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Más de 7.000 reclusos han salido de las cárceles, debido a emergencia por el Covid-19

Así lo señaló el Gobierno ante la sesión plenaria virtual del Senado, en la que el congresista Luis Fernando Velasco dijo: “No es un debate de política criminal, sino sobre la salud de muchos seres humanos".

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- A raíz de la emergencia declarada por el Covid-19, más de 7.000 reclusos han sido excarcelados, según informó el Gobierno Nacional durante un debate virtual en la plenaria del Senado, donde destacó que la superpoblación de internos asciende a 32.275, “que corresponden a detenciones preventivas. Si no tuviéramos esta población sindicada en los centros de reclusión, no habría hacinamiento”, afirmó el viceministro de Justicia, Javier Augusto Sarmiento.

En el debate, el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, advirtió la gravedad del contagio en varias cárceles del país como Villavicencio y Cartagena. “En esta última, donde resido, se tomaron en el patio 13, 505 muestras a igual número de detenidos y salieron 155 positivos de Covid-19”.

Agregó que “el Director del INPEC manifestó que hasta ese día se habían analizado tan solo tres patios, cuando en total son siete en ese centro carcelario y donde hasta el momento iban 237 que dieron positivo al Covid-19. Por ese motivo le hice un urgente llamado al Gobierno Nacional para que actúen de forma contundente”.

“A pesar de la crisis vamos bien”

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “a pesar de la crisis vamos bien”, tras señalar: “De los 132 centros carcelarios hoy tenemos 1.137 contagiados asintomáticos, dos fallecidos, de los cuales uno lamentablemente por Covid-19, todo dentro de una población de 113.031 privados de la libertad”.

En el debate donde además de la Ministra de Justicia y del viceministro del ramo, Javier Augusto Sarmiento, asistieron el director del INPEC, brigadier general Norberto Mujica, y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lissete Cervantes Martello, así como representantes del sindicato de guardias.

En el debate, senadores controvirtieron sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus en las cárceles del país.

La ministra Cabello dijo que el Gobierno del presidente Duque está aplicando cinco estrategias para el manejo de la pandemia en materia carcelaria: tecnología para audiencias y comunicación virtual, bioseguridad, alimentación, mejoramiento de infraestructura y seguridad.

"A dos meses de la pandemia estamos tratando de salir adelante con un plan de emergencia para hacerle frente con traslados presupuestales y proteger a los privados de la libertad frente a la crisis del coronavirus para que no se nos enfermen ni vayan a ocurrir fallecimientos", afirmó la ministra Cabello, quien anunció que se está implementando una estrategia mediática de comunicaciones para que “se entienda cómo estamos actuando, qué estamos haciendo y qué se está realizando".

Destacó que tanto en el Ministerio de Justicia, el INPEC, USPEC, así como el Fondo de Salud, “nos estamos entregando 24 horas al día, todo de lo nuestro, para cumplir con el derecho fundamental de garantía a la dignidad, salud y a la vida de las personas privadas de la libertad”.

En ese sentido le pidió al Senado trabajar duro para salir del Covid-19 y atacar la única crisis "que no debemos permitir que aflore: la tragedia de no querer luchar todos juntos para poder superar esta pandemia y les digamos a las nuevas generaciones que lo hicimos bien o tratamos de hacerlo”.

El director del INPEC, brigadier general Norberto Mujica, dijo que la capacidad carcelaria es de 80.763 privados de la libertad, “hoy tenemos 79.736 condenados que es nuestra verdadera responsabilidad legal. En este momento tenemos una superpoblación de 32.275, que corresponde a los sindicados o imputados, que es por mandato legal responsabilidad de los entes territoriales”. Planteó la necesidad de sectorizar el problema para darle solución al hacinamiento.

Tratar pacientes

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, manifestó que se deben realizar ejercicios de prevención, que los internos se deben tratar como pacientes y no como clientes: “Lo de hoy no es un debate de política criminal, es un debate sobre la salud de muchos seres humanos”, resaltó.

El legislador resaltó que no se va a recordar a cuántas personas le dieron salida en medio de esta pandemia, sino cuántas personas van a morir, lo importante realmente es crear condiciones para que no fallezcan en los centros de reclusión.

