En un debate de control político, el presidente de dicha célula legislativa, Jairo Castellanos, destacó la importancia de radicar ante el Congreso dicha iniciativa como “solución al yugo del centralismo con el que se ha sometido a los entes territoriales”.

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025. (Prensa Senado). - En diciembre de 2024, el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), a través del cual la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios. Los aumentó del 20% del Presupuesto General, de hoy, al 39.5%.

Sin embargo, condicionó la entrada en funcionamiento a una ley que debe establecer cómo debían usarse y en qué invertirse. Pero, a dos meses de vencer el plazo, el gobierno no ha radicado la iniciativa. Ante esas y otras dudas sobre el avance, cronograma, participación territorial y la elaboración del documento, la Comisión Tercera de Senado realizó un debate de control político.

Intervenciones

La sesión la inició Jairo Alberto Castellanos, Partido En Marcha, uno de los dos senadores citantes. “Ya es hora de hablar claro al país”, dijo. Y señaló la importancia del proyecto como “solución al yugo del centralismo con el que se ha sometido a los entes territoriales. La desigualdad frente a las grandes urbes es grande, mientras deben asumir una responsabilidad titánica con sus comunidades”.

La senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, también destacó la importancia de la nueva ley de competencias en el dominio de los recursos públicos: “Queremos más oportunidades, menos centralismo y mejorar los servicios de la gente”. Y agregó que la descentralización es un mandato constitucional, en alusión a la Ley ya aprobada.

Efraín Cepeda, Partido Conservador, señaló que la reunión debe servir de campanazo de alerta porque el gobierno anunció que en agosto presentaría el proyecto. “No hay voluntad en un gobierno centralista, que no ha cumplido la ejecución presupuestal, dejando 80 billones de pesos en las arcas”, se quejó.

Carolina Espitia, Alianza Verde, dijo estar preocupada por cómo y dónde se está elaborando el texto. Un grupo técnico tomando decisiones en Bogotá: “Quien vive en el territorio conoce sus realidades. Cuál es el mecanismo de construcción y en cuáles condiciones”.

Julio César Estrada, Pacto Histórico, manifestó que “nosotros cumplimos. Que nos respondan cuándo será radicado o cuáles son las razones para no haberlo hecho y así avanzar en la reglamentación para cerrar brechas sociales”.

Sonia Bernal, del mismo Partido, protestó de que se puso a correr al Congreso para aprobar la reforma del SGP y ahora no se presenta la reglamentación de la ley, “que demandará 12 años desarrollarla. Será apenas el inicio de la verdadera descentralización”.

María Angélica Guerra, Centro Democrático, cuestionó que no es cierto que hay búsqueda del gobierno de una igualdad efectiva. Y citó como ejemplo a su departamento, Sucre, “donde reducen a la educación 33% del presupuesto y al agro 37 %, herramientas claves para frenar la desigualdad”. Por eso, pidió “no quedarse en el discurso”.

Qué responde el Gobierno

El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, hizo una exposición del desarrollo y elaboración del documento borrador, y aseguró que estará listo antes del 27 de diciembre próximo, con lo que se reordenan las funciones entre los gobiernos nacional, departamental y municipal.

Dijo que después de 35 mesas técnicas y 28 espacios de diálogo social se construyó un documento que recibió 3 mil observaciones, en proceso de ser respondidos.  

Diego Carrero, delegado del Ministerio de Hacienda, aportó que se harán las modificaciones respectivas. Después, se revisará el aval fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera.

Ismael Molina, subdirector de la Oficina de Apoyo Fiscal, afirmó que el proyecto se entregará el 4 de noviembre a la Presidencia de la República para el análisis jurídico correspondiente.

Conclusiones

El senador Castellanos, presidente de la Comisión, se declaró preocupado “porque el cronograma no alcanza. No se va a poder cumplir a los territorios. Ojalá el esfuerzo no se termine hundiendo en el gobierno del cambio. El verdadero cambio se construye con la autonomía para tener un país más igualitario”.

Y la congresista Espinosa, vicepresidenta, se manifestó insatisfecha porque quedaron varias preguntas sin respuestas. “Cómo va a categorizar, qué va a cambiar. Los gobernadores y alcaldes son los representantes del pueblo, deben ser escuchados en las mesas. No quedarnos sin ese contenido”, concluyó.

