista también expresó su preocupación por el calendario educativo de las universidades. “Qué pasará con el segundo semestre, las clases serán presenciales, cómo se usarán los laboratorios, a cuánto ascenderá la deserción escolar”, advirtió. 

Por su parte, Aida Avella alertó sobre la situación de instituciones como la Universidad Autónoma de Bogotá que atraviesa por una aguda crisis al igual que muchos colegios oficiales en la capital y en el municipio de Soacha. También pidió que el Ministerio de Educación de especial atención al PAE (Programa de Alimentación Escolar) que es fundamental para miles de niños. 

El senador Wilson Arias advirtió que los recursos del Gobierno para afrontar la pandemia han estado destinados al sector financiero y no a sectores como el educativo o el productivo. “No hay plata para los microempresarios ni para la educación, porque la mayoría va destinado al sector financiero”, dijo. Citó cifras de una encuesta que señala que el 51% de los jóvenes salió a buscar empleos en esta época de pandemia y que sólo el 4% lo consiguió. 

A lo que agregó: “Los jóvenes se siguen endeudando para poderse educar sin ninguna garantía de acceder a un trabajo digno. Y mientras tanto todos preocupados por dar dinero al sector financiero”. 

El congresista del partido Farc Israel Zúñiga dijo que el panorama educativo a nacional es calamitoso. “En nuestros territorios es una tragedia, la educación privada no alcanza. En el departamento del Chocó se depende totalmente de la educación pública. El porcentaje de acceso no alcanza a ser del 60 por ciento y la infraestructura es la más precaria del país”. 

De igual modo, el legislador Nicolás Pérez pidió detalles sobre la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el país, así como información sobre lo que está haciendo el Gobierno para ayudar a las instituciones técnicas que dan formación para el trabajo a los jóvenes menos favorecidos del país. 

En este sentido, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó que se viene trabajando de manera conjunta con la cartera de Hacienda para brindar una serie de alivios financieros a instituciones educativas privadas, jardines y colegios, padres de familia, estudiantes e instituciones de educación superior. 

Señaló que dichas medidas integran los beneficios definidos por el Gobierno como subsidios de nómina, créditos en condiciones especiales por 2,5 billones, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para líneas de crédito que apalanquen el pago de nómina y capital de trabajo de jardines y colegios privados, como de instituciones de educación superior. 

Posteriormente detalló la programación que se viene adelantando para apoyar el trabajo en casa de estudiantes y docentes, con especial énfasis en poder llegar a la ruralidad, tales como: el portal ‘Aprender Digital: Contenidos para todos’, la programación educativa de más de 12 horas dentro de la cual se destacan los programas ‘Edu Acción 1, 2, 3’ y ‘Profe en tu casa’, y la alianza Mi señal con canales locales y emisoras comunitarias. 

Al finalizar su intervención habló sobre el compendio de medidas tomadas durante la pandemia, como los decretos 535, 558 y el 662 que creó el Fondo Solidario para la Educación. También se refirió a las directivas 11, 12 y 13 que incluyen las orientaciones sobre cómo dar continuidad en la prestación del servicio de educación. 

El senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, valoró las acciones tomadas por el Ministerio de Educación para superar la crisis educativa agravada por la pandemia del Covid-19. Pidió reglamentar el Decreto 662 que establece un fondo de solidaridad educativa que beneficia a los estudiantes de estratos 1 y 2. “Es muy importante este Fondo pero es fundamental ampliarlo al estrato 3”, señaló. 

El congresista Carlos Meisel se refirió a los logros del Gobierno en materia de educación superior pública. “Educación de jóvenes en acción, por mencionar algunos programas, son ejemplo de lo que se está haciendo para beneficiar a los estudiantes universitarios del país. Lo que tenemos que hacer es ver qué están haciendo las universidades con los recursos que se están otorgando”, dijo. 

El debate finalizó con un video en el que padres de la Confederación de Padres de Familia en la que dicha organización pidió más apoyos económicos para los estudiantes, así como protocolos de bioseguridad para todas las instituciones educativas del país. 

El senador John Milton Rodríguez agradeció al presidente de la Comisión, senador Mario Alberto Castaño, el apoyo para el desarrollo del presente debate.

Comisión Tercera debatió sobre la grave situación de la salud en Cartagena

Senador Fernando Araújo enfatizó que en esta ciudad en la última semana, los casos de Covid-19 aumentaron en un 55%.

Bogotá D.C., junio 4 de 2020 (Prensa Senado). Durante el debate en la Comisión Tercera, se expuso la situación que vive la ciudad de Cartagena por cuenta de la crisis originada por la propagación del Covid-19 en este territorio colombiano.

En el debate, iniciativa del senador del Centro Democrático Fernando Araújo, quedó evidenciado que Cartagena tiene el tercer número de casos por millón de habitantes y el segundo de fallecimientos por millón de habitantes. Ciudades como Bogotá, Cartagena y Leticia tienen el número básico de reproducción del virus por encima del promedio nacional. Mientras Colombia lo tiene en 1,4 en Cartagena está en 2,3.

El congresista se refirió a las ciudades con mejor desempeño como Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Pereira, puntualizando que tienen bajo número de casos en comparación con otras, donde su tasa de recuperación es alta, el número de fallecidos es bajo y los casos se duplican en más de 30 días.

Mientras que sobre las ciudades con peor desempeño dijo que “son las que tienen más casos por millón de habitantes, se duplican los casos en menor número de días y su tasa de recuperación es baja, entre esas están Cartagena, Leticia, Tumaco y Soledad”.