Velasco terminó su intervención pidiéndole a la Ministra de Justicia que se trate la pandemia como debe ser, porque un auto de detención que se dé en la cárcel, puede ser una condena de muerte para muchas personas: “Se debe permitir que las personas que no han sido condenadas, que no representen peligro para la sociedad, le puedan dar su libertad domiciliaria”.

El vocero del partido Colombia Humana, senador Gustavo Petro, rechazó la construcción de más cárceles en el país y manifestó que el actual gobierno debe considerar la salida de más de 100 mil reclusos que no tienen condenas de delitos graves. “Se debe discriminalizar conductas que no son dañinas y distribuir el número de presos dentro de la sociedad.”

Petro manifestó que la mayoría de reclusos son personas que fueron reseñadas por cultivos ilícitos y delitos menores. “La mayoría de presos son personas jóvenes y campesinos sindicados por cultivos de coca”, señaló tras manifestar su preocupación con el hacinamiento y los altos riesgos de contagio en las cárceles del país, “el hacinamiento es un riesgo mayor para que los reclusos se contagien más rápido. 120 mil reclusos deberían haber salido de las cárceles”.

Problema de hacinamiento

El senador Jorge Londoño, vocero del Partido Alianza Verde, criticó la construcción de más cárceles, “puesto que esa no es la solución para los problemas de hacinamiento que tiene el país, porque en los últimos 15 años, la infraestructura carcelaria subió alrededor de un 120% y el número de internos un 320%. Frente a eso, resaltó que desde hace 22 años el país está tratando de solucionar el problema de sobre población, pues en 1998 la Corte Constitucional declaró el estado de elementos inconstitucionales que tienen los centros penitenciarios”.

Frente a esa situación, reconoció que al 30% de las personas que están retenidas en los centros carcelarios, no se les ha demostrado su culpabilidad, además de mencionar que esa situación no se limita a las cárceles solamente, sino a los centros de retención transitoria también.

Agregó que más del 95% de los internos pertenecen a los estratos 1 y 2 y que, en ese sentido, la pandemia no será democrática, pues serán las clases menos favorecidas las que tendrán que llevar la carga de esa pandemia.

Hizo hincapié en algunas cifras alarmantes a la hora de analizar los casos de contagios de Covid-19 en los centros carcelarios y el país en general. Mencionó que hay alrededor de 0.46 casos por 1.000 habitantes y en las cárceles, 9.4 casos por 1.000 habitantes. Aseveró que es una cifra que debe poner en alerta al país. “

Estado responsable

El senador Temístocles Ortega, del Partido Cambio Radical, señaló que en las cárceles hay un riesgo gigantesco. "El Estado es responsable de la vida de los reclusos, por eso es necesario tomar medidas de salud pública y no de índole criminal".

Por su parte, la congresista Ana María Castañeda pidió atención especial para algunas cárceles como las de Leticia, Villavicencio y Cartagena por tener el mayor número de contagios.

El congresista Carlos Eduardo Guevara, como vocero del partido MIRA, dijo que “durante estos días, la pandemia se ha incrementado más de un 500%”. El legislador indicó que hay una congestión procesal en los documentos físicos, se hace urgente de manera inmediata la digitalización de todo el sistema.

“Nos decían en la Comisión Primera que ya han avanzado con un crédito y me gustaría que la Ministra nos contara, cuál va a ser el alcance de esa digitalización, qué procesos se van a llevar de manera virtual, qué tipos de acciones administrativas jurídicas se van a empezar a poner como proyectos piloto, para poder agilizar y establecer una verdadera reforma digital en materia de sector justicia”.

Agregó “que se requieren herramientas, no solamente para poder garantizar que los jueces tomen sus decisiones, sino que en su gran mayoría se requiere el aparato de modernización judicial que está atrasado en más de 20 años, y eso pone lento el acceso a la justicia que hoy tanto se requiere.”

Desde la bancada MIRA, “hemos insistido en la necesidad del expediente digital, yo quisiera que la Ministra nos precisara si eso requiere de un tema legal, presentarse un proyecto de ley en el Congreso para poder pasar a términos digitales para el acceso de la justicia”, dijo el congresista.
Medidas palpables

El senador Santiago Valencia, como vocero del partido Centro Democrático, se pronunció al decir que “a pesar de lo que aquí se ha dicho se han tomado medidas que han sido palpables. El tema de hacinamiento no es tema de este Gobierno, llevamos 10 años sin construir una cárcel”.

