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Obligaciones de las Farc dentro del acuerdo final, interceptaciones ilegales y medidas por Covid-19 para atender pueblos indígenas, esta semana en Senado

Los 18 ministros del gobierno del presidente Iván Duque fueron citados por la Comisión Sexta, a sesión virtual. También lo fueron los representantes de las entidades adscritas o vinculadas a esas carteras, lo mismo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Bogotá D.C., 17 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Obligaciones de las Farc derivadas del acuerdo final, en materia de entrega de bienes y reincidencia; las interceptaciones ilegales; las acciones emprendidas por el Gobierno para atender la emergencia por el coronavirus en los pueblos indígenas, particularmente los de frontera, y la división en dos empresas y el proceso de venta de Electricaribe, son algunos de los temas de la agenda del Senado, durante la semana.


Este lunes 18 de mayo, a partir de las 9:00 a.m., la Comisión de la Equidad para la Mujer, invitó a diputados y concejales del Tolima a tratar virtualmente el tema de los conversatorios sobre la Ley 1981 ‘La voz de las mujeres en las regiones’.

La Comisión Primera citó, a las 10:00 a.m., a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para tratar el tema la situación de la suspensión de términos procesales. A la sesión virtual fueron invitados los presidentes de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, del Consejo de Estado, Álvaro Namen Vargas; de la Corte Suprema de Justicia, Luis Quiroz Alemán, y del Consejo Superior de la Judicatura, Max Alejandro Flórez Rodríguez, lo mismo que al procurador y al fiscal generales de la nación, en su orden, Fernando Carrillo Flórez y Francisco Barbosa Delgado.

La Comisión Sexta tiene previsto reunirse a las 10:00 a.m. para tratar los planes de acción y adicionalmente, el plan de inversiones y todo lo que se viene desarrollando frente a la emergencia por el Covid-19. A la sesión virtual fueron citados la totalidad de los 18 ministros del Estado y los representantes de las entidades adscritas o vinculadas a esas carteras, lo mismo que la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres.

La plenaria

A las 3:00 de la tarde, la plenaria fue convocada para tratar el tema del “incumplimiento de las Farc a las obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de entrega de bienes y reincidencia”. A la sesión virtual de control político fueron citados los ministros de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Alicia Arango Olmos, e invitados el alto Consejero Presidencial para La Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; la gerente de la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, y la presidenta de la JEP, Mirtha Patricia Linares Prieto.

Martes 19 de mayo

La Comisión Tercera citó, a las 9:00 a.m., al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que responda un cuestionario sobre los efectos económicos que atraviesa el sector del transporte terrestre intermunicipal, derivados de la suspensión de la actividad como medida para contrarrestar el Coronavirus.

A la misma hora sesionará la Comisión Quinta, a la que fueron citadas la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño; la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, y la Agente Interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza, para tratar el tema de la división en dos empresas y el proceso de venta de Electricaribe.

Por otra parte, la Comisión Séptima se reunirá, a partir de las 10:00 a.m., con Mauricio González Barrero, superintendente del Subsidio Familiar (E); Adriana Guillén Arango, presidenta de Asocajas, y Nuris Hernández Espitia, presidenta de Fedecajas, para tratar las acciones adelantadas y por adelantar por parte de esas entidades, en el marco de la pandemia por Covid 19.

 Miércoles 20 de mayo

La agenda del miércoles inicia con la Comisión Tercera, desde las 9:00 a.m., donde se tratarán las medidas económicas asumidas por el Gobierno Nacional para responder a la crisis creada por la pandemia. Al debate fue citado el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.

La Comisión Segunda tiene previsto reunirse, a las 10.00 a.m. con los ministros de Salud, Fernando Ruíz Gómez; del Interior, Alicia Arango, y de Educación, María Victoria Angulo, lo mismo que con el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, y la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez; con el fin de tratar las acciones emprendidas para atender la emergencia por el coronavirus: insumos y recursos para salud, alimentación, subsidios, y suministro de agua potable a los pueblos indígenas de Colombia, particularmente a los pueblos de frontera.

La plenaria

El debate fue citado para las 3:00 p.m. y en el mismo se tratará el tema de las interceptaciones ilegales. Al debate de control político fue citado el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García, e invitados el procurador, fiscal y contralor generales, Fernando Carrillo Flórez, Francisco Barbosa Delgado, y Carlos Felipe Córdoba Larrarte, respectivamente.