Durante la reunión no presencial, el legislador mencionó propuestas para mitigar las aglomeraciones en el mercado público ‘Bazurto’, identificado como el punto de mayor contagio del virus en la ciudad. “Más puntos de acceso, identificación mediante app 'Cuidémonos' con lectores de código QR, control de la Policía desde apertura para cargue de mayoristas y la ampliación de horarios de atención”, precisó Araújo.

En la sesión virtual de esa célula legislativa participaron el viceministro de Salud, Alexander Moscoso; la ministra del Interior, Alicia Arango; el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel; la directora de Prosperidad Social, Susana Correa; el director General del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino; el alcalde de Cartagena William Dau, y los delegados de la Contraloría, Lina Aldana y Gelman Rodríguez, por la Procuraduría.

La Ministra del Interior manifestó: "Vamos a entregar 100 mil ayudas más para Bolívar, de las cuales 50 mil serán para Cartagena, con un censo especial que tenemos que elaborar entre todos", precisando que no se trata de cerrar la ciudad, sino del buen comportamiento de los ciudadanos, porque “de cerrar la ciudad, la gente se muere de hambre y no hay gobierno que alcance para alimentar a todo el mundo. Es la realidad de nuestro país”.

Alexander Moscoso, viceministro de Salud, hizo énfasis en “fortalecer la capacidad de la red hospitalaria, aumentar la capacidad resolutiva en Cartagena, mejorar la forma comunicacional, apoyo social, vigilancia epidemiológica, proveer recursos para la salud pública, dotación de ventiladores y monitores, entre otras acciones del Gobierno, debido a que de 3.364 casos de Covid-19 confirmados en el departamento de Bolívar, 3.136 son de Cartagena.

Por su parte, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, se pronunció sobre las acciones adelantadas para disminuir la curva de contagio y la curva de letalidad en Cartagena, entre las que está “seguir presionando a las EPS y al ente territorial, unidos haciendo el volumen y el número de pruebas necesarias, para que lleguen los medicamentos a los pacientes hasta su casa”.

Entre tanto, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, destacó la gestión de donaciones para la ciudad por más de $16 mil millones, de los cuales se invertirán en 14 cama para el Hospital Universitario del Caribe de la ciudad.

Respecto a la identificación de la población vulnerable en Cartagena, el director General del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino, expresó: “En Cartagena se encuentran 397 mil personas que no son pobres, pero ante un choque económico pueden caer en situación de pobreza”.

El alcalde de Cartagena, William Dau, recalcó: “Nuestras debilidades principalmente se deben a la debilidad institucional que durante tantos años nunca se había hecho nada por Cartagena, no existía una red hospitalaria que ya se ha venido construyendo”, a lo que agregó que la pandemia, al igual que en todo el país, los tomó fuera de base, porque según él, en la ciudad no se reportaban casos.

Voces del Senado

El senador Fernando Araújo, ponente del debate que se desarrolló por más de cinco horas, manifestó que la indisciplina de los ciudadanos ha facilitado la propagación del virus, al informar que “durante dos fines de semana las autoridades intervinieron cerca de mil fiestas clandestinas”.

Haciendo un llamado a los entes de control sobre la inexistencia de una red primaria de atención en el servicio de salud, dijo que “es lamentable el estado de los puestos de salud. Yo hago un llamado respetuoso a los entes de control a que le den respuesta a la ciudadanía ¿Qué pasó? ¿Ha habido negligencia? ¿Se robaron la plata?”, fueron los interrogantes planteados por el congresista.

Entre tanto, durante su exposición, el senador cartagenero dejó claro que Cartagena tiene 227 camas de UCI, 120 camas de Cuidados Intermedios y 1.050 camas de hospitalización general. La meta es llegar a 400 camas UCI, para lo cual el Gobierno nacional entregó 29 nuevos respiradores y la Gobernación cinco.

La senadora conservadora Nadia Blel Scaff especificó que hizo un llamado a Ministerio de Salud para que dé a conocer el protocolo a seguir para el manejo de los cuerpos y evitar una crisis sanitaria, debido a que en Cartagena hay hogares que han tenido que convivir con su familiar fallecido por posible Covid-19 por más de 24 horas y entre EPS y funerarias se pasan la responsabilidad.

De igual manera, la congresista se refirió a los trabajadores de las funerarias, quienes tienen contacto directo con el virus y no cuentan con equipos de protección, reiterando un llamado a las ARL para que extiendan la entrega de los elementos de protección personal a este gremio.

Sobre las pruebas aleatorias, la legisladora puntualizó: “Necesitamos agilizar la toma de pruebas aleatorias en los principales focos de contagio para poder crear cercos epidemiológicos, las EPS no pueden seguir poniendo trabas administrativas para la obtención de las pruebas, debería dársele prioridad a los familiares de las personas ya diagnosticadas”.

El congresista Andrés García, del partido de la U, resaltó “la receptividad del Gobierno nacional ante las solicitudes realizadas desde el Congreso como las de un gerente a cargo de coordinar esfuerzos locales y nacionales incluso internacionales frente al #covid-19 y la #crisis que estamos padeciendo, reducirle los impuestos al sector turístico nacional e impulsar la producción nacional frente a respiradores y tapabocas, entre otros insumos”.

Al cierre del debate, el senador Araújo concluyó que Cartagena puede buscar ayudas económicas con la banca internacional o a través de bonos, también conseguir créditos hasta por 100 mil millones de pesos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías y así alivianar la carga.

A su vez, el presidente de la Comisión Tercera, senador David Barguil, levantó la sesión virtual y citó para el próximo lunes 8 de junio, a las 8 de la mañana, con el fin de continuar la discusión y votación de proyectos de ley dentro de la agenda legislativa.