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Culpable de ‘paseo de la muerte’ con paciente en situación de peligro podría tener pena de prisión

Así lo establece el proyecto de ley aprobado en Comisión Primera. También dio el visto bueno a la iniciativa que faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2020 (prensa Senado). En sesión virtual, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate dos proyectos de ley. El primero establece disposiciones para garantizar la prestación del servicio en salud y modifica el Código Penal para aclarar el delito de negación u omisión de salud, en tanto que el segundo faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión. .

La primera iniciativa tiene como objeto tipificar penalmente la negación u omisión del servicio público de salud para quien lo requiera de manera inmediata, por estar amenazada o en peligro inminente su salud o su vida, modificando el Código Penal en ese sentido.

Dice el texto que si el director, administrador, representante legal y funcionario de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud que, sin justa causa, omita, impida, retarde o niegue la prestación del servicio de salud a una persona cuya vida se encuentre en situación de inminente peligro, incurrirá́ en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) meses.

Agrega la propuesta del senador Armando Benedetti que si como consecuencia de la anterior conducta, sobreviene la muerte, la pena de prisión se aumentará hasta en una cuarta parte.

“La omisión por no atender a los pacientes será sancionada con pena de cárcel a los directores de las IPS por no admitirlos para atenderlos. Pagarán con cárcel y otras sanciones para la entidad”, dijo Armando Benedetti.

Mientras tanto, el congresista Gustavo Petro destacó que la solución no es sancionar a los directores de las IPS y a las entidades, sino reformar el sistema de salud y eliminar la Ley 100. “Ellos no son los responsables por acatar órdenes y baja de costos. Reformar la Ley 100 es la solución”, destacó.

Esta fue la propuesta de Petro que se incluyó en el articulado: “Toda atención médica en la red pública y privada será directamente sufragada por el Estado al Hospital y posteriormente el Fondo Público de la Salud cobrará el gasto hecho a la Empresa Prestadora a la que pertenezca el paciente, si está afiliado, o al Fondo si el paciente no lo está.

El senador Rodrigo Lara manifestó que este proyecto sirve para evitar los paseos de la muerte, porque los tipifica en el Código Penal como homicidio preterintencional.

“Así debe aplicarse a las clínicas, hospitales, EPS e IPS, que no atiendan a las personas que acuden al sistema de urgencias y son rechazadas. Hay que poner en cintura a esos sistemas y así hacerles cumplir el derecho fundamental a la vida”, destacó.

"Con este proyecto evitaremos que se siga practicando ese paseo de la muerte y salvaguardar la vida del usuario ante el sistema de salud y protegerlos en su derecho fundamental a la vida y la salud. Ya no podrán los celadores evaluar a quién se atiende y a quién no. Acompaño la iniciativa y que sea drástica para los responsables", manifestó en la Comisión Primera, el senador Alexander López.

También intervino, el congresista Roosevelt Rodríguez, quien dijo que acompañaba la iniciativa para que se eviten tantas evasiones de las IPS y EPS, que deciden rechazar a los pacientes que acuden al sistema de urgencias y ponen las vidas de las personas en peligro e incluso la muerte por no atenderlos a tiempo.

“Esta iniciativa la debemos apoyar para que no suceda más y se sancionen a quien niegue el servicio”, destacó el legislador del Valle.

Redención de pena privativa de libertad

Por otra parte, los integrantes de la Comisión Primera aprobaron también por mayoría la iniciativa que faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión.

La misma tiene por objeto reglamentar la realización de talleres y cursos en formación de valores cívicos, sociales y éticos en los establecimientos de reclusión y que estos sean computables para la redención de pena.

“El reconocimiento del cómputo de días en virtud de redención de pena de que trata dicho proyecto será de obligatorio reconocimiento de la autoridad respectiva. Se les abonará un (1) día de reclusión por dos (2) días de estudio. Se computará como un (1) día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis (6) horas, así sea en días diferentes. Para estos efectos, no se podrá computar más de ocho (8) horas por semana de asistencia”, dice el articulado.

Se advierte que para que sea válida la redención, se deberá asistir por lo menos al 80% del total de horas de cada curso o taller.