Jueves 21

La agenda del día jueves 21 de mayo se inicia con la Comisión Séptima, a la cual se citó al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y al director General del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, para que se refieran a las acciones adelantadas y por adelantar por parte de esas entidades, en el marco de la pandemia por Covid 19.

Desde las 2:00 p.m. la Comisión de Derechos Humanos se reunirá para tratar el tema de la problemática del Amazonas por el Coronavirus.

La agenda del Senado termina con la Comisión de Ordenamiento Territorial, que citó virtualmente el viernes 22 de mayo, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón, para tratar el tema de la evaluación sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia.

COT pide control a tarifas de energía con operadores que entran a reemplazar a Electricaribe

“La CREG no debe incidir en las altas tarifas del servicio por su ignorancia con la región Caribe”: Senador Mauricio Gómez.

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual, la Comisión de Ordenamiento Territorial en debate de control político hizo una solicitud de forma unánime al Gobierno y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que no permita el alza en las tarifas del servicio de energía en la región Caribe, al conocerse la entrada de los dos operadores que remplazan a Electricaribe.

El presidente de la COT, Efraín Cepeda Sarabia, destacó la labor del actual Gobierno, de poner en marcha la operatividad del servicio de energía en el norte del país, “cuando en el pasado era habitual los reclamos y protestas de nuestra comunidad debido al mal servicio que dejaba como consecuencia daños y quiebras en las familias y comerciantes de la costa”.

“Hoy vemos el descaro de la empresa Gas Fenosa que ha demandado a la nación por la suma de 1.500 millones de dólares, pero con decisión vemos que el país correspondió de forma acertada con otra demanda a esta multinacional en cuestión, porque el Caribe colombiano pagó con Corelca su patrimonio energético que se vendió mal en favor de la multinacional española", dijo.

Pese a ser una región con un 60 por ciento de informalidad, de alto índice de pobreza, “les decimos a los nuevos operadores EPM, y EPP, Empresas Públicas de Medellín y Empresas Publicas de Pereira que tengan la seguridad que aquí somos de una cultura de pago, diferente a lo que adujo Unión Fenosa, claro está correspondiendo al buen servicio que reciban”, enfatizó el congresista conservador Cepeda Sarabia.

La bancada liberal en cabeza del senador Mauricio Gómez cuestionó al Gobierno por no regular a la CREG, “entidad que no hace presencia en los debates de control político pese a que sus funcionarios reciben una alta asignación salarial”.

La CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad encargada en regular los servicios de electricidad y gas según lo establece las leyes 142 y 143 de 1994 y creada por el Gobierno con fin de regular los servicios públicos.

El congresista Gómez Amín sostuvo que “estos funcionarios de la CREG hacen una fórmula de tarifas distante de la realidad del Caribe, lo que expresa que detrás de las injusticias a nuestros habitantes están las acciones de la CREG, que no conoce nuestra región”.

Insistió en que la CREG no incida en las tarifas de los servicios de energía, para evitar esos abusos, a su vez dijo: “Señora Ministra solicito vigilancia a los funcionarios de la CREG, necesitamos del Gobierno menos decretos o anuncios y más hechos que mitiguen la crisis”.

En el mismo sentido la senadora Laura Fortich Sánchez, de la misma colectividad, manifestó: “Es importante trabajar en la mayor cobertura para combatir la pobreza multidimensional e incluir en los planes de desarrollo el avance en los tema de servicios públicos en beneficio de las familias más necesitadas”.

La legisladora liberal llamó la atención por las continuas alzas en los servicios de energías en esta época de pandemia y pidió solidaridad con los usuarios, “más aún cuando en nuestra región los niños y todos permanecemos encerrados en casa y se hace necesario el uso de ventiladores y aire acondicionado”.

El partido de la U en representación del senador Miguel Amín recordó al Ejecutivo la alta inversión que ha hecho el Gobierno, asumiendo el pasivo pensional de Electricaribe, lo cual debe incidir para que los nuevos operadores no lleguen a imponer altas tarifas a la comunidad.

