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Este jueves se desarrolló un foro sobre el tema, en momentos en los cuales la regulación de estas normas llega a debate en la Plenaria del Senado.
Por María Camila Fernández
Bogotá, 27 de febrero de 2025. (Prensa Senado). En el marco del Foro Jurisdicción Agraria: Desafíos de la Reforma Rural y su Factibilidad de Implementación, realizado el jueves en Montería, se llevaron a cabo dos paneles de discusión en los cuales se abordaron diversos aspectos del ordenamiento jurídico en el campo colombiano.
Entre los panelistas invitados se encontraron la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro; la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, Hilda González; la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Isamary Marrugo Díaz, y el Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. También participaron los senadores Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador) y Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal).
El Foro se centró en los desafíos y retos que enfrenta el país con la implementación de la nueva jurisdicción agraria, a partir de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que regula algunos aspectos de esta normatividad.
Varios invitados al Foro destacaron que Colombia está a punto de vivir una verdadera revolución en cuanto a los derechos agrarios y la propiedad de la tierra, gracias a esta figura legal que se ha venido desarrollando. Algunos sectores esperan que, en un futuro cercano, se logre su aplicación efectiva.
El Senador por el Partido Conservador Marcos Daniel Pineda afirmó que la jurisdicción agraria “es un testimonio de que cuando hay consenso se pueden lograr grandes reformas en el país”.
El congresista explicó que el trabajo articulado entre las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso ha sido clave para aprobar un texto que, a su juicio, genera “confianza”.
Para el Senador Pineda, la reforma no solo representa un avance en la justicia que necesita Colombia, sino también una oportunidad para acercar la justicia a los millones de colombianos que habitan en las zonas rurales del país.
Alejandro Carlos Chacón, senador por el Partido Liberal, afirmó que hasta hace algún tiempo “no se entendía” que la jurisdicción agraria debía ser algo autónoma e independiente, como la penal o la civil.
“Estas normas se mejoraron en un sentido: pretendieron traer al Congreso que solo los actos administrativos fueran los que tomaran una decisión, sin que tuviera que pasar por los jueces, como se hacen los actos de expropiación administrativa hoy”, afirmó Chacón, quien agregó que el Legislativo “exigió” que “cualquier controversia que existiera inmediatamente” tuviera “control” por parte de los jueces.
La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó la importancia de la ley ordinaria para viabilizar los derechos ya adquiridos en el marco de las demás normas que se han creado alrededor de la jurisdicción agraria. “Si no viabilizamos el camino procesal, no tenemos posibilidad de materializar el derecho que tienen las comunidades rurales y agrarias frente a estos principios”, señaló Buitrago.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, también manifestó su preocupación respecto a los retos logísticos de la jurisdicción agraria. “La itinerancia de los jueces es un desafío. Lograr llegar con jueces itinerantes a todos los rincones del país requiere una estructura especial para que eso funcione de manera efectiva”, señaló Tejeiro.
Por su parte, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, expresó su preocupación sobre ciertos aspectos de la reforma, en especial en lo relacionado con la extinción de dominio por afectaciones ambientales.
“A mí me parece que evidentemente no van a solucionar toda la conflictividad. Por ejemplo, me preocupa mucho el tema no de la ‘expropiación exprés’, porque toda expropiación tiene como consecuencia una indemnización, sino la extinción de dominio por afectaciones ambientales”, señaló Lafaurie.
Senador Gustavo Moreno radicó proyecto de ley orientado al tema. Colombia sería quinto país en el mundo en mover criptoactivos.
Por María Camila Fernández
Bogotá, 26 de febrero de 2024 (Prensa Senado). Una regulación para los proveedores de servicios de activos virtuales o criptomonedas fue propuesta en el Senado de la República.
La regulación la planteó el senador por el Partido ASI Gustavo Moreno, quien radicó un proyecto de ley en el cual se busca crear normas para quienes manejan el mercado de las criptomonedas en el país.
De acuerdo con el Senador Moreno, “más de 5 millones de colombianos están transaccionando con criptoactivos o criptomonedas en Colombia. Durante el año 2024 se movieron 6.700 millones de dólares a través de criptoactivos en el país”.
“Sin embargo, muchos ciudadanos están cayendo en estafas y esquemas piramidales, y varios delincuentes están utilizando estos activos para lavar dinero y realizar blanqueo de capitales”, afirmó el senador por el Partido ASI.
El congresista explicó que, si bien las empresas y plataformas de activos virtuales no son ilegales, operan en un entorno informal, lo que genera incertidumbre y riesgos para los usuarios. La falta de regulación -según él- permite que estos servicios carezcan de mecanismos de protección para los consumidores y de control para evitar el uso indebido de los criptoactivos.
Según datos conocidos en medio de la radicación del proyecto de ley, Colombia se posiciona como el quinto país en el mundo con mayor uso de criptomonedas, lo que -para los autores de la iniciativa- hace aún más urgente la necesidad de un marco regulatorio que proteja a los usuarios y permita al país no quedarse atrás en esta materia.
El proyecto de ley, del cual también es autor el representante a,la Cámara Julián López Tenorio, fue tramitado en la pasada legislatura e incluso llegó al cuarto debate, pero no logró su aprobación final.
En esta ocasión fue robustecido con mesas de diálogo recomendadas por el Gobierno Nacional y en las se contó con la participación del Ministerio de Hacienda, plataformas de criptoactivos y usuarios.
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