Se cumplió el debate en la plenaria, al Ministro de la Defensa, Iván Velásquez.

Bogotá D.C., marzo 28 de 2023 (Prensa Senado).- Un profundo e intenso debate sobre la situación de orden público que vive el país se dio éste martes durante ocho horas seguidas, en la plenaria del Senado, a la que asistió el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, citado por el partido Cambio Radical.

El senador David Luna Sánchez, Cambio Radical, uno de los principales convocantes, señaló que la seguridad y la paz no es un tema de color político, sino de interés nacional, pero lamentó que en el actual gobierno, “no existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa. Lo sucedido en los últimos días en el país, evidencia que los grupos armados lo que tienen es una guachafita, y se aprovechan de esa falta de acción del gobierno que tiene inactivas a las fuerzas”, denunció.

Y agregó contundente el congresista Luna Sánchez, “Estamos ante un nuevo Caguán, en donde hay despeje total y e inacción de parte de la fuerza pública. El Congreso debe actuar y no quedarse callado. Si hubiéramos podido hacer este debate con estas recomendaciones, nos habrían escuchado, pero las mayorías tan sólo hasta dejaron hacer el debate. La paz total puso en riesgo la seguridad ciudadana y el orden público, se pueden sentar con el que quieran, pero debe haber reglas claras y que a la fuerza pública no se le obligue a bajar sus manos para proteger a la ciudadanía”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila Martínez, Alianza Verde, consideró que si bien hay un deterioro de la seguridad en la actualidad, “el mismo viene desde el 2018. Es muy preocupante cómo se ha afectado el orden público en ciudades como Barranquilla y Cali. Alcaldes y gobernadores dejan sólo al gobierno en materia de seguridad, cuando también tienen responsabilidad”, enfatizó.

El senador Alirio Barrera Rodríguez, Centro Democrático, tras escuchar las cifras sobre del ministro, en torno al orden púbico, sostuvo: “Lo que uno ve en las regiones es diferente, me gustaría dieran esos informes en Arauca, en el Catatumbo, en el Magdalena; son informes chimbos… Hay que ver la fortaleza que están agarrando los bandidos en casi todo el territorio colombiano”.

Desde la bancada del Partido de la U, el senador José David Name Cardozo le reclamó al ministro de la Defensa “que se retome la seguridad del país y de tranquilidad a los hombres y mujeres de Colombia que han creído en este gobierno".

En defensa de la gestión del gobierno, se expresó enfática la senadora María José Pizarro Rodríguez, Coalición Pacto Histórico, quien controvirtió comentarios de senadores de la oposición, que consideraron que la estrategia de paz total del gobierno Petro sólo beneficia al narcotráfico, "en los decretos de cese al fuego se especifica el no perjuicio al cumplimiento de la función constitucional y legal de la Fuerza Pública", manifestó.

Habló el ministro

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, intervino por más de una hora para hacer precisiones sobre la paz total, y en particular la defensa de la vida, incluso la de los delincuentes.

Velásquez Gómez invitó a la oposición, en cabeza del senador David Luna, para que se sienten a conversar sobre el orden público, que fue uno de los cuestionamientos durante el debate, “con la colaboración de Ustedes podemos tener un país más seguro, esperamos que acepten la invitación y nos reunamos pronto. El Presidente Petro impartió una orden a las Fuerzas Militares, y es el respeto de la vida y de los derechos humanos… Son importantes todas las vidas, incluidas las vidas de los delincuentes, esas también son vidas importantes”, precisó.

Argumentó contundente que la Fuerza Pública no ha cesado su accionar en contra de las organizaciones criminales, e indicó que se han capturado 427 cabecillas de grupos armados organizados desde agosto a la fecha. Destacó por último que en la estrategia de seguridad del gobierno Petro está la de "afectar como nunca las finanzas criminales, principalmente en cuanto a minería ilegal y narcotráfico".

Al cierre del debate, el senador José Luis Pérez Oyuela, Cambio Radical, en su conclusión, insistió en que el gobierno debe actuar rápidamente para combatir la ciberdelincuencia; recordó que ya varias empresas han sido hackeadas y obligadas a pagar millonarias sumas de dinero, “estoy de acuerdo que la ciberinteligencia combata de lleno también la corrupción”, remató.

“Creo que este debate debió integrar a las partes enfrentadas con el fin de conocer con equilibrio necesario, los argumentos de los implicados en el conflicto para dar claridad al país” S. Didier Lobo Chinchilla.

Por Juan Sebastián de la Ossa

Bogotá D,C., marzo 28 de 2023 (prensa senado).- En el marco de la sesión ordinaria de esta célula legislativa, fueron citados a debate de control político, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Hernández,  y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,  Dagoberto Quiroga Collazos, con el propósito de escuchar a las autoridades competentes en el litigio que adelanta el distrito capital en contra del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (GGR).

