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Aprobados dos proyectos en materia de educación e inclusión, en la Comisión Sexta

“El tratamiento más eficaz para tratar el trastorno de aprendizaje es una correcta educación y a muy temprana edad”, puntualizó la senadora Ana María Castañeda. La célula legislativa fue convocada para mañana, a las 10:00 a.m. 
Bogotá D.C., 4 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Sexta continuó hoy con la discusión y votación de proyectos de ley. Los congresistas aprobaron virtualmente dos iniciativas para que sigan su curso en el Congreso de la República.

La primera iniciativa aprobada por unanimidad en primer debate busca garantizar la inclusión educativa y desarrollo integral de niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje en la educación preescolar, básica y media.

Al respecto, la senadora ponente, Ruby Chagüi, afirmó: “Es importante porque actualmente nuestro país no cuenta con una política pública enfocada en la atención a los estudiantes con trastornos de aprendizaje”.

La senadora Soledad Tamayo respaldó la iniciativa y dijo:“ Es un importante paso no solo en garantizar la inclusión educativa y desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes con estos trastornos de aprendizaje sino en la identificación, ya que si no se tiene certeza de cuántos estudiantes presentan dificultades difícilmente se podrán implementar políticas en materia educativa”.

A su vez, la senadora Ana María Castañeda, como coautora de este proyecto, aseguró que es un cambio necesario a los modelos educativos. “El tratamiento más eficaz para tratar el trastorno de aprendizaje es una correcta educación y a muy temprana edad”, puntualizó.

El segundo proyecto que avanzó su curso legislativo, en el que su ponente y autor es la senadora Ruby Chagüi, fue el que busca incluir a la educación inicial como parte de la educación formal del sistema educativo colombiano, va a permitir articular y reforzar las leyes 115 de 1994, 1804 de 2016 y 1098 de 2006. Chagüi aseguró que el impacto para la primera infancia es clave. “Este período es decisivo para desarrollar habilidades cognitivas de lenguaje, interpersonales, socioemocionales y para lograr un adecuado desarrollo físico”.

El senador Jonathan Tamayo manifestó su apoyo a este proyecto afirmando: “Siempre veo muy justa y necesaria toda forma que fortalezca a los procesos de formación en cada ciudadano, sin importar su edad”.

Por su parte, el congresista Jorge Guevara propuso aplazar la discusión de este proyecto para buscarle un mayor consenso y una discusión más amplia. Por lo cual el presidente Horacio Serpa puso a consideración esta proposición, la cual fue negada.

Finalmente, después de haber aprobado dos iniciativas en materia de educación, se dio paso a la lectura de ocho proyectos los cuales serán discutidos y votados el día de mañana viernes 5 de mayo, a las 10:00 a.m.

Avanza aprobación virtual de proyecto que busca proteger e incentivar la lactancia materna

Comisión Séptima logró votar de forma afirmativa varios artículos de dicha iniciativa. La discusión continuará mañana, a las 9:00 a.m.

 Bogotá D.C., 4 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Séptima del Senado avanzó hoy en la votación virtual de 11 artículos del proyecto de ley que busca proteger e incentivar la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil, conocida también como la Ley Gloria Ochoa Parra.

El senador y vicepresidente de esa célula legislativa, José Aulo Polo, quien actúa como ponente del proyecto, luego de rendir el respectivo informe de ponencia solicitó a la Mesa Directiva de la Comisión dar primer debate y votar positivo los 16 artículos que conforman la iniciativa.

La observación del congresista Gabriel Velasco, a modo de preocupación, llamó la atención cuando dijo que hay muchas madres que por su naturaleza o condiciones físicas no logran amamantar al niño, en algunos casos buscan complementos y bajo esa premisa realizó algunas proposiciones como: Ampliar la definición de la edad del niño o niña. Respecto a elementos como chupos y biberones, expresó que era “exagerado o extrema la regulación del uso de esos elementos y que sería pertinente aclarar las prohibiciones mencionadas en el proyecto, en los temas de comercialización y marketing”.

El legislador Ritter López presentó una proposición aditiva para que el título quedara así: ‘Por medio del cual se protege y se incentiva las prácticas de alimentación infantil y de la madre gestante’, al tiempo que reiteró que es necesario respaldar el proyecto “ya que no habrá leche de buena calidad si la madre gestante no se alimenta bien”. Nombre que apoyó la senadora Victoria Sandino diciendo que “hay que tener en cuenta a las madres para que puedan amamantar a los niños durante el tiempo establecido y que la publicidad no debe ser engañosa, porque la leche materna es única y ningún alimento suple esa esencia”.

En la siguiente intervención, el senador Avaro Uribe indicó que debe quedar claro que si bien se recomienda la leche materna exclusiva hasta determinada edad, no puede ponerse como obligación. En cuanto a la publicidad y marketing se refirió diciendo que “no se debe restringir, porque eso puede ayudar a que la mamá sepa cómo alimentar a su bebé”.

