La iniciativa busca reconocer el festival, como una manifestación autóctona del país.

Por Isabel Colomna Sánchez  

Bogotá D.C., noviembre 10 de 2021(Prensa senado).- En la sesión de la Comisión Sexta de Senado, se aprobó  por unanimidad el proyecto de Ley que declara patrimonio cultural de la Nación, el festival de la tambora y la guacherna en el municipio de Tamalameque, departamento del Cesar y se exaltan sus 37 años de existencia. El autor, es el representante Alfredo Cuello Baute, la ponencia le correspondió al senador Jorge Eliecer Guevara (Alianza Verde).

El congresista informó que el festival del tambor nació en Tamalameque, en el año 1978, en la búsqueda de rescatar la tambora como identidad cultural. Un grupo de personas, tomaron la decisión de hacer las primeras presentaciones en el centro de la población, al son de la tambora, dando vida cultural a la región Momposina y las riberas del río magdalena.

Guevara agregó que Tamalameque es una región de mucha influencia cultural, “este festival vale la pena reconocerlo, ha sido objeto de inspiración de muchos compositores. El ritmo de la tambora, estimula a la comunidad a danzar y hacer grandes manifestaciones artísticas. Es una integración de generaciones, la Nación tiene la responsabilidad de recuperar los escenarios que se hayan perdido. Promocionaremos este festival, para que crezca y se reconozca a nivel nacional e internacionalmente. EL festival no sólo alborota el alma, sino también la sangre y eso que soy amazónico”. Puntualizó.

El proyecto de Ley autoriza al Ministerio de Cultura, para fomentar y promocionar los valores culturales que se originan en el festival. Así mismo indica, que el Gobierno, debe incluir en el Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones requeridas.

Obligación de señalizar zonas de prohibición

Aprobado en tercer debate el proyecto de Ley que busca modificar el artículo 112 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito. El senador ponente, Iván Darío Agudelo Zapata (Partido Liberal), expresó que la iniciativa tiene por objeto dar claridad a las zonas prohibidas, para estacionar vehículos.

La norma pretende establecer condiciones de señalización y regular órdenes de comparendos, por estacionar en lugares prohibidos, en los casos en que las zonas no se encuentren demarcadas.

Cabe anotar que la Ley garantizará la política de estacionamiento, para establecer los criterios de parquear. También se busca motivar el uso del transporte público y de la bicicleta, con el fin de generar calles, para que la convivencia urbana no se vea afectada, por la presencia de vehículos estacionados, y así los peatones puedan disponer del espacio público.

El senador Agudelo manifestó, que estas políticas deben ser evaluadas cada cinco años, con una amplia participación ciudadana, para el control de la movilidad y el tránsito, “estamos pensando en el bienestar del ciudadano; se busca proveer claridad sobre las condiciones de aquellos que se prohíben, para que la ciudadanía ajuste su comportamiento a unas restricciones conocidas por medio de la señalización”. Aseveró el congresista.

Reviva la sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=qbipTiea6ko

En Comisión Segunda este proyecto de ley fue archivado con 7 votos a favor y 3 en contra 

Por Samia Abisambra Vesga

Bogotá D.C., noviembre 10 de 2021 (Prensa Senado). Esta iniciativa buscaba el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y crear la Unidad especial de diálogo y mediación policial, para garantizar el derecho fundamental a la protesta social, el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los manifestantes y de la población que no participa en estas actividades.

El senador Ponente Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático, explicó que este proyecto “cuenta con cuatro aspectos que son desmontar en un plazo de seis meses el, ESMAD, creado mediante la Resolución 01363 del 14 de abril de 1999. En segundo lugar sus funciones serán asumidas por la fuerza disponible de la Policía Nacional y los agentes serán incorporados a otras unidades en la misma condición laboral que ostentaban. En tercer lugar, proponemos la creación de una Unidad especial de diálogo y mediación policial, adscrita a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Por último, los agentes del Escuadrón que cuenten con investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrán ser incorporados en cargos que impliquen procesos de prevención, disuasión, intervención y control en el contexto de las manifestaciones”.

