El gobierno confirmó lo ya expresado por la Corte Constitucional, que los Derechos de autor son irrenunciables.

Bogotá D.C., agosto 18 de 2021 (Prensa Senado).- Con el fin de abogar por el cumplimiento de la Ley 1403 de 2010 o Ley Fanny Mikey, ante el no pago de los derechos de remuneración a los actores, por parte de los teleoperadores Claro, Movistar, DirecTv y Tigo, la Comisión Primera adelantó un debate por iniciativa del senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

En sesión mixta el senador Velasco precisó que “este debate busca impulsar unas decisiones para reconocer no solo los derechos morales de los actores de Colombia sino hacer efectivos unos derechos patrimoniales que también los tienen”. Pidió el congresista una reglamentación de la ley y la expedición de un paz y salvo por concepto de pago de derechos de autor, para prorrogar las concesiones de estos tele operadores.

Al respecto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático recalcó que es necesario trazar una línea entre los derechos públicos y derechos privados. “Cómo lograr que los derechos de actores, autores, compositoras que están en esas asociaciones no se vulneren, si escuchamos quejas que se les pagan a esas asociaciones, pero a ellos no les llega nada. Es imposible obtener un paz y salvo”.

El senador Luis Fernando Velasco preció que el debate es en defensa de los derechos de comunicación pública de actores, “estoy hablando de 4 empresas específicas, los derechos de comunicación pública son irrenunciables” y recordó que lo que hacían las empresas de televisión, era llamar al actor y decirle “quiere trabajo?, firme aquí y renuncie a un derecho fundamental y la Corte dijo no señor, esos derechos son irrenunciables”.

En sesión informal, intervino la presidenta de Actores de Sociedad de Gestión, Aura Helena Prada, quien agradeció al senador Luis Fernando Velasco por hacer cumplir la ley. “Es una pena tener que asistir a un debate por el incumplimiento de nuestra ley por parte de los 4 operadores de televisión por suscripción que recogen el 85 por ciento del mercado en el país. Llevamos 11 años sin poder distribuir ese dinero entre nuestros socios y a miles de actores en el mundo, estas cosas no deberían pasar, porque este es un derecho fundamental”.

“En nuestra reunión con la ministra de las TICS fue diligente, gracias a su gestión los canales regionales nos pagaron la semana siguiente, ojalá que no hubiera delegado el tema de la tele operadores, así no estaríamos acá”, afirmó la actriz Prada. Adicional cuestionó el por qué si las pequeñas y medianas empresa pueden cumplir, las grandes no, “estas empresas pagan en Chile Perú, Argentina, España, cuál es la excusa para no pagarnos. En nuestra sociedad de gestión la plata se distribuye y se distribuye bien. Gracias a esta sociedad la actriz María Eugenia Dávila pudo vivir sus últimos años bien”.

A su turno el ministro del Interior, Daniel Palacio afirmó que es un tema que no se le da la importancia que se merece, “desde que asumí el ministerio con los actores buscamos impulsar una reforma en materia de derechos de autor, para que este Ministerio pueda actuar en defensa de los actores y autores. “La dirección de derechos de autor tendría la facultad de sancionar a un tele operador o a la asociación si esa demanda prevaleciera, hay 10 demandas contra cable operadores, que tiene unos tiempos y están en trámite, debo reconocer que no haya un solo fallo y eso nos lleva a reevaluar cómo está funcionando esa dirección. Tener el año para fallar no quiere decir que debamos tomaros ese año, preció el ministro Palacio.

Así mismo propuso estudiar un mínimo que tiene que estar obligado a pagar un cable operador, o más,” debemos buscar mecanismos que pueda garantizar que la concertación no sea la forma para evadir el pago y los actores no reciban por su trabajo, no es una ayuda ni limosna, es un derecho por su trabajo. Hoy 11 años después si podemos pensar en una revaluación dela ley”.

Por su parte la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen afirmó que cuando el Ministerio cupo de esta problemática, se les solicitó a todos los operadores ponerse al día, “fueron más de 300 solicitudes en todo el país, para que cumplieran con las obligaciones que tenían frente a la ley”.

