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No permitiré que privaticen el Fondo Nacional del Ahorro

Se pondría en jaque el ahorro pensional de millones de colombianos.

Bogotá D.C. septiembre 20 de 2021(Columna senador Nicolás Pérez), Esta semana empezó la discusión en la Plenaria del Senado del proyecto de ley que reforma el mercado de capitales. Una iniciativa que radicó el ex Ministro Alberto Carrasquilla a mediados del semestre pasado y que incluye aspectos positivos, temas que generan preocupación y artículos que bajo ningún motivo podemos aprobar. Entre ellos, la privatización del Fondo Nacional del Ahorro.

Comencemos por las cosas buenas. En el proyecto se buscan generar medidas para lograr una mejor focalización de los subsidios que entrega el Gobierno. Una problemática bien conocida, dado que de acuerdo a un estudio del Departamento Nacional de Planeación -DNP- de 2016 el 40% de los auxilios se dirige al 40% de la población de mayores ingresos. Además, a corte de 2016 el 38% de los receptores de Colombia Mayor estaban por encima de la línea de pobreza y para 2018 el 47% de los beneficiarios de Familias en Acción no se encontraban en condición de pobreza monetaria.

De igual manera, se crean líneas de crédito agropecuario con subsidio a las tasas de interés. Una medida que puede activar de manera determinante este sector, sobre todo para los pequeños productores. Asimismo, se democratiza el acceso a la bolsa al permitir que cualquier persona sea accionista de ella y se fortalecen las facultades de la Superintendencia Financiera para supervisar el cumplimiento de los lineamientos del gobierno corporativo de las empresas.

Ahora, miremos algunas preocupaciones. En aras de fortalecer el flujo de recursos del mercado de capitales y facilitar la capitalización de más empresas, el proyecto les permite a las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- emitir valores y negociar acciones en la bolsa. Históricamente esto siempre ha estado prohibido, dado que las SAS no cuentan con la misma robustez institucional de otro tipo de empresas como las Sociedades Anónimas.

Por ejemplo, las SAS pueden tener objeto indeterminado, un único dueño, no necesita escritura pública para su constitución, el tiempo que se tiene para pagar el capital suscrito es de dos años, etc. Es decir, es una estructura societaria que facilita como ninguna otra la creación de empresa y el emprendimiento, lo cual es sumamente bueno. Sin embargo, esos mismos beneficios han hecho que también se presenten repetidos casos de fraude.

Por eso, la eventual habilitación a las SAS para que negocien sus acciones en la bolsa debe estar sujeta a una estricta regulación que garantice la solidez de la compañía y proteja los recursos de los inversionistas.

Dicho esto, pasemos a dos temas oscuros del proyecto. El primero, es que se pretende transformar la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro para que pase de una empresa industrial y comercial del Estado a una sociedad de economía mixta, algo que se intentó hacer en el Plan Nacional de Desarrollo y que los coordinadores ponentes rechazamos tajantemente. En español, esto significa que se privatizaría el FNA, dado que se permitiría el ingreso de capital privado.

El Fondo, cabe señalar, es una entidad que en materia de ingresos recauda y administra cesantías y frente al gasto otorga créditos con condiciones que muchas veces son más competitivas que las ofrecidas por buena parte de los bancos tradicionales. Así ha funcionado durante 50 años, históricamente ha registrado buenos resultados, es una de las pocas entidades financieras de primer piso que tiene el Estado colombiano y ciertamente no hay necesidad de alterar su composición accionaria para que lleguen privados con voz y voto a tomar decisiones.

El segundo, es que se quiere eliminar la facultad que actualmente tiene el Gobierno para fijar la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones. Esto significa que este tipo de actores no estarían obligados a que sus inversiones generen utilidades para sus afiliados, con lo cual podrían utilizar los recursos para financiar proyectos mucho más riesgosos, que pueden derivar en pérdidas, sin que tengan consecuencia alguna.

En otras palabras, se pondría en jaque el ahorro pensional de millones de colombianos. Algo que bajo ninguna circunstancia podemos permitir.

Por esa razón, radiqué un bloque de proposiciones que eliminan los artículos que pretenden privatizar el FNA y que mantienen viva la competencia del Gobierno para fijar la rentabilidad mínima de los fondos. Aunque el proyecto tiene aspectos positivos que apoyaré, estas son líneas rojas que no se pueden cruzar y que defenderé en la discusión de la iniciativa.

