La norma, pendiente de ser sancionada por el presidente de la República, presentada por la senadora María José Pizarro Rodríguez, y con ponencia del senador Alex Flórez, los dos del Pacto Histórico, contó durante su trámite en el congreso con el respaldo de estudiantes y gremio docente, quienes coincidieron en señalar que con esta ley se dará mayor acceso a la educación superior.

Bogotá D.C., julio 10 de 2023 (Prensa Senado). En su primer año de sesiones ordinarias el senado aprobó una ley de alto impacto social, en particular para la educación; se trata de la que ordena la gratuidad de la matrícula para todos los estudiantes, en las instituciones públicas de educación superior.

Para la senadora María José Pizarro Rodríguez, “lo que buscamos es eliminar barreras de acceso, garantizar la permanencia educativa, y atender el reclamo histórico del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana, que ha exigido educación gratuita, pública, y de calidad, por años”, resaltó.

Esta ley va mucho más allá de una ley anterior, que se conoció como matrícula cero; porque con lo aprobado ahora por el senado, en el reciente período de sesiones, tendrán acceso todos los estudiantes colombianos, sin distinción o estrato social. Además, toda vez que implica un gasto fiscal, fue avalada por el Ministerio de Hacienda, y a la vez, se determina en el articulado, que tras la sanción del presidente Gustavo Petro, se garantizarán los recursos necesarios para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado, y esto se deberá reglamentar en un plazo máximo de seis meses.

Resaltó además la senadora María José Pizarro, que la ley no se queda sólo en garantizar los recursos, para que las matrículas no se deban pagar por parte de los estudiantes; sino que van mucho más, y desde el Ministerio de Educación, y de las propias instituciones de educación superior, promuevan los mecanismos para lograr la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes.

La senadora del Pacto Histórico, autora de la ley, argumentó optimista y contundente: “La ley es clara, y busca que se prioricen grupos poblacionales en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, los pertenecientes a comunidades étnicas, indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras; lo mismo que población con discapacidad, madres cabeza de familia, y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales, ubicados en zonas rurales del país, que se encuentren en el Sisbén IV… Esta ley es un reclamo más, que cumple a las jornadas de protesta del 2020, cuando la comunidad estudiantil pidió más inclusión y derecho a estudiar”, remató.

En audiencia pública convocada por la senadora Martha Peralta Epieyú, representantes de este sector expresaron su preocupación frente a la desvalorización de su profesión, y la necesidad de una ley como herramienta de control y protección que fije los lineamientos en el ejercicio ético de su actividad.

Por Luisa María Llano

Bogotá D.C., julio 10 de 2023 (prensa Senado). En el marco de la audiencia pública “Perspectivas de la Ética y la Deontología del Trabajo Social en Colombia: Caminos para la Aprobación del Código de Ética Profesional”, llevado a cabo en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, profesionales en trabajo social elevaron su voz, para que desde la rama legislativa se dé trámite a un proyecto de ley que legitime su código de ética como una ley de la república.

El evento, que fue liderado por la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, Coalición Pacto Histórico, tuvo como objetivo la socialización de propuestas que permitirán la construcción de un texto que pueda ser radicado en el Congreso de la República, y que recoja las realidades de los profesionales en el campo laboral, dado que, según argumentaron, su carrera profesional se ha desvalorizado, y solo por las vías legales su trabajo sería reconocido ante gremios y sociedad.

Según el Consejo Nacional de Trabajo Social, el código de ética tiene como fin proporcionar a los trabajadores sociales, lineamientos y orientaciones para el ejercicio profesional, en el marco de los derechos humanos y lo consagrado en la Constitución Política. Es decir, establecer con principios y valores, las actitudes y prácticas que conlleven al logro de sus responsabilidades.

Para la presidente del Consejo Nacional de Trabajo Social y de la Federación Nacional de Trabajadores Sociales, Alexi Pérez Sierra, es “urgente que exista un código legitimado… Si bien, desde 2022 existe un documento de ética, requerimos de la voluntad política de senadores y representantes, para que se convierta en una ley ordinaria”, precisó.

Estas palabras fueron compartidas por la congresista Peralta Epieyú, quien a través de un video proyectado en medio de la audiencia, manifestó su respaldo a la radicación de un proyecto de ley este 20 de julio, que responda a las necesidades de los profesionales en mención, y recordó que parte de las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro buscan que sus profesionales estén actualizados, y hagan uso de las herramientas legales para el respaldo de sus derechos como trabajadores y “transformadores de realidades”, ratificó.

Desde el sector académico, el director de la maestría en Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, y miembro del Tribunal de ética de AFRIDO (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación), Efraín Méndez Castillo, señaló que el código de ética no debe ser tomado en cuenta como un patrón policivo, sino que por el contrario, y en alusión al concepto propio de la ética, significa la construcción de un texto que determine las acciones, en el ejercicio sus funciones como trabajadores sociales.

Esta no sería la primera vez que el código de ética llegue a la secretaría general del Congreso; su primer intento de vida legislativa se dio en el 2020, con autoría del entonces representante a la Cámara Wilmer Leal Pérez, Partido Verde, cuando radicó el Proyecto Ley 368/2020C, por medio del cual se promulga el código de ética de los trabajadores sociales en Colombia, el mismo que fue retirado por petición de varios organismos de trabajo social, al considerar que no fueron escuchados a través de foros de socialización, y que el texto desconocía sus realidades sociales y laborales.