Además fue enfática en afirmar que se debe reglar esos topes, “ es necesario un tope máximo para que realmente podamos conciliar, porque las respuesta de los operadores es que no están de acuerdo con la tarifa que unilateralmente los actores van y cobran. Ellos necesitan que la sociedad de gestión no llegue sola, sino que llegue acompañada del gobierno, para hacer cumplir lo que la ley establece y lo que los actores están reclamando frente a su situación.

Respaldo de los senadores a las peticiones de los actores

El senador Temístocles Ortega, de Cambió Radical expresó su respaldo a este debate, “tomemos como punto de referencia aquellas obligaciones del estado y la calidad de vida de los afectados, que son nos nuestros actores y actrices. Aprovechemos esta ocasión para que materialicemos sin más los derechos de los colombianos, no nos enredemos en los vericuetos jurídicos”. En igual sentido se pronunció el senador Rodrigo Lara en defensa de los derechos de los actores.

Para la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático se requieren unas mesas de concertación, una ventanilla única que los pagos que hacen los usuarios se hagan una vez al año y se pueda expedir un paz y salvo y así decirle al estado que lo exija; mejorar los criterios para determinar las tarifas, eliminar contratos de privacidad, que impiden control del estado como de los mismo autores y actores y que la Dirección de Protección de Derechos de Autor protejan tanto a los usuarios como a los actores y autores.

Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco recordó que hoy el gobierno confirmó lo que dijo la Corte, “los derechos de autor son un derecho fundamental, para qué derechos si no van a ser gozados por los asociados”. Cuestionó que los 4 cable operadores han recibido $25 billones en los últimos años y se han negado a reconocer el derecho.” Me gusta la idea de la mesa de negociación, para que el Ministerio les repita a los cable operadores que ese es un derecho y hay que reconocerlo”.

Reviva la sesión de la Comisión Primera a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=DeWo3E1Oy80

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Control de migrantes, principio de corresponsabilidad con los países de destino, identificar mafias de tráfico de personas y desmantelarlas, retos del gobierno nacional para enfrentar esta situación.

Bogotá D.C., agosto 18 de 2021 (Prensa Senado).- En sesión mixta, la Comisión Segunda abordó hoy la crisis migratoria, humanitaria y de seguridad en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, en el municipio de Necoclí, Antioquia, por lo cual se solicitó un corredor humanitario con el país fronterizo.

Según el senador citante Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, “estamos en un problema realmente grave, tránsito de personas y funcionamiento de estructuras ilegales que viven del tráfico de personas, que llegan del sur del continente y se embotellan en el municipio de Necoclí, este no es un fenómeno nuevo, viene desde 2012 y ha venido en aumento. Situación que ha llevado a que los pobladores denuncien la ausencia del Estado de una forma integral y humanitaria entre la frontera de Colombia y Panamá”.

Recordó el senador Sanguino que este problema migratorio no es sólo de Necoclí, alertó que cerca de 180 mil personas podrían está buscando cruzar la frontera para llegar a su objetivo que son los Estados Unidos. “Es urgente frenar el embotellamiento de las 12 mil personas que se encuentran en Necoclí. La migración no es un delito, este debate es para solicitar mayor capacidad de prevención por parte de las autoridades frente a estas circunstancias”.

Por su parte la presidenta de la Comisión, senadora Paola Holguín, manifestó que existen dos temas, la migración y un tema delictivo de tráfico de personas.

Intervención de los funcionarios citados

La primera en intervenir fue la canciller Martha Lucía Ramírez, quien recordó que Colombia no era un país receptor de migrantes sino al contrario, los nacionales salían a buscar mejores oportunidades en otros países. “Pero frente a esta situación, hoy por hoy tenemos un instrumento muy valioso, la Ley de Migración que nos permite atender a esta población, se esperan 3 millones de venezolanos a finales de este gobierno, más la población haitiana, cubana, africana y hasta desde Afganistán, que sin duda va a aumentar la presión migratoria”.

Precisó la Canciller que frente a la situación de Necoclí se ha venido coordinando varias acciones, interinstitucionales para asegurar que cada quien esté desarrollando las gestiones adecuadas y más eficaces en la prevención, controles en frontera y trabajo con países vecinos con Colombia.