Acelerar la recuperación de Providencia

El Gobierno tiene que trabajar sin descanso en el cumplimiento de la promesa de reconstrucción de Providencia

Bogotá D.C.,20 de septiembre de 2021 (Columna senador José David Name), A dos meses de cumplirse un año de la tragedia que dejó el paso del huracán Iota de categoría 5, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todavía hay una larga lista de pendientes por parte del Gobierno Nacional en el proceso de recuperación y reconstrucción, que ha presentado retrasos principalmente en el archipiélago de Providencia.

La buena voluntad y disposición del Gobierno no ha sido suficiente para cumplirle, en los tiempos prometidos, a los damnificados de Providencia, quienes vivieron la desolación de ver el 98% de la isla, incluidas sus viviendas, destruidas. Por la magnitud del fenómeno climático, y la ubicación del territorio a más de 700 kilómetros del continente, esta reconstrucción ha implicado grandes desafíos, que requieren de mayores esfuerzos.

Además de los problemas logísticos, las dificultades del transporte y las demoras en las firmas de los convenios, con la reconstrucción de las casas se enfrentaron complicaciones que no habían sido previstas por el Gobierno en su cronograma, entre ellas la remoción de más de 21.000 toneladas de escombros y la concertación con los raizales, de los diseños de viviendas respetuosas de sus costumbres, cultura y tradición.

En el reporte más reciente entregado por la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), se registra que de las 1.787 casas que deben ser reparadas y construidas (910 nuevas y 877 para reparar), solo el 19% de las viviendas nuevas han sido entregadas, es decir 168, mientras que las reconstruidas alcanzan el 69%, correspondiente a 606 casas. Situación que tiene descontenta y molesta a cientos de familias que todavía se encuentran viviendo en carpas, a la intemperie.

La llegada de la nueva temporada de invierno, que viene presentando fenómenos climáticos atípicos acompañados de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal, añade nuevas preocupaciones, que no encuentran techo debido a las condiciones de alta vulnerabilidad en la que están muchos habitantes de la isla. Un panorama que debe ser cambiado, enfocando los esfuerzos en la construcción de las viviendas nuevas.

En medio de las dificultades que atraviesan los isleños, esta semana se revive la disputa entre Colombia y Nicaragua por desacuerdos territoriales y marítimos en el Caribe, que tiene como antecedente el fallo de La Haya en 2012, que significó para nuestro país, la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar en los alrededores de San Andrés y Providencia. Las afectaciones que desde entonces han sufrido los pescadores raizales por las restricciones impuestas en zonas del mar, donde por generaciones habían desarrollado sus faenas, todavía representan un duro golpe para su economía e idiosincrasia.

La defensa y protección de los derechos de los raizales no solo debe realizarse de manera férrea ante la comunidad internacional, como esperamos se haga en las audiencias que inician esta semana, sino que también debe hacerse tangible cumpliendo con la reconstrucción total de las islas y devolviéndole la esperanza a los providencianos. Convocar a la renovación de todos los sectores, incluido el energético, con el desarrollo de energías renovables no convencionales, que contribuyan a la transformación y la sostenibilidad del archipiélago, son planes que se deben incorporar en el corto y mediano plazo.

El Gobierno tiene que trabajar sin descanso en el cumplimiento de la promesa de reconstrucción de Providencia. Acelerar el proceso de recuperación es vital para blindar al archipiélago ante futuras emergencias climáticas.

¿Minería en el Páramo de Cumbal?

Ojalá el pueblo se imponga contra esta nueva amenaza que representa la exploración minera en una de las zonas más ricas que tenemos en nuestro sur del país.

Bogotá D.C. septiembre 20 de 2021(Columna senador Guillermo García Realpe).-Creíamos que con el debate en defensa del Páramo de Santurbán quedaba claro la prohibición de realizar minería en los páramos, pero parece que fue una falsa ilusión. Ahora, con asombro y tristeza nos enteramos de la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para que haya exploración minera en el páramo de Chiles- Cumbal, ubicado al sur del departamento de Nariño, en zona fronteriza con nuestro vecino Ecuador.