Así mismo, el senador Berner Zambrano del mismo partido, dijo: “Esta es una lucha en donde todos los partidos y congresistas hemos respaldado la labor de la bancada caribe, de modo que ya es hora que se le cumpla a esta región con un buen servicio en cumplimiento de sus derechos”.

La bancada de gobierno dejó ver su descontento por las altas tarifas en donde el senador Carlos Meisel precisó: “Siempre se aduce a la baja de los embalses cuando lo primero es insistir en la capacidad de estas represas para evitar el incremento en las facturas”.

El senador Meisel resaltó la llegada de la EPM para el servicio de energía, pero pidió que esta entidad entregue el manejo del agua y alcantarillado del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, porque no han tenido un acierto en el servicio.

La senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, sostuvo que “el trabajo del gobierno del Presidente Iván Duque ha sido bueno en materia energética con la costa, de modo señora Ministra nosotros no podemos dañar esta tarea iniciando un servicio con altas tarifas, cuando debemos comenzar con el pie derecho en favor de la comunidad.”

La congresista terminó pidiendo atención especial para la región de La Mojana, donde confluyen los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, para que se realice una conexión óptima, porque allí conectamos con el Cesar, que son tierras ricas en producción de alimentos.

El senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, recalcó: “Pido a los operadores que no se inicie el servicio con altos incrementos en las tarifas, teniendo en cuenta la crisis de salud pública y el alto índice de desempleo de la región”.

“Hoy sabemos del descenso de los embalses y pese a los anuncios del Gobierno de no cortar el servicio, venimos con unos racionamientos de energía por la mañana obligando a las personas a salir del confinamiento de protección, para lo cual es importante que hoy Electricaribe suspenda estos cortes”, puntualizó el congresista Castillo.

El senador el partido Mais Feliciano Valencia comentó: “Alerto al Gobierno para que proteja los nacimientos de aguas, vivimos pensando en llenar las represas pero estamos acabando con las fuentes de agua y si no hay agua no hay represa, lo que indica que debemos proteger los nacederos de este mineral”.

El senador Valencia pidió a la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, vigilar las alzas de las tarifas en todos los servicios del suroccidente del país, ya que departamentos como el Cauca y Putumayo son bastante afectados.

Interviene el Gobierno

El 21 de marzo de 2020 en plena pandemia se logró la entrega del servicio de energía del caribe a las empresas conformadas por EPM de Medellín con Caribe Sol, donde servirá a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira y la EPP- de Pereira representada en Caribe Mar, con los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, informó la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez.

La titular de la cartera de Minas y Energía señaló que el mal pago del servicio de energía de los habitantes del caribe se debía al mal servicio, acto que llevó a los habitantes del norte al límite, pero con la entrada de estos dos operadores que son Caribe Mar y Caribe Sol, en el mes de octubre la situación es distinta.

La ministra Suárez expresó: “Con el propósito de proteger a los trabajadores, el Gobierno asume el pasivo pensional de 1.5 billones de pesos, recordando que las deudas de Electricaribe equivalen a 2 billones de pesos que quedaron por fuera del perímetro de la transacción.

Entre tanto, la superintendente se Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo que “el propósito es buscar una solución definitiva del servicio de energía en estos siete departamentos del norte de Colombia y por eso trabajamos con toda la bancada del Gobierno en estos nuevos operadores y se creó la junta consultiva de ECA Electricaribe, con la participación de siete expertos para que acompañaran el proceso de cambio”.

“Habilitamos un cupo de crédito empresarial” indicó la superintendente Avendaño, por 860 mil millones de pesos de inversión y transformación operativa que incluye el Conpes 3910 y 3366. Se trabajó un régimen transitorio tarifario para beneficiar a dos millones y medio de personas, puntualizó la alta funcionaria.

La interventora de Electricaribe, Ángela María Rojas, informó que viene haciendo mantenimientos preventivos y correctivos para el proceso de entrega que será en diciembre próximo, iniciando con el componente de Red y Estructura.

Nuevos operadores

Álvaro Guillermo Rendón, de EPM-Empresas Públicas de Medellín, dijo: “Si fuimos crisis en el país con Hidroituango, hoy somos solución para Colombia con Electricaribe. Entramos respetando unas normas de comportamiento para prestar un servicio eficiente, recibimos el acompañamiento de la interventora”.