Además destacó que “solo nueve de los 132 centros carcelarios han dado contagios con Covid-19, eso tiene que demostrar que las medidas están funcionando, hoy no tenemos una situación más complicada, porque hemos tomado las medidas a tiempo”.

Más aún expresó: “Aproximadamente unos 4.000 privados de la libertad pueden recibir el beneficio de prisión domiciliaria, sin embargo se estudia la posibilidad que se amplíe”

“Hay medidas de choque en el marco de la emergencia para mejorar la sanidad en los centros penitenciarios, con una cifra de aproximadamente 25 mil millones de pesos para atender la contingencia, 20 mil millones para el USPEC y 5 mil millones para el INPEC”, puntualizó el congresista Santiago Valencia.

Diez jueces por cada mil procesos

El senador John Milton Rodríguez, como vocero del partido Colombia Justa Libres, dijo que “el estándar que se debe tener son 60 jueces por cada mil procesos. Colombia tiene 10 jueces por cada mil de estos. En el momento en que nos coloquemos al día, en fortalecer la primera instancia, obviamente las condenas se van a incrementar y esa circunstancia hará que la situación carcelaria sea más grave que en la actualidad.”

Añadió que si invirtiéramos el uno por ciento del Presupuesto General de la Nación por cuatro años, nos pondríamos al día, al menos en las condiciones mínimas, básicas para tratar a una persona privada de la libertad como un ser humano.

“La ministra Margarita Cabello, con este 1% cada año, puede seguir con ese plan maestro que usted nos ha anticipado, donde incluye regionalizar, caracterizar, considerar granjas agrícolas, es decir, integrar todas esas propuestas e iniciativas que en diferentes debates hemos escuchado para ayudar a mejorar la situación carcelaria”.

Falta colaboración

La senadora Maritza Martínez, del partido de la U, habló de la grave situación que se presenta en la cárcel de Villavicencio, donde ya son más de 800 personas infectadas del Covid-19. Valoró el apoyo de la Ministra de Justicia frente a esta situación, pero criticó que no hay colaboración de otras entidades que son vitales para frenar la pandemia que afecta a los presos de la capital del Meta, “Ni el INPEC, ni la USPEC han estado pendientes sobre la situación de reclusos infectados en Villavicencio.”

La congresista hizo un llamado a las autoridades de salud para que intensifiquen las pruebas que podrían mitigar el virus en este establecimiento: “No se están haciendo segundas pruebas del Covid-19, para saber si los reclusos continúan siendo portadores del virus”. Martínez insistió en que el Gobierno nacional debe analizar la posibilidad de traslado de este establecimiento carcelario, para no exponer a los habitantes que viven cerca, del lugar. “Se requiere el traslado de la cárcel que actualmente se encuentra en un sector populoso de Villavicencio”.

Por su parte, el senador Juan Felipe Lemos, partido de la U, manifestó su inconformismo con la grave situación que se presenta en las cárceles e hizo un llamado al Legislativo para que tome riendas en esta crisis que afecta a los reclusos del país. “El Gobierno y el Congreso están en mora para una reforma estructural al sistema carcelario”, dijo. Lemos criticó la demora del Gobierno para facilitar la posible libertad de más de 100 mil reclusos de delitos menores, que podrían mejorar la crisis de hacinamiento. “Preocupa la lentitud para agilizar la posible libertad a quienes ya tengan derecho de evacuar las cárceles”.

El senador Armando Benedetti, partido de la U, dijo que es injusto con la realidad de muchos internos que llevan tiempo en una cárcel y no han sido condenados, “hay gente que se le quita la vida y la libertad, sin que haya sido juzgado”.

El congresista reclamó a la Ministra de Justicia sobre lo ocurrido en los motines realizados en varias cárceles del país, donde desafortunadamente varios internos perdieron la vida, “debe haber una explicación sensata, por lo ocurrido en los motines donde hubo más de 20 muertos”. El congresista indicó que son cientos de internos que deben lograr su libertad, “hay una cantidad de personas que deben salir de las cárceles”.

Muertos vivientes

El vocero del partido MAIS, senador Feliciano Valencia, dijo: “Por experiencia propia debido a que estuve detenido, doy fe que los internos en esos centros penitenciarios son muertos vivientes, lejos de cualquier atención y vigilancia, es por eso que llamo la atención al Gobierno para que se creen los centros de armonización imponiendo una justicia restaurativa, donde saldrían también miles de indígenas que no han tenido solución a su detención, de modo que llamo su atención señora ministra de Justicia, Margarita Cabello”.