El Relleno Sanitario Doña Juana, es un terreno ubicado en el sur de Bogotá de alrededor de 600 hectáreas de tierra, que fueron dispuestas por la alcaldía mayor desde el año 1988, para albergar las basuras de la ciudad. Este sitio de disposición final de residuos ha desatado con los años diversas problemáticas ambientales para las comunidades aledañas al sector.  

Para el presidente de la comisión, y citante al debate, senador Inti Raúl Asprilla Reyes, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, la problemática del relleno tiene origen hacia el año 1996 debido a la ausencia de una planta de lixiviados por parte del operador de turno, lo que ocasionó un derrumbe catastrófico para el año 1997. Según Asprilla, en la actualidad el CGR, quien ganó la licitación, no solo incumple también con el tratamiento de estos líquidos, sino que infringe la licencia ambiental otorgada en el año 2014, donde se dispuso que el relleno sanitario solo podía operar hasta el año 2022, por lo que la ciudad debía encontrar otro sitio de disposición final para residuos sólidos.

La también citante, y senadora Andrea Padilla Villarraga, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, no solo cuestionó en esta sesión la prórroga del contrato y la exorbitante cifra por 1.2 billones de pesos, que el Centro de Gerencia de Residuos pretende, sino que elevó un interrogante a la Alcaldesa sobre quién asumiría la restauración ecológica por los daños causados al rio Tunjuelo,  donde se vierte gran parte de estos lixiviados.

Por su parte, el Senador Didier Lobo Chinchilla, Cambio Radical, intervino en la discusión con el argumento de que es necesario contar con el testimonio de todos los involucrados, “creo que este debate debió integrar a las partes enfrentadas, con el fin de conocer con equilibrio necesario los argumentos de los implicados en el conflicto para dar claridad al país”, precisó el congresista Cesarense. Lamentó a su vez no haber convocado a el CGR, ya que según él “no había un equilibrio y se trataban denuncias por grandes montos económicos”.

Otras intervenciones

La Alcaldesa de Bogotá Claudia López, fue enfática al expresar que este ha sido el tema de abuso y corrupción más grande que ha encontrado en la alcaldía de la ciudad: “Lo que ha venido haciendo el operador del relleno Doña Juana, es un incumplimiento sistemático, violatorio de los derechos de los bogotanos a un ambiente sano”, sostuvo la mandataria, quien además recordó cuando, en el año 2010, este contratista aceptó plenamente las condiciones de concesión.

La gobernante lamentó el padecimiento que por años han sufrido los habitantes, particularmente de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar; se refirió a las pretensiones del contratista, que busca la ampliación de esta convención, y la suma de 1.2 billones de pesos por un servicio que según la primera autoridad del ciudad, nunca ha prestado, ya que el operador incumple con la adecuada disposición de residuos y tratamiento de lixiviados con que se comprometió.

La Alcaldesa hizo diferentes denuncias ante esta comisión, y se mostró inconforme con el fallo de un tribunal, que desde el año 2020 ampara a el CGR, y dice que no pueden ser impuestas multas ni sanciones al contratista, pese al incumplimiento de este, mientras el caso siga en estudio. También condenó la injustificada incrementación en las tarifas de tratamiento de lixiviados, que entre 2014 y 2018 fueron actualizadas, favoreciendo al contratista y sin estudio o regularización algunos, y pasaron de 2.900 a 11 mil pesos.

Por último, López Hernández, hizo una recomendación a los congresistas: “Invito a esta comisión y al Congreso a que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo le den facultades al Presidente de la República, para que pueda regular los estándares técnicos con los que se definen las tarifas“.

En su intervención, el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, hizo énfasis en la crisis que según el funcionario no solo padece Bogotá, “los servicios públicos en el país, están en crisis; el modelo y manejo que se da al tema de los residuos sólidos ya está desueto, hay que hacer una innovación… Este año se vence la licencia ambiental en la capital del país… La superintendencia ha realizado 23 visitas al relleno, como también diferentes mesas de trabajo y procesos de control tarifario… Se han sacado multas por más de siete mil millones… No se toman medidas por algunos prestadores que no respetan al estado colombiano, ni a sus autoridades”, remató en líneas gruesas.

Para la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad González, la falta de inversión en la planta de tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana ha sido un incumplimiento permanente de la operación, y ha generado un impacto ambiental en el rio Tunjuelo, “desde la autoridad ambiental, y en seguimiento a los 24 procesos sancionatorios ya abiertos por la corporación autónoma regional, nos disponemos a darle una revisión sistemática a esos incumplimientos”, sentenció contundente.