El senador Cepeda Castro  argumentó que numerosas recomendaciones internacionales, como también decisiones de la justicia interna, plantean que existe por parte del ESMAD una conducta y un comportamiento que ha llevado a reiteradas violaciones a los derechos humanos presentadas de manera sistemática, que consisten en lesiones y agresiones contra la integridad de personas que han participado en movilizaciones pacíficas y que además tienen que ver con al menos 61 casos de muertes violentas provocadas por agentes del escuadrón.

Por su parte, el senador ponente Antonio Sanguino, de Alianza Verde, comentó que se valora el papel que cumple los agentes de la fuerza pública, pero su actuación debe acoger los más altos estándares en materia de derechos humanos y “sabemos que un comportamiento que acoja esos estándares, tiene como resultado inmediato un aumento de su legitimidad ante la ciudadanía y, por supuesto, ante el mundo”. De igual manera, mencionó que el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, en su revista Noche y Niebla  documentó 43 casos de homicidios que involucran a agentes desde su creación en 1999 hasta junio de 2019, de los cuales 26 ocurrieron en medio de una movilización social.

Por otro lado, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, afirmó que la reforma a la policía o cualquier modificación, modernización o transformación debe partir del Gobierno, porque es una reforma que en la práctica se produce cuando hay mayoría.  Del mismo modo, comentó que “proponen desmontar el Escuadrón, pero realmente no se ha dicho como quieren que lo cambiemos. Si se desmonta, muy seguramente tocaría buscar un ESMAD del ejército de pronto con menos capacitación en derechos humanos, en procedimientos y procesos de carácter administrativo y en temas de seguridad ciudadana y manejo de multitudes, lo que podría desencadenar en una tragedia”.

En esta misma línea, el senador Ernesto Macías Tovar, del Centro Democrático, afirmó que “nunca me imaginé estar debatiendo sobre el desmonte de una institución que está constituida para salvaguardar la seguridad ciudadana, para defender a la ciudadanía. Nunca se habla de las vidas que ha salvado y de aquellos a los que ha protegido”.

El senador  Macías Tovar también comentó que el ESMAD no fue constituido ni hace presencia para atacar a manifestantes pacíficos. Se han desarrollado cerca de 15.000 manifestaciones últimamente, de las cuales en 1.300 hubo disturbios en los cuales tuvo que intervenir el Escuadrón. Querer el desmonte del Escuadrón es dejar en manos de unos terroristas a aquellos que no protestan y a los que protestan pacíficamente.

El senador Antonio Sanguino recordó algunas cifras del  Ministerio de Defensa como "hasta octubre de 2019 se reconoce que la Nación había sido condenada en 54 procesos por acciones del ESMAD, obligado a pagar un total de casi 10.000 millones de pesos por sus actuaciones fuera de la ley. La Procuraduría General reconoce que hay 481 registros de actuaciones con connotaciones disciplinarias que se iniciaron contra los funcionarios de la Policía Nacional por hechos que constituyen abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, agresiones y discriminaciones, entre otras. De esos registros 411 procesos corresponden al período de protestas”.

Según el senador Juan Diego Gómez Jiménez, en muchas poblaciones, en sus zonas rurales y urbanas, del territorio nacional hace falta presencia estatal y lo que se está planteando con este proyecto es comenzar a desmontar la institucionalidad. “Reprocho y desprecio la violencia venga de donde venga, los derechos humanos no son solo una obligación del Estado, sino de todos los seres humanos y, a pesar de que no se pueda seguir un proceso disciplinario o judicial contra un ciudadano que los viole, si se debe reprochar e investigar qué se esconde detrás de esta actuación”.

En su intervención, la senadora Paola Holguín Moreno  mencionó que esta iniciativa hace referencia a que las funciones del ESMAD pasen a la fuerza disponible, “me parece que esto no beneficia la democracia ni el papel legal y constitucional que cumple la fuerza pública. Lo mejor para los ciudadanos es tener fuerzas especializadas para funciones especiales, como sucede en este caso con el Escuadrón”.

Para la senadora Holguín Moreno, lo más democrático es hacer la clara diferencia entre el derecho constitucional a la marcha pacífica con el vandalismo y el terrorismo, porque no son derechos de nadie.

Reviva la sesión de la Comisión Segunda a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=iFIzEQU4Qjc