Por el partido AICO intervino el legislador Manuel Bitervo, quien pidió que “se atienda de manera urgente la problemática de la cárcel de Florencia y que se creen centros de salud que no existen para la atención de presos e indígenas que han estado en situación de problemas jurídicos”.

Política de carácter federal

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro dijo que “este argumento de que una parte de la responsabilidad de lo que ocurre en las cárceles como Villavicencio, Leticia, como lo que está empezando a ocurrir en la Costa Atlántica, es de los alcaldes, es un argumento absolutamente falaz”.

Dijo que “si bien es cierto en la formalidad de la ley es así, las políticas que se adoptan en el plano nacional obviamente no tienen la participación de las autoridades locales. Aquí debería haber una política del sistema carcelario y penitenciario de carácter federal”

El congresista Alexander López Maya afirmó que “efectivamente se tienen que tomar medidas de crisis. El sistema penitenciario del país y las cárceles vienen en crisis, es un tema estructural. En una pandemia de estas se tienen que tomar decisiones de emergencia y disponer de los recursos que se requieran”.

Agregó que las inversiones y los elementos de bioseguridad para los internos en las cárceles como para el personal de guardia no se está entregando como tiene que ser. “En este momento el personal de guardia sigue comprando sus elementos de bioseguridad. Tienen derecho los internos como lo tiene también el personal de guardia que están expuestos por este tipo de decisiones”.

Agilizar la adecuación y construcción de nuevas cárceles

El senador Efraín Cepeda, vocero del partido Conservador, manifestó que el Gobierno Nacional ha tomado medidas positivas en torno a la crisis por el Covid-19.

Dijo que desde la llegada de la ministra Margarita Cabello se ha tenido un accionar positivo sin desconocer que el hacinamiento carcelario es una problemática que viene de muchos años atrás. “Es necesario enmarcar dentro de la emergencia el hacinamiento carcelario para agilizar la adecuación y construcción de nuevas cárceles, al igual que la entrega de elementos de bioseguridad tanto para los presos como para el personal que trabaja en estos centros penitenciarios”.

Por otra parte, puso sobre la mesa la solicitud de dejar abierto el debate sobre la política criminal en Colombia, estableciendo en qué sitio estamos, sin olvidar que hoy el hacinamiento del 50% es un hecho y el Gobierno Nacional tiene que avanzar en el marco de la emergencia.

La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, expuso la importancia de pedirles a la Ministra y al Gobierno nacional la expedición de un nuevo decreto que permita beneficiar con excarcelación a muchos más presos en esta época de pandemia, argumentando que en Colombia hay aproximadamente 180 mil presos, 4.000 internos equivale a un 2.23% de la población carcelaria, lo que implica que se han beneficiado 556 personas, lo que equivale a un 0.31% de la población de los presos en el país, afirmando que esta cifra es muy pequeña y “como Gobierno debemos garantizar la vida y la salud, tanto de presos como de sus familias”.

Entre tanto, la congresista Criselda Lobo, de la FARC, expresó: “Hago un llamado al Senado y al Gobierno nacional para que se pueda reestructurar el sentido de humanidad, pues los ciudadanos que infrinjan la ley deben pagar en sus condenas en el marco de derecho. Se deben diseñar cárceles típicas o caribeñas”.

Agregó que en las cárceles “se vive en una permanente vulneración de los derechos humanos, vemos que las personas privadas de la libertad están siendo maltratadas por los guardianes de los centros penitenciarios, esto tampoco se debe permitir desde ningún punto de vista”.


“Hoy tenemos demasiadas personas privadas de la libertad, anotando que el cupo es máximo para 80.000 y ya sobre pasó el límite, situación que genera un alto índice de hacinamiento”, precisó la senadora.

Por su parte, la legisladora Aída Avella, de la coalición Decentes, dijo: “Hace 20 años la Corte Constitucional señaló que efectivamente la situación de las cárceles es inconstitucional porque se violentan los derechos humanos, absolutamente todos. En el 2013 la Corte Constitucional dejó claro que la política criminal mundial es reactiva, ineficaz, desarticular sin intención de socializar. Sentencia 388-2013. Es increíble que la mayoría de casos de contagios en las cárceles sea asintomático”.