El contenido sobre el que versarán las clases será determinado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional.
El INPEC deberá garantizar que en todos los establecimientos de reclusión se oferten los cursos y talleres de que trata la propuesta legislativa.
Se ordena al Gobierno asegurar el conocimiento e integridad de las personas a cargo de estos talleres o cursos.

Los beneficios no cobijarán a los procesados y condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de la Ley 599 de 2000. Tampoco procederá la redención de pena prevista en la iniciativa, sin perjuicio de que puedan asistir a los talleres y cursos en formación de valores cívicos, sociales y éticos.

Avanzan a segundo debate proyectos que establece la licencia matrimonial y brinda protección a la niñez indígena

“No estoy de acuerdo en quitar derechos a los trabajadores. El no pago de la prima es afectar a los empleados”: Senador Álvaro Uribe ante Comisión Séptima.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Séptima del Senado aprobó para segundo debate dos proyectos de ley: el primero, modifica el Código Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial y el segundo tiene como fin la prevención y protección de la niñez, incluyendo a los menores de las comunidades indígenas.

La sesión virtual se inició con la rendición del informe elaborado por la subcomisión integrada por los senadores Laura Fortich, Gabriel Velasco, Aydeé Lizarazo, Nadia Blel y Aulo Polo, quienes debían consensuar las diferencias de posiciones frente a la iniciativa que propende modificar el Código Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial.

Conocido el informe de la comisión accidental, el senador Carlos Fernando Motoa dijo: “Este proyecto necesariamente tendrá que ser conciliado, porque es muy distinto al que se aprobó en Cámara”, sugiriéndole a la congresista ponente si deseaba continuar con la iniciativa. Al respecto se refirió el legislador Gabriel Velasco, quien expresó: Lo que plantea el senador Motoa implicaría volver a discutir el proyecto y su articulado”.

 Entre tanto el senador Aulo Polo propuso que se avanzara con el trámite legislativo y que la senadora Laura Fortich siguiera siendo la ponente, adicionando que “en consensos se pierde el fondo del proyecto. Colaboro para que este proyecto siga su curso.”

En relación con las diferencias en el articulado, el congresista Alberto Castilla manifestó que lo aprobaría en el sentido en que no se distinga la vinculación del trabajador y precisó que es un “derecho que quedaría restringido al decir que solo se pueda tener el beneficio una sola vez”.

Siguiendo con la discusión sobre el informe de la comisión accidental, el senador Álvaro Uribe informó que se retiraría de la votación por cuanto “no soy capaz de votar este proyecto. Me da mucho miedo crear incertidumbre en los trabajadores y desconfianza en los empresarios. Fenalco pide trabajo por horas y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) dice que no. Es un tema cuidadoso. Por ejemplo, creo que la (CUT) tiene razón y no Fenalco”. También aseguró que no está de acuerdo con quitar derechos a los trabajadores al afirmar que “el no pago de la prima es afectar a los empleados” e invitó a que se piense en cómo mejorar las condiciones laborales. “Si Colombia logra avanzar tendrá mayor cohesión social”. A la moción de retirarse de la plataforma para no votar también se sumó el senador Honorio Henríquez.

Una vez cerrada la discusión, la Comisión Séptima aprobó el informe de la subcomisión y votó en bloque los tres artículos y el título, con 11 votos a favor y ninguno en contra, por tanto, el proyecto sigue su trámite legislativo en segundo debate.

Amparo a niñez indígena

La siguiente iniciativa que entró en consideración, discusión y votación fue la que tiene como objeto la prevención y protección de la niñez, incluyendo los menores indígenas, frente a la mendicidad, indigencia, trata de personas y trabajo forzado y sobre la cual rindió ponencia el senador Manuel Bitervo Palchucán.

En el debate, el congresista Motoa hizo un llamado a las autoridades, por cuanto considera que no están trabajando en pro de la infancia, adicionando que no acompañaría este proyecto. “Las modificaciones no han podido ser concertadas por los conceptos negativos. Propongo hacer un debate de control político con las entidades que tienen que ver con la infancia, y esperar si se replantean por parte de las entidades competentes los conceptos”.

 Entre tanto, el senador Uribe expresó: “Para mi es fundamental el tema de la niñez étnica e indígena. Las objeciones de ICBF se han venido afianzando de la mano con nuestras Unidades de Trabajo Legislativo y se han presentado proposiciones acordadas con el senador Bitervo”.