La ANLA ha dado vía libre a la empresa Minerales Camino Real S.A.S., para que realice no sólo exploración de oro, sino también de otros minerales como cobre, plata, platino, paladio, rutenio, rodio, osmio y sus concentrados, algo sin duda, muy grave.

Se conoce que son 22 en total, las propuestas de contrato de la concesión ante la Agencia Nacional Minera, para obtener títulos de explotación en esta importante zona. Medios locales, incluso afirman que se estarían afectando 50 mil de las 91 mil hectáreas que componen el área total de reserva natural que hoy existen en el municipio de Cumbal.

El páramo de Chiles-Cumbal, es muy importante al igual que los demás complejos que tiene el país; según datos oficiales del Instituto Humboldt, cuenta con altitudes que van desde los 3.100 a 4.748 metros y una temperatura promedio de 11 grados centígrados, tiene una extensión aproximada de 11.400 hectáreas, de las cuales el 80% corresponden a ecosistemas de bosque andino y altoandino, páramo y súper páramo y hace parte del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, Cumbal y Azufral, todos ecosistemas que son fuente de vida, de riqueza hídrica, de hogar de cientos de especies y los cuales garantizan la biodiversidad de la zona.

El solo hecho de que una multinacional minera entre al territorio, debe prender todas las alertas ya en el Sur de Colombia, en Nariño, Cauca, y por supuesto el gran Macizo Colombiano en general, porque creíamos que en Santurbán se había ya ganado una posición de que no habría gran minería en los páramos de Colombia, parecía que así había sido y que el Estado colombiano estaba empeñado en eso, pero parece que no es así.

Ahora bien, en el tema de comunidades indígenas, hay un derecho de legislación propia, desde acuerdos internacionales con la OIT que, obligan a que haya consulta previa para otorgar la licencia ambiental y las demás tareas que tienen que ver con la concesión de títulos mineros, además que la zona no es apta para minería, es un territorio de generación de agua y conservación y de vocación agrícola y soberanía alimentaria.

Por eso desde nuestra posición de Senador y como defensor de la vida y la Paz con la Naturaleza, invito a todo el pueblo del sur de Nariño, a campesinos, comunidades indígenas, jóvenes, líderes ambientales, defensores del territorio y demás ciudadanos, para que emprendamos una gran cruzada en defensa del páramo y de la vida, no es posible que nos quieran cercenar a través de una resolución el derecho a vivir en un entorno sano, en armonía con la naturaleza, por eso desde ya, anunció que vamos a citar un debate de control político en el Congreso de la República, donde concurran los protagonistas que tienen injerencia directa en tomar ese tipo de decisiones que afectan de manera gravosa el ambiente y nuestra riqueza natural.

Extraña la precipitud de la Agencia Nacional Minera de abrir el respectivo proceso administrativo para facilitarle el espacio a la empresa Minerales Camino Real S.A.S, en detrimento de las comunidades que ancestralmente han estado sobre este territorio de vida.

Con esto nos damos cuenta de que el gobierno nacional a través del presidente Duque, vocifera en el extranjero y se muestran como los grandes defensores del ambiente, cuando en el país, al igual que con la paz, hacen todo lo contrario, ellos son complacientes con las multinacionales, y otorgan enormes gabelas económicas y tributarias, mientras que con el ciudadano de a pie, no tienen contemplación.

Ojalá el pueblo se imponga contra esta nueva amenaza que representa la exploración minera en una de las zonas más ricas que tenemos en nuestro sur del país. Ojalá la presión ciudadana sea el detonante que disipe las pretensiones de unos empresarios que buscan llenarse los bolsillos a costillas de arrasar la naturaleza, la riqueza hídrica y el territorio de nuestra región.

Para recordarle a nuestros lectores que esta es la conclusión de la entrega de cientos de miles de hectáreas que hizo el gobierno del expresidente Uribe en 2002 y 2010 al gran empresariado, a la megaminería, a las multinacionales de la minería en territorios de todo el país, especialmente en el departamento del Cauca, Nariño, en territorios de Paramos, en territorios de vocación agrícola, de soberanía alimentaria y en algunos casos de posesiones y explotaciones mineras artesanales, ancestrales que tienen tradiciones centenarias así que este es el cumplimiento del designio del expresidente Uribe