En un informe de la situación de los derechos de la mujer en Colombia, ONU Mujeres, recomendó al Congreso revisar 12 aspectos que tienen que ver con el tema en la legislación colombiana.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá, 26 de octubre de 2025 (Prensa Senado). - En el marco de un estudio realizado en 24 países, ONU Mujeres, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de Suecia, en articulación con la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la sociedad civil y la academia, presentaron en el Congreso de la República el estudio: “Acciones legislativas para transformar la vida de las mujeres: análisis de legislación discriminatoria en Colombia”.

El ejercicio busca identificar avances, vacíos y retos normativos para promover los derechos de las mujeres y las niñas, y, proponer acciones legislativas que transformen sus vidas.

La jornada se llevó a cabo en la Comisión IV del Senado con motivo de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Congresistas, representantes de entidades del Estado, de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas asistieron al Lanzamiento del Análisis y al diálogo de alto nivel que resaltó la importancia de traducir los hallazgos del informe en iniciativas legislativas concretas y en un seguimiento político efectivo, con el fin de que la agenda de reformas que identifica el estudio se convierta en cambios legislativos para las mujeres y niñas del país.

Marco normativo con avances

El análisis examinó 117 leyes en cuatro áreas: participación política, derechos laborales y seguridad social, derecho a la tierra y vida libre de violencias. El estudio concluye que Colombia ha avanzado en la construcción de un marco normativo robusto para los derechos de las mujeres, pero advierte que la existencia de algunas normas discriminatorias y vacíos en la legislación todavía limitan su efectividad.

Así mismo, el estudio señala que adoptar medidas legislativas para modificar y derogar disposiciones discriminatorias, junto con un control político efectivo sobre la implementación de las normas, sumado al presupuesto suficiente y concreto, permitirá al país avanzar hacia una democracia más igualitaria, donde la ley proteja de manera sustantiva a todas las mujeres y niñas.

La senadora Clara López del Partido Pacto Histórico, hizo un repaso por su trayectoria legislativa en materia de mujer y género, destacando los desafíos que enfrenta este trabajo en la Comisión Primera del Senado, de la que hace parte: “Persisten dos grandes obstáculos, la resistencia a la participación política de las mujeres y la influencia del pensamiento religioso”.

Recordó su papel como ponente del proyecto de ley estatutaria de igualdad hacia la mujer, en el que propuso incluir la paridad obligatoria en los partidos políticos, una iniciativa que no prosperó “por la negativa de las masculinidades en la mesa”.

Sobre el componente religioso, López reconoció que, aunque hay tensiones, también existen espacios de consenso, como ocurrió en la discusión del proyecto para eliminar el matrimonio infantil, donde se logró acordar un lenguaje común al sustituir las expresiones “hombre y mujer” por “menores de edad”, conciliando posturas divergentes.

La senadora también llamó la atención sobre la ley de divorcio unilateral, sugiriendo una revisión cuidadosa para evitar que su aplicación pueda terminar afectando a las mujeres, una preocupación compartida —dijo— por algunos sectores religiosos.

Finalmente, subrayó que ha respaldado múltiples iniciativas alineadas con la agenda de ONU Mujeres, aunque confesó que, en muchos de esos esfuerzos, “se ha sentido sola en la búsqueda de esa igualdad real”. Sostuvo la congresista.

Qué propone ONU Mujeres

El informe propone recomendaciones para actualizar algunas leyes a la luz de estándares internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, incluyendo la revisión o modificación de al menos 12 normas que siguen vigentes:

Participación política: avanzar hacia la paridad del 50% en listas de elección popular, garantizar mayor financiación para la inclusión efectiva de las mujeres en política y candidaturas de mujeres e implementar mecanismos de alternancia y paridad en designaciones.

Derechos laborales y seguridad social: eliminar la prohibición de trabajos de pintura industrial para las mujeres, ampliar la licencia de paternidad y garantizar cobertura contra el acoso laboral, incluso en contratos civiles.

Derecho a la tierra: eliminar barreras para la titularidad conjunta, reconocer el trabajo de cuidado y asegurar la titularidad independinete de la tierra y la propiedad a nombre de las mujeres

Vida libre de violencias: elevar la edad mínima de consentimiento sexual a 16 años, prohibir la confrontación víctima–agresor y visibilizar todas las formas de violencia, incluidas la digital, institucional, vicaria y obstétrica.

Solo si el país avanza en erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas será posible garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y una ciudadanía en igualdad de condiciones.