Así mismo evidenció que esta migración que viene del cono sur, se debe a que se venció el plazo de protección que Chile había dado por 6 meses a los migrantes haitianos y por su parte Estados Unidos amplió la protección a esta misma población. “Por esto vino esta migración de cono sur, y encontró en Ecuador las puertas abiertas y la dificultad está en Colombia por el paso del Darién que es muy complicado y en donde sufren muchos delitos”, puntualizó la vicepresidenta Ramírez.

Control de migrantes, principio de corresponsabilidad con los países de destino, mayores controles entre autoridades de Migración como Ameripol, fiscalías y Policía, para identificar mafias de tráfico de personas, venta de niños, violación de mujeres, anunció la canciller Martha Lucía Ramírez “para enfrentar y desmantelar esas mafias y tratarlas con el mayor rigor posible”.

Por su parte el ministro de Defensa Diego Molano, aseguró que en esta situación hay dos temas importantes que es el desplazamiento forzado y la migración los cuales tienen un enemigo común el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que están detrás y generan un problema social, económico y político que crean inseguridad y desplazamiento en la región para cometer el delito transnacional de la trata, aprovechándose de la situación de los migrantes.

“La tarea no es solo facilitar el retorno si no desmantelar esas organizaciones. Hemos avanzado en la destrucción de la fuente de violencia que es el narcotráfico, pero nos falta más, estaremos sin tregua en defensa de Ituango, Necoclí y Antioquia con nuestra fuerza pública”, advirtió el jefe de la cartera de Defensa.

A su turno el ministro del Interior, Daniel Palacio explicó que el desplazamiento de Ituango, se debe a que es un corredor para los grupos armados ilegales que se han acostumbrado a realizar estos desplazamientos cuando les conviene y que también se han visto en otras regiones.

Advirtió el funcionario que “la acción tiene que ser integral no solo de fuerza pública, sino de inversión en movilidad, vías terciarias en Ituango, y entendiendo esa dinámica nos dedicamos trabajar con las juntas de Acción comunal y su banco de proyectos, para con el presupuesto de 15 mil millones en este año, financiar proyectos productivos, ecológicos, siembra de árboles, conectividad, wifi para las juntas de acción comunal en la Colombia profunda”.

La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, precisó que evidentemente hay vulneración de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento, homicidios colectivos y simples, riesgo de uso de niños, niñas adolecentes, todo esto por grupos delincuenciales organizados.

Frente a esto la Alta Consejera señaló que se activó la Defensoría del Pueblo para crear alertas tempranas en el gobierno nacional y territorial, para generar acciones preventivas.
“Nos corresponde verificar que las políticas públicas tengan enfoque de derechos humanos para proteger a esas poblaciones que están en riesgo de vulneración de derechos Humanos, y tanto en Ituango como en Necoclí nos llevó a articular estás competencias a través del Sistema de Atención y Reparación de Victimas, como respuesta a esas alertas tempranas del a Defensoría”, concluyó la consejera Gutiérrez.

En sesión informal intervino Lilian Córdoba, delegada del alcalde de Necoclí, quien solicitó de manera urgente que Panamá acepte un corredor humanitario para salvar vidas, “por todo lo que tienen que enfrentar los migrantes y sobre todo la gran cantidad de niños, antes la migración no tenían niños, ahora las familias van con sus niños, lo que hace más compleja la situación”.

Para el senador John Harold Suárez del Cenro Democrático, el problema de Neclocí es que recibe problemas de Perú, Ecuador, “es una situación que se va a incrementar con el terremoto de Haití y eso hay que tenerlo en cuenta. Cero complicidades con la trata, no solo en Colombia si no en todo el mundo”.

Finalmente, el senador Ernesto Macías, manifestó que la intervención de los funcionario dejó mucha claridad sobre estos temas, “la situación de los municipios de Necoclí e Ituango también es de pobreza, empleo desnutrición, como deudas sociales, y otra es lo que está ocurriendo a esa población por el narcotráfico”.

Reviva la sesión de la Comisión Segunda, a través del sigiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=D2lzjvCPmDk

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