La baja coordinación interinstitucional en la gestión de la salud mental, las barreras que se encuentran en el entorno de los individuos y las dificultades que impiden prestar una atención integral a las personas que padecen trastornos mentales y que aumentaron por la pandemia del coronavirus, fueron los aspectos fundamentales que llevaron al Congreso a tramitar el proyecto que fortalece la política nacional de prevención y atención de salud mental.

Por Luis Fernando García Forero

Bogotá, D.C., noviembre 8 de 2021. (Prensa Senado).- La salud mental de los colombianos se volvió un tema alarmante y aún más, relevante, por los efectos de la pandemia del coronavirus, que está preocupando a los legisladores de Colombia.

La senadora Ayde Lizarazo Cubillos, (Partido MIRA), presentó ponencia favorable al proyecto de ley que garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental, su atención integral, iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes y a consideración para tercer debate en la comisión séptima del senado.

En la exposición de motivos del proyecto la senadora Lizarazo Cubillos señala que fundamentalmente se trata de cumplir con el precepto constitucional: “Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad… Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.

Dentro de los argumentos que justifican la ponencia positiva de la congresista del partido MIRA, pone de presente, “en Colombia según el DANE, anualmente fallecen 2.363 personas a causa del suicidio. Las tasas durante 2017, 2018 y 2019, habían permanecido de 4 por cada 100.000 habitantes y subió a 6 por 100.000 (DANE, 2019). Las principales causas según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son: enfermedades físicas o mentales, maltrato o violencia sexual, muerte de seres queridos, conflictos de pareja y dificultades socioeconómicas”.

En su informe, a consideración de sus colegas de la comisión séptima, la congresista recordó que en el 2019 el ministro de salud Juan Pablo Uribe afirmó: “Al menos el 40,1% de la población entre 18 y 65 años de edad ha sufrido o sufrirá alguna vez de un trastorno mental, en el país son la segunda causa de enfermedad y serían la primera si no hubiera estigmatización pues parte de quienes padecen estas enfermedades prefieren no recibir tratamiento por temor al rechazo social”.

Casos en el Mundo

La senadora Lizarazo en su ponencia destacó la situación mundial de las enfermedades mentales. Dijo que según cifras de la ONU del año 2020, en países donde se perciben ingresos bajos y medianos, más del 75% de la población que sufre algún problema de salud mental, no puede acceder a ningún tratamiento. “En promedio los países invierten el 1% del presupuesto dedicado a la salud para la salud mental a pesar de que cada dólar que se invierte representa una mejora en trastornos como la depresión lo que representa a su vez un rendimiento de 5 dólares en mejora a la salud y productividad”.

Se refirió en la ponencia a las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS: “Los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de drogas representan el 10% de las causas de muerte en el mundo, 1000 millones de personas viven con un trastorno mental, 1 de cada 5 niños y adolescentes padece una enfermedad mental, 3 millones de personas mueren por el consumo excesivo de alcohol y una persona en el mundo se suicida cada 40 segundos. En los adultos mayores enfermedades como el Alzheimer y la depresión contribuyen significativamente al deterioro de la salud. En las Américas prevalecen enfermedades como la demencia en un 8,48% en adultos mayores de 60 años”.

Afirma la congresista Lizarazo Cubillos que en el caso de Colombia la baja coordinación interinstitucional en la gestión de la salud mental, las barreras que se encuentran en el entorno de los individuos y las dificultades que impiden prestar una atención integral a las personas que padecen trastornos mentales, que aumentaron por la pandemia del coronavirus, fueron los aspectos fundamentales que llevaron a tramitar dicha iniciativa en el Congreso.

Objetivos fundamentales

Si la iniciativa es aprobada por el legislativo, las acciones propuestas dentro de la Política Nacional de Salud Mental debe cumplir los siguientes principios:

-Inclusión social y no discriminación por motivo de enfermedad mental.

-Prevención y atención integral temprana.

-Protección especial de menores y adultos mayores.

-Confidencialidad.

-Derecho a la atención e intervención psicológica, farmacológica o social según las necesidades, tanto en consulta externa como en hospitalización; y al debido diagnóstico.