Los legisladores Gabriel Velasco y Honorio Henríquez solicitaron al ponente contar cómo han evolucionado las mesas de trabajo para mejorar el proyecto dadas las inquietudes del Departamento de Prosperidad Social, DPS: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF, y el Ministerio del Trabajo. “Les propongo que votemos el proyecto y en segundo debate sería interesante realizar un foro con el ICBF y el DPS para enriquecerlo aún más para afianzar la infancia indígena y raizal”, precisó el congresista Henríquez.

Por su parte, la senadora Aydeé Lizarazo indicó que desde el partido MIRA siempre han estado a favor de la protección de los niños. Sumando que “al aprobar este proyecto enviamos un mensaje de apoyo importante a la infancia, ya que hoy es el día mundial en contra del trabajo infantil”. Respaldo que también acompañó el legislador Polo.

La preocupación por la infancia también es del sentir de la senadora Victoria Sandino al expresar: “Me parece pertinente hacer el debate de control político y que revisemos las medidas que están alrededor de la protección de niños y niñas y para saber si los étnicos están incluidos”.

Terminada la discusión, la Comisión Séptima aprobó el informe con que termina la ponencia, concilió y fueron acogidas las proposiciones al proyecto de ley, votando en bloque y con 10 votos a favor y ninguno en contra el deseo de la Comisión en que el proyecto pase a segundo debate.

Comisión Sexta aprobó medidas y sanciones contra el hurto y comercialización de bicicletas robadas

También le dio luz verde a la iniciativa que busca modificar parcialmente la Ley 1620 de 2013, la cual hace referencia al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Sexta aprobó en tercer debate dos proyectos de ley para que sigan su curso en el Congreso de la República. El primero busca crear medidas para la protección y seguridad de los biciusuarios en el país, en tanto que el otro busca modificar parcialmente la Ley 1620 de 2013, la cual hace referencia al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos.

Con respecto a la primera iniciativa, su ponente, el senador Horacio José Serpa, afirmó que esta tiene como fin establecer medidas que generen protección y seguridad a los biciusuarios en el país, que se permita el uso seguro de las bicicletas en todo el territorio nacional y que se contrarresten el hurto de bicicletas, la comercialización ilegal de esta y cada una de sus partes.

Serpa aseguró: “Esto es una problemática social en donde el autor y yo como ponente pensamos que el Estado debe intervenir”

Este proyecto crearía un Registro Único Nacional de Bicicletas, por medio del cual se recopilaría la información relacionada con la identificación, procedencia y el propietario de las bicicletas y de las partes.

En su gran mayoría, los senadores de esta Comisión apoyaron la iniciativa. El congresista Jorge Guevara dijo: “A mí me parece que el proyecto es muy bueno, loable. Tiene un propósito fantástico, necesitamos garantizarles a los biciusuarios que puedan movilizarse con tranquilidad”.

A lo que se unió su colega John Besaile, quien afirmó: “La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte para muchos colombianos y entre más herramientas les demos a las autoridades más controles podemos tener”.

Finalmente con las modificaciones y constancias presentadas, la iniciativa fue aprobada.

La Comisión Sexta también le dio vía libre al proyecto que busca modificar parcialmente la ley 1620 de 2013, la cual hace referencia al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos.

Su ponente, la senadora Ruby Chagüi aseguró que esta iniciativa busca fortalecer la formación en valores ciudadanos de los niños y adolescentes en los niveles educativos de preescolar, básica y media en el marco de la citada ley, porque “la educación siempre es el camino”, puntualizó.

La congresista Soledad Tamayo se refirió al proyecto diciendo: “Creo que trabajar en todos estos temas de formación en valores ciudadanos de los niños, niñas y adolescentes se hace necesario. Trabajar en que podamos promover la sana convivencias y el respeto por la diferencia son sin duda valores que demos cultivar”.

Después de debatir y aprobar estos dos proyectos, se anunciaron los que se abordaran en las siguientes sesiones no presenciales. La Comisión Sexta se reunirá el próximo el miércoles 17 de junio para desarrollar debate con la ministra del Interior, Alicia Arango.