Por su parte, Juliet Porra, representante de las EPP-Empresas públicas de Pereira, manifestó: “Tenemos el reto de superar el mal servicio de Electricaribe, para que la comunidad responda de la misma manera, el buen desempeño de nuestra entidad nos permitió exceptuar de pago de servicios a los estratos 1,2 y 3 de Pereira el mes pasado, en plena época de Pandemia”.

Finalmente el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Efraín Cepeda, indicó que la costa caribe ha sido una importadora de energía desde el interior del país, “pero hoy tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía, por ejemplo en La Guajira soplan uno vientos superiores a los que se presentan en otros países que generan energía eólica y EPM es líder, porque fue la primera en establecer una planta en La Guajira”.

“Vemos que el gas es una alternativa de energía, pero hemos conocido que en esta época en que ha disminuido el abastecimiento del combustible, cerca de Barranquilla tenemos un posible yacimiento que espero sea bastante productivo para nuestras expectativas, de modo que vale la pena seguir trabajando en nuestras propias reservas”, señaló el senador Efraín Cepeda.

Participación ciudadana en asuntos ambientales, fumigación con glifosato y fracking, temas en Comisión Quinta

El senador Jorge Londoño enfatizó que la intervención de la comunidad en el tema ambiental está regulada por la Constitución, en donde se le garantiza a la sociedad ser partícipe en las decisiones que pueda afectarla.

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020 (Prensa Senado). En desarrollo de la sesión virtual de la Comisión Quinta se trataron diversos tópicos como la participación de la ciudadanía en los temas ambientales, variadas posiciones frente a la fumigación con glifosato, la práctica del fracking y la falta de garantías que hay en la conectividad del país.

En la sesión participaron el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; los líderes ambientales, Miguel Contreras y David Uribe; el representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Arnobi Zapata; la representante de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Nidia Quintero; el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ingeniero Rodrigo Suárez.

El líder ambiental Miguel Contreras afirmó que no están dispuestos a adaptarse a las audiencias públicas ambientales virtuales durante la pandemia del Covid-19. Este rechazo fue argumentado bajo dos razones principales:

1) Por la circular número 9 del 12 de abril de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida a los directores de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los directores de CAR, directores de autoridades ambientales urbanas, en el que se emiten recomendaciones para la implementación del Decreto 491, a cargo de las autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental.
2) Por la Resolución 642 del 13 de abril del 2020, por la cual se modifica la Resolución 470 del 19 de marzo de 2020 de la ANLA, levanta la suspensión de términos de procesos y proyectos ambientales en donde se debe garantizar la participación ciudadana por medio de la tecnología.

Complementó diciendo que los preceptos constitucionales siguen vigentes, aún durante la emergencia por el Covid-19, razón por la que no entienden por qué la autoridad ambiental expidió estos actos administrativos irrespetando los procedimientos contemplados en la Constitución de 1991.

Por su parte, David Uribe, líder ambiental, reafirmó que desarrollar la práctica del fracking en Colombia sería un gran error. Argumentó que la estrategia del Gobierno Nacional ha sido aprovechar la crisis humanitaria que vive el país en este momento, para avanzar en un proyecto que involucra al grueso de la sociedad. Sin embargo, dijo, el Gobierno Nacional se pone de espaldas al país con la crisis humanitaria que se vive, tomando decisiones temerarias para limitar la participación ciudadana en los procesos competentes a cada región y grupo de interés.

Sumado a esto, el representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Arnobi Zapata, puntualizó que los campesinos tienen una situación muy complicada si llegasen a ser fumigados con glifosato al aprobarse la licencia que está en trámite.

 El campesino necesita respuestas 

Afirmó que la participación ciudadana está siendo limitada incluso con la información de las emisoras. Aseveró que es una actitud mediocre creer que con transmitir por la radio una propaganda sobre las audiencias públicas virtuales, el campesino va a estar informado. “El campesino tiene preguntas y necesita respuestas y por una emisora no lo puede hacer”.

Sumado a lo anterior, aseguró que se tienen pruebas de las muertes que han causado las fumigaciones en Colombia, además de haber acabado con cultivos y de haber envenenado cuerpos de agua. Por esa razón, manifestó la inconformidad que tienen los campesinos al convocar escenarios que no permiten la participación efectiva de las comunidades, pues tienen derecho a participar y no solo a ser informadas.

