Comisión de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo de seguimiento para mediar cumplimiento de compromisos y habilitó un sistema electrónico para elevar las quejas que serán gestionadas ante las entidades responsables.
Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). Un total de 22 líderes sociales de diversas zonas del país tuvo la oportunidad ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de elevar denuncias por la desatención que ha sido objeto, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.
Bases de datos de población vulnerable desactualizadas, falta de medidas de bioprotección, poca cobertura a la entrega de mercados y de giros para los programas sociales, fueron algunas de las quejas que se escucharon durante las cuatro horas en que se desarrolló la audiencia pública virtual que tuvo conectada a líderes desde varios puntos de la geografía nacional.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido Colombia Justa Libre, explicó que el propósito del evento era el de escuchar a la población más afectada por el confinamiento y ser portadores de las inquietudes para canalizarlas hacia una solución ágil, a través de la rama Legislativa.
En igual sentido, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y citante del evento, indicó que el propósito es escuchar los requerimientos de las comunidades con el fin de tramitar ante el Gobierno nacional las ayudas que sean necesarias para colmar las inquietudes de la población que se encuentra inmersa ante la crisis sanitaria y obligada a su confinamiento para evitar el contagio.
Una subcomisión compuesta por varios legisladores será la encargada, a partir de la próxima semana de gestionar las solicitudes y dar respuestas rápidas de solución, para lo cual se habilitó un correo electrónico para recepcionar las denuncias por hechos que consideren que se están vulnerando sus derechos. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La comunidad denuncia
Jessica Avella, concejal de la ciudad de Yopal, señaló en su intervención que “el gran desafío que “tenemos las regiones es evitar el empobrecimiento de nuestros habitantes. Garantizar el giro directo a nuestra red hospitalaria en Casanare es priorizar la vida, reglamentar la Ley de desperdicio de alimentos es apostar a la seguridad alimentaria, el país debe vernos como potencia agrícola y agropecuaria, eso somos en Casanare”.
“La situación del Amazonas es dramática desde todo punto de vista por la falta de atención para atender a las comunidades nativas como indígenas. No tenemos infraestructura para atender casos de Covid-19, ni personal y menos una atención alimentaria”, dijo el líder social Ismael Castillo, quien reclamó al Gobierno la urgente necesidad de llevar la ayuda humanitaria.
La alcaldesa del municipio de Timbilí de la costa pacífica del Cauca, Yadira Amú, recalcó que “fuera de la expectativa por el contagio del Coronavirus, existe otra preocupación latente desde hace varios meses por el aumento de casos de dengue y malaria con 125 casos y no se tienen los recursos para atender adecuadamente a los pacientes en los 11 puestos de salud sin dotación y sin elementos para cubrir las necesidades sanitarias en los cuatro resguardos indígenas que también carecen de agua potable. Se necesitan de manera urgente ocho mil mercados para suplir las necesidades alimentarias de esa zona del país”.
El mandatario local del municipio de Honda, Héctor Devia, indicó que el 20% de la población la componen grupos vulnerables de pobreza y requieren de un apoyo más decidido del ente departamental y nacional e insistió en la depuración de las bases de datos para que las ayudas económicas y de mercados lleguen a quienes la necesitan y no a los que tienen recursos económicos o han fallecido.
Los gestores culturales del departamento de Cauca solicitaron que sean incluidos en los listados de beneficiarios de las ayudas que está proporcionando el Estado, ya que al respetar el aislamiento no tienen medios de subsistencia al vivir de sus actividades que se desarrollan en las calles, explicó Milton César Córdoba.
La abogada Eliana Muñoz, representando a los abogados de la ciudad de Pasto, manifestó que también su gremio se ha visto altamente afectado al no poder concurrir a realizar sus gestiones judiciales y más cuando en esa zona sur del país los profesionales del Derecho son independientes y ahora por las medidas de prevención y por el cierre de empresas no les es posible trabajar y por lo tanto sin ingresos, requieren de las ayudas para subsistir con sus familias.
Los líderes sociales de la Capital de la República de los sectores artísticos, comercio informal de servicios y de las trabajadoras sexuales, solicitaron atención organizada, amplia y que sean incluidos con las ayudas humanitarias de la Alcaldía de Bogotá, que pese a su capacidad económica para atenderlos, ha sido poca y no suficiente.
Los indígenas son otras poblaciones que no han sido tomadas en cuenta en esta pandemia y los recursos que deberían llegarles a través del Ministerio del Interior, no han llegado al municipio de Coyaima, Tolima, donde el 90% son de la etnia y no poseen dotaciones y personal médico suficiente para brindar atención, sumándose además que no pueden sacar sus productos agrícolas y elaborados por el cierre de las vías, motivo por el cual tampoco tienen recursos para adquirir alimentos y elementos de primera necesidad, señaló el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Lozano.
Ante las múltiples quejas de los participantes y escuchadas en la sesión virtual por la plataforma Zoom y otros medios electrónicos, la Mesa Directiva de la Comisión reiteró su compromiso para gestionar las soluciones requeridas para apoyar y ayudar a las comunidades vulnerables.
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