A lo anterior agregó: “Como la Corte Constitucional creo que las cárceles de este país son un sitio donde se violentan los derechos humanos. Esas personas han perdido la libertad pero no su dignidad. Ellos son seres humanos, tienen familia.”

Antes de las 12 de la noche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión y anunció que próximamente se informará la fecha de la nueva sesión plenaria virtual.

 

Gobierno anuncia proyecto de ley de reforma a regalías, que beneficiará a territorios indígenas

La notificación la hizo el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, ante la Comisión Segunda. Senador  Feliciano Valencia indicó que es un derecho y un deber preservar la dignidad de los pueblos nativos, pues a la fecha se han contagiado 572 personas y alrededor de 36 pueblos están afectados.

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, anunció hoy ante la sesión virtual de la Comisión Segunda, la presentación de un proyecto de ley de reforma a las regalías que beneficiará a los territorios indígenas, “ojalá consensuado con dichas comunidades”.

La notificación la hizo en el momento en que en esa célula legislativa se analizaban las acciones gubernamentales para prevenir y atender los efectos del Covid-19 en los territorios de los nativos, principalmente en la Amazonía colombiana.

Precisamente, el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, pidió al Ejecutivo construir políticas públicas con verdaderos montos presupuestales para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas

En la sesión virtual que duró cinco horas, el senador Valencia se mostró preocupado por la gestión del Gobierno ante la gravedad de los casos de contagio en el departamento del Amazonas, donde a la fecha han fallecido indígenas contagiados por el coronavirus.

Al inicio de la reunión, el legislador manifestó: “Es un derecho y un deber preservar la dignidad de los pueblos indígenas, pues a la fecha se han contagiado 572 personas y alrededor de 36 pueblos están afectados como los Uitotos, los Acima y los Yukunas. Ellos son algunos de los más vulnerables dado que se encuentran muy aislados, por ello nace la alta preocupación por nuestras comunidades indígenas”.

El senador Valencia dijo que a la fecha han fallecido 14 indígenas en municipios de categorías 5 y 6, territorios muy pobres, en los cuales no hay la suficiente capacidad científica para atender la pandemia.

A esa altura del debate, el congresista hizo un llamado con urgencia al Gobierno nacional para que apoye a las comunidades indígenas ante la difícil situación que enfrentan como la escasez de agua, las constantes sequías y el cambio climático, “situaciones que sin duda ha generado el aumento de los riesgos epidemiológicos que preocupan a nuestras culturas en época de pandemia. Lo anterior, sin dejar de lado los problemas de violencia, desplazamiento, racismos y pobreza en los territorios”.

 Seguidamente, el senador Antonio Sanguino Páez añadió: “Es importante respaldar a todas las comunidades indígenas de carácter binacional, además rechazar, sancionar y castigar todo hecho y acto de ofensa, como el ocurrido por parte de un interlocutor en Valledupar; hecho que causó indignación y por lo tanto le pedimos a los organismos de control que se castigue y se genera la sanción respectiva a quien cometió dichas ofensas”.

No obstante, el congresista de Alianza Verde agregó que las condiciones de pobreza extrema, el acueducto y alcantarillado, son aspectos que impiden cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad en el Amazonas, a la vez que agregó que Brasil es el país que se ha vuelto el mayor foco de contagio, “por lo cual se hace inminente la intervención, atención y protección para el departamento del Amazonas”.

Piden atender Coronavirus en Amazonas 

Al cierre de su intervención, el legislador hizo un llamado al Gobierno nacional, para que se logre atender presencialmente la grave tragedia del coronavirus en el Amazonas, principalmente, a las comunidades indígenas, ya que estas no cuentan con la infraestructura de salud, ni de alimentos.

Sin embargo, para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, esa institución ha seguido las instrucciones del presidente Iván Duque. La alta funcionaria expresó que se han implementado los proyectos de pedagogía con los niños entre 5 y 6 años de edad, no obstante, señaló que a la fecha se han entregado más de tres millones de canastas nutricionales.

“Ha sido importante brindar atención a niños, niñas, madres, y sobre todo poder contrarrestar la desnutrición entregando a la fecha de (6.803) unidades de Bienestarina, sin embargo, es nuestro deber seguir garantizando la atención a todas las madres comunitarias, así como a los agentes comunicativos”, dijo.