Entre tanto la congresista Aydeé Lizarazo propuso que agregue un nuevo artículo para conformar y liderar una red de apoyo para aquellas personas que quieran recibir respaldo en la práctica de lactancia materna, integrada por personas naturales, profesionales del área de la salud, Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, IPS, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros, que tengan conocimiento en lactancia materna.

El proyecto recibió concepto de los ministerios de Salud y de Hacienda como de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

Durante la sesión virtual fueron aprobados en bloque, con 12 votos, los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tras una serie de proposiciones aditivas y modificatorias y transcurrir más de 30 minutos en la votación, la Comisión Séptima decidió posponer la votación de los demás artículos del proyecto, para la sesión virtual de mañana, a las 9:00 a.m.

Entre tanto, los senadores Alberto Castilla y Carlos Motoa no participaron de la votación desconectándose de la sesión, argumentando objeciones para votar virtualmente.

Por: Paola Lancheros y Stefani Lozano

Aprobado proyecto que dispone el pago en plazos justos a microempresas

La iniciativa busca impulsar las buenas prácticas de pago para financiar a las Mypimes del país, en la crisis económica por el Covid-19.

Bogotá D.C., 4 de junio de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Tercera de Senado aprobó el proyecto de pronto pago en plazos justos en el ámbito mercantil, con el que se busca evitar el abuso del pago demorado de las facturas a los pequeños empresarios.

Los pagos en el mercado de 60 y 90 días, han llevado a la ruina a muchas empresas. 3.600 de ellas representan el 96% de las fuentes de trabajo, que generan más del 80 % del empleo en el país. “Tenemos en Colombia más del 33% el desempleo, la manera para garantizar el reacomodo de estas empresas es garantizándoles un pago oportuno que le den liquidez. El proyecto indica que en el primer año, 60 días de plazo y en el 2022, serian 30 días de plazo. Para el sector salud los primeros cuatro años, 60 días. Y después 3º días”, se indica en la iniciativa.

El ponente del proyecto, el senador Iván Marulanda, Alianza Verde, manifestó que hay malas prácticas de las medianas y grandes empresas a las pequeñas empresas. El 48% de las microempresas generan empleo y el no pago hace que desaparezcan, generando así el desempleo. La falta de oxigenación de pago oportuno está llevando a la quiebra a estas empresas.

Indicó que más de 15 mil empresas están apoyando esta iniciativa, beneficiando también a las medianas empresas. Hay que darle mayor caja a las Mypimes, que han optado por cerrar sus empresas. ”Nuestra ponencia abarca todas las relaciones para propender las buenas prácticas de pago”, expreso el congresista Marulanda.

Entre tanto, el senador Efraín Cepeda Sarabia, Partido Conservador, otro de los ponentes del proyecto, manifestó: “Estamos ante un momento inédito de la economía del mundo. Estamos experimentando un masivo desempleo. Tenemos el reto de conservar el empleo de los colombianos. Este proyecto protege el empleo, a la micro y a medianas empresas que generan empleo”.

Afirmó que de los 15 billones de pesos del Fondo Nacional de Garantías solo se han desembolsado, 3.2 billones de pesos, a la vez que propuso buenas prácticas, no mayor de sesenta días para el pago a las pequeñas empresas.

“Las Mypimes representan el 90% del empleo y el 35% del PIB. Ha existido abusos en el pago a estas empresas, hasta 180 días para el pago. Debe haber una vigilancia de la Superintendencia de Sociedades para que vele por la supervivencia de estas empresas”, comentó Cepeda, al tiempo que dijo que dicha “iniciativa es hoy absolutamente imperativa, para proteger a ese tejido empresarial y hace justicia, para el pago de las facturas por sesenta días”.

Asimismo, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, manifestó: “Se busca darle equilibrio y justicia en el pago de las grandes empresas a las pequeñas, las fechas establecidas de pago serán a partir del mes de enero del próximo año. Esta Ley haría obligatorio el plazo para que se le pague de manera pronta sus facturas. Con este pago oportuno, las empresas tendrán flujo de caja y no tendrían que ir a los bancos a endeudarse”.

El congresista Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes, indicó que los plazos deben ser fijos, que las pequeñas empresas no estén sometidas al capricho de las grandes para el pago de la factura. El senador propuso que el proyecto de ley tenga una vigencia inmediata, por la crisis económica que afrontan las pequeñas empresas. ”Si esta norma entra en vigencia en enero del próximo año, ya estarán quebradas”.

 Apartes del proyecto

La presente iniciativa tiene como objeto desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas, en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

También pretende que se adopte como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta días calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios, aunque inicialmente se establece un término transitorio de sesenta días.