-Fortalecimiento, formación y fomento continúo de la red de atención en salud mental, en el ámbito público, privado, familiar, del tercer sector y de las entidades religiosas para la prevención y atención integral de pacientes y sus familias.

-Economía

-Eficiencia y celeridad en los trámites.

-Acceso oportuno y claro a la información.

-Innovación y progresividad en la atención integral.

-Respeto irrestricto a la convicción espiritual y de conciencia del paciente y su red de apoyo.

Atención enfermos de la calle

Dentro de los 17 artículos que forman parte del proyecto se destaca que el Gobierno Nacional, coordinará con las demás entidades del Estado, entes territoriales y autoridades municipales, estrategias para atender a las personas en condición de habitabilidad de calle con enfermedad mental, por dependencia a sustancias psicoactivas, o por causa de la misma enfermedad; prestándole la atención integral a esa población.

El Gobierno desarrollará planes, programas y proyectos encaminados a la formalización y fomento de la economía del cuidado, que impulsen la oferta de bienes y servicios en materia de salud mental y del cuidado de pacientes, así como apoyo a los cuidadores.

Garantizar tratamientos

Destaca en uno de sus artículos el proyecto que la entidad prestadora de salud deberá asegurar la continuidad del tratamiento. No podrá suspender en ningún momento la formulación de medicamentos para el diagnóstico de trastornos de salud mental. También se exige atención Especial al Adulto Mayor, fomento a la formación y a la Investigación de esas enfermedades, así como apoyo espiritual a quienes la sufren.

La iniciativa está pendiente para que se incluya en el  en el orden del día de la comisión séptima de la corporación.

En el articulado del proyecto se estipula que el Gobierno nacional será el encargado de crear y establecer los mecanismos de transferencias monetarias en todo el territorio del país, para las madres cabeza de familia de los estratos I y II del nivel socioeconómico, que determine el DANE y el DNP. Se tendrán en cuenta las condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad registrados en sus sistemas.

Por: María Fernanda Villegas Forero

Bogotá, DC., noviembre 7 de 2021. (Prensa Senado). Comisión Tercera aprobó en tercer debate, proyecto de ley que beneficiaría a madres cabeza de hogar, proveedoras del hogar y cuidadoras de personas en condición de discapacidad, con un ingreso mensual de $ 160.000, denominado “Subsidio Ingreso Mujer”, recursos que saldrían de la Ley de Inversión Social, a través de los programas sociales del Gobierno nacional.

Esta iniciativa que tiene como objetivo la creación de un subsidio que compense y contribuya a la situación de debilidad e inferioridad económica de subsistencia de la mujer cabeza de familia, quien debe responder económicamente por uno o dos miembros de su hogar, con algún tipo de incapacidad física, está a punto de ser aprobada en su último debate de plenaria del Senado.

La justificación de este proyecto de ley, evidencia que en Colombia existen diferentes leyes para dignificar, desde diversos escenarios, la labor de las mujeres cabezas de familia; sin embargo, se quedan cortas, motivo por el cual, desde el legislativo se sumaron esfuerzos de varios congresistas para sacarla adelante y beneficiar a los 30.276 hogares que cuentan con jefatura femenina.

Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra (Partido Centro Democrático), ponente del proyecto, afirmó que esta sería una ayuda para aquella mujer que no puede salir a trabajar, “porque tiene que atender a sus hijos con discapacidad o a algún adulto mayor enfermo”, precisó. Además, la congresista pidió que se capacite a estas mujeres, “para que además puedan montar un pequeño negocio o un emprendimiento desde su casa”, remató.

Según el Dane, en Colombia hay 123 mil mujeres cabeza de hogar, donde 30 mil de ellas son cuidadoras de personas en condición de discapacidad, que no reciben ayuda alguna económica, por lo que la senadora Emma Claudia Castellanos (Partido Cambio Radical), ponente del proyecto aseguró: “Le estamos cumpliendo a las mujeres, para que luego ellas puedan tener una formalización en una actividad económica estable”.

Así mismo, el senador Ciro Ramírez (Partido Centro Democrático), manifestó que los programas a través de los cuales el Gobierno nacional entregaría los subsidios serían “Familias en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, devolución del IVA, y Jóvenes en Acción; cualquiera de esos programas, e incluso se deja abierta la puerta para otros programas o políticas que se vayan a crear”.