Por su parte, la viceministra de Educación, Liliana Alarcón, precisó: “Desde el sector educativo queremos avanzar con las comunidades indígenas, para así fortalecer sus actitudes académicas, pues al día de hoy continuamos trabajando en los temas de alimentación, horarios y desarrollo institucional”.

Según manifestó, esa cartera pretende seguir desarrollando un trabajo apoyado en la elaboración de guías, así como en los temas digitales. “Esto nos permite que muchos maestros puedan tener el material pertinente para trabajar sus ciclos educativos”. Recalcó que desde dicha dependencia están impulsando el trabajo con Señal Colombia, y medios de comunicación como la radio y la televisión para fortalecer los programas que brindan aprendizaje a las comunidades indígenas.

En el caso del Amazonas, el trabajo se hace por guías, talleres impresos de radio y televisión, concluyó la Viceministra en la Comisión Segunda.

Ante las intervenciones hechas por los miembros del gobierno nacional, en sesión virtual de la Comisión Segunda, Senador Feliciano Valencia, del movimiento político MAIS, expresó: “Es importante que haya una verdadera voluntad de diálogo en términos de concretar soluciones, concertación, participación y asignación de presupuestos para atender la emergencia que nos está causando el Covid 19.”

A su turno, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías precisó: “Este Gobierno ha sido el que más se ha preocupado por las comunidades indígenas y el desarrollo de programas sociales para el fortalecimiento de estas comunidades”.

A lo que añadió que este Gobierno ha llegado a las comunidades más vulnerables, no obstante, hizo énfasis en el avance que han tenido los programas sociales como ingreso solidario y familias en acción, los cuales resultan ser una muestra de los logros alcanzados por el Ejecutivo en pro de los habitantes.

Al cierre, Macías resaltó el trabajo hecho por el senador Feliciano Valencia, lo mismo que la tarea que a diario están desempeñando los funcionarios del Gobierno.
Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, añadió: “Ha sido muy buena la forma como el presidente Duque ha manejado esta pandemia, hemos visto resultados positivos y debemos reconocerlos, además, es importante reconocer la labor que hace el Ministerio del Interior para coadyuvar a esta situación frente al Covid 19”.

La legisladora, en sesión virtual, agregó: “Comprendemos la difícil situación para acceder a ciertos beneficios, la corresponsabilidad entre el Gobierno y los mandatarios locales hará posible que lleguen los beneficios a las distintas familias indígenas”.

Al cierre de su intervención, destacó la manera en que se están llevando a cabo la entrega de estas ayudas, la congresista Agudelo celebró que éstas se estén haciendo por parte de las mismas autoridades indígenas e indicó que son grandes pasos para fortalecer a la comunidad, dinamizar la economía y poder llegar al 100% de la entrega de las ayudas.

Un total de 843 contagiados, en Nariño

En defensa por el departamento de Nariño, el congresista Berner Zambrano, partido de la U, anunció: “En Nariño ya tenemos 843 personas contagiadas, situación que nos conlleva a reflexionar, acerca de los cuidados y la atención que se necesita tener en esta pandemia con la ayuda del Gobierno nacional, por lo que es necesario llegar implementar mayor conectividad e internet en esta zona del país”.

No obstante, la legisladora Emma Claudia Castellanos, Cambio Radical, levantó su voz en defensa de los niños y las mujeres. “Ellos han sido muy vulnerables y esto no es digno, la sentencia de 2014, rechaza este tipo de situaciones. Los derechos humanos de las mujeres no podrán ser vulnerados en ningún caso”.

Castellanos dijo que denunciarán este tipo de abusos, no sólo en la mujer indígena, sino en todos los casos y con cualquier mujer, al tiempo que propuso que se eleve una solicitud a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para evitar la trata de personas.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que se requieren políticas muy serias que realmente resuelvan los problemas de la población rural, a la vez que felicitó al Ministerio de las Tecnologías, la Comunicación y la Información por su ardua labor.

Para el congresista Antonio Sanguino es vital que el Presidente de la República pueda asumir su responsabilidad por haber levantado la cuarentena y enfatizó que los ventiladores están demorados y que no hay tapabocas ni jabón para desinfectarse.

Por el Centro Democrático, la congresista antioqueña, Paola Holguín precisó: “Aquí ha quedado claro el compromiso del Gobierno con las comunidades indígenas, sin embargo, también se deben tener en cuenta las dificultades, pues nadie estaba preparado para esta pandemia. Los recursos del Estados son finitos y deben manejarse con cuidado”.