De igual forma, la representante de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Nydia Quintero, aseguró que están en total desacuerdo con que el país retorne a este tipo de fumigaciones, sobre todo porque hace tres años se pasó por la firma de un acuerdo de paz en el que se garantizó que la solución al problema de las drogas en Colombia se diera de manera concertada y negociada con las familias campesinas.

Agregó un rechazo rotundo a la situación, además de hacer un llamado a las instituciones del Gobierno Nacional para que revisen las decisiones que se están tomando, especialmente en el Congreso de la República, para que no permita que la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades y a la vida ambiental en los territorios se vuelvan a cometer, sabiendo que hay un historial de violaciones a los derechos fundamentales a las comunidades campesinas desde hace más de tres décadas, por aspersiones aéreas en el país.

El ingeniero Rodrigo Suárez, director de la ANLA, avaló que dicha entidad ha emitido resoluciones de carácter general, que han tenido que ver con decisiones internas que se han tomado frente a la salud de los colaboradores y de sus familias durante esta época de crisis que vive el país. Acto seguido, afirmó, se tomaron decisiones respecto a la suspensión de los servicios presenciales, buscando diferentes canales de reemplazo para la atención del ejercicio de presencial.

De acuerdo con lo anterior, se han buscado las medidas necesarias para hacer un seguimiento a los proyectos sujetos de control en el territorio, motivo por el que han fortalecido la capacidad técnica a través de imágenes satelitales de alta precisión. “Se ha pedido, en algunos casos, hacer un seguimiento constante de algunas partes, como por ejemplo el Relleno de Doña Juana”.

Resaltó que han desarrollado una estrategia de trabajo, que busca, esencialmente, la transparencia y un acercamiento con el usuario para generar el diálogo. Además de mejorar la calidad de las decisiones y ser más oportunos en la atención. Con las audiencias públicas virtuales se buscaba una mayor participación efectiva, razón por la que hoy, alrededor de 210 personas, están teniendo derecho a participar.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, enfatizó en que se crearon los centros del diálogo y participación efectiva, lo que indica que todas las acciones del Ministerio de Ambiente siempre han estado acompañadas de todos los mecanismos e instrumentos necesarios para que la participación se dé de forma correcta, además de la garantizar que las comunidades puedan acceder a la información de una manera mucho más clara, oportuna y actualizada.

Recalcó que el mundo entero está aprendiendo-haciendo. No obstante, es consciente que el factor primordial a tener en cuenta es la amenaza que pone en riesgo la salud de los ciudadanos, razón por la que se han tenido en cuenta los decretos que el Presidente de la República ha emitido y que están enfocados a la protección de las comunidades, de las poblaciones vulnerables, etc.

 Afirmó que quedarse quietos no es una posibilidad. Por el contrario, es necesario encontrar la forma de cómo vivir y desarrollar una buena calidad de vida frente a las nuevas condiciones que buscan la prevención del riesgo en esta emergencia. Para ello, complementó, están los decretos 457, 531, 593, 636, que buscan esas actividades preventivas de aislamiento obligatorio. Además, está el Decreto 491, que busca garantizar el cumplimiento del servicio social y público que se tiene que seguir ofreciendo a los colombianos.

Hablan los senadores

El senador Jorge Londoño, citante del debate de control político realizado en la sesión, explicó que participar no es simplemente tomar parte en algo sino, más bien, tomar parte activa y aportar a la situación. La participación lleva implícita un proceso de diálogo de una manera libre e igualitaria, en donde la claridad del lenguaje establece el diálogo, con tolerancia y compromiso.

La participación ambiental en Colombia está regulada por la Constitución, en donde se le garantiza a la comunidad poder ser partícipe en las decisiones que puedan afectarlos. El artículo 69 de la Ley 99 de 1993, expresa que cualquier persona puede intervenir en las actuaciones administrativas, trámites ambientales y en revocación de sanciones, complementó.

No obstante, hizo hincapié en la falta de garantías que hay en la conectividad del país, haciendo alusión a que todavía hay nueve millones de personas que viven en territorios donde no hay acceso de ningún medio de comunicación. Según las cifras del DANE, para el 2018 solo el 50 % de los colombianos tenían acceso a Internet. El 29% de los hogares en Colombia tienen un computador portátil, el 21% un computador de escritorio y un 11% una tablet.

