Están citados e invitados el Registrador Nacional del Estado Civil, el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, el  Fiscal General de la Nación, el  Comandante del Ejército y el  Director de la Policía Nacional.

Por: Jaime Orlando Aristizábal

Bogotá D.C. abril 4 de 2022 (Prensa Senado). Un debate de control político, en el que la Registraduría, organismos de control y representantes del gobierno nacional, rendirán un informe detallado de las  actuaciones surtidas antes, durante y después de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales del pasado 13 marzo de 2022, realizará la plenaria del Senado este martes 5 de abril de 2022.

         En cumplimiento del Capítulo 10 de la Ley 5 de 1992, la cámara alta espera conocer que tipo de actividades y controles realizaron las entidades comprometidas con el proceso electoral, con ocasión de diversos hechos conocidos por la opinión pública y denunciados a través de medios de comunicación, que pusieron en entredicho la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la empresa INDRA, proveedora  del software de las elecciones del 13 de marzo.

         Son cerca de  25 los interrogantes que responderán el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha; el  Defensor Del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis; la Procuradora General de la  Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco; el  Fiscal General de la  Nación, Francisco Barbosa Delgado; el  Comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro Altamiranda  y el  Director de la  Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas Valencia.

         El debate de control político es  convocado por la bancada del partido Conservador. 

Cuestionario

Al Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, el Senado le pregunta, entre otros interrogantes, que explique los riesgos que se materializaron el 13 de marzo de 2022 durante la jornada de elecciones y las acciones implementadas por la entidad y ¿Cómo eligió la Registraduría a los jurados de votación para la jornada electoral e indique el porcentaje de estos jurados correspondiente a servidores públicos y las entidades en las que se desempeñan como servidores?

Sobre INDRA, que informe las acciones adoptadas por la Registraduría frente a esta  empresa contratista una vez se conoció por la opinión pública a través de los medios de comunicación, la reunión realizada entre el pre candidato presidencial y senador Gustavo Petro y el Representante legal de INDRA Sistemas S.A en España.

A la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se le preguntará que “número de quejas disciplinarias y/o procesos disciplinarios iniciaron  contra servidores públicos con motivo de la presunta comisión de faltas disciplinarias y/o delitos durante las elecciones del 13 de marzo de 2022.

Por su parte en el cuestionario para el Fiscal General Francisco Barbosa se espera conocer el número de investigaciones preliminares o previas iniciadas a la fecha con motivo de la presunta comisión de delitos durante el  mas reciente  proceso electoral.

En el debate de control político, programado para iniciar a las 3:00 pm, al   Director de la  Policía, General Jorge Luis Vargas Valencia le fue solicitada la entrega de un  cuadro comparativo por ciudad-Departamento que indique las alteraciones del orden público y/o delitos cometidos durante las elecciones de Congreso 2018 y 2022.

“En el año 2021 las estafas ascendieron a cinco mil millones de pesos y afectaron a sesenta mil trabajadores independientes del país. Cerca de 243.820 trabajadores no están afiliados correctamente a pensión”.

Por: Shelly Camacho

Bogotá D.C. abril 2 de 2022 (Prensa Senado). La presidencia de Senado, en cabeza de Juan Diego Gómez (Partido Conservador),realizó la mesa número 16, espacio en el que se abordó el tema de afiliaciones irregulares de cotizantes independientes, en el que se analizóde manera general el marco legal y normativo actual.

La coordinadora de la mesa y delegada de la presidencia de Senado,Luisa Fernanda Fernández, inició expresando la preocupación que existe en diferentes sectores, tanto para el sistema de salud y pensión del Estado, como para los cotizantes, los casos reiterativos de “carruseles que se presentan en las empresas que realizan afiliaciones colectivas al sistema de seguridad social y donde muchas veces estos aportes no terminan llegando a los sistemas de seguridad social, generan un perjuicio en cadena para todos los actores”.

De igual forma, expresó que esta problemáticano es la primera vez que genera preocupación. “Ya hay algunas normas, pero lo que queremos evaluar es cómo están siendo utilizadas o cómo esas normas puedan requerir una nueva actualización”.

Antonio José Betancur, gerente y fundador de Digore, empresa dedicada a la consultoría y prestación de servicios en Seguridad Social Integral, recordó que el ministerio del Trabajo identificó 414 entidades  que ofrecen afiliación de EPS, ARL y pensiones de manera irregular.

Esa cartera, en febrero pasado advirtió sobre los riesgos de las “afiliadoras de poste”, empresas que ofrecen una cobertura de aseguramiento a EPS, ARL y pensiones por montos que rondan los $50.000. Las afiliaciones son fraudulentas y en realidad constituyen un medio de captación ilegal de dinero, pues las estafas ascendieron a los $5.000 millones el año pasado.

Por su parte, Alexander Agudelo, representante legal de Asmucol (Asociación Mutual de Colombia) y delegado de Fedecoltia (FederaciónColombiana de Entidades Autorizadas para afiliar en forma colectiva a Trabajadores Independientes) manifestó que sin embargo son muchas las empresas que cumplen con todo lo condensado en el decreto 780 del 2016.

“Los recursos que la gente consigne a nosotros no se van a perder, hay una trazabilidad bancaria y hay un respaldo. Es más hay unas pólizas que cubren los dineros que manejamos y adicionalmente tenemos una cantidad de valores agregados de seguridad y salud en el trabajo, en el tema jurídico o en el tema de bienestar social que no van a encontrar en este otro tipo de entidades (ilegales)”, expresó Agudelo.

La representante de la presidencia del Senado, Luisa Fernanda Fernández, destacó que en estasmesas “hemos evidenciado que la problemática es de ambas partes. Uno es que al usuario lo están estafando, y otro que es un problema social de fondo. Porque qué va a pasar con los usuarios que en 15 o 20 años estén seguros que estuvieron aportando al sistema de pensiones, pero la plata se la estaban robando”, expresó 

Para seguir avanzando en el estudio y soluciones a esta problemática se acordó un nuevo encuentro, con nuevos invitados y tareas como el desarrollo esquemático del marco legal actual.

Para revivir la Mesa de Trabajo: https://www.youtube.com/watch?v=V422G7v0-Fw