“Todas las medidas que ha tomado el Gobierno han tenido una reducción en el impacto del contagio”, señaló Holguín, en sesión virtual.

Daniel Gómez, subdirector del Departamento de Planeación Nacional, DNP, destacó que los programas dirigidos a comunidades indígenas se aceleraron por la llegada del Covid-19 y resaltó que se han beneficiado a 22 mil hogares de esas comunidades por ingreso solidario y 138 mil beneficiados por compensación del IVA.

De esta manera finalizó la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado de la República.

 

“La Cancillería hará todo lo posible para traer a los colombianos que desean regresar al país”: Ministra de Relaciones Exteriores

La alta funcionaria dijo que “de un total de 21.394 colombianos que se han registrado para regresar a nuestro país, más de 7 mil ya lo han logrado y se espera el regreso de 14.105 compatriotas“.

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 (Prensa Senado). El Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para repatriar a los connacionales que están en el exterior, a los cuales les ha tocado soportar los efectos de la pandemia fuera de su hogar, y desean retornar al país.

Precisamente, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al participar este miércoles en la sesión virtual de la Comisión Sexta, dijo: “La Cancillería hará todo lo posible para traer a los colombianos al país. Es una labor en la que estamos empeñados”.

Agregó que su entidad está trabajando día y noche para lograr la repatriación de los connacionales que lo deseen. “De un total de 21.394 colombianos que se han registrado para regresar a nuestro país, más de 7 mil ya lo han logrado y se espera el regreso de 14.105 compatriotas“.

La Ministra habló de la preocupación de muchos senadores sobre la crisis que enfrentan miles de venezolanos que esperan regresar a su nación e indicó que son más de 65 mil venezolanos que han retornado a su país. Agregó que en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se están tomando medidas para controlar a los extranjeros en medio de la pandemia. “No tenemos interlocución con el gobierno ilegítimo de Maduro y las medidas sobre los venezolanos las tomamos con la Organización Panamericana de la Salud”.

La Canciller también indicó que se están realizando reuniones continuas con los países vecinos, para controlar el flujo de extranjeros que puedan aumentar el contagio en estas naciones. “Solicite reuniones con las cancillerías de Ecuador, Perú y Brasil para tomar medidas conjuntas frente a la situación del Covid-19”.

Por su parte, la senadora Amanda Rocío González, del partido Centro Democrático, indicó que son muchos los colombianos que están en la incertidumbre para regresar a Colombia e hizo un llamado especial con los patriotas que se encuentran ‘varados’ en el Perú. “Muchos colombianos no cuentan con recursos. En Perú hay 350 colombianos y entre ellos hay tres casanareños, quienes no han logrado regresar a nuestro país y por ello quiero solicitar a la Cancillería su colaboración, para que se hagan realidad los vuelos de los colombianos que se encuentran en ese país“.

Entre tanto, la senadora Ruby Chagüi, del Centro Democrático, hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se logre una articulación con su similar de Defensa para controlar la llegada de colombianos y su compromiso con la pandemia. “Quiero hacer un llamado al Ministerio de Defensa para que se articule con las autoridades la cuarentena de los colombianos que llegan a nuestro país“.

Por su parte, la senadora Soledad Tamayo, del partido Conservador, manifestó su inconformismo con el alto precio de los tiquetes en medio de la crisis, costos que muchos no tienen cómo pagar. “Me preocupa la situación de los colombianos que no tienen cómo sufragar los costos de los tiquetes”.

El senador Jorge Guevara, del Partido Verde, indicó su preocupación con la facilidad que tienen los venezolanos para ingresar a un nuestro país y le solicitó a la Cancillería que ya es hora de que tomen medidas para evitar un aumento de contagio en nuestro país. “Hay que actuar con el gobierno de Venezuela con el tema de la pandemia“.

Finalmente el senador Horacio Serpa, del partido Liberal, le manifestó a la Cancillería su preocupación con los colombianos de bajos ingresos que llegan al país y no tienen cómo llegar a sus destinos, inquietud que la Canciller, quien señaló que existe un plan para ayudar a los que requieran de un apoyo económico. “Tenemos el programa ‘Colombia nos une’ para colombianos retornados y cuentan con este apoyo”.