Puntualizó que el problema que se está afrontando no es cualquiera, pues si en una democracia no hay participación real, esta no existe.

La congresista Maritza Martínez aseguró que el día que existan condiciones adecuadas, de acceso a los equipos técnicos que se requieren para poder adelantar las concertaciones con las comunidades, a través de una audiencia pública o consulta virtual, será necesario dotar a las comunidades de equipos y de acceso a Internet, indiscutiblemente. Estas medidas solo se deben usar cuando la comunidad esté en igualdad de condiciones para poder llevar a cabo un debate profundo, para participar y de interrumpir a una autoridad que esté presentando un proyecto o un tema.

Destacó que hay muchas regiones de la Orinoquía, como por ejemplo, el Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, que no se compadecen con la realidad. Insistió en que en el Meta hay ciertas ayudas técnicas, sin embargo, sigue habiendo comunidades distantes y sin cobertura alguna, además de la falta de las juntas de acción comunal y los representantes de las comunidades son evidentes.

Concluyó reafirmado su posición frente al desarrollo de la virtualidad, reconociendo que es una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia, pues es menester no tener miedo frente a los avances tecnológicos.

 Por su parte, el senador Jorge Robledo no comparte la idea de las fumigaciones por razones ambientales y sociales. No obstante, afirmó que no es cierto que esa medida vaya a erradicar el narcotráfico, pues el país lleva 50 años haciéndole caso a los Estados Unidos sobre cómo se debe acabar con ese mal. Destacó, además que el acuerdo del presidente Iván Duque con los estadounidenses, apunta a que el narcotráfico se reduzca en un 50% solamente.

El legislador José David Name aseguró que los invitados tales como ministros y directores de las Instituciones gubernamentales no deben llegar a rendir informes de gestión al recinto de la Comisión, enfatizando que ellos están invitados para responder puntualmente las preguntas que los senadores miembros tengan de los temas en específico, puesto que no están respondiendo lo que se les cuestiona en este debate de control político.

En esta línea, denuncia que a finales del año 2019 tanto en medios como en la Comisión Quinta advirtió que se estaba abriendo una licitación pública para dragar un parque Nacional por 70 mil millones de pesos, afirmó que justo en plena pandemia se aprovechan de esta situación en vez de invertir en la salud, así usurpándole regalías al departamento de Magdalena, denuncia que hasta el momento no ha sido respondida por el señor Ministro de Ambiente y el Director de la ANLA.

El congresista Alejandro Corrales aseveró que hoy, más que nunca, se debe evaluar la sostenibilidad medio ambiental para Colombia, pues es necesario generar energía de fuentes no convencionales y tomar el sector ambiental como parte fundamental de la sostenibilidad nacional. “Esta coyuntura toca aprovecharla para que el mundo entero entienda la importancia del medio ambiente”.

 Resaltó que el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad muy grande para no dejar que el país siga teniendo señalamientos “inquisidores” por permitir que día a día suban las hectáreas de las plantaciones de coca. Enfatizó en que es necesario fumigar y el glifosato no es una herramienta nueva. En las zonas agropecuarias y agrícolas se está utilizando de la forma correcta, además de que solo se utilizaría sobre cultivos ilícitos.

 Culminó haciendo énfasis en que las sesiones virtuales son absolutamente legales. Los son para las altas cortes, para el Congreso y lo debe ser para cualquier mecanismo de participación, muy contrario a lo sugerido por el senador Eduardo Emilio Pacheco, quien solicitó suspender dichas sesiones, argumentando que muchas comunidades poseen poco acceso a la información y se les está violentando el derecho a la información.

Por su parte, el senador Didier Lobo sugirió que la tramitología de las entidades del estado tales como ANLA y los ministerio de Ambiente y del Interior, entre otros, deben seguir su curso para evitar un estancamiento de los procesos por el Covid-19, aclarando que se debe tener un cuidado muy especial en temas de participación, puesto que muchas poblaciones al no tener el acceso a la información y la tecnología se verán afectados, por ello algunos trámites sí deben esperar.

 La senadora Daira Galvis aseguró que todos los colombianos deben conocer y participar en los proyectos relacionados con las CAR´S, sin imponer los caprichos del Ministerio de Ambiente y la ANLA, asegurando que ya mucho daño le han hecho al país.